Un estándar internacional establece que cuando una persona señalada en una denuncia ocupa un cargo que podría influir en una investigación, debería apartarse temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos. Así lo explicó la presidenta del Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, quien se refirió a las denuncias sobre adopciones internacionales irregulares de 80 niños que estuvieron en el hogar temporal Elisa Martínez entre 1972 y 1981.

¿Qué ocurrió?

Las verificaciones realizadas por el grupo, explicó Gabriella Citroni, indican que las adopciones ocurrieron en un contexto de guerra civil. Según la información recopilada, la práctica consistía en la falsificación de documentos y de identidad de los niños para facilitar su adopción internacional.

Los niños se declaraban en orfandad, aunque los padres o las familias estaban con vida, muchas en situación de desplazamiento por el conflicto interno. De los 80 casos identificados, al menos 11 niños habrían estado en el hogar temporal durante el periodo en que Consuelo Porras dirigía la institución.

Porras ocupa su segundo mandato como fiscal general, nombrada por los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. La funcionaria ha buscado sin éxito, una magistratura en la Corte de Constitucionalidad y se postula para un tercer mandato como jefa del Ministerio Público.

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¿En qué consiste el trabajo del grupo?

El trabajo de los expertos que Citroni describe como “muy cuidadoso” fue encontrar la correspondencia temporal de los hechos reportados a Naciones Unidas. Esto se logra mediante revisión documental, captación y contraste de testimonios.

El grupo “da por creíble la información recibida” y envió al Estado de Guatemala una nota, confidencial durante 60 días, con las alegaciones y preocupaciones para seguimiento. 

“Hay toda una red de personas que facilitaron la situación y hasta ahora no ha habido una investigación para averiguar la responsabilidad”. Tampoco hubo un plan que haya facilitado el acceso a la información que les permita a las familias saber dónde están los niños desaparecidos, apuntó la experta.

“No somos ni un fiscal ni una corte ni una comisión de investigación, nuestra función es contrastar y decir: hay elementos suficientes para que las autoridades competentes en Guatemala inicien una investigación", explicó.

El grupo, creado a instancias de Naciones Unidas, se conforma por expertos independientes, a título personal como especialistas en derechos humanos con mandato de intermediación humanitaria de asistencia a las víctimas.

Acudir a Naciones Unidas es uno de los últimos recursos para las familias que tratan de obtener justicia de diferentes formas, ya que las autoridades guatemaltecas durante mucho tiempo no han dado respuesta. Otros casos se llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó Citroni.

¿Qué sigue tras la denuncia de adopciones irregulares?

El siguiente desafío es iniciar una investigación independiente de hechos del pasado. Diferentes Estados lo han abordado de formas diferentes. Puede ser una fiscalía especial. Un estándar internacional define que cuando hay una acusación de que una persona que tiene un papel o un rol que podría obstaculizar las investigaciones posiblemente está involucrada en un ilícito, se debería suspender de sus funciones hasta que no se haya investigado los hechos denunciados.

Lo que se busca es generar las condiciones para que la persona no esté influenciando la investigación. También es sentido común, si así lo queremos, una garantía para todos incluso para la persona que puede llegar a ser investigada, puntualizó Citroni.

El gobierno de Guatemala planteó una denuncia sobre las alegaciones de los expertos. El caso está bajo seguimiento de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, a cargo de Leonor Morales Lazo, y fue declarado bajo reserva.

Al consultar sobre el señalamiento hacia Porras, vía comunicación del MP, "rechazan categóricamente las declaraciones". Y manifestaron que "en virtud de la denuncia presentada por la PGN, como todas las denuncias que se reciben en el MP, está siendo investigada de forma objetiva".

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