Mañana es la última oportunidad que tienen los diputados para aprobar en el primer periodo ordinario de sesiones del 2026, la iniciativa 6593, que contiene la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En la sesión ordinaria del pasado martes 5 de mayo estaba prevista la discusión y aprobación por artículos y en su redacción final. Sin embargo, debido a que no se alcanzaron los 107 votos requeridos para su aprobación, el presidente del Congreso, Luis Contreras, levantó la sesión, lo que aplazó una semana más la aprobación de la norma.

Según indicaron diputados del bloque oficial, así como de otros bloques legislativos, las bancadas Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos, Valor y Cabal obstaculizaron la aprobación de la ley antilavado, ya que buscaban consensos para aprobar las modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público (MP) y anular el convenio que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), esto a cambio de los votos para aprobar la norma contra el lavado de dinero.

No obstante, en el Congreso continúan las negociaciones y los acuerdos para lograr que la ley contra el lavado de dinero pueda ser aprobada antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de mayo.

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Continúan negociaciones

El segundo vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia, afirmó que hay acuerdos entre los diferentes bloques legislativos para aprobar las enmiendas a la ley contra el lavado de dinero durante la sesión que se realizará mañana.

“Ya estamos en la recta final para llegar a los acuerdos necesarios para aprobar las enmiendas y que permitan que el próximo martes podamos aprobar esta importante iniciativa. Ya son pocos los detalles, son algunas observaciones, pero todos los aportes de los bloques legislativos son importantes y se están tomando en cuenta, de tal manera que podamos tener una ley moderna que permita el combate al lavado de dinero”, afirmó el congresista.

Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó que aún existen ciertos “temores” por parte de algunos bloques legislativos para aprobar la ley, principalmente relacionados con las obligaciones que deben cumplir los notarios para evitar el lavado de dinero.

“Los notarios tienen varias obligaciones. La primera es registrarse, que ya lo deberían de haber hecho. La segunda es tener un registro de sus clientes y la tercera es avisar si algún cliente incurre en algún negocio ilícito; lo tendrían que avisar, pero también están con mucho problema con las multas, quieren que los notarios solo tengan 500 dólares de multa y la Gafi no lo acepta, la multa tiene que ser más grande, ellos —Gafi— en eso están parados”, afirmó Contreras.

Tanto los requisitos solicitados a los notarios como otros aspectos de la propuesta son parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con la finalidad de alinear la norma contra el lavado de dinero con los estándares internacionales.

El presidente del Congreso aseguró que la iniciativa de la ley antilavado, así como la iniciativa para crear la ley de puertos, serán incluidas en la agenda de la sesión que se realizará el martes 12 de mayo, ya que el objetivo es aprobarlas antes de que inicie el periodo extraordinario el 16 del mes en curso.

Modificación a ley del MP y evitar nueva Cicig

El diputado Orlando Blanco, cuarto vicepresidente del Congreso, afirmó que el pasado martes se dio un “bloqueo sistemático” a la aprobación de la ley antilavado por parte de varias bancadas. El motivo principal fue la negociación de votos que permitieran aprobar las modificaciones a la ley del MP para devolver al presidente la facultad de remover al fiscal general, esto ante una eventual posibilidad de que el próximo gobierno pueda destituir al fiscal que fue nombrado por el presidente Bernardo Arévalo.

“Estaban negociando que se aprobara la ley del Ministerio Público, aquella que le permite al presidente poder cambiar al fiscal cuando él quiera. Sin embargo, cuando el presidente Bernardo Arévalo la presentó en mayo del 2024 no pasó nada. Ahora la quieren para dejar allanado el camino por si quieren cambiar al fiscal”, afirmó Blanco.

También indicó que otro asunto que buscaron abordar fue la derogación del acuerdo que dio vida a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que aún está vigente. Esto ante la posibilidad de que la comisión pueda ser reactivada nuevamente por parte del nuevo jefe del MP.

“También se habló que querían derogar el convenio que suscribió el Estado de Guatemala con la Cicig, porque ese convenio se podría reabrir en cualquier momento y el nuevo fiscal podría solicitar nuevamente, a través de un cruce de cartas, que se vuelva a habilitar este convenio que habilitaba a la Cicig, yo lo veo muy complicado, pero es parte de lo que estaban negociando”, afirmó Blanco.

El congresista también indicó que hay un tercer escenario y es que “hay ciertos interesados en regularizar su situación” previo a que la ley antilavado pueda ser aprobada, por lo que les sería conveniente retrasar su aprobación.

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Herramienta de persecución política

Según indicó el jefe de la bancada Vamos, Alan Rodríguez, en ningún momento los diputados de su bancada se oponen a la aprobación de la ley antilavado, sino que únicamente consideran que no sería viable aprobar una ley de tal magnitud sin las debidas modificaciones para su implementación y descartó los señalamientos vertidos por los diputados oficialistas.

“Nosotros lo que estamos es a favor de defender los derechos del pueblo, de defender los derechos y las garantías constitucionales de los guatemaltecos y no solo venir a aprobar una ley sin las enmiendas necesarias, sin el conocimiento necesario y no solo venir como borregos a votar, porque le aseguro que al menos 90 diputados no han leído esa ley, no han leído el dictamen y no han leído las enmiendas, pero no saben realmente las consecuencias de votar por algo así sin leer”, aseguró.

Según Rodríguez, los diputados oficialistas “tampoco han leído la ley” y asegura que, si la ley antilavado se aprueba sin las enmiendas correspondientes, únicamente servirá como “instrumento de persecución política” por parte del oficialismo.

No deberían tener temor

Por su parte, el diputado Raúl Barrera, del bloque oficial, asegura que no debería haber oposición a la ley para “quienes hacen las cosas de forma correcta”, ya que lo que hace la ley antilavado es homologar al país con los estándares establecidos internacionalmente para combatir este ilícito.

“Quien crea que la norma es riesgosa es porque puede coquetear con actividades que pueden no ser legales, razón por la cual quien se desarrolla en el marco de la legalidad no debería temer que esta ley se convierta en un instrumento vigente”, afirma. Barrera también asegura que “con el cambio positivo en el Ministerio Público no debería existir el temor de que el sistema de justicia va a seguir siendo utilizado como herramienta de persecución política, debemos pasar la página y tener confianza en que el cambio también implica, fundamentalmente, que se interpreten las leyes de manera correcta”.

Importante para la inversión

El viernes 8 de mayo se realizó la reunión ordinaria de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft). En la reunión estuvieron presentes autoridades del Organismo Ejecutivo, del Organismo Judicial y representantes de distintas entidades de Gobierno, en la que se dieron a conocer detalles acerca de la estrategia nacional para el combate del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, por medio de la cual se busca cerrar todas aquellas brechas que han sido identificadas por el Gafilat desde el 2016, así como los riesgos identificados desde el 2024.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, afirmó que la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero por parte del Congreso es muy importante, ya que de ello depende que el país continúe manteniendo su calificación, así como el atractivo para futuros inversionistas.

“Es muy importante la aprobación de esta ley ya estamos muy cerca, a un paso, a un pequeño paso de que la misma sea aprobada, fundamental para que la calificación del país. Porque en este momento Guatemala todavía es atractiva y puede ser aún más atractiva para los inversionistas. Pero si pierde esa calificación pierde el atractivo de inversión” puntualizó.

La estrategia nacional para el combate del lavado de dinero contempla varias acciones, como la colaboración interinstitucional entre organismos e instituciones, lo que permitirá desarrollar planes y medidas para evitar este ilícito. También aborda la recuperación de activos derivados de esta actividad y la debida gestión de estos.

Asimismo, incluye el sistema legal, para lo cual es de suma importancia la aprobación de la ley que está pendiente en el Congreso; además, contempla la prevención y las alianzas estratégicas que permitan continuar con el abordaje de esta problemática y, por último, la capacitación del personal de las entidades e instituciones involucradas en el combate y prevención del lavado de dinero en el país.