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Entre extorsiones y callejones sin salida: la vida de tres policías en zonas de alta incidencia de las pandillas

Los agentes relatan riesgos, amenazas y traslados lejos de sus hogares.

Edwin Pitán

8 de febrero de 2026

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06:00h

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Policías patrullan la zona 3, una de las áreas más asediadas por las pandillas y el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: PNC)

Hablar con un pandillero haciéndose pasar por víctima. Correr tras una alerta de disparos en callejones donde la patrulla ya no puede ingresar. Permanecer hasta 17 horas en una parada de buses, expuesto al frío, al calor y a las amenazas. Para tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el riesgo no es un hecho aislado: es parte de la rutina.

“Todo sucede en cuestión de segundos. Uno tiene que estar preparado, porque no sabe cuándo el delincuente puede disparar”, relata Heller Abady Xitumul Morales, quien acumula nueve años y cuatro meses de servicio. Su primer destino fue la Comisaría 12. Recién graduado, fue asignado a sectores como La Maya, San Rafael, El Limón, Las Ilusiones y áreas de San Pedro Ayampuc y Palencia.

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“Uno ha visto en las noticias que son zonas rojas, pero no es lo mismo escucharlo que vivirlo. Como ser humano, uno siente temor”, reconoce Xitumul Morales. Pasó más de cuatro años en la zona 18. Recuerda una alerta por disparos en un sector de calles angostas. La patrulla avanzó hasta donde fue posible. Más adelante solo había callejones.

“Muchas veces solo se puede ingresar a pie o en motocicleta. Eso aumenta el riesgo. En esos momentos la reacción es automática: prepararse, cubrirse, evaluar. Es difícil explicar lo que se siente. La reacción es inmediata. En esa ocasión no fue necesario disparar. Se pidió apoyo y el patrullaje continuó”, explica Xitumul Morales, pero la tensión no desaparece al finalizar el turno.

Negociar bajo amenaza

Para Elder Velásquez Martínez, con 12 años en la institución, el riesgo adopta otra forma. Como integrante de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), debió hablar directamente con extorsionistas, haciéndose pasar por víctima.

“Durante esas conversaciones uno debe medir cada palabra. Ellos amenazan con matar o hacerle daño a la familia si no se paga”, explica.

Las entregas “mano a mano” son de los momentos más delicados. El agente que simula el pago puede ir sin arma visible, mientras otros compañeros permanecen estratégicamente ubicados.

“La parte más difícil era tenerlos enfrente. Uno no sabe si van armados o si vienen acompañados”, recuerda.

Las primeras veces sintió temor. Con el tiempo aprendió a manejarlo, aunque asegura que nunca desaparece. “La clave está en la organización y en el respaldo del equipo”.

Gracias a esos operativos, varios comerciantes dejaron de pagar extorsiones. “La gente es agradecida. Eso motiva a seguir”, añade.

Puestos fijos y amenazas

Gerson Ordóñez, también con 12 años de servicio, recuerda su primer destino en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

Una vivienda fue atacada a balazos porque la dueña se negaba a que su hija fuera sometida a una iniciación de la pandilla. La PNC instaló un puesto fijo para protegerla.

“Estuvimos semanas dando seguridad. Después logramos capturar a los responsables”, cuenta.

En otra ocasión, un pandillero detenido por portar un arma ilegal recuperó su libertad en cuestión de horas. Días después lo encontraron nuevamente en el sector.

“Nos dijo que no nos convenía registrarlo, que algo nos podía pasar”, relata.

A pesar de las amenazas, continuaron con los controles. “El compromiso es seguir trabajando”.

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El uniforme y la vulnerabilidad

Los tres coinciden en que el uniforme modifica la percepción del riesgo.

“Cuando uno está equipado siente esa valentía para actuar, pero cuando se quita el uniforme, esa valentía baja”, dice Xitumul Morales.

Fuera de servicio, muchos optan por no portar arma y cambiar rutinas. Avisan a la familia en qué colonia estarán asignados antes de cada turno. La incertidumbre también se comparte en casa.

Xitumul Morales es originario de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Antes de ingresar a la PNC nunca había estado en la capital. “Para uno y para la familia es impactante. El ambiente es totalmente diferente”, afirma.

Origen y asignación

La composición de la fuerza policial revela una concentración regional marcada en el origen de sus agentes.

Jutiapa y San Marcos aportan juntos el 54% del total de policías del país. De Jutiapa son 8 mil 881 agentes y de San Marcos, 5 mil 158. Suchitepéquez, Baja Verapaz y Alta Verapaz aportan alrededor de tres mil agentes cada uno, equivalentes a cerca del 7% por departamento.

En contraste, Sacatepéquez registra 281 agentes originarios e Izabal, 294, siendo los departamentos que menos policías aportan. Sin embargo, la procedencia no determina el destino de servicio.

El departamento de Guatemala concentra el 65% de los agentes asignados, debido a la densidad poblacional y a la incidencia criminal. Le siguen Escuintla, con el 4%; San Marcos, con el 3%, y Huehuetenango, con el 2%.

Esto implica que miles de agentes del interior son destinados a la capital y sus municipios, donde operan estructuras de pandillas y redes criminales más complejas. Para muchos, el traslado representa adaptarse no solo a la violencia urbana, sino también a la distancia familiar y a jornadas más exigentes.

Cifras y presión interna

Actualmente, la Policía Nacional Civil cuenta con 43 mil 527 agentes. Para el segundo semestre del 2026 se prevé la graduación de 3 mil 297 nuevos policías.

En el 2025, dos mil 162 agentes fueron denunciados ante la Oficina de Responsabilidad Profesional. De ese total, 152 fueron destituidos tras comprobarse irregularidades. La institución reconoce que entre los padecimientos más frecuentes se encuentran el estrés, la gastritis, la diabetes y el sobrepeso.

“El trabajo puede ser muy cansado. A veces el tiempo de almuerzo no existe cuando hay emergencias”, señala Velásquez Martínez.

Xitumul Morales coincide: “El cansancio es físico y mental. Con los años uno se acopla, pero el desgaste siempre está”.

Salir sin certeza

Las situaciones de riesgo no siempre terminan en intercambio de disparos. A veces se traducen en amenazas, en persecuciones truncadas por callejones, en negociaciones donde cada palabra cuenta.

El miedo no desaparece; se transforma en un estado de alerta permanente.

“Ha sido una experiencia con cosas buenas y malas”, reflexiona Xitumul Morales. “Pero seguimos aquí”.

Al día siguiente volverán a patrullar, sin certeza de cómo terminará el turno, pero con la convicción de que el riesgo forma parte del oficio.

Bernardo Arévalo anuncia 5 medidas tras fuga de 20 reos de Fraijanes 2

El presidente Bernardo Arévalo acepta la renuncia de las autoridades del Ministerio de Gobernación y anuncia medidas para reforzar la seguridad, coordinando con Defensa, agencias de inteligencia y con apoyo del FBI tras la fuga de 20 pandilleros.

Glenda Burrión

15 de octubre de 2025

|

13:45h

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El presidente Bernardo Arévalo, acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera, y otros miembros de su equipo, ofreció el 15 de octubre una conferencia de prensa para anunciar cinco medidas tras la fuga de 20 reos de Fraijanes 2. (Foto, Prensa Libre: Presidencia de Guatemala)

El pasado 12 de octubre se conoció la fuga de 20 reclusos, integrantes de la pandilla Barrio 18, de la cárcel Fraijanes 2. El hecho ocurrió mientras el presidente Bernardo Arévalo realizaba un viaje diplomático en Europa, lo que retrasó su pronunciamiento oficial hasta el 15 de octubre, cuando se dirigió por primera vez a la población en un mensaje transmitido al mediodía.

En su discurso, el mandatario calificó la fuga como una falta grave y no como un simple error operativo.

Además, enfatizó que este tipo de hechos golpean directamente la confianza de los guatemaltecos en el Estado y revelan la vulnerabilidad de las instituciones.

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Arévalo también denunció la existencia de actores políticos “oportunistas”, vinculados a redes delincuenciales, que intentan sacar provecho de la crisis para desestabilizar al gobierno.

El mensaje central del presidente fue que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción son una prioridad absoluta de su administración.

Arévalo subrayó que desde el momento en que conoció la fuga activó todos los protocolos de seguridad, coordinó acciones con el Ministerio de Gobernación, la Defensa y la Secretaría de Inteligencia, y sostuvo reuniones con aliados internacionales. Recordó que el problema de fondo no es únicamente la evasión de los 20 reos, sino la crisis estructural del sistema penitenciario y la penetración de la corrupción en las instituciones de seguridad.

5 Decisiones anunciadas por Bernardo Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo delineó una serie de decisiones urgentes con las que busca responder a la crisis.

Estas medidas, según explicó, no solo pretenden garantizar la recaptura de los reclusos evadidos, sino también iniciar un proceso de “transformación profunda” del sistema de seguridad y del régimen penitenciario.

1. Cambios en el equipo de seguridad del Estado

El presidente informó que aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de dos de sus viceministros: Claudia Palencia, encargada de Asuntos Antinarcóticos, y José Portillo, viceministro de Seguridad.

Con esto, el mandatario busca asumir responsabilidades políticas inmediatas y enviar un mensaje de que la crisis tendrá consecuencias en los altos mandos de la seguridad interna.

Los sustitutos serán nombrados en los próximos días, lo que abre un nuevo escenario en la conducción de la seguridad y el sistema penitenciario del país.

2. Construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad

Arévalo anunció la edificación de un centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para 2 mil reclusos.

El proyecto estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se prevé que esté terminado en 12 meses.

Esta prisión se levantará bajo los “más altos estándares internacionales” para este tipo de instalaciones, detalló Arévalo.

3. Censo nacional de la población penitenciaria

Por primera vez en la historia del país se realizará un censo exhaustivo de todos los privados de libertad, según el mandatario.

Este proceso contará con tecnología biométrica, lo que permitirá obtener información precisa y actualizada sobre la identidad y ubicación de cada reo.

Según el presidente, esta medida surge de la falta de voluntad política en gobiernos anteriores y busca dar un control real sobre la población penitenciaria, cerrando espacios a la fuga y a la manipulación de registros.

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4. Creación de una Fuerza de Tarea anticorrupción

Se conformará una Fuerza de Tarea especial, bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación y la Comisión Nacional contra la Corrupción, con la participación de órganos de control interno y de las inspecciones generales de las instituciones implicadas.

Su mandato será revisar de manera integral los procesos administrativos y normativos en dos entidades clave: la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema penitenciario.

El objetivo es detectar y desmantelar redes de corrupción, eliminar prácticas ilegales, identificar responsables y cerrar las fallas estructurales que permiten la colusión con el crimen organizado.

5. Cooperación internacional para combatir el crimen organizado

El presidente confirmó que se contará con el apoyo del FBI y de otras agencias de seguridad de Estados Unidos.

Este respaldo incluirá asistencia técnica y transferencia de conocimientos para fortalecer las capacidades del Estado en materia de investigación, inteligencia y control penitenciario

Con ello, Guatemala busca mejorar su capacidad para perseguir al crimen organizado y las pandillas, que, según el mandatario, son una de las principales amenazas contra la seguridad ciudadana.

Pandilleros de la MS-13 apuñalan a funcionarios penitenciarios dentro de una prisión en Virginia

Los pandilleros de la Mara Salvatrucha involucrados en este ataque de Virginia habían sido condenados por diversos delitos, incluyendo violación, extorsión, secuestro, robo y asesinato.

Emilio Dávila

3 de mayo de 2025

|

12:49h

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La Mara Salvatrucha es una organización terrorista internacional de pandillas criminales. (Foto Prensa Libre: AFP)

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense Fox News, durante la noche del pasado viernes 2 de mayo, al menos cinco miembros confirmados de la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización terrorista internacional de pandillas, apuñalaron a tres funcionarios penitenciarios en una prisión ubicada en Virginia.

Fox News citó un comunicado del Departamento Correccional de Virginia, en el que les informan que cinco oficiales fueron trasladados para poder recibir tratamiento médico externo luego de haber sido atacados por pandilleros de la MS-13 alrededor de las 21.45 horas.

“Dos oficiales que sufrieron heridas leves luego de responder al ataque de los pandilleros ya han sido dados de alta por los médicos. Sin embargo, los tres oficiales apuñalados fueron ingresados en el hospital estatal y actualmente se encuentran en una condición relativamente estable“, detalló el Departamento Correccional de Virginia.

Según el medio estadounidense, los cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha involucrados en este ataque de Virginia habían sido condenados en los Estados Unidos por diversos delitos violentos, incluyendo violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos con agravantes, en primer o segundo grado.

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“Cinco de los individuos responsables de este ataque sin sentido nunca deberían haber estado en esta nación en primer lugar”, declaró el director del Departamento Correccional de Virginia, Chad Dotson, quien considera que la única alternativa en este caso es la deportación inmediata de los pandilleros a la megacárcel en El Salvador.

Se espera que en las próximas semanas estos pandilleros sean deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en el territorio salvadoreño de Tecoluca, considerando que este establecimiento fue construido en medio de una ofensiva a gran escala contra las maras.

Lea más: El FBI irrumpió con armas y granadas en la casa equivocada y ahora la familia podrá demandarlos

“Todos los días, nuestros agentes se juegan la vida para garantizar la seguridad pública de más de 8 millones de personas en Virginia. Este atentado es un ejemplo de los peligros a los que se enfrentan cuando acuden a trabajar con estos criminales. Nuestros agentes son héroes y felicito al equipo por su respuesta”, añadió el director Dotson.

Conforme a lo expuesto por Fox News, este incidente está siendo investigado por las autoridades de Virginia y por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia del Departamento de Seguridad Nacional que se enfoca en el control migratorio, por lo que no se ha facilitado más información adicional.

Los funcionarios del ICE han manifestado su preocupación por la actividad de la MS-13 dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos y por sus “implicaciones más amplias” para la seguridad pública en el país. Por esta razón, el gobierno del presidente Donald Trump propuso enviar hasta 500 miembros de pandillas a El Salvador.

El mandatario republicano de Estados Unidos elogió públicamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al asegurar que está haciendo un trabajo fantástico en la nación centroamericana: “Él ha sido increíble con nosotros. Actualmente tiene algunas personas muy malas en esa prisión de CECOT”, agregó Trump durante una entrevista.

Big prison stabbing in #Virginia amid #Trump's #immigration crackdown; MS-13 gang members stab officers

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— Economic Times (@EconomicTimes) May 3, 2025

Capturan en EE. UU. a Josué Zepeda Padilla, un jefe criminal de la Mara Salvatrucha (MS-13)

Las autoridades estadounidenses revelaron que habían arrestado a un miembro de alto rango de la pandilla MS-13 que contaba con diversas órdenes de arresto por asalto en grupo en primer grado y secuestro en segundo grado.

Emilio Dávila

9 de marzo de 2025

|

10:41h

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La Mara Salvatrucha es una organización terrorista internacional de pandillas criminales. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pasado sábado 8 de marzo, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la agencia que se encarga de hacer cumplir las leyes federales, apoyar al sistema judicial y capturar fugitivos, anunció que, durante la tarde del viernes 7 de marzo capturaron a un miembro de alto rango de la pandilla MS-13 en Winston-Salem, Carolina del Norte.

La MS-13, también conocida como la Mara Salvatrucha, es quizás la pandilla callejera más conocida en el hemisferio occidental, tomando en consideración que ya son considerada una organización terrorista internacional de criminales, cuyas actividades incluyen violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro y robo.

Las autoridades estadounidenses revelaron que habían arrestado a un miembro de alto rango de la pandilla MS-13 que se encuentra en la isla de Long Island, Nueva York, conocido como Josué Zepeda Padilla, quien contaba con diversas órdenes de arresto en los EE. UU. por asalto en grupo en primer grado y secuestro en segundo grado.

De acuerdo con Catrina Thompson, alguacil federal del Distrito Medio de Carolina del Norte, los agentes del condado de Suffolk, Nueva York fueron los encargados de rastrearlo hasta la ciudad de Winston-Salem, en donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró capturar a Josué Zapata Padilla en la Avenida Gilmer.

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Captura de alto rango de la MS-13

Posteriormente, la misma alguacil federal, Catrina Thompson, mencionó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas había estado involucrado en la captura de Zapata Padilla debido a que el miembro de alto rango de la pandilla MS-13 se encontraba en Estados Unidos ilegalmente y anteriormente ya había sido deportado por ICE.

Por su parte, el Departamento de Policía de Winston-Salem, Carolina del Norte, indicó a través de un comunicado de prensa que, al momento de llegar a la Avenida Gilmer, Josué Zapata Padilla “se negó a cumplir las órdenes de las autoridades locales” e intentó escapar por el ático de la vivienda en la que se estaba alojando en ese momento.

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“Aún no está claro por qué Josué Zapata Padilla se encontraba en la ciudad de Winston-Salem, pero su intento de escapar fracasó cuando el pandillero cayó a través del techo de una casa que estaba conectada, donde se encontraba una familia estadounidense, incluidos niños”, agregó la alguacil Catrina Thompson, durante una entrevista.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense que transmite en español, Telemundo, las autoridades policiales de Carolina del Norte “literalmente volaron la puerta de la casa” para poder ingresar a la vivienda en la que se encontraba el líder pandillero, antes que este intentara esapar por la parte de arriba del lugar.

“El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos está comprometido a localizar y detener a fugitivos violentos en todo nuestro país”, declaró Thompson, quien también fue la jefa de policía en Winston-Salem, tomando en cuenta que el grupo de trabajo regional de fugitivos ha detenido a más de 8 mil 900 criminales desde su creación en 2018.

Vincent DeMarco, alguacil federal del Distrito de Nueva York, subrayó la importancia de la detención al mencionar que “este arresto es una victoria fundamental en nuestro esfuerzo continuo por llevar a los fugitivos violentos ante la justicia”, ya que las autoridades continúan investigando la conexión de Zepeda con otras actividades criminales.

El 24 de septiembre fue dejado en libertad por la jueza Ivette Amarilis Joaquín Amaya, titular del juzgado de primera instancia penal de turno de Guatemala porque consideró falta de mérito. El sujeto presentó un Documento Personal de Identificación (DPI) con otro nombre y por esa razón no podía procesarlo.

Sin embargo, la PNC considera que se trata de Morales García, alias el hard o el enano, quien es parte del Consejo de los Nueve de la MS13. Sin embargo, ahora será tarea del Ministerio Público (MP) indagar sobre Juan Carlos Morataya González, el nombre que aparece en el DPI que presentó en la audiencia.

Juan Carlos Morataya González se identifica con el DPI 4095 58389 0101 y con fecha de nacimiento el 14 de septiembre de 1988. Hasta ahora se desconoce sobre las acciones que tomará el ente pesquisidor, pero la PNC sostiene que se trata del sujeto que escapó de la cárcel de Fraijanes el 9 de noviembre de 2022.

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El 9 de noviembre de 2022 Morales García y/o Jorge Mario García, de 39 años, alias el hard, escapó en la zona 1 de la capital cuando asistía a una clínica médica ubicada en la 10a calle “A” y 2a avenida, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Morales García, a pesar de ser considerado un sujeto de alta peligrosidad, solo fue enviado con dos custodios del Sistema Penitenciario (SP) a esa cita médica.

Posesión, consumo, robo, homicidio…

El historial del alias hard o el enano revela que ha estado privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, Zona 18 de la Ciudad Guatemala.

En este lugar, según la información oficial, tuvo tres ingresos: el 20 de agosto  de 2003, por el delito posesión para el consumo. Otra el 21 de enero de 2004, por posesión para el consumo y portación ilegal de armas blancas ofensivas.

La última vez que estuvo en esa cárcel fue el 25 de noviembre de 2005, por los delitos de robo agravado, homicidio, portación ilegal de armas de fuego defensivas y/o deportivas. En ese momento su participación dentro de la MS13 era como un soldado. Escaló conforme cometió más hechos criminales.

Después de estar en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18 fue trasladado el 26 de noviembre de 2005 al Centro de Detención Preventiva El Boquerón, ubicado en Santa Rosa. Recobró su libertad el 21 de abril 04 de 2006.

El 11 de diciembre de 2013 volvió a ser capturado por las fuerzas de seguridad, acusado de asociaciones ilícitas y asesinato. Lo recluyeron en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.

Luego, el 29 de febrero de 2020, fue enviado Centro de Detención Preventiva para Hombres Restauración Constitucional, Fraijanes, conocido como Pavoncito de donde se fugó el 9 de noviembre del 2022.

Recapturado por violación, plagio y secuestro

Al ser recapturado el 19 de septiembre pasado, un día después, lo devolvieron al centro “Restauración Constitucional”, Fraijanes, (Pavoncito) acusado de asociaciones ilícitas, asesinato, violación, plagio y secuestro.

Hasta el 19 de septiembre de 2023 se desconocía sobre el paradero del pandillero que ha estado privado de libertad, además de Fraijanes 1, en Pavoncito, por asesinato y asociación ilícita.

Aquel día, tras casi un año de búsqueda, lo localizaron en una diligencia que practicó el MP y la PNC en la 13 avenida 1-72 zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Al momento de su captura no portaba ningún documento de identificación, pero la PNC verificó en la base de datos oficial y confirmó que se trataba de Morales García. 

Los investigadores el día de la recaptura le notificaron de tres órdenes emitidas el 9 y 10 de noviembre del 2022 por los delitos de homicidio; asociación ilícita y plagio o secuestro; además de otra por evasión, emanada el 7 de julio de 2023.

Investigadores de la PNC aseguran que cuentan con la documentación completa respecto de la identidad Morales García. Las pesquisas de la PNC. La jueza Joaquín Amaya ordenó su libertad de manera inmediata por falta de mérito y le dio tres días al MP para que presente alguna apelación.

De acuerdo con la PNC, Morales García, alias el hard o el enano, es parte del Consejo de los Nueve de la MS13 y el día de la audiencia de primera declaración presentó un Documento Personal de Identificación (DPI) a nombre de Juan Carlos Morataya González, por lo cual no fue procesado por la jueza a cargo.

Por esta razón, la jueza ordenó su liberación por falta de mérito. Consideró que no se trataba de la misma persona que el MP y la PNC había imputado. Hasta ahora se desconoce sobre las acciones que tomará el ente pesquisidor, pero la PNC sostiene que se trata del sujeto que se fugó de prisión en noviembre de 2022.

El sujeto escapó de la cárcel de Fraijanes 1, donde cumplía una condena de 50 años por asesinato y asociación ilícita. Fue rescatado por cómplices que llegaron en dos motocicletas a la clínica médica que visitaría en la zona 1.

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La fuga y recaptura

El 9 de noviembre de 2022 Morales García y/o Jorge Mario García, de 39 años, alias el hard, escapó en la zona 1 de la capital cuando asistía a una clínica médica ubicada en la 10a calle “A” y 2a avenida, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Morales García, a pesar de ser considerado un sujeto de alta peligrosidad, solo fue enviado con dos custodios del Sistema Penitenciario (SP) a esa cita médica en el centro histórico capitalino.

Victorino Xitumul Tista y Carlos Augusto López son los dos guardias del SP que lo custodiaban y que más tarde fueron procesados por la evasión del líder de esa clica de la MS13.

Ambos guardias fueron recluidos preventivamente en la cárcel de Pavoncito por la supuesta colaboración en la fuga de Morales García.

De acuerdo con las pesquisas, López fue a desayunar y Xitumul se quedó a cargo del reo, quien, con el argumento de que padecía de dolor de estómago, fue a una tienda a comprar alguna pastilla y le quitó los grilletes para pagar y tomarse el medicamento.

Luego de eso, lo atacó, lo desarmó y amenazó con matarlo si no lo dejaba escapar. Minutos más tarde apareció un cómplice en motocicleta, a quien lo resguardaban otros dos en otra moto, y Morales García corrió y se fugó.

Hasta el 19 de septiembre de 2023 se desconocía sobre el paradero del pandillero que ha estado privado de libertad, además de Fraijanes 1, en Pavoncito, por asesinato y asociación ilícita.

Aquel día, tras casi un año de búsqueda, lo localizaron en una diligencia que practicó el MP y la PNC en la 13 avenida 1-72 zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Al momento de su captura no portaba ningún documento de identificación, pero la PNC verificó en la base de datos oficial y confirmó que se trataba de Morales García. 

Los investigadores el día de la recaptura le notificaron de tres órdenes emitidas el 9 y 10 de noviembre del 2022 por los delitos de homicidio; asociación ilícita y plagio o secuestro; además de otra por evasión, emanada el 7 de julio de 2023.

Aunque ni el Organismo Judicial (OJ) ni el MP han brindado una versión oficial al respecto, fuentes de la PNC sostienen que este líder de la MS13 mostró en la audiencia correspondiente un Documento Personal de Identificación (DPI) que no le corresponde.

En la audiencia se presentó como Juan Carlos Morataya González y se amparó en el DPI 4095 58389 0101 con fecha de nacimiento el 14 de septiembre de 1988.

Investigadores de la PNC aseguran que cuentan con la documentación completa respecto de la identidad Morales García. Las pesquisas de la PNC. La jueza Joaquín Amaya ordenó su libertad de manera inmediata por falta de mérito y le dio tres días al MP para que presente alguna apelación.

Una corte de lo Penal de El Salvador envió en noviembre de 2022 a juicio a Quijano por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía, que no precisó la fecha programada para el comienzo del juicio contra Quijano, señaló que entre las evidencias proporcionadas se encuentran “intervenciones telefónicas y certificaciones de otros procesos penales”.

El político está siendo procesado y puede ser condenado aunque se encuentre prófugo de la Justicia, gracias a las reformas penales aprobadas por la Asamblea Legislativa, según el Ministerio Público.

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#Audiencia | Hoy, la @FGR_SV está solicitando que se admitan pruebas contra Norman Quijano, en las que se demuestra que el ex funcionario ofreció a líderes de la MS impulsos económicos para la estructura.

Entre las evidencias se encuentran intervenciones telefónicas y… pic.twitter.com/wISqC2Mnia

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 17, 2023

Antes de dichas reformas al Código Penal, una corte no podía instalar una audiencia sin que el imputado estuviera presente.

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#Audiencia I Se espera que las pruebas presentadas hoy a la Cámara 2° de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, sean conocidas durante el juicio.

Norman Quijano, que es prófugo de la justicia, está siendo procesado por Fraude Electoral y Agrupaciones… pic.twitter.com/W9AfOOcH4i

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 17, 2023

El 15 de diciembre de 2021, el Legislativo aprobó quitar la inmunidad parlamentaria a Quijano para que enfrentara un proceso penal por supuestamente negociar con pandillas.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Quijano se reunió con supuestos líderes de pandillas para buscar su apoyo y ganar las elecciones presidenciales en las que finalmente se impuso Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), en 2014.

Durante un juicio en el que fueron condenados más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha en 2019, un testigo identificado únicamente como “Noé” señaló que Quijano negoció dinero a cambio de votos para su partido, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

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Uno de los elementos que llevó al Ministerio Público a investigar a Quijano, quien se encuentra fuera del país y en paradero desconocido, fue un video entregado por ese testigo.

Pérez Chacón fue nombrado para el cargo el pasado 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a cinco jueces constitucionales.

En agosto del año pasado se conoció que el Supremo revocó la decisión.

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Según la información del medio local, La Prensa Gráfica, el proceso para extraditar al pandillero conocido como “Blue” se vence en septiembre de 2022, cuando se cumplen dos años de haber sido notificado de los cargos en su contra y arrestado en El Salvador.

Se trata del máximo tiempo en que una persona puede estar privada de la libertad sin haber sido enjuiciada, según las leyes salvadoreñas, indicó.

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La Justicia estadounidense acusó en julio de 2020 a Armando Eliú Melgar Díaz de terrorismo, por supuestamente dirigir varias células de la MS13 en Estados Unidos.

La exencargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, señaló a mediados de julio que este es un tema “muy importante” para su país y que “tenemos la esperanza que en algún momento va a pasar” (la extradición) para que esta persona pueda “enfrentar la justicia de EE. UU.”

Según otros medios locales e internacionales como Infobae, Bukele ha mandado a sus operadores en el sistema de justicia a hacer todo lo posible para evitar que el Blue, termine frente a una corte estadounidense

Las acusaciones contra Melgar Díaz en EE. UU. son parte de una ofensiva legal que el gobierno de ese país inició contra la MS13 durante la presidencia de Donald Trump y que continuaron bajo los dominios del Departamento de Justicia de Joe Biden.

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Quién es el Blue

Armando Eliu Melgar Díaz, el “Blue”, es uno de los cabecillas con diversos antecedentes criminales dentro de la organización terrorista de la MS-13, por lo que EE. UU. mantiene una exigencia de llevarlo a territorio estadounidense para procesarlo.

Sin embargo, el Blue tiene congelada su extradición a EE. UU., luego que los magistrados del presidente Nayib Bukele en la Corte Suprema de Justicia, dieron marcha atrás a la extradición ya aprobada, y en la actualidad estudian el caso nuevamente.

Al parecer, todo indica que su no extradición a la justicia estadounidense forma parte de los acuerdos del Gobierno de Bukele con la pandilla para bajar los homicidios. El Blue sería el primer MS-13 condenado por terrorismo.

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De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de EE. UU., Armando Eliu Melgar Díaz, el “Blue”, tiene una amplia trayectoria criminal.

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Gobierno de El Salvador negocia con Mara Salvatrucha desde 2019, según investigación

Esto luego de que el medio de investigación El Faro publicara la noche del jueves un reportaje, que cita documentos oficiales y declaraciones de un líder de la pandilla, en el que se señala que el Ejecutivo lleva negociando con la Mara Salvatrucha (MS13) desde junio pasado y que el pacto incluye favores electorales para los comicios del 2021 y baja de los homicidios a cambio de privilegios para la pandilla.

“La verdad como tenemos vario tiempo de estar sin comunicación, sin nada, no sabemos nada de eso -de las supuestas negociaciones-”, dijo a periodistas Baltazar de Jesús, un pandillero miembro de la MS13.

El miembro de dicha estructura dijo que desde abril pasado no ven a sus familiares y señaló que desde ese mes “los han mezclado”, es decir que comparte celda, donde están recluidos más de 60 personas, con integrantes de la pandilla Barrio 18, facciones Sureños y Revolucionarios.

Por su parte, Josué Valladares, miembro del Barrio 18, señaló que los internos de dicha cárcel de Quezaltepeque “acatan” las normas establecidas por la Dirección de Centros Penales.

“Nosotros estamos bajo el régimen y normas de ellos -de las autoridades de centros penales- y las acatamos y respetamos”, manifestó el pandillero.

Piden intervención de derechos humanos

El pandillero José Peña, recluido en el Complejo Penitenciario en Izalco (occidente), llamó a personal de derechos humanos del país centroamericano a que realice inspecciones en dicha cárcel para “que miren en la situación”.

“Necesitamos la presencia de derechos humanos en este lugar para que vean cosas que tal vez ellos desconocen referentes al maltrato, porque aquí hay bastantes compañeros que han sido golpeados”, dijo.

Además, señaló que “varios” de sus compañeros “han muerto a causa de las golpeadas y de enfermedades crónicas, por falta de atención -médica-”.

Agregó “esa no es la manera, somos seres humanos y el hecho que hemos perdido la libertad no quiere decir que vamos a ser tratados de esa manera, ni discriminados por ser pandilleros”.

Diversos organismos humanitarios han señalado en el pasado la vulnerabilidad de los presos salvadoreños ante enfermedades como la tuberculosis por los niveles de hacinamiento, que ha llegado a pasar del 300 % en el pasado.

Desde que se inició el martes pasado, en el proceso que se lleva a cabo en San Salvador ya han comparecido 16 acusados de estar vinculados a la banda.

El resto de los imputados (400) serán juzgados desde prisión con ayuda de videoconferencias debido a que se encuentran en prisiones que limitan las salidas de sus reclusos.

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La mayoría de los imputados fueron capturados en febrero de 2018 durante la Operación Cuscatlán contra la Mara Salvatrucha en la que se incautaron bienes por más de US$1,8 millones.

Se espera que el juicio se extienda hasta noviembre debido a la gran cantidad de acusados, de testimonios y de evidencia.

¿Cómo se logró identificar a los pandilleros?

La Fiscalía informó que recolectó declaraciones de 150 testigos, aunque durante el juicio sólo presentarán 34.

Sin embargo, la principal prueba en contra de los 426 imputados detenidos es un testigo clave identificado como Noé en el proceso judicial.

El informante, quien era miembro de la pandilla, describió con detalles las operaciones de la Mara Salvatrucha en los últimos años.

Según medios de comunicación en El Salvador, Noé es capaz de identificar por nombre y sobrenombre a cada uno de los acusados.

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En su testimonio aseguró que cabecillas de la Mara Salvatrucha ordenaban homicidios y extorsiones desde Zacatraz, un penal de máxima seguridad en la ciudad de Zacatecoluca, en el centro-sur de El Salvador.

Su identidad real se mantiene en total anonimato.

¿Quiénes son los principales acusados?

Entre los acusados figura el máximo cabecilla de la Mara Salvatrucha, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”.

El Diablito integra la lista negra de Estados Unidos de los máximos criminales del mundo.

Saúl Antonio Turcios Angel, alias el Trece, es otro de los imputados. Turcios está acusado de armar una red de colaboradores en la que entregaba dinero ilícito para invertirlo en otros negocios, según informaciones de la Fiscalía.

Igualmente se acusa a Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias el Sirra, quien fue condenado en 2000 a 33 años de prisión por delitos de homicidio, secuestro y daños agravados.

Otros cabecillas de la pandilla como Helmer Canales Rivera, el Croock de Hollywood; Ricardo Adalberto Díaz, el Rata de Leedwards; Pedro Benjamín Rivas Zelaya, Snyper, y Edson Sachary Eufemia, el Spyry de Park View, también están entre los enjuiciados.

Según Ricardo Sosa, experto salvadoreño en criminología y seguridad, se trata de un momento histórico para su país.

“Es la primera vez que en El Salvador se hace un juicio con tantos imputados, indudablemente es un proceso que marca historia en el país”, asegura.

¿De qué los acusan?

Los pandilleros de la Mara Salvatrucha están acusados de decenas de delitos.

Homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, conspiración de actos de terrorismo, lavado de dinero, compra y tráfico de armas, son solo algunos de ellos.

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“El principal objetivo de estas estructuras es obtener altas ganancias lucrativas que beneficia solamente a los que las gobiernan, mientras la mayoría continúa viviendo en condiciones paupérrimas”, afirma Sosa.

“Es una operación que ha mostrado por su efectividad que la Fiscalía y la Policía Nacional han encontrado una ruta para golpear estas estructuras criminales y desmantelarlas”, agrega el experto.

¿Qué se espera del juicio?

Las autoridades salvadoreñas esperan que un juez especializado condene a los principales cabecillas por sus delitos y a sus ayudantes.

Con la ayuda de los testimonios y de Noé, la Fiscalía quiere demostrar que la Mara Salvatrucha es una organización terrorista con presencia en todo el territorio salvadoreño.

“Es un golpe que llena de esperanza al pueblo salvadoreño, confiamos en que esto abra la posibilidad de que el crimen y el delito comiencen a disminuir considerablemente en el país”, afirma Sosa.

“En los últimos cuatro meses, los indicadores han mostrado que el cambio estratégico realizado por la Fiscalía en coordinación con la Policía y un mayor nivel de inteligencia y contrainteligencia está funcionando”, agrega.

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“Están golpeando a las organizaciones criminales donde más les duele: en sus finanzas”.

Para el salvadoreño, en el país “se espera que las investigaciones y las pesquisas que han desarrollado las unidades especializadas de investigación de la Fiscalía y de la Policía brinden los resultados esperados”.

“También se espera que los jueces ordenen sentencias y condenas contundentes y que se envíe un mensaje a las estructuras criminales que operan en El Salvador, que se les muestre que las autoridades han encontrado la manera de combatirlas”.

¿Qué tan importante es esta pandilla?

En 2011, el Departamento del Tesoro estadounidense designó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal internacional.

Fue la primera banda callejera en formar parte de esta “lista negra”.

La Mara Salvatrucha opera principalmente en Centroamérica y en EE.UU., pero se han encontrado células de la organización en otros países americanos como México y Canadá, e incluso en Europa.

La MS13 ganó fuerza en las calles de Los Ángeles, en el estado de California, en la década de los 80. Una década más tarde sus operaciones se expandieron en algunos países de América Central, después de que EE.UU. comenzara a deportar salvadoreños.

Según estimaciones del FBI, la organización contaba con 10.000 miembros activos en Estados Unidos y decenas de miles más en Latinoamérica en el año 2009.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de erradicar este tipo de organizaciones que operan en EE.UU.

“No son personas, estos son animales y tenemos que ser muy, muy duros”, dijo el mandatario en mayo de 2018 durante un discurso en Long Island, en el estado de Nueva York.

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El testigo, supuesto líder de pandilla que se encuentra bajo criterio de oportunidad, expuso que la estructura estableció negocios con los “tentáculos de los Z”, sin que la fuente aclarara si se trata del cartel conocido como “Los Zetas”.

Añadió que la pandilla salvadoreña traficó entre 200 y 400 kilogramos de marihuana, valorada hasta en US$500 cada kilogramo.

Por otra parte, apuntó que la estructura recibió desde Honduras 9 kilogramos de cocaína por US$112 mil 500.

Este mismo testigo vinculó el miércoles al actual alcalde de la capital salvadoreña, Ernesto Muyshondt, con la compra de votos a las pandillas en las elecciones municipales y legislativas de 2015.

“Noé”, de acuerdo con el órgano Judicial, aseguró que el político de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) le entregó a él US$69 mil “a cambio de votos”.

El testigo también señaló que la pandilla recibió dinero del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para las elecciones de 2014 en las que se impuso el expresidente Salvador Sánchez Cerén.

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Esta es la segunda vez que Arena y FMLN son señalados en un juicio de entregar dinero a la “maras” para recibir votos.

En agosto de 2017, un testigo identificado solo como “Nalo de Las Palmas” declaró, durante un juicio contra los operadores de una polémica tregua entre las pandillas de entre 2012 y 2014, que los dos principales partidos políticos de El Salvador pagaron US$350 mil.

El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de entre 103 y 50,3 registradas entre 2015 y 2018, índices atribuidos principalmente a la pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias.

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Hasta el momento, fueron intervenidos 15 inmuebles, además de ocho autobuses y diversos negocios, que son parte de las 63 propiedades que la PNC planea intervenir en el marco de la operación Libertad, cuarta que se realiza con el objetivo de afectar las finanzas de la Mara Salvatrucha (MS-13).
En el operativo desarrollado este viernes y cuya investigación comenzó en enero del 2016 fueron detenidos, además de pandilleros, miembros de sindicatos de educación, de veteranos de guerra, y del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP, así como personas vinculadas a diferente iglesias, señaló Cotto.
Entre los detenidos, el funcionario hizo referencia a Ricardo de Jesús Martínez, excabo de la PNC y participante activo del sindicato policial.

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El mando de la PNC explicó que varias personas vinculadas a sindicatos y movimientos sociales “has estado recibiendo dinero de las pandillas a cambio de favores”, que no detalló.
La Operación Libertad, en la que la PNC cuenta con “todo tipo de documentación y pruebas”, se desarrolla “específicamente a manos de personal especializado de la División de Crímen Organizado y la División Central de Investigaciones” del cuerpo de seguridad, además de la Fiscalía General de la República (FGR).
El procedimiento es el cuarto que se efectúa con el fin de golpear las finanzas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de las empresas, personas y entidades relacionadas con la pandilla, “aunque muchos de ellos no son pandilleros”.
Anteriormente, la PNC salvadoreña realizó las operaciones Jaque, Tecana y Cuscatlán con el mismo objetivo, en las que también fueron incautados numerosos bienes muebles e inmuebles.
Durante la operación “Jaque”, realizada en 2016, fueron arrestadas más de 70 personas, se incautaron más de 100 vehículos, 34.500 dólares en efectivo, se congelaron 17 inmuebles y 34 cuentas bancarias.

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En septiembre de 2017 se efectuó la operación Tecana, que se saldó con 99 detenciones de personas vinculadas al lavado de dinero de las maras.
Por su parte, durante la operación Cuscatlán, que se realizó en febrero del año en curso, fueron detenidas 28 personas y se allanaron unos 40 inmuebles.
El Salvador es asediado por la MS13, que Estados Unidos busca erradicar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que poseen más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.
Las autoridades acusan a las pandillas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81.7 asesinatos por cada cien mil habitantes en el 2015 y el 2016, respectivamente.

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La fuente señaló que “el dinero era propiedad de la MS13 y su procedencia era producto de diferentes delitos, como las extorsiones” .

Amplió que “el dinero era recolectado diariamente por la estructura; luego lo distribuían en los establecimientos comerciales, lo invertían en productos normales para traducirlo en dinero limpio, el cual, posteriormente, retornaba a la estructura en forma de ganancia” .

La audiencia inicial, que se desarrolla en el Tribunal Especializado de Instrucción “A” , se instaló con más de 40 minutos de retraso y estaba programada para las 08:30 hora local  (14:30) .

Según explicó la jueza encargada del caso al comienzo de la audiencia, esta primera fase del proceso “podría durar por lo menos tres días, por lo complejo del caso y por la cantidad de imputados” .

En el primer día de audiencia se procesa a 75 imputados de los 99 capturados; estos, según un portavoz del Centro Judicial, son los implicados en delitos relativos a conspiración para cometer homicidio y lavado de dinero, el resto de detenidos será procesado por los delitos de homicidio.

En este grupo de 75 implicados se encuentran los seis agentes de la Policía Nacional Civil  (PNC) ligados a esta estructura de lavado de dinero; tres de ellos están siendo acusados por tráfico de objetos prohibidos y el restante es procesado por el delito de organizaciones terroristas y lavado de dinero.

Al final de la jornada de este lunes, la jueza decidió aplazar la vista debido “a que lo complejo del caso no permitió que tanto la Fiscalía como los abogados defensores deliberaran sus respectivas incidencias” , por lo que proceso continuará mañana, martes, a las 08:30 hora local  (14:00 GMT) .

Los 99 implicados fueron capturados durante el procedimiento denominado Operación Tecana desarrollo entre la noche del jueves y madrugada del pasado viernes en la localidad de Santa Ana.

Las autoridades sostienen que esta operación es similar a la denominada “Jaque”  del 2016, en la que fueron arrestadas más de 70 personas, se incautaron más de 100 vehículos, 34.500 dólares en efectivo, se congelaron 17 inmuebles y 34 cuentas bancarias.

El Salvador es asediado por la MS13, que Estados Unidos busca erradicar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que poseen más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.

Las autoridades acusan a las pandillas salvadoreñas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.

En otro hecho, un grupo de supuestos miembros de pandilla asesinaron la madrugada de hoy a un efectivo de la Fuerza Armada de El Salvador en la localidad de San Luis Talpa  (sudeste) , lo que eleva a ocho el número de militares ultimados en lo que va de 2017, informó un portavoz del cuerpo de seguridad.

La fuente detalló que el crimen fue perpetrado a las 00:00 hora local  (06:00 GMT) en la vivienda del soldado, quien estaba destacado en la Brigada Especial de Seguridad Militar y se encontraba de licencia.

El portavoz apuntó que “un grupo de seis sujetos con vestimenta oscura simularon un operativo de seguridad para ingresar a la vivienda del soldado y asesinarlo a tiros” .

Agregó que las autoridades implementan un operativo policial, con más de 100 agentes de la Policía y miembros de la Fuerza Armada, para “dar con el paradero de los responsables del crimen” , de quienes, según el portavoz, ya tienen información.

El soldado fue identificado como Will Alfredo Sánchez Del Cid, de 28 años, y residía en la Lotificación Comalapa II, en el la localidad de San Luis Talpa.

En lo que va deL 2017 suman 19 los policías ultimados, de los que 14 han sido víctimas de una ola de ataques contra los miembros de este cuerpo de seguridad desde mediados de junio pasado; a estos se suman al menos ocho militares y un custodio de centros penales.

El viceministro de Seguridad de ese país centroamericano, Raúl López, aseguró este martes que las pandillas han arreciado los asesinatos y los ataques contra policías para obligar al Gobierno a “ablandar”  las medidas “extraordinarias”  de seguridad implementadas desde marzo de 2016.

“Las estructuras han iniciado una escalada premeditada de violencia homicida para presionar, para el ablandamiento de las medidas extraordinarias” , señaló López en rueda de prensa.

Añadió que según los informes de la inteligencia estatal, otro de los factores que han llevado a estos grupos a recrudecer la violencia es la proximidad de las elecciones para diputados y alcaldes en marzo de 2018.

De acuerdo con diversos sectores, las pandillas podrían pactar con los partidos políticos diferentes beneficios a cambio de reducir los índices de violencia o votos.

A mediados de agosto, El Salvador registró un alza en las muertes violentas, que en ese momento rompió “el esquema de la cantidad que veníamos teniendo” , de menos de 10 homicidios, según el director de la Policía, Howard Cotto.

El Gobierno atribuye a las medidas extraordinarias, que incluye el recrudecimiento del régimen carcelario para las pandillas, una baja del 37 por ciento de los asesinatos en lo que va del 2017, pasando de 3.597 entre enero y mediados de agosto de 2016 a 2.259, en la actualidad.

Entre el 2012 y el 2014 las pandillas mantuvieron una tregua, que según ha revelado el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, fue puesta en marcha por la Administración de Mauricio Funes  (2009-2014) , aunque este sostiene que fue iniciativa de las “maras”  y de la sociedad civil.

Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social  (Incide) sostiene que las pandillas recrudecieron su patrón de violencia entre 2010 y 2015 por el mayor control territorial que les permitió esa tregua.

El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha  (MS13) , el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que poseen más de 600 células en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los homicidios, que en el 2015 y el 2016 alcanzaron los 103 y 81.7 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

La Fiscalía General salvadoreña señaló que los ultimados son supuestos miembros de la MS13 y que “la primera línea de investigación es que fueron asesinados por la pandilla rival”, la Barrio 18.

El organismo identificó a tres de las víctimas como Jaime Edilberto Gonzalez Rivera, Joel Esaú Rivera y Gustavo Adolfo Barahona Beltrán, sin detallar las edades.

Entre enero y agosto de 2015 el instituto forense del país centroamericano registró 4 mil 246 asesinatos, lo que significa un incremento del 67,3 por ciento respecto al mismo período del 2014.

Las autoridades de Seguridad del país centroamericano aseguran que aproximadamente el 85 por ciento de los asesinados en agosto, que cerró con 911 muertes violentas, fueron pandilleros.