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Para el analista Lizandro Acuña del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la “debilidad y fragilidad del Estado” generan que la población cometa linchamientos, hechos que que, como en el caso ocurrido este jueves, pueden obedecer a aumentos cíclicos de inseguridad provocada por las extorsiones, ya que los grupos criminales suelen incrementar el cobro de estas en ciertas épocas del año.
La debilidad del Estado queda demostrada, según Acuña, en la falta de equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes muchas veces terminan poniendo de su bolsa los gastos para movilizarse. También en la mora judicial que se refleja en que el Ministerio Público (MP) tenía hasta hace poco un millón 200 mil casos pendientes de resolverse de los cuales el Organismo Judicial no había emitido sentencias en el 48 por ciento.
Según Acuña, la desesperación de las víctimas de extorsionistas hace que caigan en actos de violencia, los cuales no son la solución, puesto que esta genera más violencia y hace que quienes intentan “hacer justicia” de esta forma se conviertan en delincuentes al quitarle la vida a otra persona.
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Aunque de acuerdo con cifras oficiales se ha registrado un descenso de la violencia, Acuña resalta que los guatemaltecos continúan sintiéndose inseguros lo cual es fundamental; además, no contribuye el que las instituciones, MP, PNC e Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de no se ponen de acuerdo a la cantidad definitiva de homicidios al año.
Los hechos
La mañana del jueves pasado se produjeron hechos violentos al final del bulevar El Naranjo y 27 calle, zona 4 de Mixco.
Todo comenzó cuando dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos al piloto de un taxi, según las primeras investigaciones fue por un caso de extorsión.
Los supuestos sicarios luego de atacar al taxista intentaron huir, pero fueron copados por un grupo, aparentemente compañeros de la víctima, y luego de vapulearlos les rociaron gasolina y les prendieron fuego.
Tanto el taxista como los presuntos atacantes fueron trasladados a distintos centros asistenciales donde fallecieron. El primero fue identificado como Fardy Mayén Pérez Miranda, mientras que los dos linchados como Roger Ronald Gómez Carrillo, de 23 años, y Edwin Herrera, 19.
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Horas después de los hechos la PNC capturó a Edy Guillermo Sánchez, 26, sindicado de participar en la turba y fue trasladado al Juzgado de Mixco, inmediatamente un grupo de taxistas se dirigió hacia ese lugar a manifestar su descontento y a exigir su liberación. Por varias horas bloquearon el bulevar frente al juzgado.
Sánchez, al parecer, figuraba en uno de los tantos videos y fotografías del suceso que circularon en las redes sociales, y se veía supuestamente cuando agredió y prendió fuego a los sospechosos.
Normalización de la violencia
El linchamiento ocurrió frente a una iglesia mormona. En ese lugar, mientras los vehículos circulaban con normalidad los espectadores aprovechaban para tomar fotos y video del suceso.
Según Juan Orlando Velásquez, investigador de la División de Investigaciones de la PDH, la violencia se ha normalizado a tal punto que un linchamiento, “un acto deleznable que no se puede tolerar”, ha sido recurrente por la permisividad del Estado.
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“Vemos una normalización de la violencia y las personas creen que pueden responder con más violencia en estos casos”, puntualizó Velásquez.
Al tratar de explicar por qué la turba exigía la liberación del hombre sindicado del linchamiento, Velásquez precisó que existe una desconfianza en las autoridades por los altos niveles de impunidad y debido a que desde la firma de los acuerdos de paz el Estado no fortaleció al sistema de justicia.
Sumado a ello, agregó Velásquez, Guatemala vivió una larga etapa de conflicto armado interno que, aunque no tiene que ver directamente con los linchamientos, fracturó a la sociedad y abrió la posibilidad de que esta se transformara violenta.
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“En los últimos cinco años el fenómeno se ha movido más hacia la capital incluso en centros universitarios, es un fenómeno social y hay inconformidades e insatisfacciones sociales no cubiertas que llevan a esas acciones extremas”, subrayó.
Muchos han muerto
El informe Retenciones multitudinarias, vapuleos y linchamientos, elaborado por la PDH, señala que desde el 2005 hasta el 2019 han sido linchadas 431 personas y dos mil 366 fueron vapuleadas y quedaron heridas.
La mayoría de las muertes por linchamiento se produjeron en la capital (103), seguido de Huehuetenango (77), Quiché (39) y San Marcos (34).
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