Apenas concluye marzo y los procesos de elección de segundo grado 2026 han quemado etapas relevantes, en un marco de tensiones políticas, negociaciones espurias y graves amenazas de criminalización como principal ingrediente, especialmente en lo tocante a la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la elección de fiscal general de la República.

Se trata de factores comunes y frecuentes en este tipo de procesos, excepto por el miedo a la criminalización, que surge cuando, desde las entrañas del Ministerio Público, la persecución penal se convierte en un instrumento más de coacción para quienes actúan con independencia, pensamiento crítico y se resisten a aliarse con las estructuras criminales que siguen controlando grandes porciones de las instituciones.

En el proceso de postulación y elección de candidatos al Tribunal Supremo Electoral, los factores fueron disímiles. No se percibió miedo; todo estuvo controlado por el presidente de la comisión y sus aliados. Hubo unanimidad en las decisiones, incluyendo las etapas con mayor arbitrariedad y discrecionalidad; y, en la votación final, los votos disidentes no tuvieron relevancia. Los comisionados parecían felices, en contraposición a la decepción de amplios segmentos ciudadanos cuando se conoció la lista de veinte candidatos.

Cuando el pleno del Congreso concretó la elección de los magistrados titulares y suplentes, fue evidente que las tachas presentadas en contra de muchos de los candidatos ganaron peso e incidencia. La comisión había tramitado todas las tachas, pero, al final, las rechazó en cuestión de minutos. Por eso resalta que la mayoría parlamentaria excluyó a quienes concitaban más repudio, y los diputados que más votos manejan —y que son conocidos por despreciar las corrientes de opinión pública— no pudieron elegir a su antojo.

Acciones legales pendientes de resolver

En el proceso de integración de la CC, los nuevos magistrados titulares y suplentes ya fueron juramentados y está vigente el decreto que pone nombre y apellido a cada magistratura, pero aún hay intentos para anular las designaciones de Astrid Lemus (CANG) y Julia Marisol Rivera (USAC). La primera es considerada enemiga de la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad; la segunda fue designada en el cargo que estaba reservado para la actual presidenta de la CC, Leyla Lemus, de quien se creía que tenía asegurada la reelección.

Además del intento por anular estas designaciones vía acciones de amparo, es sabido que el Ministerio Público busca activar denuncias penales y enviar a prisión preventiva a Astrid Lemus y a la presidenta del CANG, Patricia Gámez. Hacen la lucha para que Nester Vásquez siga en la CC si logran anular las elecciones gremiales y, al procesar penalmente a la abogada Gámez, ocasionarían de refilón un problema de integración en la comisión que nominará candidatos al MP.

Mientras la integración de la CC afronta algunas condiciones de fragilidad e incertidumbre, la comisión de nominación de candidatos a fiscal general está por iniciar una fase relevante: la evaluación de los 49 aspirantes, mientras se reporta ya una fuerte coacción para no dejar fuera de la nómina de seis candidatos a la actual jefa del MP. De 6 a 8 comisionados parecieran estar dispuestos a encabezar la lucha en nombre de Consuelo Porras, los mismos que intentaron sistemáticamente que ella llegara a esta fase sin tachas. Pero no lo lograron, y para nominarla requieren al menos diez votos.

Algunos comisionados reportan ya coacciones, temen que haya represalias en su contra y cuentan que también hay “ventiscas que soplan desde el norte”. El 17 de abril sabremos qué tan fuertes estuvieron los telefonazos, las ventiscas y los dedazos amenazantes, y qué tanto terreno ganó el miedo.