Economía

Sector empresarial y financiero reconoce aprobación de ley contra el lavado de dinero en Guatemala

Organizaciones empresariales, entidades financieras y autoridades económicas coinciden en que la nueva normativa fortalece la transparencia, la competitividad y la posición de Guatemala ante los organismos internacionales.

Diputados aprobaron este 2 de junio la ley contra el lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo por parte del Congreso de la República generó reacciones favorables de cámaras empresariales, entidades financieras y sectores económicos, que durante los últimos meses habían insistido en la necesidad de modernizar la legislación guatemalteca para cumplir con estándares internacionales y evitar riesgos para el sistema financiero nacional.

La normativa, aprobada el 2 de junio con el respaldo de 147 diputados, sustituye un marco legal vigente desde hace más de 25 años y reúne en un solo cuerpo normativo las disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Diversos sectores consideran que la actualización fortalece la institucionalidad del país y mejora las condiciones para enfrentar la evaluación internacional que Guatemala deberá afrontar en 2027.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) calificó la aprobación de la ley como una decisión trascendental para fortalecer la estabilidad financiera, la transparencia y la legalidad en Guatemala.

Según el sector empresarial organizado, la nueva legislación contribuye a preservar la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales, además de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y combatir estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal.

Asimismo, destacó que la normativa envía una señal positiva sobre el compromiso del país con el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la creación de condiciones favorables para la inversión, el empleo y el crecimiento económico sostenible.

Sector privado celebra aprobación de la ley antilavado

La Cámara de Industria de Guatemala afirmó que la norma alinea a Guatemala con los estándares y las recomendaciones internacionales impulsados por el GAFI y el Gafilat.

También consideró que el Decreto 15-2026 fortalece la competitividad del país, brinda mayor certeza jurídica y protege la reputación financiera ante inversionistas y socios comerciales.

A su vez, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana reiteró la importancia de implementar la norma de manera técnica, efectiva y transparente.

"Consolida un entorno de negocios más transparente, seguro y competitivo en el marco de los estándares internacionales", afirmó AmCham Guatemala en un pronunciamiento emitido tras la aprobación en el Congreso de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) señaló que la norma fortalece el sistema financiero y la competitividad de Guatemala en el mercado internacional.

Fundesa destacó que la aprobación de la ley antilavado constituye un paso importante hacia el alcance del grado de inversión, ya que elimina uno de los factores de riesgo más relevantes para los mercados internacionales identificados por GAFI.

“Un país con marcos legales robustos atrae inversión de calidad, genera empleos formales y protege a su ciudadanía del avance de economías ilícitas que distorsionan la competencia y erosionan las instituciones”, indicó el pronunciamiento difundido en redes sociales.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) también reconoció la aprobación de la ley y señaló que representa una decisión estratégica para la competitividad del país.

Por medio de un pronunciamiento, la entidad indicó que la nueva legislación fortalece la institucionalidad y contribuye a mantener la confianza de inversionistas, mercados internacionales y socios comerciales, elementos que considera fundamentales para consolidar a Guatemala como un país seguro y competitivo para los negocios.

Agexport añadió que el desafío ahora será garantizar una implementación efectiva, técnica y transparente que permita alcanzar los objetivos para los cuales fue creada la normativa y fortalecer la reputación internacional del país.

La Superintendencia de Bancos (SIB) afirmó que la aprobación de la ley constituye un paso decisivo para actualizar y fortalecer la regulación nacional en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La institución resaltó que la nueva legislación representa un hito porque integra por primera vez ambas materias en una sola normativa y actualiza un marco regulatorio que permaneció vigente durante más de dos décadas.

Además, reiteró su compromiso de colaborar en la implementación y aplicación de la ley para fortalecer la integridad, transparencia y resiliencia del sistema financiero guatemalteco.

La Cámara del Agro reconoció la aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la calificó como un paso importante para fortalecer la institucionalidad, la certeza jurídica y la competitividad de Guatemala. La entidad destacó que la normativa representa un avance en la modernización del marco legal del país y en el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir delitos financieros.

En su pronunciamiento, la organización señaló que una implementación adecuada de la ley contribuirá a preservar la confianza internacional en Guatemala, fortalecer el sistema financiero y generar mejores condiciones para la inversión, el comercio y el desarrollo económico. Además, consideró que la nueva legislación puede favorecer un entorno más sólido para la actividad productiva y la atracción de capitales.

La sede diplomática estadounidense considera que la aprobación de la nueva legislación representa un paso importante en la lucha contra el lavado de dinero. Según la embajada, la normativa demuestra el compromiso de Guatemala con el fortalecimiento económico y el Estado de Derecho al establecer un marco legal para combatir actividades criminales y el financiamiento del terrorismo.

La representación de Estados Unidos también expresa su expectativa de que la ley sea implementada de manera rápida y efectiva. A su criterio, la aplicación de la normativa contribuirá a fortalecer la prosperidad económica, la seguridad y la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos.

Una ley impulsada por la presión de distintos sectores

La aprobación de la normativa ocurrió después de varios meses de discusión legislativa y de llamados públicos de entidades nacionales e internacionales para que Guatemala actualizara su legislación.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, representa un avance para fortalecer las capacidades del Estado frente a las estructuras criminales. Según el mandatario, la normativa actualiza las herramientas legales para perseguir con mayor eficacia las finanzas vinculadas al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, además de contribuir a la protección de la economía nacional y a la estabilidad del sistema financiero guatemalteco.

Entre los sectores que respaldaron la iniciativa figuraron la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria de Guatemala, cámaras empresariales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Embajada de Estados Unidos y representantes del sector exportador.

La principal preocupación era que Guatemala enfrentará en 2027 una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que revisará la efectividad de los mecanismos nacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Diversos sectores habían advertido que no aprobar una legislación actualizada podía aumentar el riesgo de que el país fuera incluido en listas de observación internacionales, con posibles efectos en la reputación financiera, la inversión extranjera, el comercio exterior y las operaciones vinculadas con remesas.

Con la aprobación de la nueva ley, autoridades y sectores económicos consideran que Guatemala da un paso para fortalecer su marco regulatorio y alinearse con las recomendaciones internacionales en materia de prevención de delitos financieros.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.