Estados Unidos
Guatemala
Ministerio de Gobernación advierte sobre la incidencia del narcotráfico en elecciones del 2027
Las estructuras de narcotráfico y crimen organizado buscarán incidir en el proceso electoral del 2027 para ocupar las instituciones estatales, advirtió Víctor Hugo Cruz, quinto viceministro de Gobernación.
|
Las redes que se dedican al narcotráfico y otros ilicitos buscaran incidir dentro del proceso electoral del 2027 con el objetivo de agenciarse beneficios para sus actividades ilícitas advierte el quinto viceministro de Gobernación, Víctor Hugo Cruz. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala).
Las estructuras del narcotráfico y al crimen organizado buscarán tener algún tipo de incidencia en el proceso electoral del 2027, debido a que buscan “captar poder” dentro de las entidades estatales, indicó Víctor Hugo Cruz, quinto viceministro del Ministerio de Gobernación a cargo de asuntos antinarcóticos.
Así lo detalló durante la presentación “Radiografía de la Narcoactividad en Guatemala”, en el marco del informe mensual del Índice de Denuncias de Delitos que elabora el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El funcionario comentó que las estructuras criminales que se dedican al narcotráfico y al crimen organizado buscan llegar a los niveles más altos para obtener poder y proteger sus actividades ilícitas.
“Lamentablemente, estas estructuras van a querer buscar, entrar en lo más alto que puedan para poder seguir teniendo poder, porque eso es lo que buscan, poder para mantener sus actividades ilícitas”, afirma Cruz.
El viceministro antinarcóticos también comenta que ningún gobierno en la actualidad está libre de este flagelo, ya que estas estructuras delictivas siempre buscarán obtener algún beneficio que les permita realizar sus operaciones y actividades ilícitas con algún tipo de facilidad.
“Ningún gobierno está libre de que estas estructuras puedan llegar —a las instituciones estatales— y sabemos que por historia lo han hecho, por historia han buscado ingresar en actividades del Estado para poder tener diferentes beneficios, ya sea desde una ley que los pueda proteger o una actividad que les pueda dar mejores beneficios e independientemente la estructura criminal que sea, va a buscar tener algunas facilidades”, asegura.
Con la finalidad de evitar que estas estructuras delictivas puedan cooptar las instituciones del Estado, se trabaja en la implementación de medidas y procesos para garantizar que los funcionarios públicos sean honestos y se mantengan en esa línea. Según indicó, el Ministerio de Gobernación implementa líneas claras de trabajo y estrategias encaminadas en este sentido, mejorando las capacitaciones y las condiciones del personal que labora en las diferentes entidades que están a cargo de la cartera, y así evitar que puedan ser presa de la corrupción que genera el crimen organizado.
“Entendiendo que las rutas criminales no solo manejan un ilícito, no solo manejan rutas del narcotráfico. Estas estructuras criminales también se diversifican, manejan rutas de tráfico ilegal de migrantes, tráfico de contrabando y también cualquier otro tipo de ilícito, armas, municiones y todo aquello que pueda representar un lucro ilícito para ellos. Van a ser rutas que ellos van a querer potencializar”, asegura.
Cuatro corredores para el trasiego
Según indicó el funcionario, Guatemala enfrenta redes regionales de comercio ilícito, donde construyen rutas logísticas y financieras ilícitas a través de cuatro corredores: el Pacífico Oriental, el Central, el Caribe o Atlántico Occidental y el Cono Sur.
Cruz puntualizó que las áreas de mayor incidencia detectada en el país son:
Petén, con puntos ciegos y movimiento ilícito transfronterizo; Huehuetenango, con pasos no habilitados de contrabando y tráfico ilícito de migrantes; San Marcos, con el corredor Suchiate-Tapachula y flujo ilícito de mercancías y personas; Izabal, con puertos y rutas marítimas y fluviales de contrabando y tráfico ilícito; Zacapa, con rutas terrestres de tráfico de armas y mercancías ilícitas, y Chiquimula, con corredores hacia el corredor seco y conexión con redes criminales en Honduras.
Uno de los principales aspectos que el funcionario resaltó en su presentación es la integración de las capacidades de seguridad fronteriza con las capacidades antinarcóticas, tanto desde el quinto viceministerio como desde la Policía Nacional Civil (PNC). En este aspecto destacó que en los nuevos reglamentos policiales se tiene previsto crear una dirección encargada, específicamente, del tema antinarcóticos y de la protección fronteriza, evitando así duplicidad en las funciones de unidades como la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).
En este sentido, indicó que este enfoque no solo busca evitar duplicidades, sino también maximizar el recurso humano en puertos, fronteras y puestos de control, ya que las rutas criminales no son exclusivas del narcotráfico, sino que también son utilizadas para la comisión de otros delitos.
Un aspecto que resaltó el funcionario es que en las fronteras del país hay fincas privadas que colindan con otras fincas privadas del otro lado, lo que dificulta la labor de las autoridades para fiscalizar y detectar actividades ilícitas y saber qué se está haciendo o “traficando” de un punto a otro.
“El objetivo no es frenar la economía local, sino comunicar a la población que se busca perseguir solo a quienes trafican ilícitos”, indicó Cruz.
Tráfico también beneficia a las pandillas
En cuanto a las pandillas, Cruz comenta que estas se mantienen dentro del “ecosistema criminal”, en donde convergen territorialmente con actividades ilícitas como el narcomenudeo, las extorsiones, la violencia y otros delitos.
En este aspecto, resalta que la protección de las fronteras es importante para evitar el ingreso de armas que luego son utilizadas por las pandillas, así como para evitar el ingreso de drogas, debido a que una parte de los estupefacientes también es comerciada al menudeo por estos grupos delictivos. Ante ello, es necesaria la implementación de las medidas citadas para evitar que estos grupos delictivos también continúen beneficiándose de estas actividades de narcotráfico, tráfico y contrabando, aseguró.
Impacto financiero
El viceministro de Gobernación también resalta que el poder de las estructuras criminales de las pandillas “reside en el dinero”, por lo que uno de los principales enfoques es ir detrás de las finanzas, no solo de sus cabecillas. Sobre esto, hace también un llamado a los ciudadanos para que “no presten sus cuentas bancarias” para actividades ilícitas, ya que esto financia delitos como asesinatos y extorsiones.
Índice de delitos al mes de julio
Previo a la presentación de la Radiografía de la Narcoactividad en Guatemala, a cargo del viceministro de Gobernación Víctor Hugo Cruz, David Casasola, del CIEN, expuso el Índice de Denuncias de Delitos (IDD), correspondiente a julio del 2026, que monitorea nueve delitos: cuatro contra personas y cinco contra la propiedad.
Aunque el acumulado de enero a julio registra 121 homicidios menos que en el 2025, la tendencia de corto plazo se ha invertido. En julio del presente año se contabilizaron 40 homicidios más que en el mismo mes del año anterior, y la tasa interanual subió de 16.26 a 16.46 por cada 100 mil habitantes. El informe revela que el perfil de las víctimas se mantiene: 84.6% son hombres y el 59% son menores de 35 años.
El 85% de los casos se concentra en 10 departamentos; el departamento de Guatemala agrupa el 41%, aunque es el que más reducciones ha experimentado, lo que sugiere un desplazamiento de la violencia. En la capital, cinco zonas (18, 6, 7, 1 y 12) concentran el 61% de los homicidios.
La tasa de lesionados por hechos delictivos bajó de 21.29 a 20.81, con 13 casos menos que en junio. No obstante, Casasola advirtió que el nivel actual es el más alto desde antes de la pandemia y que este indicador suele preceder a los homicidios, por lo que exige seguimiento.
Las denuncias por extorsión tuvieron un descenso, ya que la tasa interanual pasó de 151.4 a 106.6 por cada 100 mil habitantes. En julio se reportaron mil 298 extorsiones frente a dos mil 396 en el 2025, con una reducción acumulada de 961 casos. El municipio de Guatemala concentra el 21% de las denuncias, pero también aportó mil 279 denuncias menos.
Sin embargo, el experto subrayó que se necesita una encuesta de victimización para discernir si la baja refleja una menor recurrencia o un subregistro de denuncias.
Casasola insistió en focalizar estrategias en los territorios críticos y en implementar encuestas de victimización que permitan validar las cifras y diseñar políticas más efectivas.
ESCRITO POR:
