En todo país democrático, los primeros llamados a ejercer este respeto a los demás, en tener una conducta adecuada y respetar la institucionalidad son los funcionarios públicos, sin excepción.

El cuidado ambiental es tarea de todos y debe ser un compromiso, con acciones concretas, inculcado desde las aulas. Sin embargo, a veces ni siquiera la amenaza ciclónica parece suficiente motivo para aplicar con rigor las leyes ambientales.

Es clave involucrar a las nuevas generaciones en la cultura de la tolerancia y la reconciliación, pues a fin de cuentas cualquier aspiración humana digna transita por el camino de la paz y pierde el rumbo si toma por los laberintos de la violencia.

No se puede generalizar. Existen en Estados Unidos muchísimas personas que no solo valoran, sino que además exaltan y admiran el valor de la multiculturalidad, la tolerancia y el aporte de los migrantes. Lamentablemente, también subsisten heridas y prejuicios que hunden sus raíces en una historia de agresiones en contra de minorías.

Es una verdadera vergüenza para el gremio del Derecho contar entre sus filas con personas que utilizan garantías ciudadanas y privilegios profesionales para incurrir en desfachatados tráficos de influencias para su propio beneficio o como mandaderos de otros interesados.

Han sido tantas décadas de esfuerzos de integración económica y tan evidentes sus beneficios que se hace necesario acelerar la implementación de un protocolo especial de tránsito regional de mercancías que reduzca riesgos sanitarios y que a la vez reduzca el impacto productivo.

Los ciudadanos deben actuar como tales para aminorar el peligro y tratar de evitar al máximo la necesidad de sumarse a la demanda de asistencia hospitalaria, la cual dependerá de otras variables fuera del alcance individual.

Es responsabilidad de los magistrados titulares y suplentes dar continuidad al ordenamiento político del país, exigir la máxima cuentadancia a las organizaciones y sancionar cualquier tipo de financiamiento de fuentes ilícitas, puesto que tales prácticas han  demostrado ser útiles para caciques, narcotraficantes, lavadores de activos y funcionarios señalados de corrupción, pero no para la ciudadanía.

El tiempo apremia, y los casos positivos se siguen sumando. No hay justificación para manejos diletantes, negligentes o quizá dolosos de los procesos públicos de compra.

Todos los potenciales participantes deben aceptar las normas del diálogo, dentro de las cuales deben figurar la idoneidad dentro de cada disciplina, la racionalidad de los planteamientos, el soporte de datos numéricos para afirmaciones u objeciones, así como la obligada asertividad en las contrapropuestas.