La trama ilegal detrás de la ruta Franja Transversal

Un proyecto aprobado en el 2005 y modificado en el 2009 por el Congreso que muestra negociaciones ilícitas casi una década después.

El puente El Soldado, en San Luis, Petén, continúa sin ser terminado, como muchos otros tramos de la ruta en la Franja Transversal del Norte. (Foto Prensa Libre: Juan Carlos Rivera)
El puente El Soldado, en San Luis, Petén, continúa sin ser terminado, como muchos otros tramos de la ruta en la Franja Transversal del Norte. (Foto Prensa Libre: Juan Carlos Rivera)

Cuando se trata de obras públicas millonarias, todos los caminos pasan por el Congreso de la República. La facultad legislativa para aprobar préstamos e incluso emitir leyes específicas para la ejecución de obras es la llave del tesoro público.
Este mecanismo lo han entendido los principales caudillos políticos de las últimas décadas. El pasado 14 de agosto, una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tiró de uno de los hilos de la trama detrás de la aprobación de la construcción de ruta en la Franja Transversal del Norte, una carretera que uniría Izabal con Huehuetenango.

Este proyecto fue adjudicado por Q1 mil 748.9 millones, según registros del Ministerio de Finanzas, y que luego de ajustes, según el índice de precios al consumidor costará Q2 mil 594.72 millones, Q845.85 millones más de lo previsto, siempre y cuando se cumplan los plazos de finalización.
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La investigación detallaba pagos a Alejandro Sinibaldi por parte de la constructora israelí Solel Boneh y SBI International Holdings —otra de las entidades de la compañía— en el 2009, cuando era diputado por el cancelado Partido Patriota (PP) y más tarde, en el 2013 y en el 2014, cuando era ministro de Comunicaciones.
Los pagos del 2009, sin embargo, corresponden a una modificación, realizada desde el Congreso junto a otros diputados, del decreto con el cual se creó el proyecto vial. Esta investigación de Prensa Libre reconstruye esas negociaciones.

https://twitter.com/prensa_libre/status/1027547548205154304

El cabo suelto

El rastro parte del caso Corrupción y Construcción, fase I, en el cual documentos recabados en allanamientos mostraron el pago de contratistas del Estado a la cartera de Comunicaciones, y que derivó en la fase II del caso, aún bajo investigación, en donde se documentó el pago vía entidades fuera de plaza a Sinibaldi.
En el caso de Solel Boneh y SBI International Holdings, estos se registraron mediante la entidad fuera de plaza Water Resources Development.

Respecto de esos señalamientos, personal de la oficina local de la empresa refirió que las instrucciones de la casa matriz son no pronunciarse y dejar que las investigaciones sigan su curso.

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Sobre este punto, el concuño de Sinibaldi y abogado de confianza del político Juan Arturo Jegerlehner Morales declaró en anticipo de prueba que, en el 2009, el entonces diputado le pidió constituir una entidad fuera de plaza para recibir un soborno.

“Alejandro me informó que el pago derivaba de que él, junto con otros diputados, habían logrado que el pago de la Franja Transversal del Norte, que era el proyecto que ejecutaba Solel Boneh en ese momento, se hiciera en un solo pago, y no en varios pagos como anteriormente había sido aprobado por el Congreso. Me indicó que el monto que le correspondía a él era de US$600 mil y que necesitaba que una persona recibiera ese pago a fin de no aparecer él de forma directa”, declaró.

El origen

El inicio de las negociaciones alrededor del proyecto vial arrancó en el 2005, como parte de los llamados “megaproyectos” del gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (Gana).

El 16 de noviembre del 2005 fue aprobado el decreto 88-2005, que creó una ley específica para el proyecto vial Franja Transversal del Norte.
Entre los artículos del decreto se establecía que los pagos al contratista no podrían pasar de US$20 millones al año, que la empresa adjudicada debía gestionar el préstamo para la obra y que en el contrato, una vez adjudicado, no se reconocerían fluctuaciones de precios. Además, no se podría variar el monto del contrato.

Todos estos aspectos fueron modificados en el 2009.

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El primer paso

Los votos decisivos para esta aprobación, en el 2005, los otorgaron el oficialista Gana y el opositor FRG, luego de que este partido variara su postura. El evento salió a licitación pública internacional en el 2007 y fue adjudicada al único oferente: Solel Boneh FTN, S. A. El proyecto originalmente valdría US$671.94 millones, incluyendo el préstamo que debía gestionar la empresa.

En aquella oportunidad, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el PP expresaron su rechazo al proyecto. El diputado Édgar Rodríguez, de la UNE, dijo, según registros del diario de sesiones del 16 de noviembre del 2005: “Esto, señores, es un cheque en blanco que se le está dando a personas particulares para que puedan seguir enriqueciéndose”.
Mientras que el diputado Gudy Rivera, del PP, actualmente condenado por tráfico de influencias y cohecho activo, aseguró: “Estamos votando en contra porque no nos dieron el tiempo necesario para poder hacer el análisis e invitar a las autoridades que van a llevar a cabo el proyecto a la bancada”.

Tanto UNE como PP votarían juntos en el 2009 para reformar el decreto y rechazarían realizar un nuevo proceso de licitación.

El 16 de noviembre del 2005, el Congreso aprobó la Ley del Proyecto Franja Transversal del Norte, una obra en el contexto del Plan Puebla Panamá, firmado en el 2001. (Foto HemerotecaPL)

Los pagos ilegales

Para el 2009, ya durante el gobierno de Álvaro Colom de la UNE, el proyecto no arrancaba.

El 14 de abril, el Congreso conoció la iniciativa de ley del Ejecutivo para reformar el decreto 88-2005. Luego, la Comisión de Comunicaciones, presidida por el diputado Byron Chacón, de la Gana, dio un dictamen favorable a la propuesta el 2 de junio.

Previamente, el 5 de mayo, la Comisión de Finanzas Públicas, con Mario Taracena como presidente, dio dictamen favorable a un préstamo por US$203 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El camino estaba despejado para la reforma a la Ley de la Franja Transversal del Norte. Con 136 votos a favor, solo siete en contra y 15 ausencias se aprobó el decreto 22-2009, que modificó el proyecto.

Los cambios permitieron que los pagos a la empresa pudieran superar los US$20 millones anuales, que el Estado administrara el préstamo —incluido el pago de comisiones de compromiso— y abrió la puerta a la fluctuación de precios y que estos “no se consideraran dentro de las variaciones a que se refiere este artículo”, según la reforma al artículo 39.

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Las actuales autoridades de la Dirección General de Caminos niegan que exista una variación en el monto del proyecto, cuyo contrato establecía la cifra de US$261.25 millones.
Sin embargo, ya el 17 de enero del 2014, un cálculo de costos por tramo del proyecto registraba un monto de US$274.3 millones, un aumento de US$13.05 millones. El documento se puede consultar con el número de operación de Guatecompras 257346 en el historial de acciones.

Según fuentes legislativas de ese período, la modificación se dio luego de que numerosos congresistas recibieran sobornos por parte de la compañía. Aseguran que no fue únicamente Sinibaldi el presunto receptor de los pagos.
“Los sobornos se recibieron en la comisión de Comunicaciones, que dictaminó, entre las principales bancadas, en la sala de Finanzas, que avaló el préstamo y en algunos casos a jefes de bloque”, señala una fuente legislativa que recibió ofrecimientos en la operación. Pagos que irían de los Q50 mil para diputados rasos a Q300 mil para jefes de bloques.

Otro excongresista apunta que los mecanismos variaban de bloque en bloque. Bancadas como la del desaparecido FRG contaban con pagos mensuales de Q30 mil adicionales por parte de la dirigencia, llamados “el helado”, que los obligaba a un voto disciplinado. Bloques como el cancelado Gana se gestionaban con Q2 millones de obras al año, asignados por congresista para su libre operación.
Mientras que en bloques en ascenso, como el del PP, se canalizaban los recursos a través de los entonces diputados Alejandro Sinibaldi y Roxana Baldetti. Y en el partido oficialista, con el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos.

En el caso de la UNE, añade otra fuente política, el apoyo del contratista incluyó un aporte de US$1 millón en la campaña presidencial del 2007.

Niegan señalamientos

El diputado Chacón, en el 2009 integrante de la Gana y actualmente en el oficialista FCN-Nación, aseguró que no recibió ningún ofrecimiento de dinero. “Que se haga una investigación exhaustiva, formal. No investigaciones como las hacen periodistas para desacreditar al Congreso, aunque ya está desacreditado, sino también a particulares. Me atrevo a decirle que fue uno de los mejores proyectos de esos años”, aseguró el diputado representante de Izabal.

Respecto de la propuesta del vicepresidente Rafael Espada en el 2009, para repetir el proceso de licitación de la obra, Chacón dijo a Prensa Libre, en una publicación del 21 de junio del 2009: “No sería legal para la empresa que ganó la licitación en el 2007, porque fue la única que tuvo el valor de respaldar a Guatemala en un megaproyecto”.

Al respecto, el diputado Taracena dice que el proyecto “fue un acuerdo de nación con más de cien votos” y descartó el pago a los congresistas.


El expresidente Álvaro Colom aseguró no recordar que su secretario privado, Gustavo Alejos, “mantuviera una relación con la empresa contratista”. El exmandatario indicó que a nivel de Ejecutivo “no se tuvo vinculación con el PP sobre este tema. Se apoyó la Franja por ayudar a las regiones más pobres del país”.

La actual dirigencia de la UNE también se desmarca. El diputado Óscar Argueta, representante del partido ante el TSE, señala que “el 95 por ciento del Comité Ejecutivo Nacional no era parte del partido en esa época” y que no pueden responder por la falta de controles del pasado.

 

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