Estados Unidos
El informe, divulgado la noche del 13 de febrero, es resultado de una investigación de 10 meses en la que los congresistas revisaron los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones, que antes se utilizaban de manera “excepcional”, pero que el gobierno de Trump ha sistematizado, según un comunicado.
“El Gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costos humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”, declaró en la nota la senadora Jeanne Shaheen, quien encargó y dirigió el informe.
El costo de las deportaciones a terceros países hasta enero del 2026 “es desconocido, pero probablemente superior a US$40 millones”, ya que el Gobierno ha entregado más de US$32 millones “directamente a cinco países”: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos, detalla el documento.
De los 300 inmigrantes deportados a países que no son los suyos, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo del 2025. El resto, 51 personas cuya nacionalidad no se establece, fueron enviados a los otros cuatro países, la mayoría a Guinea Ecuatorial y Esuatini.
El informe, de 30 páginas, critica que, en muchos casos, EE. UU. pudo haber expulsado a estas personas a sus países de origen, y señala que más del 80% de quienes fueron deportados a terceros países “ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo”.
Today, @SenatorShaheen and @SFRCDems members released a report on the true cost of the Trump Administration’s third country deportation deals.
— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) February 13, 2026
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“En algunos casos, EE. UU. pagó para enviar a migrantes a terceros países y luego volvió a pagar para enviarlos a su país natal”, agrega.
Los senadores demócratas advirtieron que el Gobierno busca activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en EE. UU., suspendiendo beneficios como el TPS (estatus de protección temporal) o el permiso humanitario, “lo que incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países”.
El informe concluye que esas operaciones son costosas e ineficientes, suponen un despilfarro, financian “a gobiernos corruptos sin supervisión”, circunvalan el derecho migratorio de EE. UU. y se caracterizan por la falta de transparencia tanto en los acuerdos como en su cumplimiento por parte de los terceros países.
