Control sobre dinero ilícito sigue sin avances

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no recibe informes que deben entregar la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), Organismo Judicial y Ministerio de Gobernación.

Norma busca que los partidos conozcan a las personas que tienen impedimento para ser financistas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Norma busca que los partidos conozcan a las personas que tienen impedimento para ser financistas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial y la Senabed aún analizan los convenios que se deberán firmar con el TSE para trasladar información que evite el financiamiento electoral ilícito.
 


Las reformas a la Ley Electoral del 2016 establecen que estas tres instituciones deben trasladar cierto tipo de datos al TSE para que los partidos políticos no reciban financiamiento electoral de personas que hayan tenido problemas con la justicia.
 
Se hizo para evitar que se reciba dinero ilícito, sobre todo de personas señaladas o condenadas por casos de corrupción o lavado de dinero.
 
Aunque la normativa establece que toda esa información se debe tratar bajo reserva de confidencialidad, no se han trasladado datos al TSE. Por ejemplo, el Organismo Judicial (OJ) debe entregar listas de personas que hayan sido condenadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos o contra la administración pública.

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La Senabed debe enviar reportes sobre las personas cuyos bienes hayan sido extinguidos o estén vinculadas a estos.
 
Gobernación debe entregar información sobre las fundaciones o asociaciones de carácter civil, apolítico y no partidario que tiene registradas, las cuales no pueden hacer aportes a los partidos.
 
Mario Aguilar Elizardi, presidente del TSE, explicó la importancia de que ese organismo cuente con la información.
 
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“Esos datos lo debe tener el TSE para poder fiscalizar. Entonces, una de las formas para obtener la información es celebrar convenios con esas instituciones. Se les envió un borrador, pero hasta el momento las tres señalan que siguen en análisis”, explicó Aguilar Elizardi.
 
Las organizaciones se quejan debido a que ya están a un mes de la convocatoria a elecciones —el 19 de enero del 2019—, y esas listas son importantes para no recibir recursos de personas con cuentas pendientes con la justicia.
 
Recordó que aunque sea tarde, los informes que entreguen las instituciones son confidenciales, y de enviarse a los partidos políticos, serán ellos los responsables de esa información.

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Se intentó obtener la versión de las autoridades antes señaladas, pero no fue posible. El vocero del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, indicó que trasladaría la información, pero luego de una semana no hubo respuesta.
 
Al equipo de comunicación social del Organismo Judicial   se le hizo la misma petición; sin embargo, señalaron que aún no tenían la respuesta del presidente de esa institución, Néster Vásquez Pimentel.
 
La Unidad de Acceso a la Información de la Senabed indicó que el convenio está en análisis por las autoridades. 

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Denuncian atrasos

Émerson García, representante del partido Todos, calificó de preocupante que las autoridades aún no estén coordinadas.
 
“Mientras no tengamos los listados, no podemos saber de quién no recibir financiamiento. Se van a acercar financistas y nosotros vamos a llevar el procedimiento, pero preocupa que nos sancionen si aparecen personas con señalamientos”, dijo García.
 
Alejandra García,  representante de Encuentro por Guatemala, dijo que existe riesgo para los partidos políticos de recibir dinero de personas que estén condenadas en casos de lavado de dinero y que ello podría conllevar sanciones o delitos.

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“Supongamos que uno de ellos —sentenciado— aparece en el listado y cualquier partido aceptó trabajar o recibió dinero, podríamos caer en algún tipo de sanción o delito, pero el mecanismo de prevención no está en manos de nosotros. Pone en riesgo a todos los partidos”, dijo.
 
Mario Taracena, representante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que estos listados son un mecanismo para que los partidos se protejan y no acepten recursos ilícitos que los comprometa más adelante.

Otras regulaciones

Las reformas a la Ley Electoral del 2016 también establecen otras regulaciones, como los libros en los que las organizaciones políticas deben registrar todas las contribuciones que reciban en efectivo o en especie,  según el valor de mercado, y de contribuciones para formación política por entidades extranjeras.

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