El dictamen favorable que emitió la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda redujo el monto de gasto solicitado por el Organismo Ejecutivo en Q2 mil 166 millones y propone un escenario más conservador para el gasto que asciende a un total de Q89,733 millones.
Un 67% del presupuesto de egresos va para para gastos de funcionamiento, un 17% para gasto de inversión y un 16% para pago de deuda.
Vicios de vieja data
Tres valoraciones se pueden generar a partir de estos datos.
- Se prioriza el gasto de personal y gastos de administración sobre la inversión social
- El pago de la deuda representa casi el mismo monto que el de la inversión
- El limitado monto de recursos que se destina a la inversión pública.
Esto no es nada nuevo, desde hace aproximadamente 15 años el presupuesto público muestra una dinámica expansiva en el gasto de funcionamiento, acompañada de una contracción en la inversión; rubro que ha mostrado un retroceso importante si se le compara con los presupuestos de la primera década de los años noventa.
Del 100% del gasto de funcionamiento, el gasto en masa salarial asciende al 51% del total, y el gasto de administración representa un 49%, lo que permite a las entidades públicas continuar sus operaciones.
Hasta acá, el típico análisis de sube y baja, tipo barómetro, al que tanta atención se le presta en el análisis tradicional; enfoque que no permite sacar ninguna conclusión cualitativa acerca del gasto, ya que si no se conoce qué resultados se quieren lograr con el mismo, en vano se hace tanta aritmética.
Para comprender el verdadero impacto social del gasto público, cuestión que se olvida cuando el enfoque macroeconómico o ideológico prevalece en este tipo de análisis, es preciso analizar los planes institucionales y la planificación estratégica de Gobierno que revelan los objetivos, resultados y metas que se quieren alcanzar mediante las erogaciones de las entidades públicas.
Al analizar el presupuesto desde esta perspectiva saltan a la vista los principales problemas y limitaciones del Presupuesto Nacional como herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población.
Impactos no se conocen
En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno estableció 24 resultados estratégicos y 57 resultados institucionales, que le dan sentido y razón de ser al gasto público.
Combinados todos los rubros de gasto que se dedican a estos objetivos solamente alcanzan un 36% del total del gasto proyectado. En otras palabras, la planificación oficial del sector público, que justifica las solicitudes de presupuesto, es incapaz de explicar qué tipo de resultados se alcanzarán con el 64% restante del presupuesto solicitado.
Esto equivale a decir que nadie sabe qué tipo de impacto social sobre los ciudadanos generan los más de Q57 mil millones restantes. Esta débil vinculación entre plan y presupuesto es uno de los factores que más afecta la efectividad (lograr los objetivos), eficiencia (en el tiempo y cantidades planificadas) y la calidad (estándares de entrega) del gasto público.
En el gasto de personal el caso es aún más serio porque hay evidencia de un claro desorden en la gestión: no se conoce a ciencia cierta la cantidad de personas que trabajan para el Estado.
Precaria planificación pública
Hay evidencia de la existencia de plazas fantasmas en múltiples entidades; abuso en la contratación de personal con cargo a renglones flexibles o de confianza; y aumentos salariales derivados de pactos colectivos que responden a presiones políticas y nada tienen que ver con criterios de desempeño del personal.
La débil vinculación entre plan y presupuesto tampoco es nueva. Desde la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), los proyectos de presupuesto han revelado la precaria condición de la planificación pública, que limita la posibilidad de medir el avance en el logro de las prioridades.
En este escenario, analizar si las asignaciones institucionales suben o bajan no aporta nada para comprender el aporte al desarrollo económico y social del gasto que éstas ejecutan.
En estricto sentido, si un ministerio, secretaría o municipalidad gasta más o menos que en años precedentes, no es posible decir a ciencia cierta qué condición social cambiará en la población gracias a dichos recursos.
* Irene Flores es investigadora del Cien
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