De acuerdo con la agenda aprobada, el debate sobre la opinión de la Corte de Constitucionalidad será el cuarto punto de la sesión plenaria del miércoles 17 de agosto.
Los jefes de bancada llegaron a ese acuerdo seis días después de que representantes de los 48 Cantones de Totonicapán acudieran al Legislativo y demandaran que se anulara la iniciativa.
Según los líderes indígenas, el proyecto facilitaría la represión de las manifestaciones ciudadanas.
“[La iniciativa] viene a perjudicar, precisamente, a un derecho que tenemos los guatemaltecos, y como ustedes sabrán, 48 Cantones ha hecho valer ese derecho cuando ve injusticias. Nosotros alzamos la voz”, manifestó en ese entonces Geovani Rosales, presidente de los 48 Cantones.
Luego de la reunión, que duró varias horas, el Congreso publicó un comunicado en el que Rivera aseguró que respondió las exigencias de los representantes indígenas.
“Me comprometo a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de Jefes de Bloque y no agendar la iniciativa 6076, así mismo, en ese sentido ya se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos elaborar un análisis sobre las inconstitucionalidades que pudiera tener la misma, una vez recibido el análisis jurídico, procederé a comunicarme con su persona para discutir la misma”, expresaba el texto.
Buscan frenar ley a través de amparo
Mientras los jefes de bloque estaban en sesión, los congresistas del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) interpusieron un amparo en la CC para frenar el trámite de la iniciativa 6076 en el pleno, que solo ha pasado el primero de los tres debates.
En el documento, firmado por los diputados Orlando Blanco, Carlos Barreda y Aldo Dávila, el grupo pide que la ley se archive y que atenda en contra de “los derechos humanos y los principios democráticos de Guatemala”.
“Prácticamente la ley da una licencia para matar y reprimir con violencia a los ciudadanos que manifiestan de forma libre. […] Creemos que es un grave retroceso que se quiere imponer al país, como ocurre en naciones dictatoriales como Nicaragua y Venezuela”, opinó Blanco.
Esta iniciativa ha sido criticada por varios sectores y expertos que consideran que la disposición redunda en la normativa de instituciones que proveen seguridad pública y que, al no distinguir entre las atribuciones de la PNC, el Ejército, la SAAS y el Sistema Penitenciario podría facilitar que las fuerzas de seguridad repriman protestas.
Ley de ciberdelitos no ha sido enviada al Ejecutivo
Los jefes de bloque también acordaron este martes 16 de agosto que el pleno de diputados conocerá las objeciones que el Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) presentó en contra del decreto 39-2022, conocido como la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia.
Este será el quinto punto de la sesión ordinaria del miércoles 17 y determinará si el decreto se publicará en el diario oficial o si se archivará.
Cinco diputados presentaron las objeciones el miércoles 10 de agosto a la Presidencia del Congreso, que aún no envía el decreto al Ejecutivo para que sea sancionado y cobre vigencia. Podrá hacerlo solo si el pleno descarta las observaciones con la mayoría de los votos.
En el documento oficial, el GPO dice que el decreto 39-2022 presenta “graves amenazas a la libre emisión del pensamiento”. Los diputados critican cómo se tipifica el delito de acoso por medios cibernéticos.
Según el decreto, este delito ocurre cuando una persona o grupo intimida o asedia a otros “afectando su honor, dignidad o salud, con contenido falso o cruel, mediante mensajes de texto, aplicaciones o redes sociales, foros o juegos, participa o comparte contenido o cualquier otro medio electrónico digital, actuando o no de forma anónima”.
También podría suceder cuando una persona divulgue “información confidencial o contenido sexual de otra persona que afecte su honor, dignidad o su salud o psicología, actuando o no de forma anónima y por cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación electrónico”.
De acuerdo con Blanco, la ley “abre la puerta para que denuncie cualquier funcionario que se sienta aludido por publicaciones, chistes o memes sobre su trabajo en redes sociales”.
“Como no lo prohíbe, deja la posibilidad. Esto vulnera el derecho de libertad de expresión de la población, porque la Constitución nos garantiza que podemos criticar a los funcionarios en el ejercicio de su labor y ellos no pueden tomar represalias”, puntualizó.
De acuerdo con el decreto, quien cometa acoso cibernético recibirá con una pena de prisión de uno o dos años, y si la víctima es menor de edad, la cárcel será de 6 a 12 años.
