El comisionado Romeo Monterrosa propuso que el punteo mínimo para ser elegible fuera de 80 puntos; Serrano planteó que fueran 75 puntos, mientras que el comisionado Solís sugirió 70 puntos como punteo mínimo.
“La Comisión de Postulación del TSE fijo 70 puntos como línea de corte y lo que se resuelve allí rebota en la Corte Suprema de Justicia, por lo que tiene que haber una mayor excelencia, por lo que debería de mantenerse los 75 puntos, pero si no hay consenso y no se logra la mayoría pues habría que pensar en mantener los 73 puntos”, refirió Monterrosa.
La Comisión de Postulación del TSE fijo 70 puntos como línea de corte, lo que se conoce ahí rebota en la Corte Suprema de Justicia, por lo que tiene que haber mayor excelencia, y mantener en 75 puntos, y si no hay consenso y no se logra la mayoría pues pensar en mantener los 73 puntos.
Luego de un debate, Monterrosa retiró su propuesta y secundó la de Serrano. Las dos propuestas se fueron a votación, la de Serrano se quedó con 24 votos y la de Solís, con 11.
En una segunda votación, serrano propuso 75 puntos, pero al estimar que no lograría el aval mantuvo la de los 73, que habían sido aprobados con anterioridad. La primera propuesta obtuvo 20 votos y segunda logró los 25 votos necesarios para su aprobación, el voto final lo dio la decana de la facultad de Derecho de la Universidad Regional, Jennifer Nowell.
Buscaban favorecer candidaturas
El grupo de 13 comisionados -ocho magistrados de Apelaciones, dos decanos y seis del Colegio de Abogados- fracasaron en su intento de incluir otros criterios de evaluación al aplicar la tabla de gradación, para beneficiar a candidatos que se postularon por la Carrera Judicial, pues al tener más años de trayectoria como abogados querían ser tomados en cuenta como tales.
El comisionado Fausto Maldonado fue quien hizo esta propuesta, pero no tuvo el apoyo del resto de sus compañeros, debido a que la Comisión había aprobado la evaluación por separado y no para favorecer a los candidatos si se postulaban como abogado o como magistrado.
Luego, la magistrada Wendy Ramírez planteó otorgar puntos tanto por ser abogado como por tener trayectoria en el Organismo Judicial como juez o magistrado, unificación de la primera propuesta que también fue rechazada.
En ese intento de modificar los criterios de evaluación, Serrano increpó a los comisionados, ya que pretendían que se eligieran candidatos de hasta 56 puntos y les dijo que era mejor que trajeran sus listas y que se votara por ellas.
“Hacer evaluaciones en la comisión para luego favorecer a una persona que tiene 56 puntos, en qué mundo estamos, entonces presenten las listas y votemos sobre ellas, punto, sin más, no tiene sentido hacer otro tipo de cosas, yo me rehusó, si queremos escoger a los mejores tenemos que dar muestras claras de que esa es nuestra posición, si queremos escoger a candidatos de bajas calificaciones apúntense, pero yo definitivamente me niego a estar en esa misma dirección”, dijo Serrano.
Ponderan expedientes
Después de establecer una nota mínima de 73 puntos, la Comisión entró en el proceso para ponderar los expedientes, aplicando la tabla de gradación a cada uno de los 231 aspirantes.
La mecánica se estableció por sorteos en grupos de seis comisionados, dos decanos, dos magistrados y dos del Colegio de Abogados. También la entrega de los expedientes se hizo por sorteo.
En este primer día se esoeraban ponderar 142 expedientes y de no finalizar continuarán el miércoles.
Piden candidatos probos
Diputados de varios bloques legislativos instaron a los integrantes de las comisiones de postulación de CSJ, Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral, en una carta abierta, a que velen porque se cumpla el mandato constitucional establecido en el artículo 113, respecto a la capacidad, idoneidad y honradez.
Piden que observen en estricto sentido los mecanismos y procedimientos de selección establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación y en concordancia y en lo aplicable a la Ley de la Carrera Judicial, para lo cual debe primar la objetividad y la transparencia.
Que fundamenten sus decisiones, no solo en la normativa interna y resoluciones jurisprudenciales existentes, sino también ajustarse a los estándares internacionales basados en la absoluta independencia judicial y capacidad profesional y académica de los aspirantes existentes en esa materia.
Y por último, señalan que escuchen las demandas y la sana crítica de sociedad civil cuando corresponda para garantizar un proceso legítimo.
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