La acción legal se otorgó dentro del caso por el que la ex subjefa de la Feci, Siomara Sosa, y la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Leily Santizo, fueron capturadas en febrero de 2022, que se relaciona con una petición que hicieron para unificar el caso de convenios de Odebrecht con el proceso que se dilucida en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”.
El amparo que se otorga a las exfiscales anticorrupción impide que el caso continúe en reserva judicial y la defensa de las acusadas pueda conocer el expediente para que puedan ejercer su defensa de manera adecuada, además, obligaría a que el Ministerio Público (MP) pueda informar acerca del proceso penal.
Santizo y Sosa fueron ligadas a proceso penal a petición del Ministerio Público (MP) por el delito de colusión, informaron el 7 de marzo de 2022.
Ambas abogadas fueron parte de procesos de alto impacto que tienen tras las rejas a políticos, empresarios y narcotraficantes que fueron detenidos durante operativos coordinados por dichas instituciones, que marcaron un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Las profesionales fueron ligadas a proceso en el Juzgado Tercero y fueron beneficiadas con arresto domiciliario.
Además, el Juzgado le dio al MP cuatro meses para profundizar en las investigaciones.
Preocupación
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró hoy alarmado por la intimidación, el acoso y la criminalización a los que están siendo sometidos algunos funcionarios de justicia en Guatemala.
Türk pidió a las autoridades guatemaltecas que garanticen que los jueces y los abogados del país puedan realizar su trabajo libremente y recalcó la importancia de los poderes judiciales independientes para la democracia.
“Es especialmente preocupante que se estén utilizando procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participaron en la investigación y persecución de casos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”, lamentó hoy Türk en un comunicado.
El jefe de derechos humanos de la ONU se refirió en particular al anuncio de toma de acciones legales contra el ex comisionado de la Cicig, Francisco Dall’Anese, así como contra otros funcionarios que participaron en esta institución amparada por las Naciones Unidas.
