Guatemala
Acción contra el IUSI: diputados argumentan que ley ignora la capacidad real de pago y señalan otros vacíos legales
Congresistas de Cabal presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el impuesto, mientras que el debate por reducirlo, reformarlo o eliminarlo ya lo aplazaba para el segundo periodo ordinario.
Diputados de la bancada Cabal presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la CC contra la Ley del IUSI, mientras continúa el debate sobre reformas al impuesto municipal. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
La bancada Cabal presentó este martes una acción de ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), en medio del debate que mantiene el Congreso sobre posibles reformas, reducciones e incluso la eliminación de ese tributo aplicado por las municipalidades.
La acción fue presentada en medio del debate que se mantiene en el Congreso sobre distintas propuestas para reformar, reducir o incluso eliminar el impuesto, que constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las municipalidades del país.
El jefe de bancada de Cabal, Luis Aguirre, señaló que la ley actual “ha perdido vigencia”, al considerar que fue creada bajo condiciones económicas distintas y que ahora genera cargas para los contribuyentes.
Los diputados también cuestionaron la forma en que algunas municipalidades aplican el cobro y aseguraron que existen diferencias entre comunas respecto a la implementación del impuesto.
El planteamiento, según el documento, sostiene que el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), establecido en el Decreto 15-98, presenta problemas de inconstitucionalidad porque se basa únicamente en la propiedad de un inmueble como hecho generador del cobro, sin tomar en cuenta la capacidad económica real del contribuyente.
"(...) el impuesto presume de manera absoluta la existencia de capacidad contributiva por la sola titularidad patrimonial, sin considerar ingresos, liquidez, rentabilidad del bien ni situación socioeconómica del contribuyente", indica uno de los puntos.
Además, se señala que el impuesto se aplica de forma distinta según la municipalidad.
En síntesis, el documento sostiene que el IUSI:
- Se basa en la propiedad del bien y no en la capacidad económica real.
- Presume que todos los propietarios pueden pagar sin evaluar su situación.
- Aplica el mismo cobro a casos distintos, lo que podría generar desigualdad.
- Puede afectar bienes esenciales como la vivienda si no se considera la situación del contribuyente.

Entre las propuestas que se discuten en el Congreso está reducir el IUSI para viviendas al equivalente de tres quetzales por cada Q1 mil del valor del inmueble, mientras que los inmuebles comerciales mantendrían una tasa más alta. También se plantea exonerar del pago a adultos mayores y dar un período de gracia a personas que compren vivienda mediante créditos hipotecarios.
Las reformas estaban contempladas para discutirse durante el segundo período ordinario de sesiones del Congreso; sin embargo, ese escenario podría cambiar tras la acción de inconstitucionalidad presentada ante la CC.
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Posturas contrarias
El debate también ha abierto posiciones encontradas entre diputados y alcaldes. Mientras algunos sectores consideran necesario revisar el modelo de cobro para aliviar la carga tributaria, autoridades municipales advierten que una reducción drástica o eliminación del IUSI afectaría directamente los ingresos destinados a servicios, infraestructura y funcionamiento de las comunas.
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) no emitió postura este martes sobre la acción presentada ante la CC. Sin embargo, anteriormente su presidente, Sebastián Siero, había manifestado que aunque la ley necesita actualizarse tras más de 25 años de vigencia, eliminar el impuesto podría comprometer las finanzas municipales.
También indicó que sí podrían analizarse mecanismos de alivio focalizados para ciertos sectores, especialmente quienes adquieren vivienda mediante financiamiento.
El IUSI ha permanecido en el centro de la discusión en las últimas semanas, debido al anuncio de la eventual iniciativa impulsada desde el Congreso, aunque sin avances definidos hasta ahora para modificar el esquema actual de cobro.
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