Además, las organizaciones consideran necesario que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) extienda el proceso electoral hasta el 15 de enero de 2024 y que no quede como originalmente está establecido para el 31 de octubre próximo.
“Las organizaciones internacionales acompañamos la situación de derechos humanos de Guatemala, expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis política y social que enfrenta el país debido a las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público que ponen en riesgo el proceso electoral y la estabilidad democrática”, señala el comunicado de las entidades.
El documento agrega que por más de una semana “la población se ha manifestado pacíficamente en diferentes regiones del país en contra de las actuaciones del Ministerio Público y para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana”, a quienes responsabilizan de la crisis.
EN ESTE MOMENTO
“Es importante que las autoridades guatemaltecas respeten el derecho de manifestación y garanticen la integridad de las personas que manifiestan”, reitera el documento.
Además, indica que “las autoridades deben propiciar el diálogo y no actuar violentamente contra las personas que manifiestan” y que tampoco “deben criminalizar ni amenazar a los líderes de las manifestaciones”.
Refiere que, en tal sentido, “las autoridades deben cumplir los amparos provisionales que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las autoridades indígenas de Palín y la organización Acción Ciudadana, así como a los 48 cantones para que se garantice el derecho de manifestación de la ciudadanía”.
Según el comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta como la regla general, y no deben considerarlas como una amenaza al orden público o la seguridad interna”.
Por lo anterior las organizaciones señalan que “exhortamos a las autoridades guatemaltecas que se abstengan de involucrar al Ejército para resolver la situación”.
“Hacemos un llamado a la Misión de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que escuche a todos los sectores sociales involucrados en las manifestaciones y que se garantice su integridad para que puedan hablar con libertad”, detalla la misiva.
El comunicado finaliza: “consideramos necesario que el Tribunal Supremo Electoral extienda el plazo del proceso electoral hasta el 15 de enero 2024 para garantizar que las autoridades electas puedan tomar posesión conforme lo establece la Constitución Política”.
Entre las organizaciones firmantes están el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundación para la Justicia, Impunity Watch, Artículo 19, Robert F. Kennedy Human Rights, Fundación para el Debido Proceso, Be Just, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Civicus, Guatemala Human Rights Commission/ USA y Latin America Working Group.
Desde Centroamérica
Las organizaciones del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica condenaron este miércoles la “represión” contra manifestantes en Guatemala y señalaron que las recientes declaraciones del presidente Alejandro Giammattei están orientadas a “incrementar el conflicto”.
“Condenamos la represión en Guatemala y reivindicamos el derecho a la manifestación pacífica”, indicaron en un comunicado divulgado por una de las organizaciones con sede en San Salvador.
Guatemala suma once días de manifestaciones y bloqueos para exigir la renuncia de su fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, quien se resiste a dejar el cargo pese al paro nacional que vive el país.
Las organizaciones señalaron que la noche del 9 de octubre “un grupo de manifestantes fueron agredidas y agredidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), en el centro de la capital guatemalteca”.
“De igual forma, consideramos inapropiadas las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, en cadena nacional, orientadas a incrementar el conflicto y un clima de violencia que no contribuye a la garantía de los derechos humanos y la paz social”, subrayaron las entidades.
Condenaron también “los intentos de provocación que está teniendo la PNC” contra los manifestantes y recordaron que “las protestas son un ejercicio de derechos” y una “manifestación del descontento popular acumulado por las arbitrariedades cometidas por el Estado de Guatemala”, especialmente el MP.
“Nos solidarizamos con el pueblo guatemalteco, les acompañamos en su lucha contra la impunidad, reivindicamos el derecho a la libertad de reunión pacífica, movilización y protesta, y rechazamos enérgicamente todo tipo de violencia ocurrida en contra de las personas manifestantes”, concluyeron.
Entre las organizaciones del Equipo Regional están el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Comisión de Derechos Humanos de Panamá (Conadehupa) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), entre otros.
Las protestas fueron convocadas e iniciadas el 2 de octubre por la organización 48 Cantones de Totonicapán. Desde entonces, se ha sumado una gran parte de la población.
Los manifestantes piden la dimisión de la jefa del Ministerio Público por supuestamente intentar modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, ganadas por Bernardo Arévalo.
