Consuelo Porras se reúne con comisión de CIDH que monitorea “debilitamiento” democrático

Delegados de la CIDH se reunieron con la fiscal general Consuelo Porras y otros fiscales para tratar asuntos relacionados con el “debilitamiento” democrático, tema central de la Comisión.

César Pérez Marroquín y AGENCIA AFP

25 de julio de 2024

|

21:50h

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La fiscal general Consuelo Porras y otros fiscales del MP se reúnen con delegados de la CIDH que visitan Guatemala. (Foto Prensa Libre: MP)

Delegados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que monitorean el “impacto” del “debilitamiento” de la democracia en el país, atizado por polémicas acciones del Ministerio Público (MP), se reunieron este jueves 25 de julio con la jefa de la Fiscalía, María Consuelo Porras Argueta.

En junio de 2022, en medio de una ola de detenciones de exfiscales antimafias a petición de la Fiscalía, la CIDH añadió a Guatemala en su lista negra de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, en la que figuran también Cuba, Venezuela y Nicaragua, por lo que el país está bajo la lupa de organismos internacionales.

“El propósito de esta visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada” en 2017, dijo a la prensa la relatora de la CIDH para Guatemala, Andrea Pochak.

“Ello, con especial atención a su impacto en la situación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el sistema de administración de justicia, así como el impacto en la corrupción”, añadió.

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De esa cuenta, este jueves, la delegación de la CIDH se reunió con Porras en la sede del MP en el Barrio Gerona, zona 1 de la capital, un hecho que fue confirmado por el ente investigador, que emitió un comunicado.

“Las autoridades sostuvieron un diálogo transparente y respetuoso en donde pudieron conocer los resultados históricos y las acciones implementadas por para fortalecer al Ministerio Público y al sistema de justicia”, detalla el MP en el comunicado.

Agregó que “se intercambiaron impresiones sobre diferentes temas para que con ello el ente internacional pueda incluir en su informe información certera”.

También explicó que “la reunión tuvo por objetivo informar a la delegación de CIDH sobre las acciones realizadas por el Ministerio Público para garantizar y proteger los derechos humanos y la institucionalidad”.

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El documento refiere que Porras dio detalles sobre las acciones que se han realizado durante su administración para “fortalecer a la institución y al sistema de justicia en general”.

Les reiteró que el MP “es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional o internacional cuya función principal es investigar todos los hechos denunciados por la ciudadanía guatemalteca”.

Señaló que la Fiscalía “es autónoma, objetiva e imparcial, y no tiene ningún sesgo. Nuestra labor es analítica, técnica e investigadora, y siempre, alejada de presiones nacionales e internacionales”.

“La garantía de nuestro funcionamiento independiente permitirá consolidar la democracia en nuestro país, la promoción de una cultura de respeto y la protección a nuestros derechos humanos”, señaló Porras.

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La misión de la CIDH ofrecerá el viernes una conferencia de prensa para presentar las “observaciones preliminares” de su visita.

Participantes

La Fiscalía detalló que en la reunión, además de Porras, participaron por parte del MP Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario general; Érick Eduardo Schaeffer Cabrera, primer subsecretario general; Miguel Estuardo Ávila Vásquez, secretario contra la Corrupción; Otto René Santizo, coordinador del Sistema Informático Integrado; José Rafael Curruchiche Cucul, iscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci);  y Blanca Lily Cojulum, fiscal de sección de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Además, Brenda Guzmán, fiscal de Asuntos Internos; Ángel Saúl Sánchez Molina, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y Juan Luis Pantaleón, jefe de la Oficina de Información del Departamento de Información y Prensa.

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Detalla que por parte de la CIDH asistieron Roberta Clarke, presidenta; Tania Reneaum Panzi, secretaria ejecutiva; José Luis Caballero Ochoa, segundo vicepresidente; Arif Bulkan, comisionado; Andrea Pochak, relatora para Guatemala; Gloria Monique de Mees, comisionada; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva y Pedro Vaca Villareal, relator especial para la libertad de expresión.

Segunda condena para Virginia Laparra: Le dictan 5 años de prisión y multa de Q50 mil

El Tribunal Segundo de Sentencia de Quetzaltenango condenó a la exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra, en un segundo caso en su contra. Con esta, suma dos sentencias.

Hedy Quino, Lucero Sapalú y Redacción EFE

8 de julio de 2024

|

10:36h

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Este lunes 8 de julio se dictó sentencia en contra de Virginia Laparra, exjefa de la Feci Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Este lunes 8 de julio, el juez Moisés de León, del Tribunal Segundo de Sentencia de Quetzaltenango, dictó condena en contra de la exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra, por 5 años de prisión conmutables por el delito de revelación de información reservada, a razón de Q5 diarios.

También le impuso una multa de Q50 mil, la inhabilitó para ejercer su profesión como abogada por cinco años, y para trabajar como funcionaria pública por 10 años.

La exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, no regresará a prisión, ya que cuenta con medida sustitutiva.

Luego de la sentencia, en las afueras del Tribunal, un grupo de manifestantes rechazó la decisión del juez.

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“Es una segunda condena injusta”

Al finalizar el juicio, Laparra dijo que considera que la condena en su contra es injusta y no la comparte.

“No me considero, ni soy criminal. Pueden emitir todas las sentencias que quieran, pero Virginia Laparra no es una criminal, soy una persona con principios, con valores y sobre todo con dignidad”, declaró la exfiscal.

Por el delito que se le imputó en la condena, Laparra indicó que no otorgó información de fondo de procesos. Según la sentenciada, en redes sociales circula información del Ministerio Púbico (MP) sobre procesos que están bajo reserva y no entiende por qué en su caso hubo condena.  

“Virginia Laparra sigue, esto no cambia, modifica, mis planes de seguir adelante”, afirmó.

Imágenes: Lucero Sapalú

Antecedentes

El Ministerio Público (MP) llevaba el proceso contra la exjefa de la Feci con base a una única prueba, una publicación de un medio de comunicación y esta se refiere a una audiencia que se llevó a cabo el 4 de junio de 2017 en un caso donde estaba involucrado un exfutbolista.

El exfutbolista en ese entonces había sido capturado por supuesta extorsión; sin embargo, en una audiencia se buscaba llegar acuerdos para que pudiera ser colaborador eficaz en un caso contra la muni de Xela, durante la administración de Rolando Barrientos Pellecer.

Según el ente investigador, Laparra reveló información de las audiencias que estaba bajo reserva a los medios de comunicación.

Este es el segundo caso contra la exjefa de la Feci en Xela; las acciones en el primer caso dieron inicio luego de presentar denuncias administrativas contra el juez Lesther Castellanos, sancionado en la lista Engel.

Primera sentencia

Laparra permaneció detenida desde el 22 de febrero del 2022 y recobró su libertad en enero de 2024. El Tribunal Octavo de Sentencia encontró culpable a Laparra por abuso de autoridad y le impuso una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión conmutable en 2023.

Pronunciamientos

Estados Unidos criticó la condena contra la exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra por presuntamente divulgar información confidencial de un caso en 2017.

“La condena de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra a 5 años de prisión es otro ejemplo de los atroces ataques del Ministerio Público de Guatemala contra el Estado de derecho”, dijo en redes sociales el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

El diplomático estadounidense instó en el mismo mensaje “a las autoridades judiciales de Guatemala a que dejen de utilizar el sistema de justicia penal para perseguir a los defensores de los derechos humanos y la justicia”.

Diversas organizaciones, entre estas la Fundación para el Debido Proceso, CEJIL y ACTuando Juntas Guatemala, lamentaron la condena contra Laparra y ven “con preocupación que la resolución contiene una débil argumentación respecto al dolo en el caso en referencia”.

“La observación del proceso permitió evidenciar la carencia de argumentación respecto del dolo, lo cual implica la intención deliberada de cometer un acto ilícito o dañino. Su prueba requiere evidencias claras y contundentes que demuestren esta intención, lo cual no fue fehacientemente demostrado”, argumentaron.

Según las organizaciones, “la exfiscal ha sufrido una sistemática criminalización que evidencia el uso indebido del Derecho Penal, que ha sido una norma en Guatemala desde 2018 cuando llegó a dirigir el Ministerio Público la actual fiscal general Consuelo Porras, sancionada por corrupción por más de 40 países alrededor del mundo”.

“Este proceso refleja un particular ensañamiento de persecución por parte de estructuras de poder con el fin de obtener un castigo ejemplificador en contra de personas que han luchado contra la corrupción. Durante todo el proceso judicial, hemos observado la integridad y la dedicación de Virginia Laparra, defendemos su inocencia y continuaremos apoyándola en su lucha por demostrar la verdad y restablecer su buen nombre”, afirmaron.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como otras instancias internacionales y multilaterales han manifestado la “preocupación por la persecución infundada contra Virginia Laparra”.

Asesinato de seis personas en Santa Rosa estaría relacionado con narcomenudeo

De acuerdo con los socorristas, el hecho violento se registró la noche del martes 25 de junio y, entre las víctimas, se encuentra una adolescente.

Hedy Quino y Andrea Domínguez

26 de junio de 2024

|

10:23h

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Según investigaciones del MP, el inmueble donde ocurrió el crimen era un punto de venta de narcomenudeo. (Foto Prensa Libre: Página de Facebook Chimaltenango2.0)

Los Bomberos Voluntarios reportaron un ataque armado en Chiquimulilla, Santa Rosa, donde seis personas perdieron la vida, entre ellos una menor de edad, una mujer y cuatro hombres.

El suceso se registró la noche del martes 25 de junio, en el Callejón Las Palmeras, Barrio Santiago, Chiquimulilla, Santa Rosa.

Los socorristas agregaron que “en el interior de la vivienda, en el segundo nivel, en dos habitaciones se localizaron a las personas con múltiples heridas de bala, y al evaluarlas se determinó que habían fallecido”.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que los cadáveres ingresaron en la mañana de este miércoles 26 de junio, por lo que esperan tener detalles al finalizar el día.

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MP investiga posible venta de narcomenudeo

El Ministerio Público (MP) explicó que con anterioridad iniciaron una investigación por posible venta de narcomenudeo en el inmueble donde sucedió el crimen.

“Como antecedente, se indica que dicho inmueble se encuentra bajo investigación por posible venta de narcomenudeo”, detalló el MP.

Asimismo, informó que la Fiscalía Municipal de Chiquimulilla en Santa Rosa, “se encuentra procesando la escena del hecho, que ocurrió anoche entre las 19:30 y 20 horas en un inmueble de dos niveles ubicado en el caso urbano, Callejón Las Palmeras, Barrio Santiago, donde fueron localizados seis cadáveres, cuatro hombres y dos mujeres, una de ellas, adolescente de 15 años de edad”.

De acuerdo con el personal fiscal, en el lugar se localizaron entre 50 y 60 casquillos de arma de fuego calibre 9mm.

“Al momento han sido embalados envases de vidrio, latas de cerveza, muestras de recipientes con posible droga en líquido transparente, la cual fue enviada a laboratorio”, agregó el MP.

Identifican a las víctimas

El MP añadió que las víctimas fueron identificadas como:

• José Miguel Domínguez, 65 años.
• Oscar Ricardo Oliva, 35 años.
• Allan Enrique Esquite Domínguez, 20 años.
• Dulce Abigail Mestizo Morales, 15 años.
• Oscar Eduardo Esquite Domínguez, 24 años.
• Olga Janneth Ortiz Morales, 41 años.

Las diligencias continúan en búsqueda de elementos que fortalezcan la investigación y permitan individualizar vehículos y presuntos responsables del hecho, según el MP.

“Catrina” es sospechosa de ataque en San Miguel Petapa que dejó 3 muertos

El MP informó que investiga el hecho de violencia; mientras que el Inacif identificó a tres de los fallecidos y reveló las causas de muerte.

Hedy Quino

24 de junio de 2024

|

11:46h

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La PNC reportó dos capturas por un ataque armado en San Miguel Petapa, entre ellas se encuentra una menor de edad. (Foto Prensa Libre: PNC)

En horas de la tarde del domingo 23 de junio, Bomberos Voluntarios reportaron un hecho armado en la 2 calle y 5 avenida zona 8, Granjas Gerona, Colonia Las Margaritas de San Miguel Petapa, donde tres hombres perdieron la vida.

Además, informaron que otro resultó herido y fue trasladado hacia el Hospital de Especialidades de Villa Nueva.

Por este suceso, la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que este lunes 24 de junio se aprehendió a una menor de edad, de 17 años, quien se presume es integrante de la Mara 18.

También se capturó a Patricia “N”, de 21, alias “Catrina”, presunta integrante de la Mara 18.

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A las dos se les incautó un revólver, dos casquillos, tres “colmillos” con cocaína, dos bolsas con marihuana y dos celulares, agregó la entidad policial.

La PNC investiga si las detenidas participaron en el ataque armado.

Inacif identifica a tres fallecidos

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló que las víctimas murieron a causa de herida por arma de fuego.

Asimismo, dijo que los tres fallecidos fueron identificados como:

• Lester Saudy Arévalo Donis, 33 años.
• Randoldo Alexis Diaz Marín, de 31.
• Elder Joél Cordero González, de 20.

Tres personas fallecidas y una herida es el resultado de un ataque armado en la 2 calle y 5 avenida zona 8, Granjas Gerona, Colonia Las Margaritas de San Miguel Petapa. La persona herida fue trasladada hacia el Hospital de Especialidades de Villa Nueva.#CVBalServicio pic.twitter.com/FScPszAexy

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 24, 2024

MP investiga el caso

El Ministerio Público (MP) explicó que la Fiscalía Municipal de Villa Canales procesó la escena del crimen.

Añadió que el herido fue trasladado a un centro asistencial, pero murió a su ingreso.

Este fue identificado como Eddy Ezequiel Franco Fuentes, según el MP.

“En el lugar fueron localizados casquillos para arma de fuego, teléfonos celulares, entre otros indicios que serán analizados para contribuir en el fortalecimiento de la investigación”, detalló.

“El personal fiscal realizó toma de declaraciones testimoniales y dio seguimiento a cámaras de video vigilancia aledañas al lugar de los hechos, entre otras diligencias”, comunicó el MP.

En la zona 8 de San Miguel Petapa, policías de la comisaría 15 capturaron a Patricia "N" de 21 años, alias “Catrina” junto a una menor de 17 años que fue remitida al juzgado respectivo, presuntas integrantes de la mara 18 a quienes les incautaron un revólver, pic.twitter.com/7kGTTGXw1F

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 24, 2024

Dos mujeres habrían golpeado a un niño hasta dejarlo inconsciente y son detenidas

De acuerdo con la investigación preliminar del MP, las mujeres golpearon al menor, quien estuvo internado en un centro asistencial. 

Hedy Quino

21 de junio de 2024

|

15:44h

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Una de las mujeres aprehendidas fue identificada como Brenda “N”, de 28 años. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ministerio Público (MP) informó de la captura de dos mujeres señaladas de maltratar a un niño de 8 años, en Villa Nueva.

Explicó que la Agencia Fiscal de la Mujer en Villa Nueva coordinó la aprehensión de Brenda “N” y Yaquelin “N”, por presuntamente cometer el delito de maltrato contra personas menores de edad en concurso real.

Según la investigación preliminar, el pequeño habría sido ingresado inconsciente a un centro asistencial tras la golpiza propinada por ambas mujeres.

Agregó, que el niño permaneció internado durante cinco días por la gravedad de los golpes.

La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que las capturas se dieron luego de allanamientos en Villa Lobos, zona 12 de Villa Nueva.

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El caso de “Paquito”

Recientemente, las autoridades también han reportado otros casos de violencia contra menores.

Durante junio, El MP informó que la Fiscalía de Distrito de Chimaltenango logró que un Juzgado dictara auto de procesamiento en contra de Emily Alejandra Ordóñez Coronado.

La mujer fue capturada el miércoles 12 de junio en virtud de orden de aprehensión vigente que derivó de la investigación que desarrolla la fiscalía por la muerte de su hijo, Rudy Francisco Baches Ordóñez, de 4 años, conocido como “Paquito”.

Ordóñez Coronado narró ante un juez la manera en que murió su hijo Rudy Francisco Baches Ordóñez, de 4 años.

Según dijo, el padrastro de “Paquito” lo despertó abruptamente para aplicarle un castigo. La madre intentó salir a ver a su hijo, pero el agresor no lo permitió y se quedó encerrada en un cuarto.

#MPfuerteYfirme
La Agencia Fiscal de la Mujer en Villa Nueva coordinó la aprehensión de Brenda Paola Hernández García y Yaquelin Lucero López Milián por el delito de maltrato contra personas menores de edad en concurso real.

Según la investigación preliminar, un niño de 8 años… pic.twitter.com/fFIwk5QdMF

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 21, 2024

En año y medio van 72 denuncias por malas prácticas o negligencias médicas

Ministerio Público investiga denuncias de pacientes o familiares.

Urias Gamarro y Óscar García

10 de junio de 2024

|

05:00h

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La Fiscalía conoce varios casos de denuncias de pacientes o parientes contra personal médico. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

El Ministerio Público (MP) conoce 72 denuncias contra médicos que han encuadrado en cinco supuestos delitos tras supuestas negligencias médicas.

Durante el 2023, la Fiscalía recibió 43 denuncias y en lo que va del 2024 se han presentado 29 expedientes, que hacen un total de 72 carpetas de investigación y que están en diferentes etapas del proceso.

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Las denuncias presentadas son por lesiones, homicidio u homicidio culposo por mal procedimiento médico, negligencia médica, mala práctica médica y mala atención médica, según datos oficiales del MP.

Estas querellas son en general, y no a una especialización o rama de las Ciencias Médicas, pero la discusión sobre el tema surge luego del caso de la desaparición de Floridalma Roque y los señalamientos contra el cirujano plástico Kevin Malouf.

La Fiscalía recomendó a los pacientes o familiares que requieren los servicios médicos a que denuncie cualquier irregularidad observada. Así también, instaron a la población “elegir cuidadosamente” a los médicos proveedores de atención médica, que busquen referencias y verifiquen que cuenten con credenciales.

Prensa Libre buscó ayer el descargo de Julio Tejada, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ante lo informado por el MP, pero argumentó que no conocía sobre los casos en mención y que no podría pronunciarse sobre los procesos actuales que están en curso.

Caso Malouf

Dentro de los expedientes que mantiene el MP se encuentra el del cirujano plástico Kevin Malouf, que en la última semana se reactivó luego de haber encontrado restos humanos que podrían ser de su paciente Floridalma Roque, en el interior de un pozo de una finca de Escuintla.

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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (Inacif) lleva a cabo los peritajes para confirmar si se trata de ella. El facultativo y personal de enfermería son señalados de la desaparición, pero el proceso se encuentra en reserva.

Los antecedentes de este caso son que Roque acudió a la clínica Perfektima ubicada en un complejo de oficinas de la zona 14, el 13 de junio del 2023, a una intervención de cirugía plástica con Malouf, pero un día después desapareció sin dejar rastro, y nunca se avisó a los familiares sobre el egreso de la paciente.

Al denunciar su desaparición a la autoridad competente comenzó una búsqueda, pero el personal de la clínica informó que su pariente se había retirado a las 7 horas del día siguiente.

Entonces, al iniciar las averiguaciones, los hijos de Roque accedieron a varios videos de cámaras de circuito cerrado que mostraban a una persona que se retira de la clínica, en apariencia su progenitora, siendo transportada en una silla de ruedas a las afueras del edificio, para luego abordar un vehículo.

No obstante, la complexión física de Roque no tenía coincidencia. En otro video se muestra al personal de la clínica retirando bolsas y al mismo cirujano Malouf extrayendo un bote de desechos.

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Una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público es que tres empleados de la clínica y el facultativo intentaron suplantar a Roque, para hacer una simulación de su egreso de la clínica.

Entre las evidencias presentadas durante el proceso judicial que se cursa se mostraron el despliegue de llamadas efectuadas a farmacias, a una firma prestadora de servicios de ambulancia, a otros médicos, y las imágenes de video.

Luego de conocerse una declaración de Malouf, bajo reserva, la Fiscalía exhumó restos humanos de un pozo en una finca en Escuintla, y el pasado miércoles fiscales de femicidio desarrollaron un operativo en búsqueda de Roque en un sector de Escuintla a 29 kilómetros de la capital.

Armas, municiones y dinero del narco “Loco Turcios” pasarían al Estado

El MP solicitó la extinción de dominio en contra de bienes propiedad de Otoniel Turcios Marroquín, alias “Loco Turcios”, vinculado con los Zetas.

Hedy Quino

5 de junio de 2024

|

14:06h

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Entre los bienes que pasarían a la administración del Estado se encuentran armas de grueso calibre, propiedad de alias "Loco Turcios". (Foto Prensa Libre: MP)

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Extinción de Dominio “logró que se declare con lugar acción de extinción de dominio” sobre los bienes que se le incautaron a Otoniel Turcios Marroquín, alias “Loco Turcios”.

Las posesiones del “Loco Turcios” que pasarían a la administración del Estado son:

• 5 mil 420 dólares estadounidenses.
• 30 armas de fuego (entre escopetas, fusiles, pistolas y rifles).
• 57 cargadores.
• 1,292 cartuchos para esas armas.

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Bienes incautados en el 2010

El MP explicó que dichos bienes fueron localizados en diligencia realizada en el 2010, en una finca ubicada en aldea Chijou, Cobán, Alta Verapaz, propiedad de alias “Loco Turcios”.

Los allanamientos se realizaron derivado de una investigación por plagio o secuestro.

Condenado en Estados Unidos

Turcios fue condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos por ser parte de una de las columnas de la agrupación del narcotráfico los Zetas.

Dicha estructura habría operado de manera más consolidada en Guatemala durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de 2008 a 2012.

Un aprendiz del “Loco Turcios”

El narcotraficante Horst Walter Overdick Mejía “El Tigre” aprendió a traficar cocaína en 1999, de Otoniel Turcios, alias el “Loco Turcios”, así como de los capos Jorge Mario “el gordo” Paredes Córdova; y su hermano Moisés, conocido como Lico; y con la familia Waldemar Lorenzana Lima, el Patriarca. Todos ellos detenidos por la justicia norteamericana.

Un reporte de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) detalló Overdick se dedicó a facilitar la importación de cocaína a Guatemala. Sus primeras funciones fueron ayudar en la construcción de pistas para que los aviones colombianos cargados con droga aterrizaran y esconder los cargamentos en fincas cercanas a la frontera con México para luego trasladarlas por vía terrestre con destino final Estados Unidos.

El supuesto mensaje que habría dejado el CJNG en un cadáver desmembrado en Petén

La PNC informó que por este hecho estarán realizando operativos en diferentes puntos del referido departamento, pues el cadáver hallado en Petén tenía un mensaje supuestamente del Cártel de Jalisco Nueva Generación de México.

Hedy Quino

4 de junio de 2024

|

12:11h

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La Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público investigan el caso. (Foto Prensa Libre: Informa GT).

La mañana de este martes 4 de junio fue localizado el cadáver desmembrado de un hombre en el Caserío Villa Hermosa de La Libertad, Petén, en el que también se encontró un mensaje firmado supuestamente por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

“Aquí les mandamos un cordial saludo del Cártel de Jalisco de México. (…) Y ya no queremos escuchar en Villa Hermosa más robos de ganado”, se puede leer en una parte del mensaje escrito, que fue colgado a un costado donde se encontró el cadáver.

Según versiones de los vecinos, la víctima fue identificada como Óscar René Oliva Nájera, de 37 años.

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PNC investiga el hecho y anuncia operativos

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el suceso violento e indicó que han iniciado con las investigaciones.

El inspector de la PNC, César Mateo, explicó que las Unidades de Investigación Criminal junto con el Ministerio Público (MP) están a cargo de las pesquisas del caso, para esclarecer las causas de ese hecho.

“Se van a realizar operativos en diferentes sectores de Petén, los cuales se harán por medio de vehículos de dos y cuatro ruedas”, detalló Mateo.

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Empieza segundo juicio contra exfiscal Virginia Laparra

El segundo juicio en contra de Virginia Laparra inició en un tribunal de Quetzaltenango con la lectura de los cargos por los fiscales.

AGENCIA AFP

27 de mayo de 2024

|

17:29h

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Segundo juicio contra Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

El tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango inició este lunes 27 de mayo un juicio por supuesta revelación de información confidencial contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, el segundo para la exfuncionaria condenada y encarcelada en 2022 por abuso de autoridad, en un caso criticado por la comunidad internacional.

Laparra, de 44 años, era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en la ciudad occidental de Quetzaltenango y el 16 de diciembre de 2022 fue sentenciada a cuatro años de prisión en un polémico juicio, señalada de haber denunciado a un juez sin poseer las atribuciones para hacerlo.

Amnistía Internacional (AI), que ha seguido los procesos contra Laparra, la considera una “presa de conciencia” y asegura que fue detenida por su labor antimafias. El 4 de enero pasado, la exfiscal salió de prisión bajo libertad condicional.

Este segundo juicio en su contra inició en un tribunal de Quetzaltenango con la lectura de los cargos por los fiscales, de acuerdo con la transmisión de medios locales en redes sociales.

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El Ministerio Público (MP) y los querellantes del caso, entre ellos el exjuez Lester Castellanos y el abogado Omar Barrios, señalan a la exfiscal de haber filtrado a la prensa en una audiencia de 2017 información bajo reserva de un caso de corrupción, delito castigado con pena de hasta ocho años de prisión.

El MP ha propuesto 8 testigos, incluida la periodista María José Longo, excolaboradora de Prensa Libre y actualmente periodista de Agencia Ocote, y a quien la fiscalía llamó como testigo. La publicación a la que los acusadores hacen mención es una nota publicada por la periodista el 5 de julio de 2017 en la página web del desaparecido semanario elQuetzalteco.

 La periodista fue cuestionada por la fiscalía y por los querellantes sobre cómo obtuvo la información para realizar la citada nota periodística y el objetivo de publicarla, a lo cual la periodista respondió que “el objetivo de todas las notas es informar”, además de que no recuerda cómo obtuvo la información, debido a que transcurrieron más de 7 años.

Antes de empezar la audiencia, Laparra, en declaraciones a medios locales, afirmó que “los hechos son por solicitar la suspensión de una audiencia”, pero que “el MP ha querido encuadrarlo como una revelación de información”. Agregó que “por fin después de un año el debate se ha retrasado, luego de siete años, por lo cual es positivo que se encamine a los resultados finales. Espero una absolución, por supuesto”.

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En marzo pasado, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo condecoró a Laparra y a otras 24 mujeres con la Orden a la Excelencia Laboral, en un acto celebrado en el Palacio Nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Con información de Lucero Salapú.

“Los niños declaran con anticipo de prueba”

La mayor cantidad de denuncias por agresión contra menores se reporta en Quetzaltenango y Escuintla.

Enrique García

29 de abril de 2024

|

05:00h

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Rubilia Monzón dirige el Maina, en el que participan otras instituciones. (Foto Prensa Libre: @MPguatemala)

El Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (Maina) es un plan que reduce la victimización secundaria de los menores de edad en el proceso penal. Prensa Libre habló con la fiscal de sección Rubilia Monzón, quien explica cómo se manejan las diligencias para que en un lapso de 24 horas se puedan emitir órdenes de aprehensión.

¿En qué forma reduce la victimización del menor el Maina?

Anteriormente, las y los niños víctimas de violencia sexual, maltrato y otros propios de la niñez tenían que visitar 15 a 16 instituciones y eran entrevistados hasta 29 veces en la incidencia de un delito. Aquí es donde destaca este lugar. En un circuito son atendidos desde la perspectiva médica, psicológica, forense y legal. Realizamos diligencias pertinentes para que en 24 horas se pueda efectuar una orden de aprehensión.

¿Cómo se garantiza que los niños no serán revictimizados por sus agresores en el proceso?

Los niños declaran con anticipo de prueba. La declaración se realiza por medio de un circuito cerrado y en una habitación que cuenta con cámaras en cuatro puntos. Es donde queda grabada la acción, la forma de conducirse y el lenguaje que utiliza para describir lo que ocurre.

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¿Cuáles son los delitos más denunciados?

Alertas Alba Keneth, maltrato contra personas menores de edad, violación, agresión sexual, violencia contra la mujer, lesiones leves, agresión sexual con agravación de la pena, lesiones culposas, seducción de menores por el uso de las tecnologías de información y abandono de niños y personas desvalidas.

¿En dónde hay mayor incidencia de este tipo de delitos?

En Quetzaltenango y Escuintla. Según los estudios realizados, nos atrevemos a decir que en el área del occidente es un aspecto cultura, y en Escuintla es porque se comprobó que las niñas son puestas a temas de trabajo a edad temprana.

¿Se han logrado sentencias significativas?

Por maltrato a la niñez y adolescencia sexual las sentencias oscilan entre los cinco a ocho años, pero nosotros hemos logrado muchas. En 2021 se obtuvo una sentencia de 111 años, pero hay otras de 80, 75 y 38. En esta última, la denuncia la pusieron en abril; para septiembre ya teníamos la sentencia. En menos de cinco meses se realizó todo el proceso. Antes, esto pasaba hasta 15 años.

¿Con el proceso disminuyó la mora judicial?

Sí. Recibimos —2018— 14 mil 500 casos y a la fecha tenemos un 99 por ciento de efectividad gracias a este método en el que participan las 14 instituciones que lideran el Ministerio Público, Organismo Judicial, los ministerios de Salud, Trabajo, Desarrollo, Educación y Cultura; el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros.

 ¿Cuáles son los casos más reportados en las alertas Alba Keneth?

Los casos que se reportan como desaparecidos son más masculinos que femenino. Esto es por el tema de la captación que hacen las pandillas de niños y adolescentes, para introducirlos a sus clicas. Pero de 10 niños que son reportados, nueve son localizados de forma inmediata.

Cuatro partidos políticos están en la mira del MP

La Fiscalía de Delitos Electorales investiga a los partidos políticos Vamos, Cabal, VOS y Mi Familia.

Douglas Cuevas

13 de marzo de 2024

|

05:00h

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Por estos casos el MP pidió al TSE información de partido Vamos.. (Foto: Hemeroteca PL)El

El partido político que ganó las elecciones presidenciales, Movimiento Semilla, está bajo una investigación que lo mantiene suspendido. Pero no es la única agrupación política en la mira del Ministerio Público (MP).

Una fuente de la Fiscalía de Delitos Electorales, entidad adscrita al Ministerio Público, confirmó que existen indagaciones contra cuatro partidos. Entre estos Vamos por una Guatemala Diferente, Voluntad Oportunidad y Solidad (VOS), Cabal y Mi Familia.

De las agrupaciones investigadas, Mi Familia ya fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este no cumplió con el requisito de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, obtener el cinco por ciento de votos en las pasadas elecciones y tampoco obtuvo al menos una diputación en el Congreso de la República.

El resto de los partidos mantiene diferentes opiniones sobre el proceso de investigación en su contra. Pero los supuestos hechos son similares a los que se plantean contra Semilla.

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Una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), señala a Semilla de falsificar firmas y afiliar a personas fallecidas, uno de los principales requisitos para constituirse como partido político.

El oficialismo se ha defendido en las cortes nacionales pero la suspensión en su contra sigue activa. La diputada electa por Semilla, Andrea Reyes, quien también es la abogada del partido, dijo que las acciones no se han resuelto y que están acumulados los recursos legales sin conocerse desde diciembre pasado.

Entre estos se encuentran una reposición, una acción de amparo, un ocurso de queja y una acción de inconstitucionalidad. Acciones legales que están en salas de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad (CC).

La Fiscalía de Delitos Electorales no da mayores detalles del caso contra los cuatro partidos. Pero las agrupaciones aseguran que están en el proceso de defensa.

Los casos

La semana pasada se confirmó que el MP pidió al máximo ente en materia electoral información sobre el partido Vamos. El oficio expresa que quieren conocer “exactamente la manera en que se constituyó como partido político”.

El diputado Allan Rodríguez, dijo que están tranquilos, pero atribuyó la denuncia a un ataque de los actuales oficialistas.

“Quieren compararnos con ellos, decir que nosotros hicimos lo mismo que ellos para constituirnos como partido. Si siguen la investigación se darán cuenta que el partido Vamos se conformó con líderes, que, si tenemos gente y no fallecidos”, dijo el congresista.

El partido VOS no sabe de dónde vienen los señalamientos en su contra. Pero estima que son hechos que incluso ya habían sido desvanecidos ante el TSE.

“Conozco que durante la época electoral hubo dos denuncias. Una en la inspección del TSE y otra en el MP. En ellas se decía que había unas firmas falsas”, explicó Carlos Besares, secretario general de VOS.

El caso que estuvo ante las autoridades del TSE fue desvanecido. Y ahora esperarían que los hechos que están a cargo del MP, también se resuelvan.

“En el TSE nosotros presentamos nuestras pruebas de descargo y el caso fue desestimado. Las personas llegaron ante el TSE a decir que su deseo fue afiliarse y que esas eran sus firmas”, recalcó Basares.

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Una fuente del partido político Cabal explicó que la denuncia en su contra viene de un antiguo colaborador político, quien no ha ratificado la denuncia. “Fue Víctor García Suyen quien a pesar de que la fiscalía lo ha citado desde junio de 2023 en muchas ocasiones para ratificar la denuncia, no se ha presentado. Fue miembro del comité ejecutivo nacional provisional para la constitución del partido Cabal”.

La dirigencia de Cabal dice que ha colaborado con las investigaciones del MP para resolver las dudas. Ha presentado documentos y declaraciones testimoniales, aunque tiene ciertos calificativos al evaluar las indagaciones en su contra.

Error del TSE

Los supuestos hechos que ahora están a cargo de una fiscalía debieron ser vistos por el propio TSE. Al menos esa es la lectura que sostiene Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

“Este error que encontramos a estas alturas del sistema político, partidos que ya han participado en más de un evento electoral, que digan que hay firmas falsas, es una muestra de la necesaria reingeniería y modernización que debe de sufrir el TSE”, refirió el analista.

 Actualmente, opera la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), órgano que va a proponer reformas a la ley electoral, por lo que este tema, a criterio de la fuente, debería de ser tomado en cuenta.

“No es posible que la dirección de Organizaciones Políticas y el Registro de Ciudadanos se pasen por alto errores u omisiones de origen en la constitución de un partido. Esas cosas se deben de encontrar y de corregir desde los primeros momentos”, concluyó.

Impugnan procesos

Recientemente el TSE informó que nueve de los 11 partidos políticos que deben de ser cancelados impugnaron la decisión del Registro de Ciudadanos. Tema que deberá quedar en manos del Pleno del TSE.

Quienes impugnaron sus cancelaciones son el PAN, Podemos, Partido Republicano, FCN -Nación, Humanista, Unión Republicana, Partido Popular, PIN y Poder.

Los únicos que aceptaron su cancelación fueron el MLP y Mi Familia, este último, bajo investigación del MP.

El IPM es una entidad autónoma, que brinda servicios previsión social a los elementos del Ejército y a los militares en situación de retiro, cuenta con recursos económicos que puede invertir a favor de sus afiliados.

Lo que le ha permitido a la entidad ser socia de algunas empresas, otorgar préstamos a sus afiliados, adquirir bienes inmuebles para el arrendamiento y también invertir fuera de Guatemala.

Pero estas cuatro acciones de manejo de recursos con las que cuenta el IPM no han dado los mejores resultados, eso a criterio de un informe de auditoría de la CGC.

La inspección abarcó del 1 de enero del 2022 al 31 de enero del 2023; que dejó como resultados dos denuncias y tres sanciones económicas en contra de la institución.

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En total, el mal manejo de fondos asciende a Q159 millones 713 mil 892, según detalla el informe de la CGC; detalles que se encuentran plasmados en la denuncia que tendrá que indagar el MP.

Inversiones

El IPM ha invertido en tres empresas desde el 2018; Promotora de Clubs S.A, Hotel Suites Mar y Sol S.A e Inversión para el Mañana S.A.

Pero solamente la primera generó movimientos en  los primeros dos años, es decir 2018 y 2019, luego del 2020 al 2022 no tuvo ganancias.

Para el caso de las otras dos empresas ni siquiera generaron utilidades, según el informe. Las inversiones que hizo el IPM en este rubro ascienden a Q11 millones 758 mil 900, que dejó a la institución una sanción económica.

Bienes inmuebles

El IPM cuenta con 14 bienes inmuebles valorados en Q43 millones 2 mil 947.41, estos han sido adquiridos por medio de compra y venta, adjudicación judicial y transferencias del Estado.

La función de estas propiedades para el IPM es la de generar ingresos económicos a favor del instituto y para sus beneficiarios, pero las auditorías reflejaron que del total de inmuebles, siete se encuentran abandonados, cinco están pendientes de ser arrendados e incluso dos han sido invadidos.

La conclusión a la que llegó en esta verificación la CGC es que en bienes inmuebles se reportan cifras negativas en su totalidad, hecho que le costó al IPM otra sanción económica.

Perdida de Q88 millones

Entre las inspecciones salió a luz una inversión internacional que el IPM realizó en el año 2001 por Q290 millones 176 mil 358.76, capital que ingresó a Pension Fund of America.

Esta empresa trasladó los fondos a las entidades bancarias Lheman Brothers y Merril Lynch, la cual fue absorbida por Bank of America; el IPM demandó logrando recuperar parte del capital invertido.

Para recuperar ese capital el IPM contrató firmas de abogados nacionales e internacionales, “efectuando gastos por honorarios por la cantidad de Q1 millón 896 mil 273.32 y de viáticos al exterior por Q1 millón 28 mil 15.56, para un total de Q2 millones 924 mil 288.88, erogaciones que disminuyeron el patrimonio del IPM”, cita la CGC.

Pero a pesar de los gastos anteriores, en el 2022 y 2023 las autoridades del IPM ya no continuaron con las gestiones y habrían perdido Q88 millones 556 mil 170.56, según los registro de la entidad fiscalizadora.

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“Aun conociendo la sentencia para recuperar en el extranjero el saldo del principal y de los intereses en riesgo, sin llevar a cabo gestiones de recuperación del saldo, ocasionando que no se presente la situación real de la entidad con relación a inversiones, lo que a su vez perjudica la situación financiera de las Reservas Técnicas e incremento del déficit en los resultados del ejercicio en perjuicio de las prestaciones y beneficios del régimen especial del IPM”, advierte la CGC. Por este caso se presentó una denuncia.

Préstamos

Entre los servicios que presta el IPM a sus afiliados se encuentran préstamos, pero aparentemente no existe un seguimiento oportuno a los mismos, que ha generado que el IPM deje de percibir Q7 millones 365 mil 193.85, más intereses y moras que asciende a Q3 millones 201 mil 686.32.

“Al 1 de enero de 2022 la cartera de cobro jurídico continuó con 142 deudores, adicionándose durante el período del 01 de enero de 2022 al 31 de enero 2023, 31 deudores, lo cual evidencia deficiencia en la recuperación de capital otorgado”, indican la autoridades.

Para la autorización de los préstamos  se han dejado incluso vehículos en garantía, pero los mismos no están en poder o control del IPM, incluso hay algunos deudores de los que no se tienen datos.

“Dichos vehículos no están en resguardo del IPM, además, no fue posible verificarlos físicamente por el equipo de auditoría, ya que los mismos no fueron puestos a la vista por la Gerencia”, debido a que se habría acordado que el auto quedaba en depósito de cada deudor.

Pero la CGC considera que “las autoridades no se han preocupado por tener actualizada la información personal de los deudores, tal es el caso de 42 financiamientos en donde se carece del número de Documento Personal de Identificación”.

Resistencia a la fiscalización

La CCG trató de obtener información sobre 10 sociedades en que el IPM socio mayoritario, pero no obtuvieron la información de parte de las autoridades del instituto.

Ante esto, la CGC presentó una segunda denuncia por resistencia a la fiscalización, porque el equipo de auditores consideró que la información que fue requerida y negada, era vital.

La conclusión de la CGC es que el mal manejo de fondos podría poner en riesgo el funcionamiento de la institución. “Al no alcanzar los aportes que dan los activos, debido a que hay más jubilados que personal activos, el descuento que hacen a los activos no alcanza para pagar a los jubilados, por lo tanto  para cubrir la nómina de jubilados, la cubren a través de las cuotas de personal activo a eso le suman el dinero que, desinvierten del capital y los intereses y toman parte de los aportes del gobierno”.

Sin postura

Se trató de obtener la postura del Ministerio de la Defensa, pero su equipo de Comunicación Social informó que el IPM es una entidad autónoma, por la que no les correspondía fijar una postura institucional ante los hallazgos de la CGC.

Este departamento a su vez traslado el contacto del gerente de la dependencia, quien a pesar de varios intentos no fue posible atendiera las llamadas telefónicas.

Mario Mérida, analista en temas de seguridad y militar en situación de retiro calificó como “lamentable” los hallazgos reportados por el grupo de auditores sobre el IPM.

“Esperamos que estos ayuden a mejorar la calidad de la institución”, dijo Mérida, quien explicó que los que se recibe dentro del IPM son aceptables.

“No es lo mismo —la situación de Nicaragua y Guatemala—, no hemos llegado, y creo francamente que estamos lejos”, subrayó el diplomático estadounidense en una conferencia de prensa virtual donde habló acerca de cómo se manejará la situación del primero de los países, que el domingo 19 formalizó su salida de la OEA.

No obstante, Mora no ocultó su preocupación por los acontecimientos de la semana pasada en el país que terminaron con la detención de varias personas y la petición, por parte del Ministerio Público (MP), del retiro de antejuicio en contra varios políticos, entre ellos Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo, por un presunto caso de daños al patrimonio durante la toma de la Universidad de San Carlos.

A la preocupación por las acciones del MP se suma, a decir del embajador, el voto en contra de Guatemala hacia la resolución del Consejo Permanente de la OEA en la que se hizo un llamado a los poderes del Estado y a la Fiscalía para detener o evitar la intimidación en contra de quienes fueron electos en las pasadas elecciones y a respetar la integridad del material electoral.

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“Las medidas tomadas por el MP para, entre otras cosas, quitarle la inmunidad al presidente electo son una amenaza a la democracia, no hay duda de eso”, subrayó Mora. Agregó que la OEA seguirá involucrada en apoyar el estado de Derecho en Guatemala, a pesar de que las referidas acciones “no indican mucho optimismo”.

Carta democrática

El diplomático estadounidense también se refirió a la posibilidad de aplicar a Guatemala la Carta Democrática de la OEA, como lo han pedido distintos actores y el propio Arévalo; sin embargo, explicó que ya se aplica algunos elementos de esta.

“Cuando la gente dice ‘invocar la Carta’, me imagino que se refieren a suspender a Guatemala de la OEA”, refirió Mora; sin embargo, insistió en que las condiciones para hacerlo aún no se producen en el país y todo dependerá si Arévalo y Herrera toman posesión de sus cargos el próximo 14 de enero.

“Tenemos que ver lo que ocurre en los próximos días y semanas. Espero que no lleguemos a una interrupción en el proceso democrático en Guatemala, toda las esperanzas y expectativas es que Bernardo Arévalo tomará posesión y será el próximo presidente”, resaltó el funcionario.

“Es cierto que se han tomado medidas —por parte del MP— que podrían llevar a eso, a una interrupción del orden democrático. Si el presidente no toma posesión ya sería una situación mucho más complicada”, enfatizó. Por el momento la OEA y el secretario general, Luis Almagro, hacen lo apropiado para asegurarse de que no se llegue a la suspensión, añadió.

Presión diplomática

Mora destacó que la transición democrática avanza, aunque por momentos pareciera que hay retrocesos, y lo atribuye, “en gran parte”, al esfuerzo diplomático que implementa el organismo regional.

Destacó que en el caso de Nicaragua la presión continuará puesto que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “lo sienten”.

“Ellos decidieron no respetar ni acatar la visión de la OEA”, pero “ese tipo de presiones funcionan y contribuyen al aislamiento de un país y han tenido su impacto”, dijo el embajador. “La presión política y diplomática no se deben subestimar”, precisó.

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EE. UU. ha aplicado una serie de sanciones a Nicaragua después de la reelección de Ortega en noviembre de 2021 en la que todos sus opositores y competidores serios habían sido encarcelados.

Según Mora, a pesar de que Nicaragua ya no forma parte de la OEA, tiene que seguir rindiendo cuentas por los abusos de los derechos humanos y los ataques a la prensa independiente, oposición política y sociedad civil.

“Puede que el régimen trate de olvidarse de la OEA, pero la OEA no va a olvidar al pueblo nicaragüense”, advirtió.

Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, que este domingo 19 de noviembre acudió al plantón frente al MP, lamentó el actuar de la Fiscalía la última semana, en la que se incluye la solicitud de seis antejuicios contra diputados, incluido el binomio presidencial electo, y la persecución que ha realizado con la incautación de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que, asegura, continuarán luchando por el respeto a la democracia.

Al preguntarle sobre las futuras acciones como representantes indígenas por lo actuado recientemente por el MP, afirmó que “nosotros siempre estaremos en la lucha, no nos vamos a detener hasta el 14 de enero”.

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Reiteró que debe respetar la decisión de cada guatemalteco -el voto- sea de la universidad, indígena, sea capitalino o de la Costa, del Occidente o del Norte, “todos somos guatemalteco y por eso estamos peleando”.

Advirtió que próximamente se estarán tomando nuevas acciones en manifestación de rechazo a las investigaciones del MP en contra del resultado electoral y los funcionarios que obtuvieron los cargos, sin embargo, el dirigente indígena no quiso adelantar alguna posición sobre las manifestaciones para presionar la salida de funcionarios del MP y del Organismo Judicial.

Públicamente han pedido la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.

“No me puedo adelantar a algo, porque somos varios en los 22 departamentos; por lo tanto, el tiempo lo dirá. Nosotros aquí estamos y aquí estaremos por nuestra democracia y que se respete nuestra democracia, y si van a haber manifestaciones, aquí estamos y no nos hemos detenido”, sentenció.

Toj insistió en la salida de los funcionarios judiciales, y que “dejen en paz al nuevo presidente”, Bernardo Arévalo para tomar posesión, solo entonces levantarán la protesta pacífica frente al edificio del MP.

El líder indígena aseveró que están organizados a escala nacional para el llamado a una manifestación general, tal como ocurrió en octubre, si las peticiones no son escuchadas.

El motivo de este amparo es para exigir la destitución de Consuelo Porras, Fiscal General del Ministerio Público (MP).

Además, este recurso también solicita la destitución de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y del juez Fredy Orellana.

“Hemos decidido presentar un amparo que exige que se restablezca el orden constitucional y que pide la destitución de la Fiscal General Consuelo Porras, del Fiscal de la Feci Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana”, informó Arévalo.

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De acuerdo a Arévalo, estos funcionarios “traicionaron al pueblo” al interferir con el proceso democrático de los resultados de las Elecciones Generales 2023.

“Traicionando la autoridad depositada en ellos por el pueblo, usan su poder para negarle a la ciudadanía el derecho a vivir en una democracia, a ser gobernados por las personas que eligieron de forma libre y consciente”, indicó.

Finalmente, el presidente electo pidió a los guatemaltecos que lo apoyen durante este proceso y que defiendan la democracia del país.

“Exigir esta protección es un derecho que nos asiste a todas y todos los guatemaltecos, por eso le pedimos a todos y a cada uno que nos acompañen en este acto. A todos los pueblos que conforman esta gran nación, a los trabajadores y a los empresarios, a las organizaciones que velan por el bien común y a las comunidades de fe”.

“Les pedimos que nos acompañen el lunes a hacer valer nuestro derecho colectivo a gobernarnos sin opresión ni tiranía”, concluyó Bernardo Arévalo.

¡Nos vemos en la corte!
Acompáñanos el lunes 18, a las 5:30 P. M., en la Plaza de los Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo.

Fuerte y claro: #FueraGolpistas pic.twitter.com/aXPZqbw7gQ

— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 16, 2023

Incluso se le cuestionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la certeza de la empresa a la cual se le adjudicó debido a señalamientos que tenía en otros países. Las autoridades electorales defendieron la credibilidad, transparencia y funcionalidad del sistema.

Durante la jornada de conteo de votos, el Trep funcionó dentro de los estándares esperados, defiede el TSE. Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Admnsitrativos lleva a cabo una pesquisa que alcanza hasta a los magistrados del TSE.

La denuncia

Cuatro días después de la primera vuelta de comisión, se presentó una denuncia en contra de los magistrados titulares y suplentes por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”. La cual fue interpuesta por Karen Fisher y Giovanni Fratti integrante de la organización Guatemala Inmortal.

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El primer aspecto en la denuncia es que en el contrato suscrito Datasys, S.A., empresa a la que se le adjudicó el servicio, debía hacerse cargo de los planes de contingencia en caso de falta de conectividad, falla de la energía eléctrica y otros imprevistos.

Señala que el 25 de junio el software falló cerca de la 21:30 horas provocando que la conferencia de prensa que el pleno brindó se reprogramara.

Además indica que el 25 de junio por la noche, las juntas electorales del distrito Central y Guatemala solo habían procesado diez actas, aunque el Trep daba cifras mayores a las que se pueden alcanzar con diez actas.

Otro aspecto que cuestiona la denuncia es que el TSE no puede delegar la transmisión de resultados preliminares a un tercero por ser una función pública.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) otorga al Tribunal la función de la transmisión de los resultados preliminares, aunque la responsabilidad de la custodia del voto, del conteo y resultados finales recae en la juntas electorales.

Otra irregularidad que consta en la denuncia es que el TSE no tuvo acceso al código fuente y LOG, que se refiere a los archivos secuenciales de una base de datos. En la denuncia se solicita que peritos de Taiwán, Israel y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Se solicitó información a la Contraloría General de Cuentas si existían auditorias relacionadas con el tema e informaron que tienen dos, no obstante la Fiscalía de Delitos Administrativos estará solicitando informática”, detalló el MP.

Por el momento, los magistrados poseen una solicitud de retiro de antejuicio por la inscripción de Manuel Baldizón, que luego fue enmendada. Aunque en este caso de la Fiscalía de Delitos Administrativos los denunciados son los magistrados aun no se ha requerido el retiro de antejuicio.

La magistrada presidenta, Irma Palencia comentó que han entregado la información que se les ha solicitado, sin embargo no han podido conocer a profundidad los expedientes del MP.

“No es secreto para nadie que estamos siendo asolados por una cantidad exagerada de solicitudes en cuatro fiscalías, distintas cosas”, aseguró Palencia.
Allanamientos

El 3 de agosto, el MP realizó una diligencia de allanamiento en el Centro de Tecnología y Equipamiento (Cope) ubicado en el Parque de la Industria, según información oficial derivado de una denuncia del partido político Valor. Se extrajo una copia de los resultados preliminares del 25 de junio.

En otra fiscalía

También la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) ha informado recientemente que investigan el mismo sistema y sus digitadores. El jefe de la fiscalía dio a conocer en agosto que se indaga sobre Gustavo Villamil, de nacionalidad colombiana, ya que supuestamente tuvo acceso al Trep.

En el mismo caso, es investigado Jorge Santos, subdirector del Departamento de Informática.

El 25 de agosto Santos se presentó a la Feci debido a una citación donde se le solictó información general sobre el Trep, las pruebas y la logística de las jornadas de comicios.

“Vine a aportar en el proceso que se está llevando a cabo la información que correspondía”, aseguró e subdirector.
críticas al Trep.

El sistema tuvo un costo de Q148 millones, la adquisición fue cuestionada incluso por los partidos políticos. Los fiscales nacionales en múltiples ocasiones dudaron de la certeza y credibilidad de la empresa.

La incertidumbre inició cuando algunos fiscales señalaron que Datasys era había participado en el evento electoral de Colombia y Consejo Nacional Electoral suspendió la contratación por incumplimiento de algunos requisitos.

En ese contexto, la senadora colombiana María Fernanda Cabal cuestionaba que la empresa no poseían experiencia en procesos electorales. Derivado de las críticas y exigencias de los partidos, representantes de Datasys y Podernet se presentaron en una reunión de fiscales para solventar las dudas y rechazaron los señalamientos que les fueron hechos.

Supervisión y simulacros

Aunque en otros procesos el TSE optó porque la supervisión de los sistemas informáticos las realizaran firma independientes, esta vez adoptó la opción que el proveedor propuso. Esta fue el Tecnológico de Monterrey.

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó recientemente la información sobre las auditorias realizadas al Trep. Según la denuncia, Datasys fue la misma que recomendó a Podernet para esa verificación.

El denunciante asegura que es un conflicto de intereses, ya que fue el mismo proveedor quien recomendó a quien le supervisaría cuando el proceso debió haber sido realizado por los profesionales del departamento de informática.

Además, se realizaron tres simulacros que fueron avalados por los partidos políticos como por las misiones de observación electoral.

El descontento de la población proviene de la intención de la MP de suspender al Movimiento Semilla y dejarlo fuera de las elecciones generales para competir en la segunda vuelta contra la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

Tras una serie de acusaciones, entre ellas, que hay más de 5 mil firmas falsificadas en el listado de adhesión al partido, el MP consiguió que un juez penal frenara la participación de Bernardo Arévalo, candidato presidencial de Semilla.

Pero la suspensión quedó sin validez el jueves 13 de julio por orden de la Corte de Constitucionalidad, que amparó de manera provisional al Movimiento Semilla, y le dio vía libre para estar en el balotaje el próximo 20 de agosto.

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Como parte del embate, ese mismo día la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento de la sede del Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que inspeccionó archivos y documentos, y requirió los documentos originales de las asambleas de Semilla.

Los ciudadanos piden ahora la renuncia de Porras y Curruchiche, y ese es el motivo que los lleva a salir de nuevo a las calles.

“No vamos a seguir soportando los atropellos que han permitido estos facilitadores de la impunidad, al perseguir a personas que han sido voces dignas durante toda esta problemática política en del país”, dijo Evelyn Recinos, presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Si no peleamos en este momento por la democracia del país nos van a terminar robando la situación en las cortes, tal como lo hicieron con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya perdimos la única universidad pública del país, no vamos a dejar que nos roben también la democracia”, agregó.

Con banderas de color azul y blanco en las manos, y carteles con leyendas que evidencian una población cansada de la corrupción, los manifestantes llegaron al MP que se mantiene custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil.

“Nos robaron todo… hasta el miedo ¡Renuncien!”. “¡Ni tiranos que escupan tu faz!”, son algunas de las consignas que se leen y se escuchan este sábado frente al MP.

De acuerdo con Escobar Antillón, las cajas de expedientes que el MP se llevó  las hojas de afiliación, registro del ingreso de los expedientes y originales de actas de asambleas ordinarias y extraordinarias.

Movimiento Semilla consta con más de 19 mil afiliaciones de cuando la agrupación fue inscrita como tal.

Escobar Antillón además ejemplificó que para constituir un expediente de afiliación de 25 mil hojas de adhesión, los partidos suelen presentar entre 35 y 50 mil hojas por el tamiz y verificación que se realizan.

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Asimismo el magistrado Gabriel Aguilera aseveró que se conoce qué expedientes fueron tomado por el MP, “está en nuestra base de datos por lo que sabemos qué fue lo que se entregó al Ministerio Público”, comentó.

El pasado 13 de julio, la Feci acudió a la sede del Registro de Ciudadanos en la zona 2 capitalina para realizar los procesos de inspección, registro y secuestro de evidencia en el caso de la posible afiliación anómala del partido Movimiento Semilla.

Sobre el caso

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, acusa a Semilla de supuesto financiamiento electoral ilícito y de la utilización de firmas falsas para alcanzar la cantidad necesaria para el partido se pudiera constituir como uno.

El caso se deriva de una denuncia presentada donde un ciudadano señala que fue afiliado al partido sin su consentimiento. El partido aseguró que al ser notificados, revisaron las hojas de adhesión y encontraron una anomalía, razón por la que ellos mismos presentaron una denuncia en el MP para que se pudiera dar la investigación respectiva.

En un primer momento el caso ingresó a la Fiscalía de Delitos Electorales, sin embargo, fue trasladado posteriormente a la Feci.

Por los señalamientos de la Fiscalía, Fredy Orellana, juez séptimo de instancia penal, dictó que se anulara la personalidad jurídica del partido.

La Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional a Semilla, con lo que lograron que no fuera acatada la orden del juez y puedan continuar en el balotaje.

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De acuerdo con la PNC, en el lugar se encontraron cinco vehículos con alteraciones en la placa de circulación y el número de chasis además del motor que tenía reporte de robo. Según la PNC,  la vivienda funcionaba como taller mecánico.

Durante el operativo se capturó al supuesto propietario del taller, quien fue identificado como Abdy Ariel Rodríguez Villagrán, de 34 años.

Las fuerzas de seguridad informaron que el sindicado tenía una orden de captura por los delitos de hurto agravado y delitos flagrantes de falsificación y alteración de distintivos en vehículos, la cual fue emitida por el Juzgado de Turno de Mixco el miércoles 14 de junio último.

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Tres de los vehículos consignados eran camionetas agrícolas Land Rover. Entre ellas una negra con placas P-391FZR, pero al verificar la solvencia del vehículo, la PNC estableció que en realidad le pertenecía la placa P-859KCR, por lo que suponen que el automotor fue sometido a alteración en la placa, motor y chasis.

Y los vehículos secuestrados son.

Camioneta marca Land Rover, P-292JKJ, color verde policromado; y la camioneta marca Land Rover, P-667FHN, color blanco, ambas cuentan con orden de secuestro con fecha de hoy, emitidas por un juzgado de Mixco.#DenunciaAnónima1561 pic.twitter.com/SWi7a5IZDB

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 16, 2023

El otro vehículo es blanco con placas P-705FWY. Según el informe policial, este tenía un motor que le pertenecía a otro carro. La tercera camioneta es azul metálico y tenía la matrícula P-439FBP; además, el motor se encontraba semi desmantelado y no le pertenecía.

En ese sentido, los otros dos vehículos incautados mantenían orden de secuestro, la cual había sido emitida el 15 de junio de este año por el Juzgado de Paz Penal de 24 Horas de Mixco. Los automóviles eran dos camionetas de la misma marca Land Rover, una verde policromado con placas P-292JKJ y la otra blanca con matrícula P-667FHN.

Bandas de robacarros

De acuerdo con el fiscal Klayber Sical, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), ellos están detrás de las estructuras criminales que se dedican a robar carros en el país. 

Lea más: Fiscalía contra el Crimen Organizado persigue a ocho bandas de robacarros que operan en Guatemala

Además, indicó que las bandas centran sus operaciones en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos y Sacatepéquez; sin embargo, los hechos criminales los comenten en todo el país.

“Estas agrupaciones se transportan en otros vehículos, vigilan, eligen, a veces por encargo, y roban los vehículos, mayoritariamente, en la Ciudad de Guatemala. Luego los llevan a otros puntos del país”, explicó el fiscal.

Robacarros utilizando otra de sus artimañas en La Reformita, zona 12:

Empujaron un picop media cuadra, para finalmente encenderlo y llevárselo. pic.twitter.com/PFUKy1lMss

— Víctor Bolaños (@vichoguate) January 31, 2022

En una nota publicada por Prensa Libre el 19 de diciembre, se dio a conocer datos de la Policía Nacional Civil (PNC) que establecen cuántos robos en residencias han ocurrido en ciudad de Guatemala de 2019 a 2022.  Las zonas más afectadas, según las autoridades, son la 1, 10, 15 y 14.

Otro caso que también causó consternación fue el hallazgo de siete cadáveres en una vivienda en la zona 18. Según las autoridades, los autores de este crimen estarían vinculados a pandillas.

Ante esto, las autoridades informaron que reforzaron la seguridad en algunas sectores, sin embargo los casos de violencia y crímenes no cesan.

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Aunque son varios crímenes los que afectan a los guatemaltecos, hay algunos delitos que sobresalen más, según las denuncias que reciben las fuerzas de seguridad.

Top 10 de denuncias

Según información estadística del Ministerio Público, MP,  de enero de 2022 hasta el pasado 19 de diciembre, existen 10 delitos que destacan como los más reportados para ser investigados. Entre estos se encuentran los siguientes:

1. Amenazas: 57 mil 697 denuncias
2. Violencia contra la mujer: 47 mil 179 denuncias.
3. Hurto: 18 mil 518 denuncias.
4. Lesiones leves: 17 mil 790 denuncias.
5. Robo agravado: 15 mil 588 denuncias.
6. Robo de equipo terminal móvil (celulares): 15 mil 347 denuncias.
7. Hurto agravado: 14 mil 397 denuncias.
8. Extorsión: 14 mil 67 denuncias.
9. Robo: 10 mil 795 denuncias.
10. Lesiones culposas: 10 mil 238 denuncias.

Tan solo estos 10 delitos representan un total de 215 mil 661 denuncias en lo que va del año, y parecen ser las más recurrentes con el pasar del tiempo ya que existen algunos que han estado presentes desde las estadísticas del 2018.

Eso según el departamento de Comunicación Social del MP, que informó que existen una serie de estrategias para mitigar estos cargos. Según la institución, desde hace cuatro años destacan cinco de sus estrategias.

1. -Ampliación de la cobertura.
2. -Reducción de mora y mejora de la eficiencia fiscal.
3. -Implementación de Modelos de Atención Integral (Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia –MAINA-, Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia I´x Kem –MAIMI-, Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil –MAIJU-).
4. -Implementación del Modelo de Gestión Integral de Casos GIC
5. -Creación de nuevas Fiscalías de Sección y Unidades Especializadas

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Conclusión de procesos

En lo que va del año, el MP documenta una recepción total de 380 mil 294 denuncias, y según sus reportes han logrado un total de 268 mil 308 casos concluidos.

Eso significa que el 71% de las denuncias que se han presentado, al menos en este año, han tenido una conclusión, que podría ir desde un acuerdo entre las partes o un proceso penal que avanzó hasta algún tipo de sentencia.

Las autoridades del MP destacan que están brindando atención en fiscalías regionales y especializadas las 24 horas, incluidas las fechas de las festividades navideñas y de fin año.

Su principal recomendación ante cualquier crimen es presentar la denuncia, para que así un equipo de fiscales especializados le brinde respaldo y desarrolle un profundo proceso de investigación.

Pese al porcentaje elevado de casos resueltos en el año, según las cifras del MP, expertos en justicia no perciben un ambiente de efectividad judicial por el retraso de casos y acumulación de procesos en los juzgados nacionales.

Esta arma de fuego también fue utilizada para ultimar al empresario Faisal Antonio Aranky Rabanales y a Carlos Mauricio Aragón Garrido, el 7 y 25 de agosto últimos, respectivamente.

La primera vez que las autoridades supieron de la existencia de la pistola no fue tras la muerte de Palomo, porque el 13 de febrero de este año se denunció que había sido robada.

Robo

Por el robo del arma es sindicado Isaac Álvarez Monzón, quien se la arrebató a Rony Castro, junto con Q10 mil, el 13 de febrero último, a las 11.30 horas, en la zona 9. Este delito le fue agregado ayer. El agresor viajaba en una moto junto con otro hombre.

La víctima había retirado el dinero de una agencia bancaria y con amenazas le exigieron el dinero y la pistola.

Antecedentes

Seis hombres enfrentan a la justicia por el caso, el cual fue trasladado del Juzgado Tercero al Juzgado de Mayor Riesgo C, por la gravedad de los hechos.

En el expediente se relata la comisión de las tres muertes y también la de José Antonio Meléndez, relator suplente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, ocurrida el 13 de junio del 2014.

El hecho se registró el 5 de diciembre de 2013, cuando Ramírez, junto a otros tres policías, ya detenidos, supuestamente secuestraron a dos comerciantes y les quitaron Q15 mil bajo amenazas, en la colonia Quinta Samayoa, zona 7..

Además, les robaron seis celulares y los amenazaron de muerte y de consignarlos por lavado de dinero, indicó la fuente.

Por este mismo caso ya fueron aprehendidos el 25 de septiembre de 2015 Bernardo Jumique Mendoza en el interior de sede de la Fuerza de Tarea Mezquital, también Brenda Edith Franco Poggio fue detenida frente al Tribunal de Sentencia de Villa Nueva, y en Comalapa Chimaltenango fue detenido Erick Neftalí Lima.

Durante el tiempo que estuvieron retenidos los agentes amenazaban a sus víctimas, los obligaron a detener el vehículo, los sacaron violentamente, los pusieron en contra de la pared y les robaron seis celulares.

Las víctimas de los agentes policiales sufrieron psicosis y estuvieron sometidos a las constantes amenazas de muerte.

Los policías son acusados de los delitos de secuestro y cohecho pasivo, detalló el MP en un comunicado.