El Congreso se divide ante la medida presidencial sobre la Cicig

El anunció del presidente respecto al cese de actividades de la Cicig al final de su mandato, en 2019, provocó criterios divididos en el Congreso. 

Personas que se ubicaban en los alrededores del Congreso observan la conferencia de Prensa del presidente Jimmy Morales.(Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)
Personas que se ubicaban en los alrededores del Congreso observan la conferencia de Prensa del presidente Jimmy Morales.(Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)

Las posturas de los congresistas reflejan una variedad de criterios que van desde el apoyo al presidente y su decisión de no renovar a la Cicig, hasta la desaprobación.


Manuel Conde, subjefe del Partido de Avanzada Nacional, está de acuerdo con la decisión del presidente y apegado a los procesos que corresponden.

“El presidente, en ejercicio de su legítimo derecho como jefe de Estado, hace un año hizo saber al secretario general de la ONU la inconformidad de su Gobierno con ciertos procedimientos que iban más allá del mandato de Cicig”, recordó el congresista.

Conde señaló que lo que hoy vemos es una decisión de Estado pues  “el presidente Morales anunció a la ONU un año más de vigencia del mandato de Cicig que se tiene que aprovechar para trasladar capacidades”.

“Esto es normal en una democracia y también el presidente ha dicho que él no está obligado a acatar resoluciones ilegales porque ya se están intentando acciones ante la CC, pero la decisión del presidente está sustentada en sus funciones constitucionales como jefe de Estado y esas decisiones no pueden ser limitadas con tácticas dilatorias y acciones que entorpecen el buen pulso de las decisiones de Estado”, opinó el parlamentario.

Raúl Romero, jefe de la bancada Fuerza, hizo hincapié en que “cualquier decisión que emane del Organismo Ejecutivo, que tenga una repercusión de carácter nacional, tiene que estar sustentada debidamente en criterios jurídicos y en criterios diplomáticos.

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“Es un momento en el que todos los sectores económicos, políticos y sociales del país deben de tener madurez política para privilegiar una visión de Estado y de Nación, hacer un llamado a la unidad nacional y generar estabilidad interna para garantizar la institucionalidad del Estado”, señaló Romero.

El diputado hizo un llamado a todos los sectores del país, políticos, sociales y económicos a que propicien un clima de gobernabilidad democrática, estabilidad y no de confrontamiento.

“Lo que el país no necesita es confrontación entre los mismos guatemaltecos, lo que necesitamos en tener madurez política para genera estabilidad en el Estado, gobernabilidad y una visión de largo plazo que saque adelante al país”, señaló Romero.

Luis Hernández Azmitia, jefe de la bancada Movimiento Reformador, indicó que serán respetuosos de la Ley y que la Constitución le otorga al Ejecutivo, en este caso al presidente de turno, la política exterior del país.

“El presidente tomó la decisión de no renovar el convenio a la Cicig y hace ver algo que como guatemaltecos hemos empujado es que tenemos que seguir luchando contra la corrupción”, afirmó el congresista.

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Hernández Azmitia dijo que la mejor lucha “la tenemos que hacer todos los guatemaltecos todos los días y al final de cuentas tenemos que entender que los objetivos del país deben salir de los objetivos de los guatemaltecos”.

“Más allá de eso vamos a respetar las decisiones que se tomen basadas en ley y siempre vamos a luchar por una mejor Guatemala. Lamentablemente la polarización no es algo que se dé con esta conferencia sino que se ha dado a lo largo de los años”, agregó el parlamentario.

Enrique Álvarez, jefe de la bancada Convergencia,  consideró que “el presidente continúa de forma meditada tomando decisiones que lo ponen en una situación de complejidad y de enfrentamiento en la lucha contra la corrupción”.

“Lo que el presidente dice no se respalda con hechos, dice que está a favor de la lucha contra la corrupción y lo que hace es atentar contra esa lucha. Esto porque el principal instrumento de apoyo al MP es la Cicig, él actúa, desde mi punto de vista, de manera ilegal porque la CC amparó de forma definitiva al PDH en función de la salida del Comisionado”, declaró Álvarez.

El diputado indicó que a su criterio Morales cometió hoy un acto de debilidad. “Salir a dar una conferencia con un aparato militar y policial atrás que lo que pretende es aparentar fortaleza, pero que desde mi punto de vista es al contrario, debilidad”, dijo.

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Jean Paúl Briere, diputado de la bancada Todos, opinó que “la Cicig ha jugado un papel fundamental en esta lucha contra la corrupción en Guatemala y es suma importancia que siga en el país el tiempo que sea necesario”.

“Hay que esperar que pasará, de momento solo tenemos la información del Gobierno, hay que esperar porque es un tema que no debe de quedar al tiempo y al azar”, añadió Briere.

Luis Fernando Montenegro, presidente de la Comisión Pesquisidora del antejuicio del presidente Morales, sobre el tema consideró que “el país se merece que todos actúen en la línea de la voluntad popular”.

“Tenemos que ser respetuosos de la ley, no se tiene que incitar a desordenes sino todo lo contrario, el país necesita dirigentes que sean calmados, que conduzcan todo bajo la ley, es un momento difícil para el país”, afirmó Montenegro.

Más posturas

El presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, se pronunció en su cuenta de twitter y afirmó que respaldaba la decisión del mandatario Jimmy Morales.

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“Trabajar por Guatemala es nuestra responsabilidad. Comencemos este mes patrio asumiendo el rol que nos corresponde como guatemaltecos”, añadió Arzú Escobar en el mensaje.

La bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en un comunicado señaló que respaldan y se unen a la decisión del presidente Morales.

“Reconocemos que debemos seguir trabajando en una agenda de país, pero que esta es una responsabilidad que debemos asumir los guatemaltecos y no antes extranjeros, quienes han establecido una agenda propia, violando leyes nacionales, realizando persecuciones penales  selectivas con un sesgo ideológico evidente”, señala el comunicado.

Mientras que la bancada Winaq mediante un pronunciamiento rechazó la decisión del Gobierno de “no renovar el mandato de la Cicig y condenó el uso innecesario de las fuerzas de seguridad, para anunciar una medida contraria a los intereses nacionales”.

Winaq señaló en el documento que responsabilizan al Gobierno por una nueva crisis política nacional y manifiesta su “preocupación por la integridad de los funcionarios y ciudadanos que apoyan la lucha contra la corrupción”.

Mientras que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), emitió un comunicado donde opina que la “decisión de Morales de poner fin al mandato de la Cicig es a todas luces a contraposición de los tratados internacionales, Acuerdos de Paz y al interés del pueblo para poner fin a las mafias corruptas que han Cooptado el estado”.

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