“Hay cinco jets -entre las aeronaves detectadas- y eso sí ya nos preocupó, por eso tomamos las medidas para adquirir aeronaves que nos dieran capacidad de interceptación y fue una medida urgente”, explicó.
Además, el funcionario aseguró que no se trata de una compra de aviones, sino de una adquisición. “Aquí no aplican los términos de una compraventa, porque es un convenio entre estados”, indicó. Sin embargo, por las dos aeronaves se van a erogar US$28 millones.
“No es una compraventa porque en los convenios internacionales no está contemplada la compraventa como tal, es un convenio para fabricación y suministro de un sistema de defensa aéreo”, dijo.
El funcionario explicó que ese dinero se obtendrá al hacer un reajuste interno al presupuesto del Ministerio de la Defensa, el cual fue analizado antes de viajar a Argentina y firmar el convenio, pero al preguntarle cuáles son las partidas que tendrán reducción, Ralda dijo que todavía está en evaluación.
Sobre el hecho de que se firmara un convenio complementario, para poder adquirir el equipo militar, menos de un mes antes de la adquisición, el ministro insistió con que “la amenaza cambió”.
Lea también: Aviones Pampa III: convenio con Argentina no contempla compra de equipo militar
“Para mí hubiera sido más fácil quedarme sentado, esperando que transcurran estos cinco meses -que le restan a la administración- y que siga la situación como está y cumpliendo con los recursos que tenemos, eso es más fácil que hacer lo que hice”, aseguró.
Ralda continúo justificándose con que “me preocupa más que me tachen de cobarde, que digan que no tuve el valor de hacer lo que tuve que hacer a que diga que hice cosas incorrectas”.
Además, el funcionario aseguró que “en ningún momento se ocultó el proceso” y que se tenía que dar publicidad hasta que los dos presidentes firmaran el documento oficial del convenio. “O lo hacíamos así o esto sigue su curso y no podíamos responder a la seguridad que el pueblo nos exige”.
“Opacidad sería que nos estemos amparando en el artículo 30 de la Constitución, pero nunca lo hemos hecho y estamos adquiriendo artículos de seguridad nacional”, aseguró.
Dicho artículo se refiere a que “todos los actos de la administración son públicos (…) salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.
Lea también: Ejército y Finanzas reconocen que no hay dinero para comprar aviones Pampa III
“Estamos siguiendo todos los pasos que la Ley establece y no tenemos la intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el ministro. Sin embargo, el acuerdo firmado no se ha hecho público ni en Guatemala ni en Argentina, donde ya causaron revuelo las reacciones en contra de esta compra.
¿Fraude de Ley?
La utilización del convenio de cooperación con Argentina, y su modificación, para poder hacer la adquisición evitó que el Ejecutivo siguiera el proceso a través de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que diputados y analistas consideran un Fraude de Ley.
Para Ralda, esto no ocurrió porque se trata de un convenio internacional y que “el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que todo lo que se adquiera a través de convenios o donaciones deberá ser publicado al recibir el suministro en el portal de Guatecompras”.
Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, entidad que denunció penalmente al presidente Jimmy Morales por esta adquisición, asegura que dicho artículo -54- se refiere a las compras que se efectúan a través de la Cancillería o de las embajadas y no aplica en este caso.
Para el abogado, el uso del convenio de cooperación le da “una apariencia de legalidad para evadir la Ley de Contrataciones”, por lo que la Contraloría y el Ministerio Público deberían comenzar una investigación de oficio y fiscalizar dicha compra.
Por su parte, Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, señala que se trata de utilizar un convenio militar para evadir todos los mecanismos de control, así como la sobrevaloración de la compra.
“Puede entenderse un fraude de Ley porque se estaría tratando de evadir los controles de transparencia; además, el procedimiento presupuestario no es el correcto porque no existe rubro aprobado por el Congreso para ello”, señala.
También Enrique Álvarez, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, dijo que un convenio internacional no da la potestad al gobierno para evadir leyes; además, el mismo convenio firmado en 1980 indica que cada país debe apegarse a su legislación, por lo que se debe cumplir con la Ley de Contrataciones.
Álvarez agregó que el convenio complementario es una actualización del de hace 39 años, pero el contenido de este no se conoce y, cualquiera que sea, no puede generar medidas legales que permitan evadir la Ley.
Lea también: Contraloría emplaza al Ejército para que informe sobre compra de aviones
El ministro Ralda dijo que el convenio no estipula ninguna penalización para Guatemala si esta decide no continuar con la adquisición de los aviones, y que se estableció que rescindirlo sea de mutuo acuerdo por causas de fuerza mayor.
Además, el funcionario dijo que se pedirá a la Contraloría una auditoría concurrente para evidenciar la transparencia del evento y que el pago se hará por plazos, conforme avance la fabricación de las aeronaves.
Los aviones ingresarán a Guatemala a más tardar el 30 de noviembre, aseguró Ralda, quien agregó que el costo del mantenimiento varía de acuerdo a la cantidad de horas de vuelo.
“Ese avión no es un capricho del ministro de la Defensa Nacional, ese avión es un requerimiento de la Fuerza Aérea Guatemalteca”, aseguró el ministro de la Defensa.
Contenido relacionado
Otra aeronave quemada es localizada en Escuintla
Jafeth Cabrera insiste en que no se han comprado los aviones Pampa III
“Es una compra absurda y ridícula”: diputados critican negociación de aviones con Argentina
