Aún no finalizaba la sesión solemne cuando empezó a circular en el pleno las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito.
Los puntos del orden del día empezaban a ser discutidos cuando, de manera sopresiva, varios diputados presentaron una moción para alterar la agenda. Otros parlamentarios desconocían el contenido de la propuesta.
Se trataba del proyecto para suavizar el delito de financiamiento electoral ilícito de los partidos políticos. Los firmantes de la iniciativa fueron los diputados Javier Hernández, de FCN-Nación; Orlando Blanco, de la UNE; Alejandro Carrillo, de Movimiento Reformador; y Delia Bac, de Alianza Ciudadana.
Si nos ponemos de acuerdo los 105 votos podemos logran grandes cosas dentro del Hemiciclo. No lo habíamos logrado, pero ahora tenemos el apoyo de todas las bancadas y hemos logrado lo que se logró hoy.
La iniciativa fue aprobada en un único debate al ser admitida como de urgencia nacional. La aprobación por artículos y redacción final tuvo 107 votos a favor y 16 en contra, lo cual dio vida al Decreto 14-2017.
Las reformas
El artículo 1 del nuevo decreto reforma el artículo 407 “N” del Código Penal, que queda así:
Comete el delito de financimiento electoral ilícito, quien reciba o proporcione recursos para el financiamiento de organzación política, con motivo de actividades permanentes, de campañas o eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes provienen del narcotráfico u otras actividades delictivas del crimen organizado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (5) a diez años (10) y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.
El artículo 2, que reforma el artículo 407 “O” del Código Penal, beneficia a Orlando Blanco, el presidente Jimmy Morales y Roberto Villate, secretarios general de los partidos UNE, FCN-Nación y Líder, respectivamente, señalados por el MP y la Cicig de financiamiento electoral no registrado o anónimo.
El mandatario Morales ya fue salvado por el Congreso de la investigación al no retirarle la inmunidad, mientras que Blanco y Villate enfrentan un proceso de antejuicio, al que ya le dio tramite la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y designó jueces pesquisidores.
Los diputados quitaron la responsabilidad de este delito a los secretarios generales de los partidos políticos, y ahora el responsable legal será el contador de las organizaciones.
La reforma también limita a que únicamente el TSE podrá denunciar penalmente el financiamiento electoral no reportado.
El artículo reformado queda de la siguiente manera:
Comete el delito de financiamiento electoral no registrado el contador de la organización política que teniendo conocimiento, no registren en los libros contables las aportaciones dinerarias y no dinerarias recibidas por la organización política con motivo de actividades permanentes, de campañas o eventos electorales. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años.
Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral presentar la denuncia penal de este delito, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización política que no haya registrado el financiamiento electoral.
El artículo 3, que reforma el artículo 407 “P” del Código Penal, favorece a los partidos políticos UNE y FCN-Nación.
Esta modificación queda así:
Comete el delito de financiamiento electoral anónimo la persona la persona individual o jurídica que realice aportaciones dinerarias o no dinerarias de manera anónima, destinadas para el financiamiento de organizaciones políticas con motivo de actividades permanentes, de campañas o eventos electorales. El responsable será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa del veinte por ciento (20%) del monto total de la aportación realizada.
Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral presentar la denuncia penal de este delito, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización política.
Con estas reformas no se investigarían los recursos obtenidos mediante lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, como se establecía en el artículo 407 “N” antes de ser modificado.
#DiputadosGT que apoyaron la propuesta con la que se benefician los partidos políticos, en especial Líder, @partidoune y @fcnnacion pic.twitter.com/Ycb5kUnuy4
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) September 13, 2017
Conmutación de penas
Luego de aprobadas las reformas relativas al financiamiento electoral ilícito, ingresó al pleno una nueva moción sin que se dieran mayores detalles.
Las mociones privilegiadas son sopresivas, generan confusión, dudas y sobre todo generan una imagen negativa del Congreso.
Se trataba de la ley de conmutación de penas y aceptación de cargos, que incrementó de 5 a 10 las penas de cárcel conmutables. Los diputados también avalaron conocerla de urgencia nacional y fue aprobada en un único debate, con 106 votos a favor y 13 en contra. Los mismos votos se registraron en la aprobación por artículos y redacción final.
El proyecto de ley aprobado es completamente diferente al presentado en 2016 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al cual se opusieron organizaciones sociales.
El artículo 1 del Decreto 15-2017 reforma el artículo 50 del Código Penal, el cual queda así:
Son conmutables:
1o. La prisión que no exceda de diez años. La conmuta se regulará entre un mínimo de cinco quetzales y un máximo de cien quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones ecónomicas del penado.
2o. El arresto.
Hurto y robo
El artículo 2 modificó el artículo 51 del Código Penal, que establece en que casos las penas serán inconmutables.
Con estas reformas, los condenados por hurto y robo sí podrían ser beneficiados con pena conmutable, ya que el numeral que lo impedía fue eliminado del artículo.
El nuevo artículo queda de la siguiente manera:
La conmutación no se otorgará:
1o. A los reincidentes y delincuentes habituales
2o. Cuando apreciadas las condiciones del penado los móviles de su conducta y las circustancias del hecho se establezca, a jucio del juez, su peligrosidad social.
3o. A los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria.
4o. A los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el Capítulo I del Título III del libro segundo.
Varios de los procesados en el caso conocido como La Línea enfrentan delitos relacionados con la defraudación aduanera, ilícito que según las reformas no podrá tener pena conmutable. Entre los sindicados en ese caso están el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
Alianza UNE-FCN
La nueva maniobra de los diputados evidencia una alianza entre los bloques mayoritarios: UNE y FCN-Nación.
La dos bancadas han unido fuerzas en cuatro ocasiones para aprobar iniciativas que les favorecen personalmente o al partido al que pertenecen: Ley de Amnistía Judicial, Bono 14, antejuicio contra Jimmy Morales y financiamiento ilícito.
Solo el diputado Oliverio García Rodas habló o se opuso a la ley aprobada por la alianza UNE-FCN sobre financiamiento electoral ilícito.
Las bancadas Movimiento Reformador, Todos y Alianza Ciudadana se sumaron a la alianza para aprobar la ley de conmutación de penas.
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“Sumamente contenta”
La diputada Delia Bac, de Alianza Ciudadana, se mostró satisfecha por el acuerdo poco común que quedó en evidencia con las leyes aprobadas este miércoles.
“Si nos ponemos de acuerdo los 105 votos podemos logran grandes cosas dentro del Hemiciclo, no lo habíamos logrado, pero ahora tenemos el apoyo de todas las bancadas y hemos logrado lo que se logró hoy”, dijo Bac.
La parlamentaria negó que las iniciativas aprobadas estén dirigidas a proteger intereses particulares y, según ella, la ley de conmutación de penas busca reducir el hacinamiento en las cárceles.
Escuche sus declaraciones:
Imagen negativa
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, explicó que su voto fue en contra porque ni siquiera le proporcionaron la iniciativa para analizarla y suplicó a los diputados que se respete la agenda acordada por los jefes de bloques.
“Las mociones privilegiadas son sorpresivas, generan confusión, generan dudas, y sobre todo generan una imagen negativa del Congreso”, expresó Montenegro.
Las mociones generan una imagen negativa, dice @NineMontenegro pic.twitter.com/CIRr5cYPMx
— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 13 de septiembre de 2017
