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Congreso discute necesidad de seguro para diputados mientras prepara compra de celulares y tablets
Mientras se vuelve a discutir la cobertura médica privada para los diputados, a través de un seguro, el Congreso se dispone a contratar 184 celulares y 184 tabletas de alta gama, en medio de otros gastos financiados con fondos públicos.
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El vencimiento de la póliza de vida y gastos médicos de los diputados del Congreso vuelve a poner bajo escrutinio el costo de las prestaciones que financia el Legislativo.
Aunque todavía no se ha abierto una nueva licitación, el presidente del organismo, Luis Contreras, habló de la necesidad de mantener un seguro para los legisladores, mientras otra contratación en curso contempla la adquisición de 184 teléfonos móviles y 184 tabletas.
“Todo empleado debe tener un seguro”, afirmó Contreras al ser consultado sobre una posible renovación. El presidente dijo que no estaba seguro de que el proceso ya se estuviera analizando, pero consideró que la cobertura actual funciona porque no ha recibido muchas quejas y porque, en lo personal, le ha servido cuando la ha necesitado.
La póliza anterior fue contratada con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por Q15.8 millones para un período de dos años, con vigencia hasta agosto de 2026. El contrato, identificado con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 17976960, contempló cobertura colectiva de vida y gastos médicos para 184 personas, entre diputados, directores y subdirectores del Congreso.
Por ahora, no se ha confirmado una nueva contratación ni que el Legislativo haya decidido mantener al mismo proveedor. Sin embargo, el presupuesto aprobado para 2026 contempla Q10.2 millones para una póliza colectiva que incluye a diputados, directores, subdirectores y la flotilla de vehículos institucionales.
Seguro bajo discusión
Contreras sostuvo que los diputados deben contar con seguro porque así lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Al preguntársele por qué no recurren al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), respondió que algunos legisladores utilizan ese servicio, pero que quienes cuentan con la póliza privada pueden hacer uso de ella.
El presidente también indicó que la afiliación al seguro es voluntaria y que algunos diputados han renunciado a la cobertura. Consultado sobre la posibilidad de modificar la normativa para eliminar ese gasto, respondió que podría someterse a consideración, pero no en este momento.
La discusión no es nueva. En 2022, el Congreso contrató al CHN por Q15.8 millones para cubrir a 184 personas durante 24 meses. La póliza contemplaba consultas médicas, medicamentos, hospitalización, maternidad, atención de urgencias y seguro de vida, entre otros beneficios. Según lo publicado entonces, también incluía a cónyuges e hijos bajo las condiciones establecidas en el contrato.
Teléfonos y tabletas en licitación
Mientras se discute sobre el seguro, el Congreso tiene en marcha otro proceso de contratación que involucra dispositivos para legisladores y altos cargos administrativos.
La licitación pública, identificada con el NOG 31069940, busca adquirir 184 teléfonos móviles y 184 tabletas para diputados, directores y subdirectores del Organismo Legislativo. La recepción de ofertas está prevista para el 5 de noviembre de 2026.
Las bases contemplan teléfonos con sistemas Android o iOS, conexión 5G, almacenamiento de al menos 256 GB y cámaras de alta resolución. Para los equipos Android se solicita, entre otras características, una cámara principal de al menos 200 megapíxeles; para los dispositivos iOS, una de al menos 48 megapíxeles. También se requieren equipos resistentes al agua y al polvo, con capacidad de grabación de video en alta resolución.
En cuanto a las tabletas, las especificaciones incluyen pantallas de 11 o 13.1 pulgadas, según el sistema operativo, además de accesorios como teclado y lápiz para los equipos Android. Los dispositivos deberán contar con garantía de fábrica de 12 meses.
El servicio telefónico solicitado incluye al menos 120 GB de internet de alta velocidad por línea, llamadas ilimitadas y roaming de datos, voz y mensajes de texto. Las bases también establecen que las líneas no deben generar cargos adicionales por suscripciones.
El concurso no determina todavía cuánto costará la adquisición, pues el monto final dependerá de las ofertas recibidas y de la adjudicación.
Antecedentes del gasto telefónico
Los gastos de comunicación de los diputados también han sido objeto de fiscalización. Una revisión publicada por Prensa Libre el 27 de febrero de 2025 reportó que el Congreso pagó Q5.4 millones en 2023 para cubrir servicios telefónicos e internet de los legisladores.
Otro informe de marzo de 2023, consignó Q3.42 millones en servicio de telefonía, incluido el servicio celular para diputados.
Salarios y otros gastos
La discusión sobre las prestaciones y los dispositivos ocurre después del aumento salarial de los diputados, que entró en vigor en 2025 y elevó sus ingresos mensuales. Para 2026, publicaciones periodísticas reportaron que los legisladores perciben alrededor de Q66 mil mensuales.
Además de los salarios, el presupuesto del Congreso para 2026 contempla Q7.5 millones para alimentación en reuniones de comisiones de trabajo y bloques legislativos, así como para personal de seguridad y suministros como café, azúcar y agua embotellada.
También se asignaron Q12 millones para un bono y una canasta navideña destinados a trabajadores de la institución, conforme al pacto colectivo.
Los gastos de alimentación tienen antecedentes en legislaturas anteriores. Según una publicación de Prensa Libre de febrero de 2025, el Congreso gastó Q19.1 millones en comida durante el período 2020-2023, con desembolsos anuales que oscilaron entre Q4.1 millones y Q5.4 millones.
Otros gastos recientes
A lo largo de este 2026 también figuran compras de suministros y equipos para el funcionamiento institucional.
Entre las adquisiciones registradas en Guatecompras se encuentran Q72 mil 540 para café instantáneo, Q80 mil para café molido, Q43 mil 560 para papel higiénico y Q89 mil 964 para 36 tabletas destinadas al jardín infantil del Congreso.
Estos gastos tienen finalidades distintas y no todos corresponden a beneficios directos para los diputados. Sin embargo, su revisión permite dimensionar los recursos destinados al funcionamiento del Legislativo, junto con los salarios, las prestaciones y los servicios tecnológicos que financia con fondos públicos.
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