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Ley de MetroRiel se aprueba de urgencia nacional con el apoyo de 134 diputados
Con el respaldo de 134 diputados, el Congreso de la República aprobó el Decreto 24-2026, relacionado con el proyecto MetroRiel, una iniciativa que busca impulsar el transporte ferroviario en el área metropolitana.
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Con el apoyo de 134 diputados se aprobó la tarde de este martes 27 de octubre la ley que da vida a la creación del proyecto del MetroRiel. (Foto Prensa Libre: Hemetoreca PL).
De urgencia nacional, con el apoyo de 134 diputados, el Congreso aprobó el decreto 24-2026, que propone la creación del Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana, mejor conocido como MetroRiel, cuyo dictamen favorable fue emitido por la Comisión de Descentralización y Desarrollo.
La ley fue conocida en el pleno por medio de una moción privilegiada solicitada por el diputado José Carlos Sanabria para que el dictamen favorable de la iniciativa 6830, que dio vida a la norma, se conociera de urgencia nacional.
La ley, que consta de 15 artículos, otorga a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) la potestad de ejecutar el proyecto, evitando varios aspectos contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Según lo estipulado en el artículo 5, las contrataciones de obras, bienes, equipos, tecnología y servicios para el proyecto "no estarán sujetas a los procedimientos y disposiciones contenidas en el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado".
La ley faculta a Fegua para contratar bajo estándares internacionales, mencionando específicamente modelos como los Contratos Nuevos de Ingeniería (NEC, en inglés). Para justificar esta excepción, la Comisión argumentó en su dictamen que la magnitud del sistema ferroviario exige un marco normativo específico, distinto al de los proyectos públicos de menor escala, y que el Estado debe aprovechar la experiencia de países con proyectos similares.
Para operar este régimen, la ley contempla la contratación directa de una firma o consorcio internacional especializado que fungirá como la Oficina de Gestión Técnica del Proyecto (OGTP). Esta oficina brindará asistencia técnica, estructurará las contrataciones y transferirá conocimientos, aunque el dictamen aclara que la OGTP no podrá participar como oferente ni contratista de las obras que ella misma gestione. La responsabilidad y la toma de decisiones finales seguirán recayendo en Fegua.
La ley declara de interés nacional el proyecto y designa a Fegua como la entidad ejecutora, encargada de la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha. Para el efecto, no se crea una nueva institución, sino que se aprovecha la estructura de Fegua, permitiendo además que el tren de pasajeros coexista con el transporte ferroviario de carga.
El artículo 6 exige que Fegua cuente con la disponibilidad presupuestaria antes de suscribir cualquier contrato. Asimismo, el artículo 9 obliga a publicar en la página web todos los instrumentos contractuales; si están en otro idioma, deberán publicarse con su respectiva traducción.
En materia de fiscalización, el artículo 11 mantiene la auditoría de la Contraloría General de Cuentas y obliga a Fegua a enviar un informe semestral al Congreso sobre las actividades del proyecto. Además, el artículo 10 faculta a la entidad para pactar cláusulas de arbitraje o someterse a jurisdicción internacional en caso de controversias.
Un régimen especial
La propuesta, presentada por los diputados oficialistas, fue dictaminada el 13 de octubre y se presentó a la Dirección Legislativa tan solo horas antes de ser sometida al pleno.
La ley no detalla el costo del proyecto, aunque en declaraciones previas, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, ha informado que rondaría poco más de US$900 millones. Sin embargo, el monto no se indica en la ley para la implementación del sistema ferroviario de pasajeros.
También otorga a Fegua la responsabilidad de ejecutar el proyecto, desde su planificación, diseño, construcción, supervisión y pruebas hasta la puesta en servicio del sistema, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Gestión y Planificación de la Presidencia (Segeplán) y las municipalidades donde tenga influencia.
Además, faculta a Fegua, en el artículo 10, para aceptar cláusulas basadas en prácticas internacionales, arbitraje y sometimiento a jurisdicción internacional, en caso de controversias sobre costos, responsabilidades o incumplimiento de servicios contratados.
La ley contempla también excepciones de confidencialidad que deberá cumplir Fegua en relación con los contratos, pero no especifica los criterios ni los alcances de esta disposición.
Muestran su rechazo
Diputados de varios bloques legislativos mostraron su rechazo a la aprobación de urgencia nacional de la ley que da vida al sistema del MetroRiel, ya que, según indican, no es viable que dicho proyecto sea implementado evitando los controles estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado.
El diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, afirmó que “la aprobación de la ley estuvo condicionada a una agenda impulsada por diputados representantes del bloque Semilla, en la que figuraban temas como el apoyo económico a los combustibles, el permiso para que el diputado Jonathan Menkos regresara nuevamente al Ministerio de Finanzas, así como los votos para la Junta Directiva del Congreso”.
También aseguró que los votos para la Ley del MetroRiel y los otros temas estuvieron sujetos al ofrecimiento hecho por el oficialismo para otorgarles un monto de Q50 millones para la ejecución de obras en el 2027.
“A mí me da mucha pena que ustedes oficialistas vengan a chantajear a los diputados que tienen la necesidad de llevar obra y de llevar proyectos a las comunidades y que ustedes vengan a chantajear a todos los diputados con una negociación para poder aprobar el presupuesto y para poder llevar Q50 millones de obra a sus pueblos. Los diputados han sido condicionados y chantajeados”, aseguró Rodríguez.
La diputada Lucrecia de Palomo, del bloque Unionista, también se pronunció en contra, ya que, según indicó, previo a la sesión no conocía el contenido del dictamen emitido por la comisión.
“Cómo puedo votar algo que no conozco, si conozco la trayectoria de las últimas iniciativas de ley que han pasado igual por emergencia nacional, un robo muchas de ellas”, aseguró la congresista, quien sugirió que nuevamente fuera remitido a la comisión para el análisis respectivo.
Por su parte, el diputado Nery Rodas, del bloque Cabal, indicó que “lamentablemente la iniciativa llegó demasiado tarde al Congreso” y aseguró que lo más viable habría sido que la propuesta fuera conocida en el pleno en marzo o abril para que fuera analizada y consensuada debidamente.
Según Cristian Álvarez, del bloque Creo, “es necesario que la iniciativa hubiera sido discutida en tres lecturas, ya que en la misma no se establece cuál es el área metropolitana, y cuáles son los municipios que componen dicha área”, por lo que la premura de conocer de urgencia nacional la ley limitó los alcances de esta.
Por su parte, la diputada Victoria Godoy Palala, de la línea del oficialismo representada por Semilla, indicó que “la iniciativa del MetroRiel se presentó en agosto y es parte del acuerdo con la cooperación británica. La iniciativa es importante para generar infraestructura vial y que las personas se puedan movilizar en menor tiempo con un costo menor”, aseguró al justificar la aprobación de dicha ley.
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