Caso Diario Militar: jueza da 10 días para que el MP presente nueva acusación contra Édgar Hernández

Édgar Hernández es señalado en el caso Diario Militar y la jueza da 10 días a la fiscalía para que presente una nueva acusación.

Óscar García y Elmer Vargas

7 de enero de 2026

|

14:02h

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La jueza Carol Yesenia Berganza da sus argumentos durante audiencia por el caso Diario Militar. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

En el caso Diario Militar, la jueza Carol Yesenia Berganza otorgó al Ministerio Público (MP) un plazo de 10 días para presentar una nueva acusación contra Édgar Hernández, uno de los señalados.

La jueza del Juzgado de Mayor Riesgo “C” fijó el 21 de enero como fecha para la presentación del acto conclusivo por parte del MP, es decir, la acusación y solicitud de apertura a juicio.

Además, programó para el próximo 10 de febrero la audiencia para conocer la investigación.

El ente investigador buscaba el cierre del caso, pero, según la jueza, la petición del MP para sobreseer el proceso contra Hernández por el delito de violación con agravación de la pena carece de fundamento.

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El plazo para presentar de nuevo la acusación era de siete días hábiles, pero la fiscalía solicitó tres días más.

Berganza también declaró sin lugar el requerimiento de clausura provisional por el tipo penal de delitos de deberes contra la humanidad.

El documento del Diario Militar, filtrado en 1999 por la investigadora Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, detalla las atrocidades del Estado en el marco de la contrainsurgencia durante la guerra interna. El hallazgo del documento dio paso al caso judicial del mismo nombre.

La estructura criminal presuntamente cometió delitos contra al menos 183 personas registradas en el documento Diario Militar o Dossier de la Muerte.

Para leer más: Condena por caso Sepur Zarco marca un avance para Guatemala

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Aplazan audiencia de etapa intermedia del caso Diario Militar en la que debía participar Édgar Hernández

La audiencia en el caso Diario Militar fue suspendida porque no se asignó al juez de paz que acompañaría al señalado en el proceso.

Óscar García y Elmer Vargas

23 de diciembre de 2025

|

17:03h

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El caso Diario Militar se ventila en la Torre de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para este martes 23 de diciembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, estaba programada la audiencia de resolución de la etapa intermedia del militar retirado Édgar Hernández, en el caso Diario Militar; sin embargo, fue aplazada porque la Corte Suprema de Justicia no asignó al juez de paz que debía acompañar al señalado.

La abogada Jovita Tzul, representante de las víctimas, indicó que, como la audiencia estaba programada para un solo día, el 22 de diciembre, el Consejo de la Carrera Judicial no contaba con un juez de paz disponible este martes para asistir a Hernández por medio de videoconferencia desde el Centro Médico Militar.

Recordó que el 26 de agosto Hernández quedó ligado a proceso por delitos contra deberes de humanidad y violación con agravación de la pena.

Añadió que el lunes se conocieron los argumentos de las partes involucradas y que el Ministerio Público solicitó, a favor del acusado, el sobreseimiento por el delito de violación y la clausura provisional por el delito de deberes contra la humanidad, a lo cual, como representantes de las víctimas, se opusieron, pues consideran que existen elementos suficientes para que se decida si procede o no el debate oral y público.

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Aún no hay fecha para la continuidad de la audiencia en la que se conocerá la resolución. Tampoco se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas de coerción.

El documento del Diario Militar, filtrado en 1999 por la investigadora Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, detalla las atrocidades del Estado en el marco de la contrainsurgencia durante la guerra interna. El hallazgo del documento dio paso al caso judicial del mismo nombre.

La estructura criminal presuntamente cometió delitos contra al menos 183 personas registradas en un documento denominado Diario Militar o Dossier de la Muerte, durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

Para leer más: MP confirma traslado de fiscal del caso Diario Militar y otros de crímenes de guerra y explica a qué se debió el cambio 

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Diversas organizaciones humanitarias de Guatemala denunciaron el martes 7 de octubre que la Fiscalía del país pretende cerrar un caso contra varios acusados por crímenes de guerra durante el conflicto armado interno.

El cierre provisional del proceso, por el caso denominado ‘Diario Militar‘, fue solicitado por el Ministerio Público (Fiscalía), según detalló la organización Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).

De acuerdo a la misma fuente, dicha solicitud beneficiaría a los acusados Toribio Acevedo Ramírez, Edgar Virginio de León Sigüenza, Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Leonel Barillas Soto, imputados por los delitos de desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de humanidad.

El cierre de la imputación en contra de los acusados fue requerido este martes por el fiscal José Crisanto Gómez Meléndez, en representación del Ministerio Público, durante la etapa intermedia del proceso judicial.

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Los sindicados están acusados de realizar operaciones clandestinas desde las estructuras del Estado Mayor Presidencial y la Dirección de Inteligencia de la desaparecida Policía Nacional de Guatemala, entre 1983 y 1985, durante una de las épocas más sangrientas del conflicto armado interno, que duró 36 años (1960-1996).

“La defensa de los acusados intentó previamente manipular y retorcer la ley, incluso haciendo afirmaciones falsas sobre los querellantes, diciendo que buscaban dinero. Las organizaciones y víctimas ven la acción de la Fiscalía como una maniobra coordinada con las defensas para promover la impunidad”, dijo este martes a EFE Paulo Estrada, querellante en el caso e hijo y sobrino de víctimas de desaparición forzada en 1984.

Las organizaciones humanitarias expresaron su sorpresa por la decisión de la Fiscalía, ya que la acusación en contra de los sindicados cuenta con más de 7 mil medios de prueba, entre ellas cien declaraciones y registros de personas ejecutadas por el Estado.

“Para nosotros, las víctimas, es como si otra vez el Estado de Guatemala nos dijera: ‘no existen‘. Hablan de un Estado para todos, pero a nosotros las víctimas nos han negado todos los derechos y en este caso nos vuelven a negar nuestro derecho a la justicia”, añadió Estrada.

La jueza Carol Yesenia Berganza, a cargo del caso, suspendió la audiencia de este martes hasta el 14 de octubre para notificar a los querellantes y permitir que el Ministerio Público formalice su petición.

En 1996, la firma de la paz en Guatemala puso fin a 36 años de un sanguinario conflicto armado en Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y al Ejército y a grupos paramilitares con un saldo de 200 mil muertos y 45 mil víctimas de desaparición forzada, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas.

El documento del ‘Diario Militar‘, filtrado en 1999 por la investigadora Kate Doyle del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, detalla la atrocidad del Estado frente a la contrainsurgencia durante la guerra interna. El descubrimiento del documento dio paso al caso judicial del mismo nombre.

Sut Ren fue trasladada a la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, debido a una recomendación que emitió el Departamento de Seguridad, luego de que la funcionaria solicitara que se efectuara un análisis de riesgo.

Tras la evaluación, según la Fiscalía, se determinó que era necesario efectuar el traslado de Sut Ren para minimizar su exposición de vulnerabilidad, por lo cual se emitió recomendación a la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, se confirmó que las medidas de seguridad con las que ya contaba continúan de la misma manera.

El MP indicó que “las investigaciones continúan su curso normal” y que los casos siguen en la Fiscalía de Derechos Humanos “sin ningún inconveniente”.

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Cambios en torno al caso Diario Militar

Previo al cambio de la fiscal Sut, también cobró relevancia que el juez Miguel Ángel Gálvez, quien conocía el caso Diario Militar y había enviado a juicio a nueve implicados en el mismo, entre policías y militares retirados, abandonó Guatemala y salió al exilio.

El jurista suma hasta ahora cuatro meses fuera del país, tras denunciar hostigamiento e intimidaciones, así como denuncias infundadas.

Para Gálvez, su salida se debió a la falta de garantías para enfrentar los procesos por los que se le señalaba. Además, percibió la falta de protección y seguridad, pese a que denunció que era perseguido y objeto de vigilancias, por lo que elevó la alerta y solicitó la revisión de medidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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Gálvez emitió diversas resoluciones contra grupos del crimen organizado y crímenes de guerra. En 2012, ordenó enviar a juicio a Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio y delitos de lesa humanidad.

Asimismo, el entonces juez envió a juicio a los implicado en el caso La Línea, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina.

El sindicado estaba en prisión preventiva y procesado por delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

El 23 de mayo recién pasado Acevedo fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en los crímenes registrados en el llamado Diario Militar.

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, afirmó el MP en esa oportunidad.

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El documento registra a 195 personas entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

En este caso, nueve militares y policías retirados son señalados de supuestamente haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres.

Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Para leer más: Los casos de alto impacto que conoció Miguel Ángel Gálvez y que marcaron su trayectoria como juez

Acevedo Ramírez es abogado y fue capturado en Panamá. Fungió como miembro del Estado Mayor Presidencial.

Gálvez, quien goza de un periodo de vacaciones desde el 2 de noviembre, no detalló los motivos de su salida ni el lugar donde se encuentra.

El viernes último, se tenía programada una audiencia en la que presentaría pruebas de descargo por el antejuicio promovido en su contra por la Fundación contra el Terrorismo, pero fue su abogado, Herbert Pérez, quien entregó la información ante la Sala Segunda de Apelaciones.

El proceso contra Gálvez es promovido por la referida fundación que lo señala de “haber abusado de la prisión provisional” durante su labor de juez en el caso Diario Militar, en el que el Ministerio Público señala a exmandos del Ejército de haber cometido asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales entre 1982 y 1986.

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Gálvez y su defensor indicaron que se esperaba que la referida audiencia fuera pública para garantizar la transparencia del proceso; sin embargo, señalaron que se dictó una resolución que aduce que “la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

El juez pesquisidor del proceso de antejuicio contra Gálvez es Roaldo Chávez.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, aseguró Gálvez en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Para que la opinión pública evalúe la tramitación de mi proceso pic.twitter.com/tuSKBMLc8p

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 4, 2022

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que la salida de Gálvez se registró a las 6 horas del viernes último; mientras, su abogado defensor, Herbert Pérez, indicó que su representado “puede viajar a donde quiera como cualquier ciudadano” y que goza de un periodo vacacional.

La salida de Gálvez al extranjero toma relevancia debido a que ha denunciado ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.

Al ser consultado sobre si en algún momento se exiliaría, indicó que debía analizarlo.

“Todo está dicho por mis abogados; sin embargo, quiero ratificar que, en ningún momento me voy a oponer que me hagan esos peritajes, pero quiero que lo hagan con personal que vayan a actuar objetivamente, nadie va a permitir que alguien que ya externó opinión como el señor De La Peña me haga examen, porque estoy seguro de que se va a parcializar”, criticó Acevedo.

El 17 de agosto último, De La Peña Martí se presentó al penal de Mariscal Zavala con aval del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para practicar un análisis psicológico a Acevedo, pero este se negó a salir de su celda.

En la audiencia el juez rechazó el recurso de la defensa de Acevedo, pero la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aceptó la participación del psicólogo que fue propuesto por querellantes y justificó su inclusión en el proceso “porque para el Ministerio Público es útil, pertinente, no era abundante ni ilegal”.

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Gálvez resolvió que había discrepancia entre las partes procesales por la participación de De La Peña Martí y que se cambiara al psicólogo que analizará a Acevedo, ese peritaje es propuesto por querellantes y recabar una prueba científica de la actitud e ideas del sindicado.

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El Ministerio Público (MP) informó que el 23 de mayo pasado fue ligado a proceso Acevedo Ramírez por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, dice el MP.

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El documento registra a 195 personas, entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

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Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez dejó claro que lo que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

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Hay un documento que se ha enviado a la CSJ y este tiene una razón de ser, cuéntenos cómo surge esa petición

“El tema que se está discutiendo es lo que corresponde a la independencia judicial. A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez, si sale una persona de una audiencia y no da la conferencia de prensa y les indica que él se va a encargar del juez, eso significa que es como consecuencia de una resolución, y se supone que las autoridades máximas son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lo que se pretendía era que al ponerles en conocimiento -a los magistrado- los problemas que se estaban dando, ellos se tenían que haber pronunciado, pero lamentablemente no lo hicieron, o sea ellos adujeron que lo que yo necesitaba era más seguridad, pero el fondo de lo que se pretendía era un pronunciamiento de ellos con relación a que se estaba restringiendo, se estaba limitando el ejercicio constitucional del Organismo Judicial y de la independencia que le corresponde a un juez”.

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¿Cómo ve la carencia de pronunciamiento o la falta de tomar una postura de parte de la CSJ?

“Eso da la pauta a -ver- cómo están las instituciones y el problema es ese precisamente, el que no haya un pronunciamiento, pero el problema que se da es que lamentablemente se pierde más la confianza y la credibilidad que le tenemos que dar a un organismo que se encarga de administrar justicia, entonces allí es donde se da no solo el irrespeto a la población, sino que a los mismos sujetos procesal, porque se dan cuenta que pueden amenazar, que pueden gritar, que pueden ofender y eso se va replicando y hace perder el fundamento de un estado de derecho”.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”.

Debido a su cargo está expuesto a denuncias y presiones, ¿cree que estas han parado?

“Como jueces estamos conscientes de que no quedamos bien con todas las partes. Amenazas siempre han surgido, es más, hasta la libertad de expresión que se manifieste eso no es problema, el problema es que a esas manifestaciones cuando se les va encontrando sentido que no solo es una institución, sino que son varias eso ya preocupa. Si lo que dijo el personaje ese pues está en su derecho y no hay problema, pero cuando miramos que las instituciones se están acoplando a esos intereses como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, entonces ahí es donde ya es preocupante, porque uno se da cuenta que los niveles de reconfiguración son muy altos, el caso, por ejemplo, decir ´ya saqué a Juan Francisco, ya saqué a Thelma, ya saqué a Erika, ahora me queda…´, eso es lo que uno va entendiendo que sí lleva una secuencia”.

¿Podría ser algo más estructurado y pensar que el siguiente es el juez Gálvez?

“Claro. Es más, si buscan en las redes -sociales-, ellos ponían unos cartoncitos como que fueran de lotería y ponían las fotos de varias personas y allí están; por ejemplo, Juan Francisco -Sandoval- tiene una X, Thelma -Aldana- tiene otra X, Pablo -Xitumul- tiene otra X , ya casi llenaron con X el cartoncito, Erika -Aifán- es la última y si ustedes miran después voy yo y luego va Jazmín -Barrios- ahí se llena el cartoncito y eso es lo que se está anunciado, lo que quieren es poner otra X para quedarse solo con la última persona, esa es la tendencia.

“Esas son las personas que nos encontramos más vulnerables, ahora me pregunto ¿cuántos periodistas van a seguir?, ¿cuántos defensores de Derechos Humanos van a seguir? y así sucesivamente, eso quiere decir que las poblaciones, que las comunidades, que los periodistas, que los reporteros o los columnistas independientes que hagan una crítica sobre cómo se está desarrollando el Gobierno va a significar que se vuelvan enemigos”.

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¿Ante esta situación piensa seguir adelante?

“La profesión de abogado para mí es algo apasionado, los procesos son un libro más, considero que la justicia es sagrada, es una bendición y cómo no quisieras seguir haciendo lo que tengo ya casi 23 años de estarlo haciendo, entonces me quiero quedar, pues soy guatemalteco y quisiera ver un país en condiciones completamente diferentes”.

¿Ha pensado salir de Guatemala?

“De momento no. Considero que este es mi país y aquí es donde tengo que desarrollarme y que desenvolverme”.

¿Va a influir mucho este contexto en su trabajo?

“Por supuesto. Cada día los niveles son muy altos y soy consciente y se asume la responsabilidad, pero considero que no es justo y que no se vale, consideró que las mismas instituciones tiene que reparar en que si no se hace nada nos vamos a meter en problema en el que va a ser difícil que salgamos. Lo que tenemos que hacer con la sociedad civil y con toda la gente es dar pasos para consolidar un estado de derecho”.

“Por qué razón se me está limitando ese ejercicio a la independencia judicial, porque lo que quieren es decirme que es lo que tengo, se puede imaginar cómo se va a impartir justicia atendiendo a esos requerimientos, porque si hubiera dictado una resolución que le hubiera gustado a este personaje hubiera sido diferente. Entonces eso es lo que les perjudica, eso es lo que les daña, esa independencia que no se le puede decir al juez qué es lo que tiene que hacer, como me da la impresión de que hay algunos otros -jueces- que si les dicen que lo que tiene que hacer”.

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¿Cómo ve el surgimiento de grupos en su apoyo?

“Esto es natural con todos los acontecimientos que están pasando y la mayoría de estas manifestaciones, el caso de los 48 cantones, el caso del tema de la canasta básica, la gasolina y toda la cuestión es una forma de expresarse, la inconformidad es algo normal y por supuesto que tienen que existir manifestaciones, ahora el problema delicado, y yo de este tema desconozco qué fue lo que pasó, pero se supone que el día martes atentaron en contra de una persona, independientemente de quién era o qué andaba haciendo consideró que el elemento fuerte es que se haga una investigación y que se establezca qué fue lo que pasó porque no se vale el atentar contra la vida de nadie, mucho menos de una persona que se estaba desenvolviendo en cierto ámbito”.

¿Ese crimen le causa alguna preocupación tomando en cuenta que la personas era parte de un movimiento que lo apoya?

“Por supuesto, sería mentirle y tampoco lo van a creer, pero en las condiciones que está el país es lógico que cualquier persona inmediatamente relacione una cosa con la otra y por eso las autoridades están en la obligación de esclarecer qué fue lo que pasó para evitar esas formulaciones, yo soy ajeno completamente a ese tema, pero tengo entendido que llevaba algunos stickers y que estaba entregando a diversos grupos esa papelería, pero eso a mí no me consta e indistintamente qué haya pasado, el Estado tiene la obligación de esclarecer el asesinato.

“Yo sigo trabajando, un poco preocupado, pero indistintamente quiero seguir y voy a seguir trabajando”.

Posturas

Ante los señalamientos del juez Gálvez sobre la falta de pronunciamiento de las autoridades, la CSJ informó que “en relación al memorial presentado por el Juez Gálvez, fue conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se instruyó a la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial se realice un análisis de riesgo de manera urgente del esquema de seguridad. Asimismo, se ofició al ministro de Gobernación que se cumpla con las medidas de protección, considerando que el juzgador tiene medidas otorgadas por la CIDH”.

Al respecto el Ministerio Público Refirió que se “ha actuado siempre con objetividad, imparcialidad y apegado a su mandato legal y constitucional”.

Agrega que el MP “tiene la obligación de investigar todas las denuncias que se presentan, pues nadie es superior a la ley y esta es su función, según lo establece la Constitución Política de la República, y es a través de la investigación que se determina si existe la comisión de un hecho ilícito o no.

Referente al caso de los Jueces, la Fiscalía señala que “ellos gozan del derecho de antejuicio, por lo que se debe agotar todo el procedimiento y si el órgano competente resuelve levantar la inmunidad, el Ministerio Público inicia con la investigación”.

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Agregó que “la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas se apersonó al juzgado, previa coordinación telefónica con el juez para tomar la denuncia; sin embargo, manifestó que él iba a presentar la denuncia en el transcurso de esta semana. Ayer -jueves- se presentó nuevamente personal de la Fiscalía e indicó de nuevo que él la estaría presentando”.

Agrega que “por los hechos que manifiesta, la Fiscalía considera que es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, por lo que es necesario contar con la colaboración de la parte denunciante. En ese sentido, el personal de la Fiscalía se ha apersonado varias veces al juzgado para que realice su denuncia; sin embargo, el juez ha manifestado que lo hará posteriormente.

El juez Gálvez recibió este 9 de mayo la visita del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dijo que las amenazas de procesarlo comenzaron luego de decidir enviar a juicio a los involucrados en el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte.  

El juez Gálvez dijo sentirse muy satisfecho por la presencia de Rodas en el juzgado y afirmó que son momentos difíciles y que la situación en Guatemala está bastante sensible, pero que ya se animen a amenazar a un juez después de una resolución es más preocupante. 

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez. 

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Señaló que pondrá en conocimiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio que pueda decidir presentar una denuncia por la amenaza directa que se le está haciendo. 

“Una amenaza directa que conlleva en determinado momento y a participación de otras de otras instituciones como el Ministerio Público”, comentó Gálvez.  

Dijo que en las amenazas indican que ahora le toca a él y eso podría decir e la persona que las está efectuando ya hecho cosas similares en el pasado.  

Gálvez agradeció a Rodas y le reiteró que las resoluciones se han dictado apegadas a derecho y después de un análisis, de un estudio para garantizar la legítima defensa.   

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Expresa su solidaridad 

Jordán Rodas, acudió al juzgado de Gálvez para manifestarle su solidaridad por las amenazas que ha recibido luego de su resolución en el caso Diario Militar.  

Recordó que el juez Gálvez tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que era necesario actualizar a los organismos lo que está pasando en el país. 

“La justicia es un derecho humano y se tiene que tener una justicia independiente. Los jueces de paz, jueces de instancia, los que conforman tribunales, las salas de apelaciones, los propios magistrados de la Suprema todos son independientes y no pueden estar siendo sujeto de intimidación y amenazas y eso es preocupante. 

Dijo que es importante recordar que cualquier persona que sea parte del proceso que piense que una resolución no está apegada a derecho tiene los recursos legales para impugnar, pero que no es amenazando ni intimidando al juez que las dicta como se fortalece la democracia.  

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El @PDHgt @JordanRodas realiza visita a Juez @Miguelgalvezag ante actitudes intimidatorias y amenazantes después de fallo en #CasoDiarioMilitar pic.twitter.com/OnB4Frn1kG

— PDH Guatemala (@PDHgt) May 9, 2022

 Qué amenazas son y de dónde vienen 

Consultado el procurador Jordán Rodas sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.  

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana. 

Hernández fue noticia en abril del 2020, cuando fue encontrada en una vivienda de Sumpango Sacatepéquez, en donde se suponía estaba el exdiputado Estuardo Galdámez, en ese tiempo prófugo de la justicia por varios hechos de corrupción.  

Méndez Ruiz publicó hace unos días, en su cuenta de Twitter, una foto blanco y negro del juez Gálvez en la que decía que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) lo haría pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura.  

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“Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán. Empeño mi palabra en eso”, citaba en mensaje.  

La foto de Gálvez tenía su nombre y el texto “se busca por prevaricador”. 

Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la @FCTGuatemala lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista.
Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán.
Empeño mi palabra en eso. pic.twitter.com/by86uiB0Mz

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 8, 2022

Es el turno de Miguel Ángel Gálvez.
La @FCTGuatemala se hace cargo. pic.twitter.com/L37qxj0LO7

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 7, 2022

Este 9 de mayo, luego del encuentro entre Gálvez y Rodas, Méndez Ruiz publicó otro mensaje con el siguiente texto “Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto. Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso”, y abajo el video el encuentro entre Rodas y Gálvez.  

Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto.
Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso. https://t.co/lqIjGhLxa7

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 9, 2022

Hernández, por su parte ha publicado en su cuenta de Facebook varios mensajes y fotografía en alusión al juez Gálvez.  

“Ni perdón ni olvido. Víctimas de la prisión provisional, cuyo diseñador es el delincuente terrorista judicial Miguel Ángel Gálvez”, acompañada de una fotografía con imputados que murieron cuando eran procesados.  

También hace mención, en otros mensajes, que la prisión provisional debería ser considerada un delito de lesa humanidad y las acompaña con una etiqueta en la que pide cárcel para el juez Gálvez.  

El Diario Militar 

El pasado 6 de mayo, el juez decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados, tras lo cual ha recibido amenazas en redes sociales. 

Al coronel retirado del Ejército Víctor Augusto Vásquez, por ejemplo, se le acusa de la desaparición forzada de 14 personas y de la ejecución extrajudicial de 6, cuyas osamentas fueron localizadas en un antiguo destacamento militar de Comalapa, en el oeste del país. 

Mientras que al teniente coronel de Policía, Juan Francisco Cifuentes, es acusado por la Fiscalía de la desaparición forzada de 10 guatemaltecos y otros delitos cometidos con 5 personas. 

Por su parte, el capitán retirado del Ejército, Jacobo Salán Sánchez, está imputado de 10 delitos de deberes contra la humanidad, tres desapariciones, un asesinato y un asesinato en grado de tentativa. 

El juez Gálvez explicó ese día que la resolución es con base en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), y porque “existen sospechas de la participación en estos hechos” de los detenidos, pero aclaró que “no se está responsabilizando a nadie” porque esa decisión la deberá tomar un tribunal en el juicio oral y público. 

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el régimen de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1982 y 1986. 

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, resolvió vincularlos al proceso que engloba a al menos 12 militares y policías retirados, por su presunta participación en delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.

Gálvez consideró que existen indicios racionales sobre la participación de Oliva Blanco en la desaparición forzada de cuatro personas y en delitos contra los deberes de humanidad contra 13 personas.

Además, advirtió que, en el caso de Vásquez Echeverría, fue imputado por la desaparición forzada de ocho personas, seis de las cuales han sido identificadas mediante sus restos recuperados de una de las fosas comunes halladas en el destacamento militar de Comalapa, del departamento de Chimaltenango, a unos 80 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

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Ambos podrán permanecer en el hospital del Centro Médico Militar, en la Ciudad de Guatemala, bajo prisión preventiva, debido a su estado delicado de salud.

Por este mismo proceso, Gálvez ordenó prisión preventiva contra otros seis militares retirados y expolicías, sindicados de capturas ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

La estructura criminal que supuestamente integraron los procesados, presuntamente cometió tales delitos contra al menos 183 personas fichadas en un documento denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

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Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.

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La audiencia se efectuó por el caso Diario Militar basado en el “Dossier de la Muerte”, un documento en el que se registró cómo 183 personas fueron secuestradas, torturadas y ejecutas por integrantes de las fuerzas de seguridad entre 1983 a 1985, según la Fiscalía de Derechos Humanos.

Dentro del caso, González Taracena es señalado por el Ministerio Público de haber dirigido a un grupo operativo del Estado Mayor Presidencial que controló y desapareció a varias personas.

Además de los delitos de desaparición forzada, González Taracena es señalado de delitos contra los deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La audiencia se efectuó dentro de un salón del Centro Médico Militar, donde se encuentra en tratamiento el exfuncionario. 

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El 27 de mayo último, 11 personas fueron capturadas durante 17 allanamientos en diversas zonas del país dentro de la investigación.

El exministro es el séptimo procesado por el juez Gálvez dentro del caso.