Además señalaron que el presidente Jimmy Morales puede incurrir en algún delito debido a que comprometió fondos públicos sin tener la disponibilidad presupuestaria. Mientras que los funcionarios no aclararon si existe o no un expediente para la compra de los aviones.
Sin disponibilidad presupuestaria
Víctor Martínez, ministro de Finanzas Públicas, informó que fue hasta el pasado 24 de junio que recibió un documento donde se le consultaba si había disponibilidad presupuestaria para la adquisición de las aeronaves.
El funcionario reveló que en este momento se están evaluando las eficiencias presupuestarias para responder al requerimiento que fue hecho por el Ministerio de la Defensa Nacional.
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“Se ha hecho coordinaciones con el ministerio de la Defensa donde se le ha planteado que necesita continuar con la conformación del expediente para que conforme todos los detalles y que de esa cuenta pueda hacerse la solicitud formal de asignación presupuestaria”, afirmó el ministro.
Agregó que cuando se tenga toda la información y detalle que corresponda se procederá a hacer el análisis y evaluación correspondiente. “Lo que si tenemos es el informe de la Dirección Técnica del Presupuesto donde en forma preliminar se les pide avanzaran en la conformación del expediente”, apuntó.
Cuando se le preguntó al ministro si el pago de los aviones lo podría hacer el próximo Gobierno explicó que no se puede anticipar pues se depende del acuerdo entre países, se insistió en preguntar a qué programa se le quitaría fondos, pero afirmó que “es un análisis que se debe hacer”.
“Hay un primer análisis que se debe hacer al interno del Ministerio de la Defensa y otro al resto de instituciones, ahí es tres opciones: espacios cedidos, espacios no ejecutados o eficiencias y ahorros que se puedan dar en algunos ministerios”, apuntó Martínez.
Durante la citación el viceministro de la Defensa Gustavo Méndez llegó como encargado del despacho y se le consultó si había disposición presupuestaria dentro de la cartera para comprar los aviones.
El viceministro respondió que no, e intentó justificar la compra de los aeronaves porque son necesarias para el combate al narcotráfico y porque el Ejército actualmente no cuenta con estos equipos.
Al finalizar la citación se intentó abordar a Méndez, pero indicó que ya había dicho todo en la citación, que no daría más declaraciones y se retiró del Palacio Legislativo.
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Fuentes de la Contraloría General de Cuentas informaron que al parecer el Organismo Ejecutivo gestionó que al Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Guatemala y la República Argentina se le haga un addendum.La fuente refirió que con esto el convenio—que se firmó hace 39 años— se modificaría y permitiría al Ejecutivo realizar la compra y de alguna manera evadir la Ley de Contrataciones.La Contraloría General de Cuentas pidió al Ministerio de la Defensa que entregara una copia del expediente de adquisición de los aviones a más tardar al mediodía de este viernes.Sin embargo, la cartera de la Defensa Nacional envió una carta a la Contraloría pidiendo una prórroga para entregar el expediente, no se precisó cuánto tiempo más necesitan para entregar los documentos.Carlos Barreda, subjefe de la bancada UNE, consideró que hay un procedimiento para modificar el convenio en cuestión el cual tendría que canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y tendría que publicarse en el Diario Oficial.“No estoy seguro si esto tiene que llegar al Congreso por tratarse de un acuerdo, pero el tema de discusión de fondo es si este convenio se puede utilizar para hacer compras o contrataciones de la magnitud de la que hablamos, más de Q215 millones”, afirmó el congresista.
Compra sería inviable
Durante la citación los diputados cuestionaron la forma en que el Ejecutivo realizó el trato para adquirir las aeronaves y señalaron que el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Guatemala y la República Argentina, que se está utilizando para hacer la compra manda en su artículo 10 que se deben usar las leyes internas del país para hacer adquisiciones.
A criterio de los legisladores esto quiere decir que el Gobierno de Guatemala tendría que utilizar forzosamente la Ley de Compras y hacer todo un proceso de licitación para adquirir los aviones.
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El subcontralor de Calidad del Gasto Público César Elías, señaló que revisarán el expediente que les dará el Ejército y que esperan a más tardar el miércoles de la próxima semana dar su postura de si el Gobierno utilizó este convenio para evadir la Ley de Contrataciones.
Al salir de la citación Elías afirmó que “se solicitó el expediente certificado porque no quisieran verter opiniones sin tener conocimiento pleno de todos los documentos que están utilizando para adquirir esas aeronaves”.
“La Contraloría tiene bien claro que al amparo de ese convenio no es posible adquirir dos aeronaves, pero necesitamos tener a la vista ese expediente para saber si ellos están invocando de pronto otras normas jurídicas o tratados para dar una postura oficial, pero hasta el momento creemos que se tiene que cumplir con la Ley de Contrataciones”, aseguró Elías.
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Se pudo haber incurrido en un delito
Los diputados señalaron que el simple hecho de que el Organismo Ejecutivo haya anunciado que adquirirá los aviones Pampa III puede ser considerado un delito, pues las autoridades están comprometiendo fondos del erario nacional sin tener un sustento.
Los diputados señalan que el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Guatemala y la República Argentina establece que se tiene que cumplir con todas normas internas, es decir necesariamente tiene que cumplir con la Ley de Contrataciones.
— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) July 5, 2019
Criticaron la forma en que se realizó la adquisición y recalcaron que hasta el miércoles el vocero del Ministerio de la Defensa y el vicepresidente Jafeth Cabrera negaban que se realizaría la compra, lo cual a criterio de los diputados demuestra que se quería “hacer una compra sin licitación y a escondidas”.
Los legisladores indicaron que la acción del Presidente Jimmy Morales violaba flagrantemente el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto que señala que “no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.
Destacaron que el mismo artículo señala que “la contravención a esta disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que resulte responsable”.
Debido a esta situación los congresistas anunciaron que citarán al ministro de la Defensa Luis Ralda cuando regrese al país y le pedirán que renuncie por esta clara falta a la ley.
Sobre el señalamiento de los diputados de que se violó la Ley del Presupuesto el ministro de Finanzas afirmó que “hay que analizar la parte a detalle, y que lo que se está haciendo es acordar las partes entre países y no se están asumiendo compromisos sino acordando condiciones”.
“Después de eso viene toda la parte jurídica del Ministerio de la Defensa y de último se requiera la disponibilidad financiera. Lo que refiere ese artículo es un contrato y este es un convenio de cooperación, entonces lo que se hace en primera instancia es definir las condiciones entre países”, justificó el ministro.
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