En 18 años el PIB acumulado representaría unos Q45 mil millones, pero al quedar estancada la construcción de las obras y el atraso en la operación se ha perdido la oportunidad de generar al menos 4% del PIB, según el análisis efectuado por dicha firma.
De haber ingresado esa inversión y además poner en operación más redes de transmisión se tendría un mayor aumento en la electrificación de hogares y usuarios, la generación de más negocios, mejorar la calidad del servicio y lograr mejores precios del suministro, argumentó de León.
El analista indicó que “la conflictividad no ha permitido que se termine el PET, entonces esa ganancia del 8% es teórica y solo se ha ganado un poco. El Plan debía estar terminado en el 2013, estamos en el 2019 y no se ha logrado”, añadió.
De León dio a conocer estos datos como parte de su exposición en el Segundo Foro de Transporte de Energía Eléctrica en Guatemala efectuado este 24 de septiembre del 2019.
Del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PET) conocido como PET-2009, fue adjudicado a la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (Trecsa), la construcción y posterior operación de 866 kilómetros.
La red debía estar operando en su totalidad en el 2013 pero ha tenido tres prórrogas. La más reciente, aprobada en el 2017, por 38 meses que se cumplirían en noviembre del 2020. Mientras que otra parte del proyecto le corresponde al Instituto Nacional de Electrificación (Inde).
Inversión extranjera
Trecsa y Transportista Eléctrica Centroamericana S. A. (Trelec) son las dos inversionistas de capital extranjero han invertido alrededor de US$800 millones en las redes de transmisión que impulsan, dijo el directivo de Cabi. Ambas tienen capital colombiano ya que los propietarios son el Grupo Energía de Bogotá y Empresas Públicas de Medellín, respectivamente.
“En Guatemala no tenemos jugadores de esa magnitud para ese tipo de inversión” refirió De León. La otra empresa propietaria de red de transmisión en el país es el Inde pero esta entidad no puede invertir ya que los excedentes por la venta de energía de sus hidroeléctricas se destinan a la cobertura del subsidio de Tarifa Social, agregó.
Retos del sector
Mauricio Acevedo, gerente de Trecsa, dijo que han enfrentado cierta conflictividad, al hablar de los retos en el proyecto. Sin embargo, prefirió enfocarse en el aspecto positivo al mencionar que llevan el 77% de avance físico de la obra. De enero a la fecha avanzaron en 3%, ya que a inicios de año se reportaba en 74% el avance físico de la obra, según datos de la compañía.
Mientras que una empresa afiliada, EEBIS, puso en operación otro proyecto denominado Anillo Pacífico Sur (APS) para hacer los despachos de energía generada por los ingenios azucareros.
Este avance “ha implicado un gran esfuerzo en inversión de tiempo para coordinar el rol de los entes públicos y los privados”, mencionó el ejecutivo.
Acevedo indicó que es necesario debatir el rol del Estado para temas de infraestructuras estratégicas y públicas. El avance se ha logrado sin que el país tenga desarrolladas todas las herramientas desde el punto de vista de diagnóstico ambiental de alternativas o las herramientas para hacer las consultas comunitarias, expuso.
“Se ha logrado avanzar a este nivel, se han tenido mayores costos de inversión que (lo que se requeriría) en una sana relación entre Estado y sector privado, pues se debe garantizar el equilibrio económico”, añadió.
Rol del Estado
También mencionó la importancia del rol del Estado como defensor de los proyectos de inversión, por ello, dijo, como agentes inversionistas le piden efectuar su labor.
“El tema de la conflictividad creciente en la infraestructura eléctrica puede ser por diferentes causas, pero el principal tema es la necesidad de entendimiento del efecto de esta infraestructura de servicio público en las comunidades. Puede ser percibido como un elemento de poder para llamar la atención del Estado” agregó Acevedo al indicar que se debe trabajar en conciliar los mecanismos entre lo privado, lo público y lo comunitario.
La red adjudicada a Trecsa pasa por 359 comunidades de 89 municipios. Dentro del avance mencionado en obra física del 77%, se refiere que se han construido 555 kilómetros de red, de los cuales 421 están en operación. Además, tienen 82% de los derechos de paso aprobados.
“Es importante generar espacios para conversar acerca del futuro y para garantizar en el largo plazo el desarrollo de la competitividad de la industria con temas como la certeza jurídica, la posibilidad de continuar con las ventajas competitivas del modelo actual y ser parte de la cadena del valor del negocio de transmisión” mencionó Acevedo.
Coincidieron con Juan Carlos Cheverri, gerente de Trelec, en la importancia de la institucionalidad y del fortalecimiento del trabajo colectivo entre los actores estatales y privados.
Agregó Cheverri que trabajarán para tener un mayor acercamiento con el nuevo gobierno en temas de fortalecimiento de la institucionalidad, la certeza jurídica y lograr una ejecución de los planes de expansión de una forma más armoniosa y cumplir con las expectativas del país en aumentar la cobertura en electrificación rural y mejorar el servicio de electricidad.
Con inversiones en dos programas
Cheverri indicó que Trelec tiene a su cargo el Lote D del Plan de Expansión de Transmisión Nacional (PetNac 2014), uno de los seis licitados, y del cual lleva un avance del 72%.
Para el lote adjudicado se prevé la inversión de US$78 millones. De los cuales las obra que están por entrar a operar representan US$40 millones.
Ya se puso en operación la red de Iztapa-Taxisco a inicios del 2019, pero tiene programado finalizar la obra y poner a operar otros tramos en lo que queda del año.
Entre ellos de Guanagazapa (Escuintla) a Pasaco (Jutiapa) de la cual ya se finalizó la obra y están en la fase de obtención de permisos para conexión y entrar a operar. Comprende dos nuevas subestaciones y se conectarán a dos líneas del Inde. La inversión es de alrededor de US$9 millones, con un impacto a 140 mil habitantes tanto en aumento a la cobertura eléctrica como mejora en el servicio.
En ese mismo estado se encuentra la red que va de La Vega a Barberena en Santa Rosa. Esta consiste en la ampliación de la subestación La Vega, que es propiedad de Trecsa y una línea que las interconecta. Este tiene una inversión de alrededor de US$13 millones, el impacto se prevé para 90 mil habitantes tanto para lograr nuevas conexiones de electricidad como mejorar la calidad del servicio de energía.
“Son dos proyectos de especial relevancia y parte de los que requirieron mayores inversiones dentro del lote adjudicado y se espera ponerlos en servicio antes de que finalice el 2019” dijo Cheverri.
También está el proyecto de Quetzaltepeque a Esquipulas, así como el de Río Grande y Camotán, todos en Chiquimula, los cuales están en la etapa de montaje, estos se prevén terminar en febrero del 2020 y luego realizar la conexión. Estas dos obras tienen una inversión de alrededor de US$18 millones y beneficiarán alrededor de 44 mil habitantes.
Trelec también está ejecutando su propio PET como un plan empresarial por US$190 millones de los cuales ya han invertido US$140 millones. De este ya se finalizaron ocho proyectos y ocho más se finalizará al cierre del 2019, agregó el ejecutivo.
Poner atención a lo social y ambiental
El exsecretario de la Comisión Nacional de Energía de Chile, Andrés Romero, con base a la experiencia de su país dijo que hay tres puntos a los cuales recomienda ponerle atención, ya que en su país significaron “hacer cambios regulatorios profundos”.
- Importancia de la transmisión de energía:
Tener en cuenta que sin transporte de energía eléctrica no hay economía que sea productiva. En los países se comete el error de relegar el tema de transporte y centrarse en generación. Se tiene que invertir más en ese rubro, porque sin un sistema de transporte no se logran bajar los precios, no se permite el ingreso de energías limpias, menos competencia y resulta en un aumento de los costos de la energía.
- Integrar planificación social y ambiental:
No olvidar incorporar aspectos sociales y ambientales. Si no se ven todas las alternativas no se ven todos los costos y eso puede representar que no se llegue a ejecutar el proyecto, dijo Romero. Por ello en la ley chilena se establece que en la planificación se deben integrar los costos por esos dos rubros. Además, generar alternativas para la red o el trazo de la red, agregó.
- El rol del Estado:
El sistema de chile dejaba toda la carga de equilibrar el aspecto social, económico y ambiental a la empresa que ejecutaba. Equilibrar eso es una tarea del Estado, expresó Romero. Por eso se definió en su país que para los sistemas de transmisión largos o complejos se realiza primero una evaluación ambiental estratégica por el Estado, consulta indígena.
El proceso puede llevar un año y medio o dos años y las alternativas se trasladan a un consejo de ministros de sustentabilidad quienes definirán el mejor trazado que logre ese equilibrio. Además, se define una servidumbre obligatoria y se fija a la empresa un pago.
“Ese tema no eliminará la conflictividad total, pero si la va a reducir bastante, y ayudará a tener un proceso que genere alternativas” expuso Romero.
Ampliar cobertura
Carmen Urizar, expresidenta de la CNEE y directora de la firma Energy and Infrastucture Analysis Center (EIA), reforzó lo mencionado por Romero al referirse a la importancia de la infraestructura de transmisión.
- La importancia del transporte de electricidad ayudará a la aumentar la cobertura de electricidad de la población como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Guatemala tiene el desafío de electrificación rural ya que falta llegar a alrededor del 9% de la población, y la cual está en áreas más dispersas.
- Seguir atrayendo inversión para no perder el liderazgo que ha tenido el país en el sistema eléctrico en Centroamérica.
- Solucionar los desafíos de atracción de inversiones, certeza jurídica.
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