La Misión, designada por Luis Almagro, secretario general de la OEA, sostuvo una agenda de reuniones “amplia e inclusiva” durante la presente semana para recibir informes “de los actores principales de la coyuntura social”, para brindar recomendaciones “puntuales” que permitan al Gobierno “adoptar las decisiones políticas urgentes que conduzcan a la solución efectiva de los temas que son materia de la protesta social que se desarrolla actualmente en el país”.
Según la Misión, esas recomendaciones serán presentadas en un informe que será trasladado al presidente Alejandro Giammattei, con quien se reunieron el pasado jueves junto a los representantes de las autoridades indígenas que coordinan las protestas en todo el país.
“El día jueves 12 de octubre, en el marco de la Misión de Mediación de la OEA, se instaló una mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Giammattei y representantes de las autoridades indígenas ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, presididas por Luis Pacheco”, señala el comunicado.
El documento agrega que “La Misión considera que esta reunión refleja la voluntad de ambas partes de abrir canales de comunicación que les permitan identificar acuerdos en común en beneficio de la democracia en Guatemala, y dé frente a las demandas que han movilizado al pueblo guatemalteco”.
La Misión añade en el documento que “la apertura de este diálogo entre autoridades ancestrales y representantes del Gobierno Nacional es un avance histórico, ya que coloca al pueblo y a las autoridades de las comunidades indígenas legítimamente representadas en una mesa de diálogo directo con las autoridades de Gobierno”.
Refiere que dicha coyuntura surge en un contexto en el que ambas partes “han expresado su compromiso por mantener un diálogo pacífico, con respeto a las libertades fundamentales tanto de quienes ejercen el derecho a manifestarse como de la sociedad en general”.
“Este compromiso ha sido notorio para la Misión, en la manera en que se ha logrado evitar la escalada de confrontaciones violentas durante los días transcurridos desde el inicio de las manifestaciones, en lo cual el profesionalismo de la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido fundamental”.
“La Misión confía en que la etapa subsiguiente de este diálogo, que exhortamos se maneje entre las partes con la premura que amerita la sensible situación actual del país, será una renovada oportunidad para lograr acuerdos que protejan las instituciones democráticas en Guatemala y reconozcan con apertura las diversas necesidades y demandas del pueblo guatemalteco”, dice el comunicado.
Además, la Misión rechaza y condena “cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, sus resultados y el proceso de transición que concluirá el 14 de enero de 2024, cuando asumirán sus cargos el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera”.
“La Misión se suma al compromiso declarado por la Secretaría General de la OEA de continuar apoyando este proceso de diálogo en sus subsiguientes etapas, así como lo hace en las instancias correspondientes al proceso electoral y de transición de gobierno, según los compromisos adquiridos”, concluye la misiva.
Guatemala cumple este viernes 12 días consecutivos de protesta para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, con unas 90 carreteras bloqueadas a nivel nacional.
Aunque las tomas de carreteras persisten en la mayoría de rutas del oeste y norte del territorio, algunas de las arterias principales de la capital guatemalteca fueron liberadas este viernes, de acuerdo con reportes de las autoridades de vialidad.
Las salidas de la Ciudad de Guatemala que fueron liberadas, después de 4 días de estar bloqueadas, fueron la que conduce rumbo a El Salvador y la ruta hacia el océano Atlántico.
Las autoridades indígenas y ciudadanos que han mantenido paralizado el país toda la semana exigen que Porras dimita de su cargo, señalada de supuestamente intentar revertir los resultados electorales del pasado 20 de agosto, donde resultó electo Bernardo Arévalo de León.
Los puntos más fuertes de manifestación persisten a lo largo de la carretera Interamericana que conecta todo el oeste del país y también el plantón frente a la sede central de la Fiscalía, en la capital, donde autoridades indígenas han pernoctado durante más de una semana.
