La prueba no fue admitida por el Registro de Ciudadanos, al considerar que fue presentada a destiempo, porque el procedimiento obligaba a ampliar el plazo de 30 días que, según la Ley Electoral, se cuenta para recibir los descargos en un proceso de cancelación.
El registrador de ciudadanos, Leopoldo Guerra, explicó que esta acción suspende el proceso de cancelación, porque a su criterio, no se puede emitir una resolución sobre el proceso que actualmente conocen, sin que se resuelva en definitiva el amparo otorgado este lunes al partido oficial.
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“Como eso es parte de la prueba que ellos querían rendir, entonces yo me quedo en suspenso, porque ya no se puede resolver cuando está pendiente si se acepta o no el medio de prueba. Si apelamos nosotros, será hasta que la Corte de Constitucionalidad confirme el amparo provisional, si no lo confirma y lo revoca, entonces continuamos; pero si lo confirma habrá que esperar el trámite del amparo y eso lleva meses, incluso años”, dijo Guerra.
Según Guerra, ya se tenía lista la resolución que determinaba si FCN-Nación debería ser cancelado, se iba a firmar mañana. “Me llamó la atención que normalmente la misma Sala, en otros amparos de ellos, primero piden el informe circunstanciado y en vista del informe dicen si lo otorgan o no, tal vez convencieron a la Sala que era inminente que iba a salir la resolución nuestra”, dijo el registrador.
Proceso de cancelación
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Los magistrados del TSE ordenaron al Registro de Ciudadanos empezar con el proceso de cancelación del partido oficial a petición del Ministerio Público, luego que se evidenciara que al menos Q15 millones no fueron reportados al ente electoral provenientes de financiamiento electoral ilícito en el proceso electoral del 2015.
Según el ente investigador, el secretario general de esa agrupación política en ese entonces, Jimmy Morales, no declaró ante el TSE unos Q15 millones, de los cuales Q8 millones habrían entregados por un grupo de empresarios para pagar a los fiscales de mesa para la primera y segunda vuelta electoral.
Integración de la Sala
La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo está integrada por Carlos Ramiro Contreras Valenzuela quien la preside; Helio Guillermo Sánchez González, vocal I y Héctor Orlando González García vocal II.
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Durante el segundo proceso de postulación a fiscal general en noviembre del 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presentó un informe a la Comisión de Postulación sobre cada uno de los candidatos.
En ese informe, la Fundación Sobrevivientes denunció que Contreras Valenzuela actuó como abogado defensor de la empresa Proyecto de Obra Civil S.A., que pertenece al coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez y sus hermanos.
Salán Sánchez fungió como Asesor de seguridad del presidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera en el año 2000 y es sindicado de peculado por la Cicig y el Ministerio Público, por la sustracción de fondos del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001.
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