Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se reunieron con representantes del sector privado para detallar los alcances de la nueva operatividad del secreto bancario en relación con la situación fiscal de los contribuyentes.
Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) falló el pasado miércoles en definitiva a un recurso que presentó la entidad Escalas Mercantiles, S.A., hay un recurso similar que está pendiente de resolverse, y que, además, es similar.
Son al menos seis las principales funciones que tiene a cargo la Gerencia de Investigación Fiscal de la SAT, la cual podrá de nuevo acceder a la información bancaria de los contribuyentes por orden de juez, luego que la Corte de Constitucional resolvió sin lugar una acción que lo impedía desde el año pasado.
Aproximadamente un año de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines de fiscalización –conocido también como secreto bancario–, ayer la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el fallo en definitiva que revoca dicha suspensión, decretada en agosto del 2018.
La Superintendencia de Administración de Tributaria (SAT) podrá de nuevo acceder a información de los contribuyentes sin necesidad de solicitarlo al Ministerio Público (MP), por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Guatemala debe trabajar y lograr acceder a la información bancaria de manera directa a los contribuyentes, luego de que se conociera un informe preliminar que se incumplió con los estándares de transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El FMI en su reciente evaluación a Guatemala pidió al país que se retome el proceso para levantar el secreto bancario para fiscalización tributaria sin embargo el presidente del Cacif, Juan Carlos Tefel tiene una opinión diferente a lo dicho por el organismo internacional.
Instituciones de gobierno, tanques de pensamiento así como representantes de organismo internacionales como el FMI, Banco Mundial y el BID consideran que la suspensión provisional del acceso a la información bancaria representa graves riesgos que podrían llevar nuevamente al país a ser considerado un paraíso fiscal.
Dependencia de la SAT analiza datos financieros y riesgos de tributantes jurídicos e individuales y el inventario de investigaciones es de 300 casos en dos años, y destaca que cerca del 75% de ellos son por cuatro impuestos.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ya no podrá acceder a la información bancaria de manera directa de los contribuyentes, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) decretara la suspensión provisional del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario.
