Qué son las “cuentas Trump” por las que la rapera Nicki Minaj mostró apoyo hacia el mandatario

La rapera Nicki Minaj, que ha dicho ser la “fan número uno” de Trump, estuvo en un evento del mandatario que se llevó a cabo en Washington.

Pavel Arellano

29 de enero de 2026 | 09:59h

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El pasado 28 de enero generó atención un acto del presidente Donald Trump en Washington, por contar con el apoyo de la rapera Nicki Minaj.

La artista trinitense estuvo presente en un evento donde se abordó la iniciativa denominada “cuentas Trump”, la cual ha recibido el respaldo público de la intérprete en distintas ocasiones.

Minaj, quien anteriormente afirmó ser “la fan número uno de Trump”, escribió recientemente en X que esta iniciativa representa “un verdadero significado a la generosidad”.

Según el presidente del Departamento del Tesoro de EE. UU., las “cuentas Trump” son cuentas de inversión para niños que podrían alcanzar hasta los US$50 mil cuando el menor cumpla la mayoría de edad.

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“Con cada contribución modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar un valor de al menos US$50 mil cuando el niño cumpla 18 años, e incluso podrían ser considerablemente mayores”, agregó.

Por su parte, Trump afirmó en el acto que el valor de las cuentas podría superar las estimaciones iniciales.

“Con inversiones algo mayores, la cuenta puede llegar a los US$100 mil, US$200 mil e incluso superar los US$300 mil por niño. Y creemos que lo más probable es que se sitúe entre los US$200 mil y los US$300 mil”, dijo.

Estas “cuentas Trump” entraron en vigor en julio del 2025 mediante la ley llamada One Big Beautiful Bill y están destinadas a beneficiar a los niños nacidos entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2028.

El sistema establece que el Departamento del Tesoro de EE. UU. deposite US$1,000 al inicio en cada cuenta, mientras que los empleadores pueden realizar contribuciones anuales de hasta US$2,500.

En cuanto a Minaj, aunque no precisó el monto de su contribución económica a estas cuentas, medios estadounidenses reportan que la artista podría haber invertido entre US$150 mil y US$300 mil.

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Estados Unidos sanciona a dos presuntos miembros de alto rango del Cártel del Noreste

El Departamento del Tesoro sancionó este 21 de mayo a dos presuntos miembros de alto rango del Cártel del Noreste, acusado de ejercer una influencia significativa en la frontera con México y por delitos de narcotráfico, secuestro y terrorismo.

Redacción AFP

21 de mayo de 2025

|

15:50h

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Imagen Ilustrativa. Elementos del Ejército de Estados Unidos refuerzan el muro fronterizo en la frontera entre San Diego y la ciudad mexicana de Tijuana, en la zona aledaña al puerto internacional de San Ysidro. (Foto Prensa Libre: EFE)

Estados Unidos sancionó a dos presuntos miembros de “alto rango” del Cártel del Noreste (CDN), con sede en México, que ejerce una “influencia importante” en la zona fronteriza entre ambos países, informó este miércoles 21 de mayo el Departamento del Tesoro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se halla en plena cruzada contra el narcotráfico y el Cártel del Noreste (CDC) es uno de los ocho grupos criminales designados por Washington como organizaciones “terroristas globales“.

Su gobierno considera este cártel, antes conocido como Los Zetas, como una “de las organizaciones de narcotraficantes más violentas de México“.

Está asentado principalmente en los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, todos ellos en el noreste del país.

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Las autoridades estadounidenses acusan al cártel de estar implicado en extorsiones, secuestros y asesinatos, tráfico de estupefacientes, trata de seres humanos, tráfico de armas, blanqueo de dinero y robo de vehículos y de petróleo.

En marzo de 2022, el cártel atacó el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo (noreste) con arnas de fuego y granadas tras la detención de un miembro del CDN, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Este cártel “ejerce una influencia importante sobre la región fronteriza, especialmente cerca del punto de entrada de Laredo/Nuevo Laredo”, añade.

“CDN y sus líderes han llevado a cabo una violenta campaña de intimidación, secuestro y terrorismo, amenazando a comunidades a ambos lados de nuestra frontera sur” y “la administración Trump hará que estos terroristas rindan cuentas”, advierte el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en la nota.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, impone sanciones concretamente a dos “miembros de alto rango”: Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda para bloquear todos sus bienes en Estados Unidos o los que estén en poder o bajo el control de estadounidenses.

Washington acusa a De Anda de supervisar “la adquisición de armas y municiones” para el cártel y a González de ser “el segundo al mando del CDN” antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad mexicanas en febrero de 2025.

González “dirigía un brazo armado” del cártel, añade el comunicado.

Según las autoridades mexicanas cuando fue detenido González estaba en posesión de un rifle, una pistola, 300 gramos de metanfetamina y un paquete con 1,500 pastillas de fentanilo, un opioide sintético que es responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este martes que los próximos sábado y domingo hablará en Suiza con una delegación china en un intento por rebajar la tensión entre ambas potencias debido a la actual guerra comercial.

“Nos veremos el sábado y el domingo. Hemos acordado hablar. El sábado y el domingo decidiremos de qué hablaremos. Tengo la sensación de que se tratará de desescalar, no del gran acuerdo comercial, pero tenemos que desescalar antes de poder avanzar”, indicó en una entrevista en la cadena Fox News.

El Departamento del Tesoro precisó en un comunicado que Bessent se reunirá en Suiza con el representante principal de China en asuntos económicos aprovechando que una delegación china también estará allí.

En Suiza, adonde viajará el jueves, el representante del Tesoro hablará de hecho con la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, para hacer seguimiento al encuentro que ya tuvieron en Washington en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial celebradas a finales de abril.

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Pero ese desplazamiento servirá para encaminar la negociación comercial entre Estados Unidos y China. “Los dos coincidimos en que esto no es sostenible, especialmente en el lado chino. Un 145 %, un 125 % (de aranceles) es el equivalente a un embargo. Nosotros no queremos un desacople, queremos un acuerdo justo“, dijo Bessent en Fox News.

Este mismo martes el presidente estadounidense, Donald Trump, había señalado que habría negociaciones con China “en el momento adecuado”.

“Quieren negociar, quieren tener un encuentro y nos reuniremos con ellos en el momento adecuado. No me he reunido con ellos”, indicó en la Casa Blanca al inicio de su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Thanks to @POTUS, the world has been coming to the US, and China has been the missing piece—we will meet on Saturday and Sunday to discuss our shared interests.

The current tariffs and trade barriers are unsustainable, but we don’t want to decouple.

What we want is fair trade. pic.twitter.com/MYc4XvqME8

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 6, 2025

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Las tres peticiones de Miguel Martínez a la Corte del Distrito de Columbia por estar incluido en la Ley Magnitsky

El exfuncionario del Centro de Gobierno demandó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y dos de sus funcionarias.

Fátima Najarro

1 de octubre de 2024

|

13:16h

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Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno,busca revertir la sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Luego de nueve meses de estar sancionado con la Ley Global Magnitsky por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés), Miguel Martínez, ex funcionario del Centro de Gobierno, ha pedido ante una corte estadounidense del Distrito de Columbia tres cosas, entre los que destaca que declare que su permanencia en la lista es ilegal, porque su sanción responde a fines políticos por ser opuesto al gobierno de Bernardo Arévalo, además de que la agencia no tiene pruebas en su contra.

Por medio de su representante legal, Alexei Schacht, Martínez elevó la petición a la Corte luego de que la solicitud a la Ofac no fue resuelta. En la demanda se solicita que la corte declare, si así lo considera, que es ilegal estar incluido en la lista, que se ordene a la oficina que sea removido, que se paguen los costos y honorarios del abogado de Martínez y cualquier otro gasto que la corte crea justos.

La demanda alcanza a la Ofac, a la directora de esa oficina, Andrea Gacki, y a la secretaria, Janet Yellen. La argumentación consta de 20 puntos, en los que la defensa de Martínez expone el proceso y argumenta el por qué considera que Martínez debe ser removido de la lista.

El exdirector del Centro de Gobierno fue sancionado el 1 de diciembre del 2023 por estar supuestamente involucrado en cobro de sobornos a cambio de contratos del Estado, entre estos el de las vacunas Sputnik que Guatemala le compró al gobierno de Rusia, pero la demanda sostiene que el gobierno de Guatemala no lo ha ligado al caso directamente y que las autoridades de turno que hicieron públicas las anomalías de la compra tampoco lo ligaron directamente.

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A los tres días de haber sido sancionado con la Ley Magnitsky, Martínez solicitó por la vía administrativa directamente a la Ofac ser removido, y hasta septiembre último la agencia no ha procedido con la solicitud del exfuncionario. En la demanda relata que se han hecho solicitudes de información y se ha respondido a ellas, aunque la Ofac no lo ha eliminado. Por eso, la petición fue elevada a la Corte, señalando que la Ofac ha retrasado la solicitud justificando que está “muy ocupada”.

El abogado consigna que debido a que la petición solo puede realizarse administrativamente a través de la Ofac, y en vista de la falta de acciones en tomar una decisión, se acude al sistema judicial.

Cuando Martínez fue sancionado, el Departamento del Tesoro lo consideró “uno de los funcionarios no electos más poderosos” del gobierno de Giammattei, influyendo en los procesos de compras ilegalmente fuera de Guatecompras en busca del beneficio propio.

Pruebas

La demanda presenta como pruebas que el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Garnica, cuando presentaron a la prensa la denuncia sobre la compra de las vacunas Sputnik hicieron referencia a que no se tenían señalamientos directos en contra de Martínez ni pruebas de su vinculación —incluso respondiendo a preguntas al respecto—, y que es el Ministerio Público (MP) el encargado de investigar y deducir responsabilidades.

También presenta que en entrevistas a medios de comunicación la exministra de Salud, que fungió en el periodo en el que se realizó la compra, no lo vinculó tampoco en las negociaciones. Así mismo, que Garnica ha declarado a medios que no se han descubierto anomalías de que Martínez incurrió en ilegalidades cuando fue funcionario.

Schacht, el abogado de Martínez, asegura en el documento que como abogado defensor ha solicitado pruebas sobre la inclusión del exfuncionario en la lista y se han recibido respuestas por escrito que no justifican la decisión sustancialmente.

“Aparenta que Estados Unidos no tiene pruebas creíbles y reales de que Martínez ha violado la ley, pero está envuelto en una persecución política en su contra”, se lee en el documento legal.

Agrega que se ha afectado “enormes” daños económicos por no poder acceder al sistema global financiero y que al enlistarlo la Ofac le causó daños “irreparables de reputación y financieros” a su familia indirectamente.

Solicitud

De acuerdo con el documento, por siete meses se mantuvieron comunicaciones con la oficina estadounidense requiriendo que fuera removido de la lista y remitiendo la documentación que se le solicitaba.

• Se envió una misiva Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de la oficina el 4 de diciembre.
• Luego el 28 a la Ofac debido a que Neslon no respondió.
• Posteriormente, el 25 de marzo la agencia requirió información sobre Martínez la cual se respondió los tres días -aunque no se detalla qué se solicitó-.
• Así fue como 15 días después Martínez volvió a solicitar la remoción de la sanción debido al envió de sus documentos.
• Un día despúes la Ofac solicitó más información sobre el exfuncionario, la cual se remitió más de 20 días despúes.

Malas Mañas trafica con migrantes, procedentes sobre todo de Guatemala y El Salvador, a los que hace entrar de forma ilegal en Estados Unidos a través de la frontera con México, afirma el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

Radicada en Sonora, en el noroeste de México, la organización se dedica asimismo al tráfico de armas y de drogas, como fentanilo, cocaína y metanfetamina, añade.

La investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro se llevó a cabo en coordinación con el gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera.

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Washington estima que Malas Mañas está integrada por cientos de miembros, incluidos sicarios, que suelen vestir gorras y camisetas con el lema de la organización “SQLD” (abreviatura de “solo que lo dudes”) y el logotipo, un emblema en forma de sol con un soldado en el centro.

El fundador de Malas Mañas, Román Figueroa, detenido por las autoridades mexicanas, trabaja en estrecha colaboración con el líder del cártel de Sinaloa, Sergio Valenzuela Valenzuela, alias “Gigio”.

NEW: Following an investigation by @HSI_HQ, the @USTreasury Office of Foreign Assets Control sanctioned the Malas Mañas transnational criminal organization, a human smuggling and narcotics trafficking organization based in Sonora, Mexico https://t.co/4uGPztNQC7 pic.twitter.com/0rBbdhWHn5

— Homeland Security (@DHSgov) December 14, 2023

La OFAC también sancionó a dos personas que trabajan para Malas Mañas: Luis Eduardo Román Flores, hermano de Román Figueroa, y Joel Alexandro Salazar Ballesteros.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

El departamento de Justicia estadounidense informó además que el 29 de noviembre un jurado federal acusó formalmente de 11 cargos a personas vinculadas a Malas Mañas.

Se trata de los mexicanos Jorge Damián Román Figueroa, Luis Eduardo Román Flores, Manuel José Bernal, Joel Salazar Ballesteros y Jesús Armando González Villela, acusados de tráfico de personas y de droga y de posesión de un arma.

Through whole-of-government efforts targeting cartels and smugglers like the Malas Mañas, we are disrupting the illicit financial networks of criminals who profit off of vulnerable migrants and devastate our communities with fentanyl and other dangerous narcotics. https://t.co/CfMv7pp9rv pic.twitter.com/bJGEucfhun

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) December 14, 2023

“Estos acusados trabajaron con el cártel de Sinaloa para enviar fentanilo y otras drogas mortales a Estados Unidos“, denunció la directora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Anne Milgram, citada en un comunicado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, otorgó una licencia a ambas empresas a inicios de octubre, luego de que en noviembre de 2022 las incluyera en una lista de entes sancionados, considerando que tras un proceso de investigación que duró aproximadamente un año, se decidiera concederles una licencia, lo cual significa que pueden reanudar operaciones tanto de producción, como de exportación.

No obstante, se requiere una licencia de credenciales de exportación por parte de la Dirección General de Minería sin la cual, las empresas no pueden procesar material, la que tiene vigencia por un año.

Marco Aceituno, presidente de CGN-Pronico, informó en conferencia de prensa, que cuando fueron incluidos en la lista OFAC, no estaban en funcionamiento ni operación, pero una vez levantada la restricción, solicitaron el documento al MEM, el que no lo ha extendido. Cuando eso suceda, podrán reactivar toda la cadena productiva en sus plantas, lo que incluye la contratación de personal en el área de influencia de la minera.

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Para esta semana prevista una reunión de seguimiento con funcionarios del MEM, para conocer las posturas, ya que se encuentra en Guatemala el director legal de Solway Investment Group, Denis Gerasen, y el director financiero, Arnen Isaakyan, quienes expusieron que se han dejado de despachar una 25 mil toneladas métricas de níquel y de percibir por lo menos US$400 millones desde noviembre del año pasado

Prensa Libre consultó al MEM sobre el particular, pero al cierre de nuestra edición, no hubo respuesta.

Los diputados Allan Rodríguez y Jorge Estuardo Vargas Morales, así como el extitular de la cartera de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang Navarro, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta relación con actos de corrupción, y para la OFAC tienen una característica particular, que son “operadores”.

Rodríguez fue presidente del Congreso en el primer y segundo año del gobierno actual, y llegó por el distrito de Sololá por Vamos, mientras que Vargas Morales es el actual jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En ambos casos, uno es cercano al presidente Alejandro Giammattei Falla, y el otro a Sandra Torres Casanova, quien mantendría una alianza con el oficialismo.

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En el caso de Chang Navarro, quien fue ministro durante el mandato de Jimmy Morales, estaría más asociado al tema de minería, ya que el pasado 18 de noviembre fueron incluidos en la lista Ofac el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, por el papel que han desempeñado en la explotación del sector minero, sobre todo en Izabal.

Mensajes directos

“Es un mensaje muy evidente del gobierno de Estados Unidos: nos preocupa el oficialismo, ciertos operadores del oficialismo, y nos preocupa los aliados que forman parte de esa alianza”, comentó el analista político independiente Renzo Rosal.

Rodríguez, quien ahora se mantiene de bajo perfil, fue un operador evidente en la primera etapa de este gobierno, particularmente durante la pandemia, y todo lo que hizo como miembro de la Junta Directiva del Congreso se vio como “operador del Ejecutivo mismo”, dijo Rosal. “El mensaje es ‘hoy lo estamos castigando e involucrando, pero sabemos que no operó por cuenta propia’”.

En tanto, Vargas Morales es para EE. UU. el principal operador de Torres Casanova, y el señalamiento se extiende a la persona que le ha brindado la confianza, y finalmente para Chang Navarro, se interpreta que “se tiene bajo observación permanente la actuación de diferentes operadores del gobierno anterior; no lo estamos olvidando y los tenemos en la mira a este gobierno, sus aliados y al anterior administración que al final de cuenta terminaron siendo los mismo”, puntualizó Rosal.

Estados Unidos “no olvida”

Roberto Wagner, internacionalista y catedrático universitario, explicó que colocar a Rodríguez en esta lista cuando ya no es presidente del Congreso y está en segundo plano, y que el año entrante no vaya a figurar, “es como decir que no se va a señalar directamente a personas del gobierno, pero sí a alguien que estuvo cerca al presidente”.

En cuanto a Vargas Marales y Chang Navarro hay cuestiones más estratégicas, añadió, sobre todo en el sistema portuario y de recursos naturales, “que es una preocupación de temas estratégicos de lo que entra y sale de los puertos, las licitaciones mineras a quienes se están entregando, y una cosa es que se entreguen contratos a firmas canadienses o francesas, y que aparezcan otras figuras de Rusia o de China”.

“Los Estados Unidos están diciendo que están presentes, echando un ojo, y no se están tocando actores tan cercanos, pero están diciendo que ahí están. Pueda ser que ahora sean las minas, pero más adelante con el tema de las vacunas”, afirmó Wagner.

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El internacionalista Roberto Santiago Servent, afirmó que el mensaje va dirigido no solo a los actores políticos sino también a financistas, roscas de poder, y va en detrimento de la corrupción que se alzado en los últimos ocho años.

Más listas a futuro

Los consultados no descartaron que al iniciarse la campaña política se pueda sacar otra lista para debilitar a actores que son pilares esenciales de las organizaciones políticas, y que son altamente cuestionados.

“Habrá personajes que buscarán la reelección, y la calificación será determinante por parte del órgano electoral”, aseveró Rosal.

Si los partidos políticos ya tenían organizados sus equipos, con estas listas, se tendrá hacer cambios y reconfiguraciones internas, “y son recordatorios de Estados Unidos que están presentes y que se les está dando la pista”, concluyó Wagner.

En un comunicado publicado este 9 de diciembre de 2022, la OFAC menciona que en un reconocimiento del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, se está sancionando a más de 40 personas y entidades que están relacionadas con la corrupción y abusos de derechos humanos en nueve países, entre ellos Guatemala.

“En el transcurso de 2022, el Tesoro tomó numerosas medidas para promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos y los actores corruptos en todo el mundo, incluidas sanciones a docenas de personas y entidades”, se lee en el comunicado.

Agrega que se utilizaron varias herramientas y autoridades, incluida la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, para demostrar el enfoque del gobierno de EE. UU. en promover el respeto por los derechos humanos y contrarrestar la corrupción.

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En Guatemala

En Guatemala, la OFAC detalló que las sanciones son para Allan Estuardo Rodríguez Reyes, a quien identifica como “Rodríguez”.

Según el comunicado, Rodríguez, “utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros. Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”.

En cuanto al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales, el comunicado especifica que “es un congresista guatemalteco y uno de varios individuos en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal. Supervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor. Además, Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”.

El comunicado agrga que “Luis Alfonso Chang Navarro ( Chang ), fue Ministro de Energía y Minas de 2016 a 2020; además, como Ministro de Energía y Minas, Chang era el jefe del directorio del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INDE) y usó su posición para asegurar sobornos. Solicitó sobornos y otros favores a cambio de no revocar una licencia de explotación petrolera. El modus operandi de Chang era usar su posición como Ministro para “crear problemas” a un negocio y luego ofrecer una solución a cambio de sobornos y otros favores ilegales”.

Según la OFAC, los dos diputados y el exministro fueron designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o son cómplices, o tienen relación directa o indirectamente en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

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“Los actores corruptos y los violadores de los derechos humanos dependen de las deficiencias del sistema financiero internacional para perpetrar sus actividades”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según lo refleja el comunicado.

“Durante el año pasado, el Tesoro ha hecho de la lucha contra la corrupción y los abusos graves contra los derechos humanos una prioridad máxima, incluso mediante el uso de sanciones financieras y abordando las vulnerabilidades en los sistemas financieros estadounidenses e internacionales. Al exponer el comportamiento atroz de estos actores, podemos ayudar a interrumpir sus actividades, desmantelar sus redes y privarlos de recursos”, se lee en el documento.

“Estados Unidos se compromete a tomar medidas coherentes con sus valores y reconoce que el respeto de los derechos humanos es un requisito previo para la paz, la seguridad y la prosperidad mundiales”, señala la información.

Segunda designación

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves 1 de julio del 2021 un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

En el caso de Guatemala fueron designadas 20 personas, entre las que se incluía ya al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales.

El listado

En esa ocasión las 20 personas señaladas por EE. UU. y a quienes se les retiró la visa hacia ese país incluía a:

1. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara: exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.
2. Felipe Alejos Lorenzana: diputado del Congreso de la República.
3. Delia Bac Alvarado: exdiputada del Congreso de la República.
4. Florencio Carrascosa Gámez: exalcalde de Joyabaj, Quiché.
5. Álvaro Colom Caballeros: expresidente de Guatemala.
6. Manuel Duarte Barrera: magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
7. Boris Roberto España: diputado del Congreso de la República
8. Mario Amílcar Estrada Orellana: excandidato presidencial.
9. Raúl Falla Ovalle: abogado.
10. Moises Eduardo Galindo Ruiz: abogado.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez: abogado.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo: empresario señalado de estafa.
13. Ricardo Méndez Ruiz: director de la Fundación contra el Terrorismo.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya: exjuez Tercero Penal.
15. Alejandro Sinibaldi Aparicio: excandidato presidencial.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Rosa Rodríguez: viceministro de Comunicaciones.
17. Blanca Aída Stalling Dávila: exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas: exministro de Cultura y Deportes.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales: diputado del Congreso de la República.
20. Néster Mauricio Vásquez Pimentel: magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

De acuerdo con GFI, con sede en Washington, “los Huistas” son una poderosa organización dedicada al tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, corrupción, trata de personas y tráfico de migrantes y cuyos miembros aprovechan el control de su zona de influencia -a lo largo de la frontera de Guatemala y México, en Huehuetenango- para lavar por medio de las economías locales.

GFI respondió varias interrogantes con base a los resultados de su informe, en el cual destaca que “los Huistas” tienen “conexiones poderosas” a escala nacional e internacional.

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¿Cómo hay que comprender la estructura denominada “los Huistas” en Huehuetenango?

“´Los Huistas´ es un grupo criminal que opera en zonas remotas y montañosas de Huehuetenango, cerca de la frontera con México. Este grupo ha sido acusado por estar presuntamente relacionado con el tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y corrupción, así como la trata de personas y el tráfico de migrantes. Como parte de estas actividades ilícitas, el grupo aprovecha su control territorial sobre la zona de la frontera y lo convierte en beneficio económico. Los ingresos obtenidos por estas actividades ilícitas usualmente son lavados a través de las economías locales”.

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“A pesar de ubicarse en un área remota y cerca de la frontera, “los Huistas” tienen conexiones poderosas a nivel nacional e internacional. Para mencionar algunas, podríamos señalar la relación con la familia de la exvicepresidenta del Congreso de Guatemala, Sofía Hernández Herrera, una relación que ha sido señalada por diferentes medios de comunicación como Prensa Libre, InSight Crime, Guatevisión, Plaza Pública y El Periódico, entre otros. “Los Huistas” también tienen relación con diferentes representantes guatemaltecos de Parlacen, el Parlamento Centroamericano, e incluso a nivel internacional con el Cartel de Sinaloa, con quienes podrían tener nexos de narcotráfico, según varias fuentes de información.

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¿Cuáles son los instrumentos, canales y tipologías en las cuales está estructura comete el posible lavado de dinero?

“Los métodos para lavar dinero utilizados por “los Huistas” son relativamente simples: ellos mezclan el dinero sucio con el dinero proveniente de negocios locales con un elevado volumen de efectivo (‘cash intensive businesses’), en un intento por disfrazar su origen. En 2018, la Cicig denunció un caso en el que se evidenciaba que ‘los Huistas’ usaban métodos como el contrabando de efectivo a granel y justificaban la alta cantidad de efectivo comprando y vendiendo equipamientos de construcción. Presuntamente, ‘los Huistas’ también eran propietarios de un gran complejo recreativo y comercial, con parque acuático, centro de convenciones, estaciones de servicio y restaurante. Se cree que este lugar sirvió para lavar el dinero ilícito, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por fuentes del diario El Periódico”.

“Adicionalmente, el grupo apareció relacionado con otros negocios como hoteles, resorts y restaurantes. Aparentemente, notarios y abogados les ayudaron a lavar el dinero, de acuerdo con los archivos de la Cicig que se encuentran públicamente disponibles.

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¿Por qué es de relevancia esta agrupación en cuanto al narcotráfico, blanqueo de dinero u otros delitos conexos presentados en el documento de GFI?

“Aunque hay múltiples grupos criminales operando en Guatemala, los informes de GFI han considerado a ‘los Huistas’ un ejemplo importante por dos razones. En primer lugar, ‘los Huistas’ son un claro ejemplo de cómo la corrupción conduce a la impunidad. Sus actividades ilícitas son un secreto a todas voces en Guatemala.

“Muchas veces han levantado cargos en su contra, pero han llevado a pocas condenas. Esto se debe a que ´los operadores locales tienen contactos con políticos a nivel nacional, que aparentemente les han ayudado a despejar el camino para salir de los problemas judiciales´, como lo afirma InSight Crime en uno de sus reportes. Por ejemplo, en 2021, el Ministerio Público alegó que un exfiscal ayudó a cambiar el curso de una investigación para protegerlos. Incluso uno de los abogados que presuntamente ayudó a esta organización es el exdirector del Sistema Penitenciario de Guatemala, lo cual es sumamente preocupante”.

“En segundo lugar, ‘los Huistas’ son un ejemplo de cómo los crímenes financieros ocurren en las zonas rurales. Como lo sugiere este caso, generalmente los crímenes financieros son tan sofisticados como necesiten serlo. En zona rural, con poca presencia estatal, estos se dan fácilmente y de manera abierta. Se observan y detectan con facilidad porque sus métodos son muy simples. Sin embargo, esto no los hace fáciles de detener, dado que en estos contextos de poca presencial estatal y voluntad política, sea hace muy difícil combatirlos”.

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GFI tiene alguna estimación de ¿cuánto (US$) representa el lavado de dinero en Guatemala y Centroamérica provenientes del narcotráfico?

“Un informe reciente de Global Financial Integrity (GFI) para la Comisión de Política de Drogas para el Hemisferio Occidental (‘’Western Hemisphere Drug Policy Commission”), estimó que el valor del tráfico de drogas entre Estados Unidos, México y Colombia alcanza los US$85 mil millones al año”.

“Desafortunadamente Guatemala se encuentra en el medio de este panorama. GFI estima que al menos 90% de las drogas que vienen de Suramérica a los Estados Unidos están siendo traficadas a través de Guatemala. Esto lo pone en la mira del tráfico de narcóticos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.

¿Una descripción en general (diagrama) como se mueve este flujo?

“No hay método alguno que escape los límites del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, sin embargo, algunos de los más populares están relacionados con el tráfico de oro, incluyendo su minería ilegal, contrabando y refinación, así como también a través de ventas de oro que solo existe en el papel. Otros métodos importantes son las empresas estatales (SOEs, en inglés), el lavado de dinero a través de comercio internacional (TBML, en inglés), el contrabando de dinero en efectivo, los profesionales del lavado de dinero y el uso de los negocios con producción intensiva de dinero en efectivo (‘cash intensive businesses’). Se utiliza el contrabando de dinero en efectivo, principalmente de dólares, cuanto más cerca está la jurisdicción de los Estados Unidos”.

“La prominencia de profesionales chinos del lavado de dinero o “brokers” en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico latinoamericano se ha venido intensificando en los últimos años, usando frecuentemente esquemas de lavado de dinero a través de comercio internacional (TBML) para mover el valor de los ingresos de la droga entre jurisdicciones. Dado que el narcotráfico se basa en gran medida en efectivo, operar negocios intensivos en efectivo, como clubes nocturnos o tiendas de comestibles y de conveniencia, es otro método popular para lavar dinero”.

“Usualmente las mismas rutas designadas para el tráfico de drogas (sea vía marítima, área o terrestre) también se usan para mover el dinero de regreso si están lo suficientemente bien establecidas. Por ejemplo, así como la cocaína llega a Francia procedente de Venezuela, a través de Dominica y las islas francesas de Guadalupe y Martinica, así mismo se devuelven los euros producto de sus ventas de regreso a Venezuela”.

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¿Por qué Guatemala y Centroamérica son territorios claves para el narcotráfico?

“Centroamérica es una de las tres rutas principales que tejen puentes entre Suramérica y los principales compradores de droga. La ruta Estados Unidos – Centroamérica es considerada la ruta principal, dado que permite a los traficantes movilizar la droga por vía marítima, área o terrestre a través del Caribe Occidental y el Pacífico Oriental”.

“Para el caso de Guatemala, el tráfico es principalmente aéreo (particularmente a través de jets privados), desplazando las tradicionales rutas marítimas. Cabe señalar que la producción de coca, amapola y marihuana en Guatemala es muy limitada, así como la producción de cocaína en laboratorios. Pero los altos niveles de corrupción del país, como en toda Centroamérica, amenazan la efectividad e integridad de las instituciones públicas (como las de corte judicial), lo que incrementa la influencia de los traficantes de drogas y otros criminales”.

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¿Cuáles son las principales recomendaciones que GFI brinda para contrarrestar este delito?

“Las principales recomendaciones que le podemos hacer a Guatemala para seguir combatiendo el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero relacionado con el mismo incluyen: Los programas antinarcóticos necesitan reconocer la presencia de corrupción en los ecosistemas en los que operan e implementar medidas para mitigarla, explorar la posibilidad de establecer cortes que se dediquen exclusivamente a atender casos relacionados con delitos financieros, con fiscales, jueces y abogados capacitados para atender esta materia y aprobar leyes y normativas que tiendan a la creación de registros de beneficiarios finales que recojan la información de los “dueños reales” de los negocios para promover la transparencia.

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Una persona o empresa que sea señalada en la Ley Magnitsky que sea proveniente de Guatemala, El Salvador y/o Honduras, tendría implicaciones sancionatorias, expusieron especialistas durante el foro “Acciones de EE. UU. contra la corrupción y el lavado de dinero: Consecuencias para las inversiones, negocios y empresas”, que organizó la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).

Tan solo el pasado 27 de junio finalizó el periodo de 180 días -seis meses- que estableció el Congreso de Estados Unidos, para presentar una estrategia de cinco años para reducir la migración irregular del Triángulo Norte de Centroamérica, y parte de esas acciones deberán incluir en un apartado “no clasificado” de personas que hayan participado en corrupción, obstrucción significativa a las investigaciones, o en procesos que socaven las instituciones democráticas, informe que se le conoce como “Lista Engel”.

Presión por sanciones

El colombiano Javier Coronado, experto en temas de lavado de dinero, declaró que se ha observado un incremento en la atención de EE. UU. frente a los fenómenos de corrupción y lavado de dinero en Centroamérica, e ilustró que en los últimos seis meses se han incrementado las acciones encaminadas a atacar los fenómenos delictivos. 

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Entre esas acciones que aprobó el Congreso de EE. UU. en diciembre del 2020 se encuentra que el Departamento de Estado deberá presentar una serie de informes y documentos sobre la situación en la región, y dentro de esos requerimientos están las investigaciones por corrupción y lavado de dinero, y los posibles participantes en estas actividades.

“La esperada Lista Engel saldrá atendiendo el plazo que le puso el Congreso al Departamento de Estado para presentar este reporte. El Congreso le dio autoridad adicional al Departamento del Tesoro para imponer sanciones en contra de las personas que han participado en hechos de corrupción, sobornos, extorsión o facilitación de transferencias de dinero proveniente de corrupción”, subrayó el experto.

Coronado advirtió en el foro que las personas que salgan en la “Lista Engel” serán sujetas a estas sanciones.

Planes de cumplimiento

El abogado Michael Díaz, Jr, de la firma Díaz Reus de Estados Unidos, declaró que todas estas herramientas siempre se han tenido por parte los departamentos de Estado y del Tesoro, pero lo nuevo es que “por fin van a hacer cumplir estas leyes utilizando mecanismos antilavado de dinero.

Enfatizó que las acciones de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, en inglés), tienen múltiples consecuencias: primero la revocación de las visas para viajar a EE. UU.; luego, la congelación de los activos que se pueden ampliar a la familia y en general el bloqueo con la economía de ese país.

El problema, aseveró, es que muchas personas tienen cuentas en el exterior, pero muchos de esos bancos tienen relaciones corresponsales con bancos de EE. UU., específicamente si las cuentas son en dólares. Aclaró que las consecuencias pueden ser penales.

Marta Colomar, integrante del mismo bufete, aseguró que las empresas guatemaltecas deben estar pendientes de las políticas de sanciones económicas de EE. UU., y lo ideal es que las compañías tengan un programa de cumplimiento para evitar las consecuencias, y capacitar a los inversionistas, gerentes, accionistas y directores para evitar que estas sanciones.

Coronado recordó que, con la nueva ley de lavado de dinero de EE. UU., se puede solicitar información de cualquier cuenta, de cualquier banco, siempre y cuando se tenga una corresponsalía y las empresas deberán hacer público una vez al año quiénes son los beneficiarios finales de las empresas.

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“Ahora es una obligación revelar los nombres de los beneficiarios, y para las agencias federales significa contar con más información”, precisó durante el foro.

Casos

El reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) -unidad de inteligencia financiera- señala que, hasta el 18 de junio de 2021, se han denunciado Q958 millones por lavado de dinero, 75 denuncias y ampliaciones de denuncias, y dos mil 328 reportes de transacción sospechosa y 543 personas involucradas.

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Parte del alcance es que las compañías presenten a la información específica sobre sus beneficiarios reales, las personas físicas individuales que los poseen o controlan, así como información sobre las personas que forman o registran dichas sociedades informantes.

La medida se implementará por medio de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) que tiene relación con la Ley de Secreto Bancario (BSA) en EE. UU.

Relevancia

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), dijo que se trata de un mayor monitoreo de crímenes financieros y que aplicará a cualquier ciudadano.

El alcance más significativo será para conocer información en ciertas circunstancias del beneficiario final, así como el intercambio de información con entidades financieras.

Recordó que estas medidas forman parte de un paquete que se aprobó en 2020 y 2021 para el fortalecimiento al monitoreo de los beneficiarios finales de las actividades ilegales, que puede ser estadounidense o extranjero y que haya utilizado el sistema financiero para posibles prácticas de lavado de dinero u ocultar ingresos procedentes de actividades ilícitas.

Las leyes que se implementaron son Transparencia Corporativa (CTA) y la Ley de Defensa en Contra del Lavado de Dinero, según el presidente de AmCham.

Citó como ejemplo que, para un ciudadano local o extranjero que posea cuentas a nombre de empresas, los bancos estadounidenses estarían sujetos a un monitoreo más amplio por parte del FinCEN.

“Estados Unidos está robusteciendo las herramientas para detectar actividades ilegales y brindarle el seguimiento al dinero”, aseveró.

Preocupación

El analista en relaciones internacionales, Roberto Wagner, afirmó que Estados Unidos mantiene muchas preocupaciones por la influencia de Rusia, Irán, ya que a su criterio, durante la administración Trump, no se le dio el seguimiento a funcionarios en diferentes países sobre hasta qué punto pueden estar llevando financiamiento ilícitos, lavado de dinero o al terrorismo.

Por otro lado, dijo que la administración de Joe Biden está interesada en promover la transparencia y distanciarse de otros gobiernos.

Añadió que no sorprendería que podría salir algún funcionario del gobierno de Honduras o de Guatemala, y que se presente como el gran trabajo que se está realizando contra la corrupción.

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Los registros señalan que la guatemalteca recobró su libertad el pasado 27 de febrero de la cárcel de Tallahassee, Florida, y en la actualización de la Ofac de este 1 de agosto fue oficialmente retirada.

“Estados Unidos cumplió con su parte, el trato con ella y la excluye del grupo de la Ofac que era el último eslabón de los acuerdos”, comentó ayer una fuente.

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En un boletín del 2012, Chacón Rossell, originaria de Santa Rosa, el Departamento del Tesoro la había señalado como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica” y “la lavadora de dinero más activa en Guatemala”.

El 26 de febrero, pero del 2017, la Ofac también retiró de la lista de sanciones a Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, alias Bingotón y su principal socio de “La Reina del Sur”, en la creación de empresas que supuestamente se utilizaron para lavar el dinero producto de las actividades del narcotráfico en el país.

Borrayo Lasmibat y su esposa, Mirza Hernández, y Chacón Rossell, habrían aportado unos US$2 millones para la campaña de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías.

Además de la guatemalteca, también fueron excluidos otros narcotraficantes de México y Colombia, según la actualización de la Ofac.

¿Qué fue lo que negoció?

A decir de Walter Menchú, analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), este movimiento tiene varias lecturas, sobre todo por lo que pudo haber dicho a las autoridades en los Estados Unidos, los casos que se nutrieron y lo que posiblemente se está armando contra exfuncionarios.

Chacón Rossell se entregó en Miami en 2014, precisamente cuando a asumió el Partido Patriota (PP) y se le vincula con la exvicepresidenta Baldetti Elías y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quienes pudo haber delatado en casos de narcotráfico.

El analista recordó que son acuerdos que se tienen, pero nunca son públicos y que, a la larga, nunca se llegan a conocer, por lo que cada pacto es un arma de doble filo.

“A los Estados Unidos le sirve como una herramienta y con grandes objetivos para develar el involucramiento para otro tipo de personas en esas actividades criminales”, afirmó.

También puede ser un incentivo para los actuales jefes de esos grupos, para una posible forma de acogerse a algunos de esos beneficios, que al final son de gran ayuda para EE. UU.

Hay un incentivo para este tipo de acuerdos y el fin que producen, ya que al final, el trasiego de drogas es complejo derivado de que existe una gran demanda por Estados Unidos y que la esa demanda sigue creciendo.

En cuanto a la estrategia de Estados Unidos en este tipo de acuerdos, la reciente condena del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán a cadena perpetua, es un mensaje fuerte de la magnitud del castigo cuando hay una condena de por medio.

“Es una lectura difícil en el combate de estos delitos y la postura de Estados Unidos, si se va a ceñir a ella en los diferentes casos”, agregó.

El Miércoles Santo último, el político y candidato a la presidencia Mario Estrada, fue detenido en Estados Unidos por nexos con el cartel de Sinaloa, bajo los cargos de presuntamente haber solicitado dinero a este grupo para la compaña y a cambio, daría apoyo para el trasiego de drogas.

También por la supuesta planificación de atentar contra competidores para conseguir la presidencia.

En todo caso, afirmó Menchú, será interesante conocer cuándo, cuántos y el momento en que los EE. UU. active los casos contra exfuncionarios o personas que pudieron haber sido delatadas e involucradas con Chacón Rossel.

Entramado de empresas

Más de 20 de empresa salieron del listado de la Ofac y que eran propiedad de Chacón Rossell, entre estas, hoteles, restaurantes, bienes inmuebles, comercializadoras y agropecuarias.

También salones de belleza, constructoras, loterías, alquileres y de inversiones, que estaban inscritas en Guatemala, Honduras y Panamá.

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A manera de precedente, en el juicio por narcotráfico en Estados Unidos contra el clan Lorenzana, (marzo del 2016), Chacón Rossel reconoció que en diez años lavó dinero por US$200 millones para tres carteles colombianos y que había logrado una renta de US$40 millones.

Perfil

Marllory Dadiana Chacón Rossell es originaria de la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa y es madre de siete hijos. Nació el 10 de abril de 1972 y creció en un ambiente de clase media.

Desarrolló habilidades en negocios y comercio y en 1990 se involucró en el narcotráfico en una red de lavado de dinero.

En Guatemala fundó la lotería Bingotón Millonario, que fue utilizada para el blanqueo de dinero.

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Aunque se desconoce quiénes podrían integrar esa lista, sobresale que pueden ser ciudadanos que no se encuentren en prisión o que enfrenten un proceso penal.

Varios congresistas estadounidenses habían pedido aplicar la Magnitsky Act a guatemaltecos que se resisten en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Se prevé que el anuncio se haga entre el 11 y 31 de diciembre próximos, según la firma de abogados estadounidense Diaz Reus.

La Magnitsky Act se aplicaría a guatemaltecos sospechosos de actividades relacionadas con la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.

Actualmente se encuentran en la lista negra de la OFAC la narcotraficante Marllory Dadiana Chacón Rossell y varias empresas de la familia Lorenzana de Zacapa.

En el listado también figuran los guatemaltecos Jairo Orellana, Horst Walter Overdick Mejía y Daniel Pérez Rojas.

La Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o Ley Magnistky Act autoriza sanciones financieras y restricciones de visa a extranjeros que cometieron violaciones a los derechos humanos y graves actos de corrupción.

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Es una ley aprobada en Estados Unidos en 2012 y en un inicio fue aplicada a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Sergei Magnitsky, en noviembre de 2009, quien denunció la corrupción en su país.

El último guatemalteco que salió de la lista negra de la Ofac fue Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, alias Bingotón, el principal socio de Marllory Chacón Rossell, conocida como la Reina del Sur, en la creación de empresas que supuestamente se utilizaron para lavar dinero producto del narcotráfico en Guatemala.

Una corte federal de Miami condenó a 12 años de cárcel a Chacón Rossell en mayo de 2015, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

La guatemalteca se declaró culpable y se comprometió a brindar toda la información, entregar documentos y grabaciones; así como acudir a las audiencias a las que sea requerida.

Aun así, los ingresos de los hogares fuera del 1% más acaudalado parecen estarse recuperando finalmente de la Gran Recesión, que acabó oficialmente hace siete años. Teniendo en cuenta la inflación, sus ingresos promedio subieron 3,9% el año pasado, a 48,768 dólares anuales: el mayor incremento desde 1998. En contraste, en el período de 2008 a 2011, cuando la economía estaba varada en recesión, los ingresos para el 99% cayeron.

“Fue realmente el mejor crecimiento anual para el 99% desde finales de la década de 1990”, dijo Sáez. “Al mismo tiempo, los máximos ingresos subieron a una tasa más rápida, lo que causó una inequidad aún mayor, que continúa siendo una tendencia alarmante”.

La inequidad de ingresos ha sido un tema central en las elecciones de 2016, con más estadounidenses temerosos y furiosos por la declinación de la clase media.

El republicano Donald Trump ha prometido restaurar la prosperidad anulando acuerdos comerciales internacionales y usando aranceles para regresar empleos manufactureros al país. Hillary Clinton dice que respalda que haya salarios mínimos más altos y una opción para la educación universitaria que signifique no endeudarse.
Gran parte del debate ha sido alimentado por estudios realizados durante años por Sáez y su colaborador Thomas Piketty.

Los datos del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) examinados por Sáez muestran que la brecha de ingresos es aún mayor para los superricos: el 0,1% más acaudalado. Sus ingresos subieron 9%, a un promedio de 6,75 millones de dólares anuales.