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Estudio advierte que Guatemala enfrenta expansión de estructuras criminales y cooptación local
El estudio “Drogas, armas y efectivo” advierte que el país pasó de ser una ruta de trasiego a un centro regional de almacenamiento, lavado y control criminal
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El estudio “Drogas, armas y efectivo” advierte sobre el fortalecimiento del crimen organizado y su impacto en la institucionalidad y seguridad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Guatemala enfrenta una transformación del crimen organizado que ya no se limita al narcotráfico, sino que involucra tráfico de armas, lavado de dinero, migración irregular, corrupción institucional y control territorial, advirtieron representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y autoridades de seguridad durante la presentación del estudio “Drogas, armas y efectivo”.
El documento, elaborado con enfoque de inteligencia estratégica, sostiene que “la advertencia del 2011 es ahora el entorno operativo del 2025” y concluye que las redes criminales evolucionaron más rápido que las instituciones estatales.
En el 2011, Centroamérica era vista como una nueva “supercarretera” para el narcotráfico, mientras que en el 2025 la región funciona como un sistema logístico criminal integrado. Además, el crimen ha permeado en los poderes locales y en las comunidades.
Durante la actividad participaron empresarios, autoridades de seguridad y expertos internacionales, quienes coincidieron en que el país atraviesa un proceso de fortalecimiento y diversificación de las estructuras ilícitas.
Leo Powell, director general corporativo de Powell Advisory Group LLC, afirmó que Guatemala dejó de ser únicamente un territorio de tránsito y se ha convertido en un país estratégico para almacenamiento de drogas, lavado de activos, migración y disputa territorial.
El estudio añade que un incremento en la producción de cocaína en Colombia se convierte en un problema de seguridad ciudadana para Guatemala, debido a que las rutas, puertos, fronteras, puntos de almacenamiento y redes de protección criminal adquieren mayor valor estratégico.
El estudio advierte que la seguridad local depende cada vez más de las dinámicas logísticas regionales y que fenómenos como la violencia, las extorsiones, el control de cárceles, la presión judicial y la cooptación de municipalidades aumentan cuando las rutas de trasiego de drogas son más valiosas para los criminales.
El documento también señala que la amenaza actual es “policriminal”, ya que las mismas rutas son utilizadas para mover drogas, armas, dinero ilícito, migrantes, contrabando e influencia política.
Además, detalla que las redes criminales operan con mayor rapidez que las instituciones estatales y que existe una brecha de agilidad entre organizaciones ilícitas adaptativas y Estados con estructuras burocráticas.
Récord de producción de cocaína
El estudio señala que la producción de cocaína en Colombia alcanzó las 2 mil 664 toneladas métricas en el 2023, un aumento del 53% respecto del 2022.
Ante esta situación, el análisis compara la situación de Guatemala entre el 2011 y el 2025 y detalla que antes el problema principal eran las rutas de trasiego, mientras que ahora existe un sistema criminal convergente.
Señala que Guatemala pasó de ser un país vulnerable de tránsito a convertirse en un centro multipropósito para operaciones criminales, financiamiento ilícito, migración y disputa de gobernanza.
Añade que el modelo criminal también evolucionó: en el 2011 eran los carteles, pandillas, transportistas y funcionarios corruptos quienes integraban estas estructuras, pero actualmente existen redes policriminales, bandas que operan desde las cárceles guatemaltecas, operadores financieros y mecanismos de influencia municipal.
Corrupción y cooptación institucional
El documento señala que las estructuras lograron fortalecer su influencia mediante corrupción, intimidación policial, financiamiento político ilícito y cooptación de gobiernos locales.
Advierte que la influencia municipal puede operar mediante permisos, contratos, obras públicas, programas sociales y acceso comunitario, mientras que las policías locales pueden ser cooptadas, presionadas o neutralizadas en jurisdicciones vulnerables.
Según el documento, los grupos criminales también entregan dinero o beneficios sociales a residentes locales, lo que puede hacerlos dependientes o cómplices de la actividad ilícita.
El escrito dice que Petén es utilizado para construir pistas clandestinas, almacenamiento de droga y tránsito ilegal hacia el norte del continente, mientras que Huehuetenango y San Marcos enfrentan presión por tráfico transfronterizo, migración irregular e influencia criminal.
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Los puertos y canales comerciales representan riesgos para el lavado de dinero mediante comercio y transporte de contenedores, mientras que las comunidades fronterizas enfrentan extorsiones, explotación de migrantes y contrabando.
Según el análisis, los homicidios se relacionan con la competencia por rutas y la disponibilidad de armas de fuego.
También indica que la debilidad judicial permite la expansión criminal, porque la impunidad facilita que las estructuras ilícitas se reorganicen y amplíen sus operaciones.
En el sector empresarial, la inseguridad se convierte en un impuesto económico al crecimiento, debido a los costos en seguridad privada, seguros, retrasos, robos, extorsiones y cumplimiento normativo.
Ejército refuerza operaciones
Durante la actividad, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, señaló que el Ejército mantiene operaciones permanentes en tierra, mar y aire para combatir el narcotráfico y las estructuras criminales.
El funcionario explicó que el Gobierno implementó la estrategia “Cinturón de fuego”, enfocada principalmente en las fronteras, donde se concentra buena parte de la violencia asociada con carteles.
Sáenz indicó que la Marina de la Defensa Nacional patrulla de forma permanente aguas jurisdiccionales desde abril del 2024 y aseguró que las operaciones aéreas redujeron los aterrizajes ilegales.
Añadió que las autoridades han destruido laboratorios clandestinos, decomisado armamento y detectado más de 70 pistas ilegales pendientes de judicialización.
Impacto económico
Juan Pablo Zapata, director ejecutivo de Fundesa, afirmó que el crimen y la violencia representan un costo equivalente al 7.7% del producto interno bruto de Guatemala y advirtió que la inseguridad afecta directamente la competitividad, la inversión y el desarrollo económico del país.
“El Fondo Monetario Internacional calcula alrededor del 7% del PIB el costo asociado al crimen y la violencia. Esto impacta en seguridad privada, seguros, hospitalización, gastos médicos y todo el proceso de seguridad y justicia”, afirmó.
Agregó que por cada reducción del 14% en los índices de criminalidad el país podría incrementar hasta 1% su producto interno bruto.
Comentó que Fundesa y Enade, junto a las autoridades, buscan reducir la tasa de homicidios de 16 a ocho por cada 100 mil habitantes en los próximos 10 años.
“Eso significa reducirla a la mitad, como ya ocurrió hace una década, cuando Guatemala tenía una tasa de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes”, señaló.
El directivo indicó que el fortalecimiento institucional y la coordinación entre autoridades y sector privado son fundamentales para enfrentar el narcotráfico y recuperar territorios afectados por estructuras criminales.
“Hemos visto avances importantes en las fuerzas de seguridad y en el trabajo conjunto público-privado para combatir el narcotráfico, pero esto tiene que seguir avanzando”, afirmó.
Zapata afirmó que la presencia de carteles mexicanos en Guatemala ha afectado la gobernabilidad en municipios fronterizos.
Añadió que existen casos de alcaldes, diputados y operadores judiciales vinculados con estructuras ilícitas.
Piden aprobar ley antilavado
En la presentación, representantes empresariales pidieron al Congreso aprobar la iniciativa de ley contra el lavado de dinero.
Zapata advirtió que, si Guatemala ingresa a una lista gris internacional, podrían aumentar las tasas de interés y créditos.
El estudio también recomienda fortalecer investigaciones financieras, crear centros de inteligencia interinstitucional, mejorar el control penitenciario y proteger el proceso electoral del 2027 frente al financiamiento ilícito.
Juan Mini, presidente del Comité Organizador de Enade, afirmó que Guatemala necesita una respuesta estatal integrada para enfrentar el crecimiento de las estructuras criminales y advirtió que durante años las instituciones de seguridad trabajaron de manera fragmentada.
“Hemos operado con acciones fragmentadas, en las que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil actúan en agendas paralelas, con sistemas de información desconectados y responsabilidades que muchas veces se neutralizan mutuamente”, afirmó.
Mini señaló que el crimen organizado opera con una coordinación regional que obliga al Estado a modificar su estrategia de seguridad.
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Aseguró que el país necesita centros de fusión de inteligencia, protocolos conjuntos y mandos unificados para responder a amenazas multidimensionales.
Mini comentó que el fortalecimiento del sistema judicial es indispensable para recuperar territorios dominados por estructuras ilícitas.
“De nada sirve capturar criminales si el sistema judicial no los condena”, expresó.
Añadió que la independencia judicial no debe verse como un concepto abstracto, sino como una condición necesaria para combatir la cooptación institucional.
Mini también pidió al Congreso aprobar reformas vinculadas con seguridad y fortalecimiento institucional.
“Tenemos la responsabilidad de exigirle al Congreso que actúe con urgencia”, señaló.
El presidente del Comité Organizador de Enade indicó que el sector privado está dispuesto a colaborar en iniciativas de transparencia, cumplimiento y denuncia ciudadana.
“Guatemala no puede darse el lujo de perder otra generación. Cada día sin reformas concretas es un día en que las estructuras criminales se consolidan y el Estado retrocede”, advirtió.
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