Estados Unidos
SEGURIDAD
Camionetas y fusiles: la orden de atacar a policías provinieron desde prisión
Al retomar Gobernación el control de Renovación 1, los integrantes del Barrio 18 ejecutaron una respuesta armada y coordinada en la que murieron 11 agentes policiales.
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El 18 de enero de 2026 las autoridades retomaron el control de la cárcel de Máxima Seguridad Renovación I. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Gobernación)
La madrugada del 17 de enero del 2026, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaban retomar el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1. El penal, concebido para aislar a cabecillas del Barrio 18, se había convertido en el centro de un desafío directo a la autoridad del Estado.
En dicho reclusorio, cabecillas de la mencionada pandilla resistían con el respaldo de reclusos conocidos como paisas —privados de libertad que no pertenecen a pandillas pero que, según las autoridades, actuaron como fuerza de apoyo durante el motín—. Afuera, la tensión aumentaba con el paso de las horas.
Lo que comenzó como una operación para restablecer el orden interno derivó en una crisis de seguridad con repercusiones fuera de los muros. La secuencia de hechos dejó en evidencia la capacidad de articulación entre estructuras carcelarias y células activas en la calle.
Sublevación
El sábado 17 de enero, a las 11.40 horas, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que los reclusos habían tomado el control total de Renovación 1. La alerta activó protocolos interinstitucionales y la solicitud de refuerzos.
Desde el exterior, policías y guardias penitenciarios observaban cómo los privados de libertad caminaban por pasillos y techos con aparente dominio del penal. Videos captados a distancia mostraban humo y destrucción en algunos módulos.
La exigencia principal de los amotinados era el traslado a Fraijanes 2. La presión no se limitó a la ocupación de áreas comunes: comenzaron a destruir celdas, puertas y mobiliario. La infraestructura diseñada para contener a cabecillas pandilleros quedó parcialmente inhabilitada.
El director General del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, aseguró que el motín no fue espontáneo. “Ya estamos hablando del domingo, cuando se dio la toma de control. Se tenía una mesa de diálogo, pero lo que se buscaba era ganar tiempo, porque no íbamos a entrar en negociaciones con ellos”, afirmó.
Según el funcionario, los disturbios se registraron de forma simultánea en tres cárceles: Renovación 1, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Varones de la zona 18. La coordinación entre esos presidios fue uno de los aspectos que más llamaron la atención de las autoridades.
En esas cárceles están recluidos pandilleros que actúan como coordinadores para hacer llegar órdenes a los miembros de la estructura en la calle.
Los privados de libertad seguían realizando llamadas y coordinando hacia el exterior
Jorge Guillermo López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario
Señal de internet
El domingo 18 de enero, a las 4.30 horas, comenzó formalmente la retoma de Renovación 1, luego de que los pandilleros tuvieran el control. La estrategia incluyó la solicitud a la Superintendencia de Telecomunicaciones de bloquear la señal telefónica en el penal.
“Los privados de libertad seguían realizando llamadas y coordinando hacia el exterior —con base en señal de internet satelital—”, explicó López Dellachiessa. De acuerdo con su versión, durante el sábado se detectaron comunicaciones entre Renovación 1, Fraijanes 2 y el sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18.
También se identificaron coordinaciones que, según indicó, provenían de Mariscal Zavala, por medio de una privada de libertad que posteriormente fue aislada, María Marta Castañeda, pareja de Aldo Dupié Ochoa, alias el Lobo y cabecilla de la pandilla del Barrio 18.
“Cuando logramos controlar esas comunicaciones, los ataques disminuyeron, porque ya no había un líder que diera órdenes de adentro hacia afuera”, sostuvo.
El funcionario añadió que entre los objetivos prioritarios de la fuerza de tarea se encontraban dos cabecillas pandilleros y 12 privados de libertad señalados como paisas, a quienes atribuyó un papel clave en la incitación al resto de la población reclusa.
En cuanto al ingreso de aparatos de comunicación, el funcionario reconoció que existen investigaciones en curso y procesos judicializados contra personal del Sistema Penitenciario acusado de facilitar ilícitos y colaborar en esquemas de extorsión.
Alertas en la PNC
Mientras las acciones para retomar avanzaban, en la PNC circulaban advertencias de inteligencia. Un investigador relató que la noche del sábado 17 de enero se alertó sobre posibles ataques contra agentes y se ordenó mantener prevención total en varias subestaciones. La ofensiva ocurrió horas después.
Entre la mañana y el mediodía del domingo 18 de enero se reportaron ataques en distintos puntos del área metropolitana: El Limón, zona 18; colonia Santa Fe, zona 13; 20 calle de la zona 10, cerca de la bifurcación hacia Santa Catarina Pinula; calzada Roosevelt, zona 7; Villalobos, zona 12 de Villa Nueva; y colonia Altos de San Pedro Ayampuc.
En todos los casos, el patrón fue similar: agresiones directas contra agentes policiales, algunos en motocicleta y otros, destacados en subestaciones.
De los 15 policías atacados, 11 portaban chalecos antibalas, pero los agresores utilizaron fusiles cuyo calibre supera la resistencia del equipo estándar asignado a patrullajes ordinarios, según fuentes de investigación.
Uno de los videos en análisis muestra el ataque en la 20 calle de la zona 10. Se observa a dos agentes que viajan en motocicleta y una camioneta se aproxima, reduce la velocidad y un sujeto dispara con un fusil. Los policías caen al asfalto y el vehículo sigue su marcha.
Otra grabación registra el momento en que dos hombres en motocicleta se detienen frente a una subestación, en la zona 18. Uno de ellos ingresa y dispara contra los agentes, quienes logran resguardarse. “Todo lo tenían planificado”, afirmó la fuente consultada.
Un patrón
Pasados 28 días de esos ataques, los investigadores identificaron patrones comunes. Según la PNC, los responsables serían integrantes del Barrio 18 y se movilizaban en camionetas de una misma marca. También se utilizaron motocicletas.
Hasta ahora se han decomisado cinco vehículos vinculados con esos atentados, y todos tenían reporte de robo; sin embargo, en algunas denuncias se determinó que los propietarios mantienen vínculos con la pandilla.
Las autoridades presumen que ciertos reportes pudieron haber sido interpuestos para encubrir la utilización de los vehículos en acciones criminales.
“Tenemos información de que dueños de camionetas denunciaron supuestos robos, pero hay indicios que advierten de que tienen relación con pandilleros y las denuncias serían solo para desligarse y encubrir”, reveló el investigador policial.
La principal hipótesis de la institución es que la ofensiva en las calles fue una reacción directa a la recuperación del penal y al bloqueo de llamadas internas. La sincronía entre las acciones de las autoridades y los ataques refuerza esa línea.
El investigador policial refirió que obtuvieron información que sugiere que “los pandilleros tenían como objetivo matar a 18 policías porque son cabalísticos; por eso mismo atacaron el 18 de enero”.
dueños de camionetas denunciaron supuestos robos, pero hay indicios que advierten de que tienen relación con pandilleros
Investigador de la PNC
Las víctimas
El saldo fue de 11 agentes fallecidos tras los ataques atribuidos a estructuras del Barrio 18. Entre las víctimas se encuentran Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, de 30 años, además de José Efraín Revolorio Barrera, 25; Luis Alexander Zetino Pérez, 30; y Fernando Alexander Batres Ordóñez, 34. Junto a ellos perecieron Geovani Darío Tecu Sesam, 46; Sammy Iván López García, 33; y Diana Rosmery Chávez Alarcón, 28, y Frallan William Medrano Pernillo.
Juan Antonio Paredes Mayén falleció un día después, a causa de las heridas, y Sergio Iván García Hernández, días más tarde, en un hospital.
Algunos de los agentes tenían más de una década de servicio en la institución; otros apenas comenzaban su carrera. Entre ellos había padres y madres de familia, hijos únicos y sostenes económicos de sus hogares.
Fernando Alexander Batres Ordóñez era padre de dos niños de 8 y 11 años; Geovani Darío Tecu Sesam dejó cuatro hijos; Diana Rosmery Chávez Alarcón tenía tres meses de haber ingresado a la institución y era madre de un niño de 5 años.
Las ceremonias fúnebres se efectuaron en distintos departamentos. En varios casos, compañeros de promoción acompañaron los cortejos con uniforme de gala y salvas de honor, en actos que congregaron a familiares, vecinos y autoridades locales.
Repercusiones
Luego de los ataques contra agentes de la PNC, el Ministerio de Gobernación anunció revisiones en los protocolos de reacción y evaluación del equipo asignado a los efectivos en patrullajes urbanos.
También se reforzó la presencia policial en subestaciones consideradas vulnerables y se implementaron turnos extraordinarios en áreas identificadas por Inteligencia como prioritarias.
Por su parte, la DGSP informó que se acelerarán procesos de requisa, rotación de personal y revisión de controles internos para evitar el ingreso de dispositivos móviles.
El caso abrió, además, un debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de bloqueo de señal y los mecanismos de supervisión del personal asignado a cárceles de alta seguridad.
”Hubo mala planificación”
El experto en seguridad y criminalidad, Édgar Miguel Morales Santos, sostuvo que los ataques evidencian fallas en la planificación estatal.
“Los ataques contra los policías son producto de una mala planificación. Las autoridades de Gobernación sabían que, al disipar el motín, se generaría una reacción del Barrio 18”, afirmó.
Morales explicó que el cabecilla Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, mantiene capacidad de reacción mediante ataques armados y simultáneos. A su criterio, la estructura dejó delegados en distintos centros carcelarios y conserva operadores en la calle.
“Hay otros jefes de la estructura que están prófugos y probablemente coordinando acciones desde el exterior. Esto demuestra que la pandilla mantiene capacidad operativa”, añadió.
El analista advirtió que el componente simbólico no es menor. “No es casual que hayan atacado el 18 de enero, en alusión al nombre del Barrio 18”, dijo.
Alejados
Santos advierte que la distancia entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación es evidente y causa más dificultades en estas crisis provocadas por el asedio de pandillas.
“Las políticas de seguridad se ven debilitadas ante esta distancia de las instituciones encargadas de la seguridad e investigación y es la población la que resiente. Eso, por lo visto, no se resolverá pronto; entonces la capacidad de reacción, en ocasiones, a destiempo”, criticó.
En cuanto a las cárceles, Santos señala que la “Ley antipandillas”, recién aprobada en el Congreso, tiene vacíos legales y asegura que “la reclusión para este tipo de privados de libertad —los pandilleros— debe ser sin contacto físico con visitantes, prohibición de encomiendas y más control de la guardia”.
Un punto de quiebre
Las acciones para retomar la cárcel Renovación 1 marcó un antes y un después en la estrategia penitenciaria. El motín evidenció que el control físico del espacio no garantiza el control operativo si persisten canales de comunicación hacia el exterior.
La respuesta en las calles dejó al descubierto la vulnerabilidad de los patrullajes frente a ataques con armamento de alto calibre.
Para las familias de los agentes fallecidos, la discusión estratégica es secundaria, frente a la pérdida.
El 18 de enero quedó inscrito como una de las jornadas más letales contra la PNC en años recientes. Once nombres resumen el costo humano de una confrontación que se gestó tras los muros de una prisión y se ejecutó en avenidas transitadas del área metropolitana.
Mientras tanto, el expediente sigue aumentando, con declaraciones, peritajes balísticos, análisis de videos y las indagaciones a los guardias que estuvieron de turno antes y durante el motín.
La reconstrucción de los hechos de parte de los investigadores apunta a que la crisis no se limitó a un motín penitenciario, sino que expuso una estructura capaz de operar en distintos niveles, desde el encierro hasta la vía pública, lo cual no es novedad en el historial de estas estructuras criminales.
Y en esa cadena de decisiones y omisiones, 11 agentes de la PNC no regresaron a casa.
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