Estados Unidos
POLÍTICA
Análisis: Las tachas, una gran impostura
Los comisionados fingen y simulan acatar la norma, pero solo buscan salir del paso incómodo de recibir objeciones.
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Las comisiones de postulación tienen una fase destinada a la recepción de objeciones. (Foto Prensa Libre: Javier González)
En el lejano 1999, cuando los procesos de postulación eran secretos, no había monitoreo ciudadano ni espacios para las denuncias de impedimento; aparecieron por vez primera “las tachas”. Algunas comisiones recibían los documentos con señalamientos, sin mucho entusiasmo, pero, al final, “los tachados” no eran nominados.
Así, se presentaron denuncias bien fundamentadas contra jueces que acosaban a mujeres de su entorno laboral y a sujetos procesales; litigantes que amenazaban, incluso con arma blanca, a sus vecinos, clientes y contrapartes; jueces y magistrados que —por venales y ser parte del patrón de impunidad— emitieron resoluciones que a la postre generaron condenas internacionales al Estado de Guatemala.
Desde 2009, la Ley de Comisiones de Postulación (LCP) obliga a las comisiones a recibir denuncias de impedimento y, si bien no ordena dar validez a los señalamientos, garantiza que los documentos sean recibidos, leídos en el pleno de la comisión y tomados en cuenta al momento de pronunciarse sobre la honorabilidad, los méritos éticos y la idoneidad de los aspirantes. Se excluyen, por supuesto, aquellos que no puedan ser verificados, según el artículo 20 de la ley aludida. Los rechazos han abundado porque es evidente que debemos mejorar la calidad de las denuncias, ampliar la capacidad para recopilar la información y no depender de “recortes de prensa”.
Hasta ahora, todas las comisiones recibían impedimentos, los leían en el pleno de la comisión, los daban a conocer y todos los tachados debían presentar descargos. Si alguna denuncia quedaba excluida, en el pleno se discutía el porqué del rechazo, con argumentos tanto a favor como en contra de esa decisión; pero esto tenía lugar después de conocer los descargos de los postulantes afectados por el señalamiento.
No se bloqueaba el trámite de estos documentos para favorecer a un candidato en particular, como ocurrió hace pocos días en la comisión que nominará candidatos a fiscal general de la República 2026-2030.
Sin embargo, con frecuencia hay comisionados que se las ingenian para “cumplir” el artículo 20 de la LCP, pero es una gran impostura. Montan una simulación, fingen dar cumplimiento a la ley, pero en realidad burlan la obligación de tramitar las denuncias.
Recientemente vimos que unos siete comisionados se coaligaron para rechazar sistemáticamente las tachas presentadas contra la fiscal general, Consuelo Porras. El conocimiento de las manchas había transcurrido sin novedad, hasta que llegó el momento de conocer el voluminoso número de objeciones contra la aspirante Porras.
Este rechazo lo protagonizaron unos siete comisionados, aunque al regresar del almuerzo algo cambió. De pronto hubo votos suficientes para admitir cinco denuncias. Querían evitarle a la fiscal general la pena de preparar descargos, pero algo motivó revisar esa conducta.
¿Hubo reflexiones durante el almuerzo? Al parecer sí, aunque esto no caló en dos decanos que siguieron con el rechazo sistemático, siendo ellos Arriaga y González. Los otros votaron por la admisión en una, dos o tres ocasiones, rompiendo así el rechazo sistemático.
Cuando conozcan el fondo de las denuncias y los descargos, seguramente todo será rechazado por falta de votos. Pocos han sido los comisionados que se han atrevido a decir que dudan de la honorabilidad de postulantes cuestionados, porque temen represalias legales y de otra índole. Un miedo que llega a reforzar la conducta espuria de otros y se consuma así la impostura.