Política
Astrid Lemus y Estuardo Gálvez disputarán segunda vuelta en elección del Cang para la CC
Astrid Lemus y Estuardo Gálvez se medirán en segunda vuelta para representar al Cang ante la Corte de Constitucionalidad en el periodo 2026-2031.
Astrid Lemus (izquierda) y Estuardo Gálvez (derecha) avanzaron a la segunda vuelta para representar al Cang ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera / HemerotecaPL)
Astrid Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios disputarán la segunda vuelta para elegir al magistrado titular que representará al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.
Lemus obtuvo 5 mil 085 votos y Gálvez 4 mil 495 en la primera ronda.
El balotaje quedó programado para el próximo jueves 12 de febrero, luego de que ninguno de los aspirantes alcanzara la mayoría absoluta en la votación celebrada el miércoles 4 de febrero.
La jornada electoral estuvo marcada por la exclusión de profesionales de ciencias afines al Derecho —como politólogos, internacionalistas y criminólogos— tras una resolución judicial que dio con lugar a un amparo contra su participación.
En la elección de magistrado suplente ante la CC por el Cang, avanzaron a segunda vuelta Luis Fernando Bermejo, con 5 mil 840 votos, y Melvin Giovanni Portillo, con 4 mil 863.
En esta primera vuelta participaron 13 profesionales que aspiraban a representar al CANG ante la CC.
Además de Lemus Rodríguez y Gálvez Barrios —quienes avanzaron a la segunda vuelta—, figuraron nombres que han tenido peso en la discusión pública y en procesos constitucionales recientes.
Entre ellos, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, actual magistrado de la CC, cuyo perfil generó atención por su continuidad en el alto tribunal; Mynor Mauricio Moto Morataya, exjuez vinculado a casos de alto impacto; y Walter Brenner Vásquez Gómez, abogado con trayectoria en litigio constitucional y participación en procesos institucionales del sector justicia.
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¿Cómo se integra la CC?
Según el artículo 269 de la Constitución Política de la República, la Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, cada uno con su respectivo suplente. Estos son designados por:
- La Corte Suprema de Justicia.
- El Congreso de la República.
- El presidente en Consejo de Ministros.
- El Consejo Superior Universitario de la Usac.
- La Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios.
En los casos en que la CC conozca acciones contra altos órganos del Estado —como el Congreso, el presidente o la Corte Suprema de Justicia—, se integra con siete magistrados, mediante el sorteo de dos suplentes adicionales.
El cargo de magistrado se ejerce durante cinco años. Para optar a él, según el artículo 270 constitucional, se requiere ser guatemalteco de origen, estar colegiado como abogado, tener reconocida honorabilidad y contar con al menos 15 años de ejercicio profesional.
Reacciones ante periodo decisivo
Ese mismo 4 de febrero, justo cuando se desarrollaba la votación del CANG, la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación por las decisiones judiciales que alteraron, a su juicio, la certeza de la votación luego de una resolución que ordenó que se impidiera que votaran casi 4 mil profesionales para elegir al nuevo representante ante la CC.
Carlos Ayala, jefe de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala, señaló ante los integrante regionales del Consejo Permanente el impacto de los cambios en el padrón del Cang y advirtió que afectan la legitimidad del proceso.
La Misión ha enfatizado que el 2026 será un año clave para la institucionalidad guatemalteca, con la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas.
Uno de los procesos más observados será la elección de un nuevo fiscal general, lo que implicará la salida de Consuelo Porras, quien ocupa el cargo desde el 2018.
Porras ha sido sancionada por corrupción por EE. UU. y la Unión Europea, y su gestión ha sido objeto de severos cuestionamientos por supuestos actos de encubrimiento, así como por perseguir judicialmente a fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.
También se le señala de intentar bloquear la candidatura y toma de posesión del actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

