Afirmar que la economía de Guatemala se encuentra en un estado paupérrimo es una hipérbole (la tercera con mayor PIB per cápita, con US$3 mil 414, según el FMI). Sin embargo, lo que sí constituye una problemática para la estructura social, económica y política del país es que muchos guatemaltecos, aunque forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), no laboran formalmente, no tienen prestaciones sociales y no gozan de un salario digno. Por ejemplo, el ingreso promedio mensual actual es de Q2 mil 083, cuando el costo de la Canasta Básica Alimentaria para enero del  2015 era de Q3 mil 247.20.

Afirmar que la economía de Gua- temala se encuentra en un estado paupérrimo es una hipérbole (la tercera con mayor PIB per cápita, con US$3 mil 414, según el FMI). Sin embargo, lo que sí constituye una problemática para la estructura social, económica y política del país es que muchos guatemaltecos, aunque forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), no laboran formalmente, no tienen prestaciones sociales y no gozan de un salario digno. Por ejemplo, el ingreso promedio mensual actual es de Q2 mil 083, cuando el costo de la Canasta Básica Alimentaria para enero del 2015 era de Q3 mil 247.20.

Comprender la complejidad y los elementos subyacentes al poder, cristalizados en fenómenos globales como los Tratados de Libre Comercio -élites geoeconómicas de ultramar-, el crimen organizado transnacional -narcotráfico- y el terrorismo, el desarrollo científico y tecnológico antibioético, la degradación ambiental inescrupulosa, el descentramiento de los Estados-nacionales y otros  implica reconocer el rol contundente de la hegemonía global, aquella que imponen inconscientemente las élites a los subalternos, a  través de sistemas de pensamientos, de creencias y de valores, priorizando el individualismo, el éxito economicista, el consumismo simbólico y el "infalible" mercado como condicionante del desarrollo. La hegemonía es un concepto polisémico desde la Antropología, la Ciencia Política, la Economía, etcétera, y "tiene que ver con la dirección, y se contrapone al dominio.

Paulatinamente, el enjambre de prácticas latrocidas, privatistas y caudillistas de los últimos gobiernos "democráticos" —desde el ambivalente Cerezo hasta el ofuscado y sin legado político  Pérez Molina— han desinstitucionalizado la capacidad y efectividad de las instituciones del Estado, poniendo en jaque el imperio de la legalidad, cooptando desde los poderes ocultos los órganos de control jurídico, político y administrativo, y desmantelando los resabios del Estado de Bienestar, aquel que basa su desarrollo en la creación de valor público. El valor público es el conjunto de cambios —observables y susceptibles de medición— que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por lo tanto, con sentido para la ciudadanía.

Paradójicamente el Homo sapiens, que en latín significa "hombre sabio" -evolucionando desde las cianobacterias hasta el sujeto complejo de hoy en día-, ha sido el principal sicario de todas las formas de vida existentes en la Tierra —humana, animal y vegetal—. Esto lo podemos constatar con amenazas manifiestas como el cambio climático, los conflictos bélicos y el armamentismo nuclear, el crecimiento poblacional desmedido, entre otras acciones  que responsabilizan al ser humano de la destrucción permanente del orbe. Y en esta maraña de puñaladas antibioéticas se encuentra el daño irreversible a los manglares y humedales del país. Los manglares son humedales que solo se desarrollan en las costas tropicales —Guatemala es un país considerado megadiverso—.

Ante la primacía del usurerismo financiero global, el descalabro de las instituciones de la democracia, el agotamiento del modelo de desarrollo económico-productivo y la crisis de valores democráticos en los sujetos, es oportuno reflexionar sobre la recuperación de la ética en las ideas, decisiones y actuaciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Reivindicar la ética  significa contrarrestar los patrones anómicos de la comunidad política. Es decir, transformar la realidad social recuperando la existencia de normas colectivas, aquellas que coadyuvan a la generación del bienestar común y mejoran la calidad de vida de las mayorías. No debemos olvidar que la ausencia de normas sociales no significa que no existan leyes. Empero, ambas crean una sinergia para la construcción de un Estado social y democrático de Derecho, aquel donde deben cohabitar los usos, costumbres y tradiciones con las normas jurídicas positivas para crear convivencia, armonía, cultura de paz y respeto por los derechos humanos, y así prevenir los delitos, las violencias y las discriminaciones entre los individuos y las colectividades.

En la formación histórica del Estado de Guatemala -el rompecabezas de la Nación aún está desarmado-, uno de los flagelos sistémicos que ha mutilado la institucionalidad democrática, y que tiene perversas implicaciones en la estructura económica y social es el rentismo. El rentismo es el conjunto de discursos y prácticas políticas desarrolladas para obtener utilidades privadas -ingresos, privilegios y ventajas- a través del ejercicio del poder político o influyendo en círculos de toma de decisiones, cuya finalidad es controlar los negocios de la Administración Pública o de una riqueza ajena que afecta considerablemente el uso, tenencia y rentabilidad común de los bienes  y servicios soberanos del Estado.

Ante la imposibilidad actual de transformar el modelo de desarrollo en el país por la falta de voluntad pública de la clase política -sicarios del bien común-, la reconcentración del poder de las élites -mercado oligopolizado y saqueador de los recursos estratégicos-, la deficitaria presupuestación para echar a andar los procesos -endeudamiento crítico, préstamos y bonos- y las lógicas de influencia del capitalismo global -Estados y burguesías transnacionalizadas-, debemos repensar críticamente la viabilidad de las Alianzas Público Privadas (APP), pues sus pobres resultados no han contribuido al desarrollo democrático, socioeconómico, y a fortalecer el municipalismo y descentralización. El Congreso de Guatemala, en el 2010 promulgó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, la cual se constituye en el marco regulatorio para la celebración y ejecución de contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica.

Las festividades religiosas de la Nochebuena y de la Navidad tienen como objetivo celebrar el nacimiento de Jesucristo, un ser que místicamente personifica las bendiciones, el amor, la paz, la solidaridad y el renacimiento personal-colectivo. En esencia, estos eventos sirven de pretexto para hacer una pausa "metodológica" en nuestras vidas, a manera de deslindar por un momento los trajines de la cotidianidad familiar y la rutinización laboral que no permiten reflexionar sobre nuestra individualidad y moralidad humana, nuestro quehacer profesional, y nuestro compromiso para y con el país. La primera introspección que debe provocarnos esta época es hacernos una autocrítica y autoevaluación lo más objetiva posible sobre nuestro rol individual como personas, como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos, etcétera; donde medimos nuestra coherencia entre la teoría y la práctica, entre el discurso y la acción, con la finalidad de reinventar nuestra dignidad y la de los otros.

La construcción de la democracia en cualquier nación del mundo es una tarea compleja, ha sido una conquista social que los pueblos han tenido que ganar, muchas veces, con sangre, sudor, lágrimas y coraje. Sin embargo, es imprescindible reconocer que la democracia no solo atañe al diseño racional e institucional de los Estados -eficacia de los aparatos públicos para priorizar el bienestar común-, sino plantea cambios redistributivos en las estructuras económico-productivas -la piedra angular de las políticas y reformas fiscales-, en crear sinergia y cohesión con los diversos actores sociales, instituyendo la gobernanza y legitimidad ciudadana -la edificación de un contrato social constitucional-, y la apropiación de la axiología democrática -coherencia entre las ideas, principios y la praxis política/pública-, cuestiones que necesariamente demandan un Estado mínimo, un mercado regulado y una ciudadanía empoderada.