Estados Unidos
Postuladora adelanta al 17 de abril la nómina de candidatos a fiscal general; CC recién instalada será clave
Analistas estiman que la integración de la próxima CC será vital para respetar el criterio de los comisionados o para incidir en la lista de los seis candidatos.
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La Corte de Constitucionalidad está integrada por 10 magistrados; cinco titular y cinco suplentes. (Foto Prensa Libre: cortesía CC)
La Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) adelantó para el 17 de abril la integración de la nómina de candidatos. La validez de la lista de elegibles que será presentada al presidente dependerá de una Corte de Constitucionalidad (CC) recién instalada.
Así opinan analistas y observadores del proceso de renovación del fiscal general sobre las modificaciones al cronograma, derivadas de la carga de trabajo y la duración de cada sesión.
Inicialmente la conformación de la lista de los seis candidatos estaba prevista para el lunes 20 de abril, pero en la sesión del pasado lunes, la postuladora acordó adelantar su tarea final para el viernes 17 de abril.
La modificación del plan de trabajo ocurrió en la primera sesión en la que participó la magistrada Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidenta de la comisión de postulación.
“Esta comisión de postulación, y es algo que celebro, ha tenido más debates, hay dialogo, y en consecuencia la toma de decisiones ha sido más tardada y por eso el cronograma ha sido alterado en dos ocasiones”, dijo el analista y observador Pablo Alejandro Solórzano.
Aunque Paredes ya declaró que sus aparentes vínculos con el diputado de oposición Allan Rodríguez son estrictamente institucionales; y que no tiene un aviso oficial que Estados Unidos le retiraron la visa, los analistas consideran que su desempeño debe seguir bajo evaluación ciudadana.
“Tenemos que ver el comportamiento de la comisión con la presidenta Claudia Paredes. De momento ella ha tenido un trabajo técnico, sin manifestar mayor inclinación, pero requiere auditoria social para ver su comportamiento y de todos los comisionados”, enfatizó Solorzano.
Balance incierto
La tarea final de los 15 comisionados será elaborar una lista de seis candidatos a fiscal general, de la cual el presidente Bernardo Arévalo deberá nombrar al próximo jefe del MP.
Sin embargo, la validez de esa lista dependerá en buena medida de los criterios que adopte la nueva Corte de Constitucionalidad (CC). Analistas prevén que la nómina podría enfrentar impugnaciones.
El curso de esas acciones podría escalar hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), que tendría a su cargo el análisis y la resolución. Para entonces, aún no habría certeza sobre el criterio que adoptarían los magistrados.
“Hasta ahora vemos que los integrantes electos para la CC, específicamente los del colegio de abogados pueden marcar una línea con el Ejecutivo junto al que nombre el Organismo Legislativo”, explicó Guillermo Fuentes, observador de la organización Aire.
El analista añadió que un sentido contrario podrían tener los designados por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC. “La CSJ y el Congreso están pendientes de los nombramientos para ver las posturas de la futura Corte, pero por ahora es algo ambiguo y poco predecible”, apuntó.
Riesgos de transición
En el proceso de renovación de fiscal general del 2022, por decisión de la CC se incluyó en al nómina de candidatos a la actual fiscal general, María Consuelo Porras. Esa acción abrió la puerta para que Porras pudiera ser reelecta por el entonces presidente Alejandro Giammattei.
“Entender la correlación de fuerzas en esa futura CC si es oportuno para dimensionar la posibilidad de que más de alguno no puedo asumir, eso tendría una consecuencia en la toma de decisiones y en la inclinación de la balanza, que podría implicar en una judicialización del proceso”, dijo Solórzano.
Los allanamientos del MP en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), junto a los amparos interpuestos contra el proceso del CSU, plantean un escenario incierto para la toma de posesión de las personas desginadas.
“Una judicialización del proceso podría incidir en que el fiscal general que elija el presidente Bernardo Arévalo tenga problemas para asumir. Hemos visto como se dan múltiples estrategias para que procesos democráticos no avancen”, concluyó.
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