Estados Unidos
Guatemala
PNC podría tener que devolver Q2 millones por la compra de un tomógrafo qué nunca se utilizó
Luego del gasto, el aparato quedó abandonado y pese a estar activa la garantía, no fue aplicada porque la empresa con la que se hizo el negocio ya no existe.
|
El Hospital General San Juan de Dios ha enfrentado problemas por no tener un tomógrafo como el que la PNC tiene abandonado. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila, 24/05/2024)
En abril del año pasado, el diputado José Chic expuso cómo la Policía Nacional Civil (PNC) tenía en su poder un tomógrafo abandonado. Esa compra fue auditada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), que dejó acciones civiles.
Eso según el informe de auditoría anual de la CGC del 2025, que dejó un expediente abierto contra la Subdirección General de Salud de la PNC, según documentos oficiales de la entidad fiscalizadora.
Este caso aparece dentro de las acciones con solicitudes de reintegro, que son acciones civiles que dejaron juicios de cuentas, y que podrían significar la devolución del recurso público mal invertido, según explicaron fuetes de la CGC.
El detalle de este informe da cuenta de que, en el 2020, cuando Guatemala enfrentó la crisis del covid-19, utilizando los estados de excepción las unidades a cargo de salud de la PNC hicieron una compra por excepción.
Ese reporte señala un gasto de Q2 millones que fue suscrito el 7 de octubre del 2020, según la auditoría, que además encontró aparentes irregularidades cuando se planificó la compra.
Sin condiciones
La evaluación del equipo de auditores confirmó que la estrategia de compra, que sería utilizada para apoyar a los agentes policiales en procesos de atención médica, no constató tres elementos.
El primero es que el tomógrafo necesita estar en un espacio físico adecuado, pero la PNC no contaba con una “sala blindada” que permitiera la instalación de este equipo médico.
También se pasó por alto la “acometida eléctrica”, que consta de una instalación adecuada de este aparato con el servicio de energía eléctrica, con lo que tampoco contaba la dependencia policial.
Asimismo, no se contaba con las licencias de autorización requeridas, que dejan expuesto, según el documento, que no se contaba con la infraestructura adecuada.
Pero además de estos detalles, el año pasado el equipo de la CGC determinó que la garantía que la empresa dio a las autoridades no se había vencido, por lo que cabía la posibilidad de validar ciertos elementos.
Esa garantía concluyó en octubre del 2025, pero aún así no fue posible hacer ningún tipo de gestión porque la empresa con la que se hizo la compra, de nombre T. A. G., S.A., ya no existe en el país, refieren documentos.
Esta adquisición fue hecha en los primeros meses del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, pero el caso salió a la luz pública el año pasado, cuando hacía fata un aparato de este tipo en el Hospital General San Juan de Dios.
¿Intimidación?
El reporte de la CGC da cuenta de que buscó la opinión de las autoridades a cargo del proceso de compra, así como de las personas que hicieron las recomendaciones para la adquisición del tomógrafo.
José Antonio Tzuban Gómez, entonces director general de la PNC, y Jorge Mario Cifuentes Saravia, quien fue subdirector general de la PNC, de la subdirección general de Salud Policial, no asistieron a las reuniones convocadas por el equipo de auditores.
Pero Joachim Theilheimer Salas, médico asesor de la unidad, declaró a los auditores que cuando se le consultó de manera verbal por el proceso de compra manifestó no estar de acuerdo.
Expuso, según los documentos, que la razón de no estar de acuerdo era porque ellos como dependencia no contaban con las condiciones ni el espacio adecuado para la recepción de este documento.
No obstante, posteriormente a negarse a dar su recomendación, expone que a su casa llegó un grupo de agentes armados a preguntar por él, informando que debía firmar un documento.
Pero por no estar en su domicilio decidieron quedarse esperando fuera de la casa todo el día, según le relató una de sus hijas, que ya al estar por caer la noche, optaron por irse.
Al día siguiente, una agente policial se acercó a su lugar de trabajo informándole que tenía que firmar el documento, por lo que accedió a hacerlo, tratándose de un dictamen favorable para la compra de Q2 millones a favor de la empresa T. A. G., S.A..
Esta empresa ya no existe en Guatemala, según los datos de la CGC, y en el documento tan solo se menciona a una persona de nombre Mónica Arreaga como la represente legal de la empresa.
Las acciones civiles de la CGC fueron presentadas contra siete personas, entre ellos el exdirector y exsubdirector policial, junto a los responsables de dictámenes y procesos por la adquisición del equipo, cada uno por un monto de Q285 mil 714.29.
El efecto de esta compra, según la CGC, fue el “menoscabo a los intereses del Estado de Guatemala por la adquisición de un equipo médico valorado en Q2 millones que permanece pendiente de instalación y en consecuencia sin uso desde octubre del 2020”.
Lo anterior deja “riesgo de pérdida de la inversión pública por vencimiento de garantía y posible deterioro del tomógrafo. No se mejoró la prestación de servicios de salud al personal policial y sus familias, incumpliendo el propósito de la compra durante la emergencia covid-19”.
ESCRITO POR:
