La decisión del Gobierno de extender por otros 15 días el estado de prevención en cuatro departamentos se da en un contexto de cuatro prórrogas consecutivas desde diciembre del 2025, cuando la medida se implementó inicialmente como estado de Sitio tras la crisis en cárceles, y luego pasó a estado de prevención.

Este martes 21 de abril del 2026 seguirá vigente en Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango, y ya no en Petén ni Sacatepéquez.

En ese marco, analistas señalan que los resultados reportados deben evaluarse con mayor profundidad. Carmen Rosa de León, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), reconoce que, en las primeras etapas, el Gobierno reportó mejoras. “Disminuyeron las extorsiones y también los homicidios… lograron más capturas y decomiso de armas”.

Sin embargo, matiza que “estos son datos que provienen del Ministerio de Gobernación y no necesariamente están refrendados por otras organizaciones”, y advierte de una desconexión con la realidad percibida. “La percepción en algunos barrios sigue siendo de que hay una alta delincuencia”, indicó.

Además, cuestiona la falta de claridad sobre el valor agregado de la medida. “Sería interesante saber qué es lo diferente que puede brindar un estado de Prevención para obtener esos resultados”, y alerta sobre su prolongación al decir que “no es correcto estar en estado de Prevención permanente”, agregó.

También subraya limitaciones en los indicadores. “Los datos dependen de que la gente denuncie. Hay una cifra negra que no se sabe cuál es”, por lo que insiste en evaluar el impacto real y diferenciar por territorios, en lugar de mantener una aplicación generalizada.

Por su parte, Pedro Cruz, del programa Crime Stoppers, advierte de que la continuidad de estas medidas refleja problemas estructurales no resueltos. “La prolongación de estados de excepción no puede convertirse en una política permanente de seguridad” y, según dice, evidencia que “el país sigue reaccionando ante los síntomas, sin haber logrado resolver las causas estructurales del problema”.

Cruz añade que medir la efectividad solo por resultados inmediatos es insuficiente. “Sería un error medir la eficacia únicamente por la reducción inmediata de incidentes”, ya que “la verdadera eficacia es recuperar control territorial, fortalecer instituciones y reducir la violencia sin depender de mecanismos extraordinarios”, expresó.

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Asimismo, alerta de que su normalización “erosiona progresivamente las garantías ciudadanas” y “genera una dependencia operativa del Estado en medidas restrictivas”.

Ambos coinciden en que, aunque hay avances en contención, la extensión reiterada del estado de prevención plantea dudas sobre su efectividad real y refuerza la necesidad de evaluaciones más rigurosas y estrategias focalizadas.

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