Contraloría General de Cuentas pide a Defensa desistir del procedimiento para adquirir dos aviones Pampa III

La adquisición de dos aviones Pampa III que el gobierno de Guatemala pretende hacer con la estatal Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) no es procedente, confirmó a Prensa Libre la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Jorge Roberto Ruiz, viceministro de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa, en citación con diputados de Encuentro por Guatemala explica las propiedades de las aeronaves Pampa III. (Foto Prensa Libre: Esbín García)
Jorge Roberto Ruiz, viceministro de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa, en citación con diputados de Encuentro por Guatemala explica las propiedades de las aeronaves Pampa III. (Foto Prensa Libre: Esbín García)

La Contraloría llegó a esa conclusión al analizar la documentación que el Ministerio de la Defensa entregó después de que esta le diera un ultimátum el martes último por la tarde.

En el oficio que la Contraloría General de Cuentas (CGC) envío al ministro de la Defensa, Luis Ralda, el 10 de julio, el subcontralor de Calidad del Gasto, César Elías, se indica que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa institución analizó la “pretensión de adquirir dos aeronaves Pampa III (…) fundamentada en Convenios de Cooperación suscritos, entre la República de la Argentina y la República de Guatemala” y estableció que el procedimiento “no está regulado en el ordenamiento legal vigente”.

La CGC señala en el documento que el Acuerdo Complementario de Cooperación, del 31 de mayo y 5 de junio, y el Convenio de Cooperación Científica y Técnica, firmado el 3 de julio, no han sido aprobados por el Congreso de la República, “y en consecuencia no tiene fuerza de Ley”, pues modifica un procedimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo cual, el subcontralor le recomendó al ministro desistir del procedimiento para adquirir las aeronaves y cumplir con el ordenamiento jurídico interno vigente.

 

Oficio de la Contraloría sobre la pretensión de adquirir dos aviones Pampa III. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

 

Oficio de la Contraloría sobre la pretensión del Gobierno de comprar aviones en Argentina. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

 

Las dudas sobre el procedimiento de adquisición surgieron porque no se cumplió con la Ley de Contrataciones y se utilizó un Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Guatemala y la República de Argentina que fue firmado en 1980.

Ese convenio se modificó con un acuerdo complementario que permitiría la compra de equipo militar, menos de un mes antes de que se concretara la adquisición de las naves.

Adición no está vigente

Además de la resolución de la CGC, diputados señalan que el acuerdo complementario de cooperación entre las carteras de la Defensa de Guatemala y de Argentina, con lo cual el Ejecutivo afirmaba que procedía la adquisición de los dos aviones, no tendría validez porque fue firmado por los jefes de estos ministerios, cuando el procedimiento correcto para este addendum es que los titulares de las cancillerías de ambos países sean quienes firmen el documento.

Los parlamentarios afirman lo anterior basados en un dictamen jurídico emitido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) el pasado 21 de junio, a petición del Ministerio de la Defensa.

La información se reveló durante una citación entre representantes del Ministerio de la Defensa y diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), quienes resaltaron que la ampliación del Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre Guatemala y Argentina fue firmada el 31 de mayo por el ministro de la Defensa de Argentina y, el 5 de junio, por el ministro de la Defensa de Guatemala.

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Nineth Montenegro, jefa de la bancada, mostró varios documentos en los cuales consta que la PGN recibió el 16 de junio de la mencionada cartera un oficio en el que se le pide que se emita un dictamen jurídico sobre el acuerdo complementario que había firmado días antes.

El 21 de junio último, la PGN emitió su opinión: “Lo relacionado a la incorporación del acuerdo complementario al ordenamiento jurídico nacional constituye competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien en su caso deberá fijar bajo su estricta responsabilidad el procedimiento específico”.

Según Montenegro y los integrantes del bloque, con esta respuesta la PGN “reconoce y deja claro que es únicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores al que le compete firmar la ampliación del convenio; por lo tanto, este aún no ha entrado en vigencia y no se pueden adquirir aviones amparado en este”.

Además, los legisladores consideran que tampoco se ha suprimido la utilización de la Ley de Contrataciones, la cual, a su criterio, se irrespetó.

Posteriormente, ya con la opinión de la PGN, el Ministerio de la Defensa envió otro documento al de Finanzas, para consultarle si había disponibilidad presupuestaria para la adquisición de las aeronaves.

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La cartera de Finanzas contestó que se continuará con la conformación del expediente para evaluar de dónde se podrían obtener recursos.

Pese a las respuestas de la PGN y de Finanzas, el presidente Jimmy Morales visitó Argentina el 3 de julio y fue a través de las redes sociales de autoridades de ese país sudamericano que se supo que Guatemala tenía interés en adquirir las aeronaves.

Otro convenio

Luego de que los diputados expusieron las irregularidades que detectaron, Carlos Mota, asesor del despacho, quien acompañó a Jorge Roberto Ruiz, viceministro de Política de Defensa y Planificación —llegó en representación del ministro—, señaló que los diputados hacían esas conjeturas porque no conocían que el 3 de julio se firmó un convenio específico.

“Este contempla todos los detalles del avión, la modalidad de aportes que se darán de gobierno a gobierno”, explicó.

El asesor señaló que se hicieron las consultas a la PGN antes de suscribir el convenio específico porque el primero solo abría una pauta para la adquisición.

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Las autoridades aseguraron que ese convenio se estableció a través de canales diplomáticos.

Los diputados pidieron una copia del acuerdo, para revisarlo, y las autoridades se comprometieron a enviarlo en el transcurso de la tarde de ayer; sin embargo, hasta las 16 horas no se había recibido ningún documento en el despacho de la bancada EG.

Al finalizar la citación se abordó al vocero del Ejército para obtener detalles de ese convenio específico, pero indicó que no tenía pormenores del mismo.

No habrá derribos

Las autoridades también indicaron que, de adquirirse, los aviones Pampa III no podrán derribar aeronaves que vuelen ilegalmente sobre el territorio nacional porque no hay legislación que lo permita.

El viceministro de Defensa destacó que “Guatemala no tiene ley de Derribo”; por lo tanto no se puede hacer una acción de esta naturaleza.

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“Lo que se hará es lo mismo que en los países que no tienen ley de derribo, se hará un acompañamiento de la aeronave, negándoles el uso del espacio aéreo para cometer un ilícito dentro del territorio”, declaró Ruiz.

El funcionario aseguró que este procedimiento ya se ha hecho antes con aeronaves que podían ponerse a la par de las tripuladas por grupos criminales.

“Repito, nosotros no podemos hacer otra cosa al no existir esa ley —de Derribo—, sino hacer lo que hacen todos, negar el uso del espacio aéreo nacional para la comisión de un ilícito”, aseveró Ruiz.

Horas después de la citación, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) indicó que desconocen las bases técnicas para saber si la compra de estos aviones es prioritaria.

“Lo que creemos es que el proceso se tiene que llevar de una forma transparente, no vimos ninguna base de licitación”, dijo Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif.

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Abel Ramírez Hace 4 días

En definitiva, ¿es o no ilegal la compra? Si se saltaron la baranda de licitación y es lo que rige, no hay que darle más vueltas al asunto, cometieron un delito y los tribunales competentes así como el Congreso a retirar inmunidad de cualquiera que esté evadiendo los marcos legales, nada de estar negociando para no retirar inmunidad, tomemos en cuenta lo sucedido a la Señora dela tercera edad en el parque central de la ciudad, le cayó la justicia y nada de nada. Aquí o todos hijos o todos entenados; ni modo, como la gente sencilla y humilde no se puede defender porque no tienen recursos les callen con todo el peso. No tienen conciencia social. Todos son iguales. Que delito es más grave el de la señora o el de estos funcionarios que están tras rasgos de violación de la ley por los pampas III, evalúe usted.

Gil Zu Hace 4 días

JIMY MORALES ESTA INCAPACITADO MENTALMENTE PARA GOBERNAR mientras que el General Ralda Ministro de la Defensa antes de hablar en publico debe de consultar a un alumno de primaria sobre el significado de un sinónimo y un Antonimo.

Benito Carlos Del Toro Hace 4 días

Aun no se han asomado los mulitas
pero de todos modos, como no pueden justificar a los ASNOS de Jimmy y Ralda
solo se van a salir por la tangente
¿quien sera mas mula? ¿el gobierno o los que lo justifican?

    Estuardo Solis Hace 4 días

    Ambos son mulas.

      Leonel Vasquez Hace 4 días

      No. Los de la CGC son mulas serviles de los perversos.
      Y los del ejecutivo comenzando con el moralejero son: perversos, bocones, depravados y maňosos.