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EE. UU. encargará a empresa fotografiar viviendas y verificar datos de deportados en Guatemala
EE. UU. busca a una empresa que notifique las multas pendientes, facilite opciones de pago y documente la localización de los deportados. Analistas cuestionan la viabilidad legal de esos cobros.
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La convocatoria de Estados Unidos contempla que la empresa documente la localización de los guatemaltecos deportados con fotografías de las viviendas y otros documentos de respaldo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL )
La empresa que el Gobierno de Estados Unidos pretende contratar para localizar en Guatemala a migrantes con multas pendientes por incumplir órdenes de deportación podrá informarles sobre las deudas y facilitar opciones de pago. Sin embargo, hacer exigibles esos cobros en territorio guatemalteco enfrenta obstáculos legales, según analistas.
El pasado 5 de agosto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) publicó una convocatoria para contratar a una empresa que localice a personas deportadas o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos, verifique su identidad, les informe sobre las multas pendientes y facilite el pago mediante la plataforma Pay.gov.
La empresa deberá operar inicialmente en Guatemala, México y Honduras, aunque el programa podrá ampliarse a otros países, señala el documento. Entre sus funciones también figura comprobar que localizó correctamente al deudor mediante fotografías del lugar de residencia, facturas de servicios públicos, constancias laborales u otros documentos que respalden la identidad de la persona.
La convocatoria señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), por medio de la CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mantiene la facultad de imponer y cobrar multas civiles, sanciones y determinadas tarifas relacionadas con infracciones a la legislación migratoria. El documento indica que estas medidas forman parte de la estrategia del Gobierno estadounidense para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y dar seguimiento a las personas que permanecieron ilegalmente en el país.
El documento explica que la contratación responde a la Orden Ejecutiva 14159, mediante la cual el Gobierno estadounidense instruyó al DHS a garantizar la imposición y el cobro de multas civiles a extranjeros que permanezcan ilegalmente en Estados Unidos, hayan participado en inmigración ilegal o hayan facilitado esa permanencia.
La CBP reconoce que el sistema utilizado hasta ahora no ha dado resultados. Aunque mantiene contratos con tres agencias privadas de cobranza para recuperar multas emitidas por ICE y la Patrulla Fronteriza, esas empresas únicamente operan dentro de Estados Unidos y, hasta julio del 2026, no habían logrado localizar a ninguna persona que residiera en el extranjero. Esa situación motivó la búsqueda de una empresa que opere directamente en Guatemala, México y Honduras.
De acuerdo con la CBP, hasta julio del 2026 había 66 mil 387 personas que ya habían salido de Estados Unidos y mantenían pendientes multas, sanciones civiles u otros cobros migratorios por US$423 millones.
El DHS dijo que los migrantes que no abandonen el país tras recibir una orden definitiva de deportación pueden enfrentar multas de US$998 diarios, además de arresto y deportación.
"Nuestro mensaje para quienes permanecen ilegalmente en Estados Unidos es claro: salgan ahora. Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias, incluidas multas, arresto y deportación", afirmó la subsecretaria del DHS, Lauren Bis.
Guatemaltecas con multas millonarias
Prensa Libre publicó el 10 de julio pasado el caso de dos guatemaltecas que regresaron voluntariamente al país y continuaban recibiendo cartas del Gobierno estadounidense con multas de US$1.8 millones y US$2.3 millones.
En esa oportunidad, la abogada migratoria Ana Gabriela Urízar explicó que las sanciones pueden seguir aumentando aun cuando la persona ya haya salido de Estados Unidos y recomendó no ignorar las notificaciones, sino buscar asesoría legal para responderlas.
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El cobro no puede ejecutarse en Guatemala
Para el analista en migración Pedro Pablo Solares, el documento de la CBP deja claro que la empresa contratada podrá localizar a los migrantes, verificar su identidad y comunicarles que mantienen una deuda con el Gobierno estadounidense.
No obstante, sostiene que hacer exigible esa deuda en Guatemala enfrenta un obstáculo legal.
"La empresa puede entregar un aviso o comunicar que existe una deuda, pero eso no significa que pueda cobrarla judicialmente en Guatemala", añadió.
Explicó que una demanda presentada directamente en tribunales guatemaltecos carecería de fundamento.
Añadió que la otra vía sería solicitar la ejecución de una sentencia extranjera; sin embargo, considera que tampoco sería procedente.
Según Solares, el Código Procesal Civil y Mercantil establece que una sentencia extranjera solo puede ejecutarse en determinados casos de naturaleza civil o mercantil y cuando la persona haya comparecido en el proceso que originó esa resolución.
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En este caso, explicó, las multas derivan de una sanción impuesta por el Estado estadounidense y, en muchos expedientes, el migrante nunca compareció al proceso porque desconocía que existía una orden de deportación.
"Yo no le veo procedencia jurídica. Una cosa es localizar a la persona y otra es que esa obligación pueda ejecutarse en Guatemala", comentó.
El analista agregó que tampoco observa una base legal para que autoridades guatemaltecas entreguen información personal de los migrantes o colaboren en la ejecución de esos cobros sin un convenio internacional o una norma específica.
Solares dijo que le preocupa lo establecido en el documento de EE. UU. para el actuar de la empresa, como tomar fotografías de las viviendas o recopilar información personal.
"Un aviso privado puede entregarse, pero las tácticas intimidatorias tendrían que analizarse conforme a la legislación guatemalteca", añadió.
Miles podrían desconocer que tienen una deuda
Para el analista en migración Fernando Castro, el principal problema es que los indocumentados ni siquiera saben que tienen una orden final de deportación.
"Muchas personas desconocen que existe esa orden y la deuda sigue acumulándose. El hecho de no saberlo no las libera de esa responsabilidad", comentó.
Castro explicó que cuando un migrante recibe una notificación del DHS debe buscar inmediatamente asesoría de un abogado especializado, pues algunos casos pueden revisarse cuando la persona nunca recibió la citación para comparecer ante un juez de inmigración.
"La mayor preocupación es que las personas caigan en estafas por desconocimiento. Debe haber orientación oficial", señaló.
Incertidumbre entre los retornados
Solares considera que el anuncio también puede tener efectos económicos.
Explicó que los migrantes regresan a Guatemala con los ahorros de varios años de trabajo y que el temor a un eventual cobro podría hacer que eviten utilizar el sistema financiero.
"Esa incertidumbre puede provocar que las personas oculten sus recursos en lugar de bancarizarlos, lo que iría en contra de los esfuerzos para fortalecer la inclusión financiera y la transparencia", comentó.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores a la fecha, Guatemala no ha recibido comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre ese programa. "En consecuencia, no podemos adelantar una posición sobre sus alcances. Una vez recibida la información oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizará el análisis correspondiente, conforme a sus competencias y a la legislación guatemalteca", añadió.
Agregó que la Cancillería reitera su compromiso con sus competencias, particularmente con la protección, asistencia y atención consular de los guatemaltecos en el exterior.
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