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Arévalo reportó avance en limitadores de velocidad, pero solo 5.7% de más de 277 mil unidades cuentan con el sistema
Solo un 5.7% del total de vehículos de transporte pesado y colectivo cuenta con limitadores de velocidad, una cifra que cobra relevancia tras el accidente en la autopista Palín–Escuintla que dejó tres fallecidos y reavivó las críticas por la falta de controles.
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El uso del sistema limitador de velocidad (SLV) es obligatorio desde el 2 de marzo último, pero su aplicación sigue siendo mínima, pese a la recurrencia de accidentes de tránsito.
La exigencia de cumplir con esta disposición cobró fuerza tras hechos recientes, como el accidente en la autopista Palín-Escuintla, que dejó tres fallecidos y generó una fuerte reacción en redes sociales.
En medio de los cuestionamientos, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que 11 mil 789 unidades de transporte pesado ya cuentan con el mecanismo y que, hasta febrero, había 116 empresas certificadas para instalarlo.
No obstante, comparado con el total del parque vehicular, el avance es limitado.
Según datos de la Dirección General de Transporte (DGT) y Provial, en el transporte de carga hay 256 mil 129 unidades registradas, de las cuales 15 mil 133 cuentan con limitador, lo que equivale a apenas 5.9% de la totalidad.
En el transporte colectivo, de 21 mil 631 unidades registradas, solo 793 tienen el sistema, es decir, solo un 3.7%.
Al sumar las cifras, en total, de 277 mil 760 unidades registradas, únicamente 15 mil 926 cuentan con limitador de velocidad, lo que representa alrededor de 5.7% del parque vehicular.
El bajo porcentaje evidencia que, pese a la obligatoriedad, la medida aún no se refleja de forma significativa en la carretera, han reprochado organizaciones que apoyan a víctimas de accidentes de tránsito.
¿Cuántas multas han sido impuestas?
Desde la entrada en vigor de las sanciones, hace aproximadamente dos semanas, la DGT ha impuesto solo tres multas, todas correspondientes al primer nivel.
Las sanciones equivalen a cinco salarios mínimos, que suman un total de Q20 mil 11.40. Lo que significa que hasta ahora al DGT ha impuesto multas por unos Q60 mil.
Las multas van de cinco a 10 salarios mínimos, lo que equivale a montos entre Q21 mil 261 y Q42 mil 522, según el salario mínimo.
Estas sanciones forman parte de una escala progresiva:
- 5 salarios mínimos → Q20 mil 11.40 (desde la entrada en vigencia del acuerdo)
- 7 salarios mínimos → Q28 mil 15.96 (a los 6 meses)
- 10 salarios mínimos → Q40 mil 22.80 (al año)
Director es cuestionado
Durante una citación en el Congreso, el director de la DGT, Mynor González, fue cuestionado por la falta de medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de la norma.
El diputado Jairo Flores responsabilizó al Ministerio de Comunicaciones y a la DGT de la falta de fiscalización y sanciones, al señalar “ineficiencia, falta de voluntad y posible corrupción”.
Por su parte, Edgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Colectivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), advirtió que el problema podría ser aún mayor debido a un subregistro en el transporte colectivo.
“Hay más o menos el doble… unos 20 mil vehículos entre microbuses, autobuses y picops que operan con irregularidades”, afirmó.
Con estos datos, según los congresistas, el incumplimiento no solo refleja una débil aplicación de la norma, sino también un sistema de control que, hasta ahora, no logra impactar de forma significativa en la reducción de riesgos viales.
Piden una mesa técnica
Mientras tanto, las gremiales de transporte de carga organizaron una conferencia de prensa este martes 17 de marzo, en la que descartaron, por ahora, un paro de labores y solicitaron retomar la discusión sobre los limitadores de velocidad mediante una mesa técnica de alto nivel.
El vocero Héctor Fajardo indicó que ya enviaron solicitudes al Congreso y al Ejecutivo para abrir el diálogo en un plazo máximo de 10 días, con participación de autoridades y transportistas.
El sector sostiene que el limitador “no es la solución final” y propone revisar la Ley de Tránsito, las infracciones y fortalecer el registro de datos sobre accidentes, además de implementar medidas más amplias para regular la velocidad en carretera.
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