Investigaciones sobre desobediencia a la CC continúan, según fiscal General

María Consuelo Porras, fiscal General, dijo este viernes que continúan las investigaciones sobre posible desobediencia de funcionarios a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), al tiempo que insistió en que no hay ambigüedad en su postura en torno al amparo provisional que suspendió el acuerdo gubernativo 2-2019, que daba unilateralmente por finalizado el convenio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La fiscal General, María Consuelo Porras, se refirió a la vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) en relación a la Cicig. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)
La fiscal General, María Consuelo Porras, se refirió a la vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) en relación a la Cicig. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

“Desde hace rato el tema -la posible desobediencia de funcionarios a resoluciones del tribunal constitucional- está en investigación -y- sobre la base del resultado de la investigación puedo proceder”, dijo en rueda de prensa la jefa del Ministerio Público (MP).

El 28 de enero último, Porras instruyó a las fiscalías investigar la posible comisión de delitos “en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por la CC”. En esa misma ocasión, exigió “el pleno acatamiento y respeto a las decisiones judiciales para la consolidación del estado de Derecho”.

La orden de la fiscal General surgió un día después de que la Convergencia de los Derechos Humanos, conglomerado de organizaciones civiles, le enviara una carta pública para hacerle que ver que los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, así como Jorge Luis Donado, jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), han cometido acciones que ponen en riesgo la institucionalidad, que podrían tener “graves implicaciones”.

Los tres funcionarios, que integran el Consejo de Seguridad Nacional, fue el que le recomendó al presidente Jimmy Morales la no renovación del mandato de la Cicig en 2018 y cada uno ha emprendido acciones desde el ámbito de su competencia. Jovel fue quien transmitió a António Guterres, secretario General de Naciones Unidas que Guatemala daba por terminado el convenio de la comisión, además de retener pasaportes de los funcionarios; Degenhart, responsable de la Policía Nacional Civil (PNC), retiró agentes que trabajaban en la seguridad perimetral, así como vehículos asignados, y Donado emprendió una solicitud de antejuicio contra tres magistrados de la CC, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata, por delitos de resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución, abuso de autoridad  y prevaricato, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo rechazó.

Las organizaciones señalaban a esos funcionarios de no acatar las resoluciones del tribunal constitucional relacionadas a las funciones de la comisión cuando ya estaba suspendido el acuerdo 2-2019, que ponía fin al convenio.

En ese sentido, Porras aseveró que solo la prueba “nos va a dar el resultado y el debido diligenciamiento de la investigación” contra quienes hayan cometido delito.

Sin ambigüedad

La fiscal General se refirió de nuevo a la postura que planteó la institución en la vista pública ayer ante la CC, donde la representante Verónica del Carmen Mazariegos Herrera expresó que el amparo provisional del 9 de enero, que suspendió el acuerdo gubernativo 2-2019, quedó sin materia.

“En vez de criticarse, deberíamos premiar la actitud del Ministerio Público porque nosotros como institución respetuosa de las leyes y tener como objetivo fundamental el velar por el cumplimiento de las leyes desde que se otorgó el amparo provisional nosotros hemos asumido esta resolución con seriedad, con responsabilidad y la hemos aplicado”, dijo Porras.

La jefa del MP recordó que por la intervención de su personal no se impidió el ingreso del investigador colombiano Yilen Osorio, de la Cicig, el pasado 6 de enero en el Aeropuerto Internacional La Aurora. “El MP fue el que llegó a que se respetara la resolución de la Corte de Constitucionalidad”, dijo Porras.

“La opinión técnica que se dio en la vista pública que el MP entendió que la resolución -el amparo provisional- era dejar sin efecto ninguna decisión de las autoridades del Ejecutivo -el acuerdo 2-2019-. En ese sentido hemos asumido verdaderamente desde el primer momento para nosotros tiene plena vigencia y aplicación. No significa ninguna opinión ligera ni sin sustento”, precisó la funcionaria.

La polémica surgió ayer durante esa vista pública, con miras a resolver el amparo en definitiva, donde los amparistas, Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía, solicitaron el amparo definitivo para que la comisión termine sus funciones en septiembre de 2019, pero el MP, en una corta intervención de Mazariegos de dos minutos, planteó que el amparo provisional había quedado sin materia.

“El criterio no tiene absolutamente ninguna ambigüedad. Ninguna ambigüedad. En ningún momento se ha dicho que deje sin efecto el amparo provisional, en ningún momento. El criterio es técnico. Nosotros mantenemos la plena vigencia y aplicación del amparo otorgado desde el primer momento como amparo provisional”, afirmó Porras.

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