El martes pasado el Gobierno encendió de nuevo la polémica en torno a la Cicig, cuando dio un ultimátum de 72 horas a un grupo de 11 investigadores de esa misión internacional para que abandonara el país o de lo contrario serían expulsados.
A poco tiempo de que se venciera el plazo, el viernes al mediodía, se supo que los funcionarios habían abandonado el país, pero por cuestión de vacaciones; no obstante, el Gobierno se atribuyó la salida al afirmar en un comunicado difundido en sus redes sociales que los funcionarios de Cicig habían dejado el país en cumplimiento de la advertencia que les había hecho el Instituto Nacional de Migración.
Los 11 funcionarios expulsados son investigadores de casos de alto impacto en #Guatemala y fueron acusados por el Gobierno de ser “terroristas”, aseguró la @CICIGgt @antonioguterres pidió diálogo al presidente Jimmy Morales.
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— Noticias ONU (@NoticiasONU) December 21, 2018
La medida gubernamental causó que abogados, organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y los mismos investigadores de Cicig, plantearan recursos legales en la Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad con el fin de detener la expulsión de los funcionarios.
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Orden constitucional
El 21 de diciembre pasado la CC declaró con lugar tres apelaciones promovidas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la mandataria de la Cicig, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, por lo que otorga el amparo provisional que deja en suspenso unas notas diplomáticas del 11 de octubre último.
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La resolución otorgó plazo de 12 horas al Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones, a partir de la notificación, para que extienda las visas de cortesía que fueron revocadas y las solicitadas por la Cicig.
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