Actualmente, estas medidas se aplican a ocho personas y una entidad, que están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos, y a una congelación de activos, explicó el Consejo de la UE en un comunicado. Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.
Las primeras medidas de la UE contra Guatemala fueron impuestas en febrero de 2024, cuando la UE sancionó a la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, por sus supuestos intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el 14 de enero del mismo año.
Las sanciones afectaban también al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, al juez Fredy Raúl Orellana, a la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávil, informó el Consejo de la UE en un comunicado.
Por otra parte, en junio pasado el Consejo incluyó en la lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle “por acciones que menoscaban el Estado de Derecho en Guatemala, consistentes en la persecución e intimidación de representantes de medios de comunicación y de abogados, jueces y fiscales”.
El Consejo precisó que las medidas se aplican “estrictamente a quienes son responsables, participan, apoyan o se benefician de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”.
Y recordó la “larga colaboración” entre la UE y Guatemala y su compromiso de apoyar la democracia y los derechos humanos en el país, como demostró, dijo, el despliegue de una Misión de Observación Electoral de la UE en 2023, así como la postura de la UE en defensa de los resultados electorales y su apoyo a la buena gobernanza.
El Consejo indicó que la UE “seguirá trabajando con el gobierno guatemalteco y todos los sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos”.
Para apoyar la transición democrática y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco en favor del gobierno elegido democráticamente, la UE estableció un régimen de medidas restrictivas con respecto a Guatemala el 12 de enero de 2024.
Recordó que la UE movilizó una Misión Ad Hoc para acompañar en 2026 los procesos de selección y nombramiento de tres importantes instituciones (el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General de la República), que desempeñan un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho y la democracia en el país.
Ministerio Público responde
Se le consultó al Ministerio Público y respondió: “tales sanciones impuestas por actores externos carecen de fundamento jurídico, no tienen efectos legales en el ordenamiento guatemalteco y no inciden en modo alguno en la labor investigativa que esta institución desarrolla en cumplimiento de su mandato constitucional”.
“El MP es un ente autónomo e independiente, sujeto únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala, a su Ley Orgánica y al control jurisdiccional de los tribunales de justicia. En consecuencia, no está subordinado ni sujeto a la supervisión de ningún ente internacional, ni sus funciones pueden ser condicionadas por decisiones ajenas al sistema jurídico nacional”, remarcó.
Agregó: “resulta lamentable el desconocimiento del funcionamiento del sistema de justicia guatemalteco que evidencian este tipo de medidas, así como el uso de mecanismos externos para desacreditar el ejercicio legítimo de la acción penal. Más grave aún es que dichas acciones vulneran los derechos humanos de fiscales y personal del Ministerio Público, quienes han sido objeto de presiones, amenazas y señalamientos por el solo hecho de cumplir con su deber constitucional de investigar hechos denunciados”.
Según el MP, “estas acciones revelan un interés evidente en obstaculizar las investigaciones, desacreditar a la institución y procurar impunidad en favor de determinados actores, con el único fin que la verdad sea conocida y sometida al escrutinio de los tribunales de justicia”.
“El Ministerio Público reitera que investigar no es criminalizar y que su actuación se rige por los principios de legalidad, objetividad, debido proceso y respeto a los derechos humanos. Todas las investigaciones cuentan con respaldo jurídico y están sometidas al control de jueces y tribunales competentes”, afirmó.
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