ampliación presupuestaria
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Minfin afirma que Codedes y municipalidades tienen alta capacidad de ejecución
La solicitud de ampliación presupuestaria que envió el gobierno al Congreso ya se encuentra en terreno político y el ministro de Finanzas expone los escenarios posibles.
Jonathan Menkos Zeissig, ministro de Finanzas durante la presentación de la solicitud de ampliación presupuestaria. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
El Congreso de la República abordará en las siguientes semanas una solicitud de ampliación presupuestaria que el Ejecutivo presentó el pasado martes 28 de mayo por Q14 mil 451 millones. Si se aprueba en su totalidad, el presupuesto estatal de este año alcanzaría los Q131 mil 318 millones.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, hizo un repaso de los fundamentos de ese requerimiento de fondos y los destinos previstos para los mismos, de acuerdo con el programa actual de gobierno, los impactos esperados y las consecuencias de una eventual improbación parcial o total.
¿Cuáles son los antecedentes de esta solicitud de ampliación presupuestaria?
Como todo inicio de gobierno, lo que necesita es aterrizar y terminar de comprender de lo que está pasando en las instituciones del Estado. Sabíamos que el presupuesto que se iba a ejecutar en este año se quedaba corto frente a las grandes necesidades que hemos expuesto y que se contienen en la ampliación.
Entonces, aun sabiendo que el presupuesto del 2023 es el mismo que se ejecuta en el 2024 y es muy estrecho, no se podía tener una conversación social de ampliación o de reajuste que incluyera más ingresos, inversión y gasto, sin tener la idea clara de las instituciones iban a dar la talla para lograr una mayor ejecución que la del presupuesto vigente.
Hoy ya podemos confirmar que tenemos el control de la capacidad de ejecutar los recursos en los ministerios de Salud, Educación y Gobernación, que son las entidades fuertes en términos del monto de sus presupuestos.
Seguimos teniendo una preocupación en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), en el sentido de que no se podría pagar obras sin haberlas supervisado primero y sin saber cuáles edificaciones existían o no. Entonces previmos que eso iba a ralentizar la ejecución de esa cartera.
Entonces ¿cómo marcha la ejecución?
Hay otros dos ministerios que tienen baja su ejecución de gasto: el de Desarrollo Social, que está realizando un proceso de reordenamiento de sus programas (y eso ha tomado su tiempo) y el de Energía y Minas, que tiene asignados Q150 millones al subsidio al gas propano que ya no está vigente, pero sigue en el presupuesto.
Entonces, estos son elementos vitales para comprender por qué nos hemos tomado el tiempo necesario para solicitar la ampliación. De hecho, la ley permite que el Ejecutivo llegue al Congreso en cualquier momento del año con una solicitud como esta; y políticamente hubiera sido un error llegar en marzo, cuando se contaba con una ejecución relativamente baja y porque los diferentes actores nos hubieran preguntado ¿para qué quieren ese dinero, si no han ejecutado?
¿Contaban con apoyo político en ese momento?
Yo me temo que esto no solo se trata de apoyo político, pues en realidad, los presupuestos también tienen un sentido técnico y nosotros estamos comprometidos en ambos sentidos: decirle a la sociedad cómo vamos a tomar más recursos y en qué los vamos a usar, pero también si podemos utilizarlos o no. Por lo que la decisión fue tomarnos tiempo, revisar las capacidades de ejecución y enfocarnos en mejorar las capacidades de las instituciones.
El reajuste que se ha presentado habla precisamente de tener la posibilidad de ajustar el presupuesto a la realidad económica y financiera del país, y hoy ya contamos con un superávit de ingresos.
¿De cuánto?
De los Q14 mil 451 millones solicitados, aproximadamente Q13 mil 300 millones provendrán de la recaudación tributaria adicional a la presupuestada y ya contamos con un superávit de Q6 mil 300 millones, por lo que los recursos ya están ahí. Eso nos permite tener la certeza de que estamos corrigiendo la estimación de ingresos tributarios.
Los Codedes y Municipalidades llevan asignaciones fuertes ¿También tienen alta capacidad de ejecución?
En el caso de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), lo que se dejó en la iniciativa de ley es la posibilidad de que existan proyectos multianuales con inversiones que inicien a lo largo de este año y finalicen en el próximo. Esto va en sintonía con el plan de gobierno, con la idea de que se cree empleo en un contexto de grandes necesidades de desarrollo.
¿Y los gobiernos locales?
Considero que tienen una buena capacidad de ejecución y las obras de mayor calado en muchos municipios necesitan hacerse a lo largo de los próximos 12 meses, lo que nos permite encadenar muy bien y no dejar de hacer inversión entre el cierre del presupuesto este año y el arranque del próximo. Aquí lo que se va a tener es un eslabón de inversión que no se va a detener porque se terminó el presupuesto.
En todo caso, el situado constitucional va vinculado a los ingresos tributarios en automático (10% de lo recaudado) y además, de los Q14 mil 400 millones, unos Q5 mil millones ya tienen un destino especifico de acuerdo con la ley.
El reto que tenemos es agilizar la inversión y que llegue a los territorios, ya que hay dos canales: el del Micivi y el de los Codedes, y en ambos necesitamos acelerar y contar con mayores inversiones. La Contraloría General de Cuentas es la llamada a verificar que esos recursos se conviertan en las obras que se plantea llevar a cabo.
En el Congreso comienzan las críticas respecto a que en el gobierno no se ha ejecutado
El tema de la ejecución es un mito; pero las cifras de ejecución del presupuesto en general al 29 de mayo es del 35%, aunque debemos seguir ciertos controles, sobre todo en infraestructura pública.
Cuál es el plan “B”, ¿si en el Congreso no aprueba la readecuación presupuestaria solicitada?
Soy optimista en el sentido del camino de la ampliación, por los efectos sociales y económicos en los diferentes territorios, aceleración del crecimiento, creación de empleo y mejorar los servicios para el bienestar.
En el Congreso, cada iniciativa tiene su propio espacio de discusión, realidad y contexto. Entonces que no sea aprobada una iniciativa propuesta por el Gobierno, no quiere decir que ninguna se vaya a aprobar, sino que más bien, cada espacio debe contar con sus elementos a favor y en contra. Creemos que hay congresistas conscientes de los desafíos que este reajuste puede llegar a tener.
El plan “B” si no se llegara a aprobar sería una disminución de las expectativas en cuanto al remozamiento de escuelas, provisión de medicamentos, no podríamos cumplir con los Q600 millones de la Ley contra la Lucha del Cáncer, disminuirían las expectativas de agua y saneamiento en muchos municipios, los alcaldes recibirán el mismo situado constitucional del año anterior; tampoco se cumpliría el mandato de pagar a los veteranos militares ni las prestaciones al adulto mayor y los pensionados de Clases Pasivas del Estado que han estado insistiendo en la necesidad de un reajuste.
Tendríamos que dedicar el presupuesto actual a garantizar el pago de nómina para proteger a los trabajadores públicos y garantizar de alguna medida los insumos para el sector salud, el mantenimiento de carreteras sin incrementar la construcción y el pago de la deuda pública.
¿Qué otras repercusiones puede haber?
A nivel internacional habría un impacto, porque la carga tributaria disminuiría a 9% y esta ampliación lleva un mensaje importante que es cerrar las brechas sociales, como lo ven los mercados de capital y estamos a un paso de ser un país con Grado de Inversión.
Esto afectará no solo la parte del sector público, sino también del privado, y todas esas posibilidades que pueden hacer que Guatemala se desarrolle. Los recursos adicionales que se recauden quedarían para el próximo año.
En las calificaciones de riesgo-país la carga tributaria y cerrar las brechas sociales son muy importantes, así como la gobernabilidad; y por eso, no se ha logrado.
¿Cuáles son las garantías de una ejecución transparente?
Cada entidad está realizando su esfuerzo para contar con una mayor efectividad en el gasto de inversión pública, cerrando caminos a la ineficiencia, incluyendo la corrupción. En el Minfin estamos enfocados en generar cada vez más espacios de transparencia y evaluación, de manera que todos tengan acceso a la información, porque necesitamos que la sociedad esté consciente de que hay una lucha franca contra la ineficiencia y la corrupción en el poder público.
Se está trabajando con el Fondo Monetario Internacional, un esfuerzo de evaluación de la eficiencia del gasto de la inversión pública y dejarlo institucionalizado, evaluando la efectividad y calidad del gasto de inversión con diferentes metodologías y todo lleva su tiempo.
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