La Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmó que el 19 de septiembre de 2025 fue la fecha en la que se emitió la última constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos —conocida como finiquito— a Walter Mazariegos, reelecto como rector de la Universidad de San Carlos (Usac), en un proceso que sectores señalan como fraudulento.

Según informó la entidad, tras un análisis y tomando en cuenta que existen tres denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP), la Subcontraloría de Calidad del Gasto nombrará una comisión de auditoría para realizar un examen especial.

Este proceso tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley de Probidad y otras normas afines.

“No es que la Contraloría busque establecer la ilegalidad, sino que establecer si cumple con los requisitos para su postulación; eso ya lo determinará la comisión que sea nombrada para la auditoría y, en materia de probidad, si no cumple, procede denuncia”, indicó la institución.

Asimismo, a través de su Departamento de Comunicación, la CGC subrayó la importancia de este documento para los funcionarios públicos: “Es importante tomar en cuenta la Ley de Probidad. Los empleados o funcionarios públicos, para postularse, deben contar con la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, también llamada finiquito, y para tomar posesión del cargo también deben contar con este documento”.

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La Contraloría agregó que, en este caso, se han presentado tres denuncias ante el MP, por lo que el funcionario en mención actualmente no cuenta con dicha constancia.

También aclaró que el finiquito no tiene un tiempo de vigencia definido, sino que su validez depende de que no surjan nuevos cargos.

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Como ejemplo, la entidad explicó que una persona puede recibir su finiquito y, si poco tiempo después surge una sanción o denuncia, este deja de ser válido. En cambio, si transcurren años sin que aparezcan cargos (señalamientos), el documento mantiene su validez. No obstante, algunas instituciones, por políticas internas, suelen requerir finiquitos emitidos en periodos recientes, como de tres o seis meses.

Finalmente, la Contraloría señaló que las tres denuncias mencionadas se encuentran en investigación por la Fiscalía contra la Corrupción, tal como dio a conocer este medio el 9 de abril.

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