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COMUNITARIO
Estos son los 14 profesionales que compiten para ser magistrados de la CC por la Usac
El CSU elegirá el 16 de febrero a sus representantes ante la CC, en medio de cuestionamientos por la integración del Consejo y candidaturas polémicas.
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Catorce perfiles, entre ellos Porras, Lemus y Demetrio, compiten en la Usac por magistraturas en la CC. El CSU decidirá este 16 de febrero a los dos magistrados de la CC por el periodo 2026-2031 (Foto, Prensa Libre y Guatemala Visible)
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) elegirá el próximo 16 de febrero a sus magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, en un proceso marcado por controversias y bajo observación de distintos sectores.
La designación es clave, ya que la CC es el máximo tribunal en materia constitucional y sus resoluciones inciden directamente en decisiones del Estado, procesos electorales y acciones de amparo.
Entre los aspirantes destacan María Consuelo Porras Argueta, Leyla Susana Lemus Arriaga y Guillermo Demetrio España, cuyas trayectorias han generado cuestionamientos y debate público.
Las candidaturas bajo la lupa
Los 14 candidatos que buscan un puesto en la Corte de Constitucionalidad a través de la Usac son, aparecen según orden alfabético por nombre y con información extraída de Guatemala Visible:
1. Alejandro José Gutiérrez Dávila
Alejandro Gutiérez se postula únicamente como magistrado suplente, también figura como candidato a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En el sector público, ha ocupado cargos dentro del Organismo Judicial, donde fue letrado de la Corte Suprema de Justicia (2016-2020) y prestó servicios en la Vocalía III de la CSJ (2015-2016). Además, se desempeñó como director ejecutivo III en la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), fue asesor jurídico en GUATEL y trabajó como asesor en el Ministerio de la Defensa.
En materia de transparencia, registra antecedentes como contratista del Estado entre 2015 y 2024. En ese período acumuló 22 contratos, por un monto total aproximado de Q1.3 millones.
2. Guillermo Demetrio España Mérida
En tanto, Guillermo Demetrio España Mérida, exmagistrado de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo —conocida como la “sala de los milagros”— participó en resoluciones relacionadas con procesos políticos relevantes.
Entre ellas figura la suspensión de la juramentación de Gloria Porras que le impidió integrar la actual CC. Además, esa judicatura emitió resoluciones que incidieron en la elección de rector de la Usac en el 2022, lo que permitió que el proceso se adelantara y concluyera con la designación del actual rector, Walter Mazariegos.
3. Élfego René Jeréz Chacón
Elfego Jeréz Chacón se postula como magistrado, tanto titular como suplente, ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Su nombre no es ajeno a los espacios de poder: años atrás intentó incursionar en la política partidaria como candidato a diputado con el desaparecido Partido Patriota.
De acuerdo con Guatemala Visible, su trayectoria en el sector público ha estado ligada casi exclusivamente a la Usac. Fue asesor de Asuntos Jurídicos y posteriormente ocupó el cargo de secretario administrativo de la universidad, posición desde la cual tuvo injerencia directa en decisiones internas durante la actual administración universitaria. En este momento surgen los principales cuestionamientos. De acuerdo con publicaciones periodísticas, Jeréz Chacón habría avalado medidas administrativas que beneficiaron al actual rector, entre ellas restricciones al ingreso al edificio de Rectoría y la contratación de un asesor señalado internacionalmente. Además, firmó la circular S.G.A. 008-2024, que limitó el acceso a la Rectoría, decisión que generó críticas y fue divulgada por medios independientes.
También participó en la política gremial universitaria y del Colegio de Abogados. Integró la agrupación UGAP, señalada por organizaciones civiles como cercana a intereses vinculados a la elección de cortes. Un informe de Movimiento ProJusticia mencionó que dicha agrupación habría tenido vínculos con actores señalados en procesos de cooptación judicial.
Hasta el momento no se reportan procesos penales en su contra; sin embargo, los señalamientos públicos giran en torno a decisiones administrativas y alianzas que han sido cuestionadas en el contexto de la gobernanza universitaria y la elección de altas cortes.
4. Erwin Rolando Rueda Masaya
Erwin Rueda vuelve a postularse como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación de la Usac, en el año 2021 también se postuló.
En el sector público ha participado como consultor experto del Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial (OJ) y como consultor en la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. También asesoró jurídicamente al Tribunal Electoral del Colegio de Ingenieros de Guatemala, lo que evidencia presencia en espacios gremiales.
Su trayectoria incluye intentos por dirigir la Facultad de Derecho de la Usac, donde se ha postulado en distintas ocasiones sin éxito. Además, en un proceso anterior para la CC presentó un amparo contra el Consejo Superior Universitario al cuestionar la forma en que se realizó la votación y la elegibilidad de una magistrada. La acción fue suspendida definitivamente por una Sala de Apelaciones.
5. Héctor Ovidio Pérez Caal
En el caso de Héctor Pérez, no es la primera vez que participa en procesos de alto nivel: anteriormente buscó integrar la Corte de Apelaciones, lo que refleja un interés sostenido por escalar dentro del sistema de justicia.
Su trayectoria profesional ha estado ligada al Organismo Judicial (OJ) y al Ministerio Público (MP). Actualmente se desempeña como letrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También fue magistrado suplente en la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y trabajó durante varios años como letrado en distintas dependencias judiciales.
En el Ministerio Público ocupó diversos cargos como agente fiscal, particularmente en fiscalías vinculadas a lavado de dinero y narcoactividad, además de haber formado parte de estructuras itinerantes y de apoyo técnico. Su carrera en el sector público inició en la década de los noventa como inspector de Trabajo, y posteriormente fue defensor público en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), asesor jurídico en la Municipalidad de Guatemala y asesor en el Registro Nacional de las Personas (Renap).
6. Héctor Ricardo Echeverría
Héctor Echeverría vuelve a colocarse en el centro de las designaciones judiciales, se postula como magistrado (titular y suplente) ante la CC y también figura como candidato a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No es un actor nuevo en estas dinámicas: ya integró la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como magistrado vocal para completar el período 2019-2024, y anteriormente fue magistrado de Sala de Apelaciones en el ramo penal.
Su carrera ha transcurrido casi por completo dentro del sistema judicial. Ha sido letrado en la CSJ en distintas etapas, subsecretario de la Presidencia del Organismo Judicial y coordinador en la comisión de postulación para fiscal general. También participó como comisionado en procesos de elección de magistrados, lo que lo ha mantenido de forma constante en espacios de incidencia institucional.
Sin embargo, su hoja de vida, publicada en Guatemala Visible, también arrastra señalamientos. Fue incluido por la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el informe “Jueces de la Impunidad”, donde se le señaló por presunto prevaricato al integrar una Sala que habría emitido resoluciones favorables a estructuras investigadas por el Ministerio Público. Además, autoridades indígenas impugnaron recientemente su participación en un proceso de postulación por un posible conflicto de interés, aunque la acción no prosperó.
7. Jorge Mario Godoy Montoya
Jorge Godoy se postula como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en el 2024, aspiró a integrar la Corte de Apelaciones (CA).
Inició su carrera como oficial en varios juzgados del Organismo Judicial (OJ), tanto en materia penal como laboral, y posteriormente se incorporó al Instituto de la Defensa Pública Penal, donde ejerció como defensor público de planta en distintas sedes del país.
En los registros públicos aparece como contratista del Estado en 2011, con cuatro contratos que sumaron casi los Q16 mil.
8. José Luis Aguirre Pumay
José Aguirre recientemente participó como candidato a secretario del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), respaldado por la Planilla 1 Avanza y Coalición Gremial, y también aspiró a una magistratura en la Corte de Apelaciones (CA).
Es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). En el sector público se desempeñó como juez de Asuntos Municipales en Guazacapán y fue concejal IV en el Concejo Municipal de Chiquimulilla, ambos cargos en el departamento de Santa Rosa. Esa combinación de funciones administrativas y políticas marca un perfil más territorial que judicial de alta magistratura.
Su trayectoria profesional también incluye asesorías en el Bufete Popular de la Usac y en la Universidad Mariano Gálvez, además ha fungido como asesor jurídico de una cooperativa de ahorro y crédito. En el ámbito académico ha sido docente titular e interino en la Usac y catedrático en la Universidad Mariano Gálvez, lo que le ha permitido mantener presencia constante en la formación de nuevos profesionales del derecho.
9. Julia Marisol Rivera Aguilar
Julia Rivera se postula como magistrada, titular y suplente. Su perfil responde a una carrera construida principalmente desde la judicatura de primera instancia, con más de una década dentro del Organismo Judicial (OJ).
Es abogada y notaria egresada de la Usac y comenzó su trayectoria como jueza de Paz. Posteriormente fue jueza de Primera Instancia Penal en Jutiapa durante varios años y más adelante asumió el mismo cargo en Amatitlán. Esa experiencia la ha mantenido vinculada directamente a la resolución de casos penales, con trabajo sostenido en audiencias, control jurisdiccional e investigación preliminar. En paralelo a su función judicial, recientemente se desempeñó como asesora jurídica de la Facultad de Humanidades de la Usac, lo que amplía su perfil hacia el ámbito administrativo universitario.
En los registros públicos aparece como contratista del Estado en 2015, con un único contrato por un monto Q17 mil 400. No se reportan señalamientos públicos, impugnaciones relevantes ni inclusión en informes de tachas o cuestionamientos sobre su honorabilidad, según se lee en información publicada por Guatemala Visible.
10. Leyla Susana Lemus Arriaga
Por su parte, Leyla Lemus, actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, busca la reelección como magistrada titular. Sus resoluciones en casos de alto impacto político han generado debate sobre la independencia judicial, el equilibrio de poderes y el papel del tribunal en coyunturas clave para el país.
Diversos sectores han cuestionado fallos vinculados a procesos electorales y decisiones institucionales, mientras otros defienden la legalidad de sus actuaciones dentro del marco constitucional.
11. Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
Luis Cáceres se postula como magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Su carrera ha combinado asesorías en el Ejecutivo y docencia universitaria con cargos de dirección jurídica en distintas instituciones públicas.
En el sector público ha ocupado puestos relevantes: fue director jurídico de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, del Programa Nacional de Resarcimiento y asesor en entidades como la Secretaría de Planificación (Segeplan), el Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Telecomunicaciones. También trabajó como asesor jurídico en el Congreso de la República y como analista constitucional en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Más recientemente figura como director de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac.
En los registros de contrataciones públicas aparece con una actividad entre los años 2010 y 2022, con una suma de 34 contratos con el Estado por un monto acumulado que supera Q1.4 millones.
12. María Consuelo Porras Argueta
Consuelo Porras, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), fue postulada tanto a magistrada titular como suplente. Durante su gestión ha enfrentado señalamientos nacionales e internacionales por presuntos patrones de criminalización contra operadores de justicia —entre ellos exfiscales y jueces—, periodistas y defensores de derechos humanos.
Uno de los casos que ha generado mayor atención es el del periodista José Rubén Zamora, quien ahora enfrentará los procesos bajo arresto domiciliar, el 12 de febrero luego de permanecer más de mil días en prisión preventiva. El juez del caso señaló que, pese al tiempo transcurrido, el MP no ha logrado probar los cargos imputados.
También han sido señaladas acciones contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes integraron la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y participaron en manifestaciones para exigir el respeto a los resultados de los comicios del 2023.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que una eventual designación de Porras podría afectar la legitimidad del proceso de elección. Asimismo, informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han documentado denuncias relacionadas con su gestión, incluyendo el exilio de más de 50 personas, según esos reportes.
13. María de los Ángeles Araujo Bohr
María de los Ángeles Araujo, para las elecciones de segundo grado de este 2026, se postula nuevamente como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), tanto en representación (Usac como del Congreso, y además figura como candidata a magistrada del TSE.
En el sector público trabajó en el Ministerio de Finanzas Públicas y en la Superintendencia de Administración Tributaria, antes de consolidarse en la CC como magistrada suplente entre 2011 y 2021.
En el ámbito privado es socia fundadora de una firma jurídica y registra contratos con el Estado en distintos años, por un monto acumulado superior a Q160 mil. También mantiene actividad académica de posgrado en la Usac y experiencia docente en la Universidad Rafael Landívar.
Su paso por la CC no estuvo exento de controversia, de acuerdo con Guatemala Visible, en 2015 fue objeto de una solicitud de antejuicio por una resolución que suspendió el trámite contra el entonces presidente Otto Pérez Molina; el proceso no prosperó.
14. Walter Paulino Jiménez Texaj
Walter Jiménez buscar ser magistrado titular del CC y, a la vez, presentó expediente como candidato a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
No es la primera vez que busca integrar altos cargos: en 2021 fue electo magistrado suplente de la CC por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ejerció el cargo hasta 2024. También ha participado en procesos para la CC en 2022 y 2021, y en 2018 compitió por la jefatura del Ministerio Público (MP) como candidato a fiscal general.
Su trayectoria en el sector público se ha desarrollado principalmente en el Organismo Judicial (OJ). Inició como auxiliar y oficial de juzgado a finales de los años ochenta, luego fue juez de Paz y posteriormente juez vocal y presidente de tribunales de sentencia en Quiché y Chimaltenango. Durante su gestión como juez presidente conoció casos emblemáticos del conflicto armado interno, como el caso Choatalum y la masacre de El Aguacate, considerados precedentes históricos por tratarse de las primeras condenas por desaparición forzada y crímenes vinculados a ese período.
En cuanto a señalamientos, en 2024 el gobierno de Bernardo Arévalo solicitó el retiro de antejuicio contra magistrados suplentes de la CC (entre ellos el aspirante) por presunto prevaricato relacionado con el amparo 3156-2024. El caso se encuentra en trámite y no existe resolución firme en su contra.
Cuestionamientos al proceso
Más allá de los perfiles en contienda, el proceso enfrenta críticas por la integración del propio CSU, presidido por Mazariegos. Diversos sectores sostienen que más de 30 integrantes ejercen cargos vencidos, lo que podría poner en duda la legitimidad de sus decisiones.
Meses atrás, la propia Corte de Constitucionalidad ordenó la renovación del Consejo; sin embargo, esa resolución no se ha cumplido. Analistas advierten que cualquier designación adoptada en estas condiciones podría ser objeto de impugnaciones legales.
A ello se suman dos acciones de amparo presentadas el 10 de febrero por el diputado José Chic, quien señaló que la convocatoria no especificó el lugar ni la hora de la elección, lo que según argumentó, afecta la transparencia del proceso.
La elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad 2026-2031 será determinante para Guatemala. La CC es el máximo intérprete de la Constitución y tiene la última palabra en conflictos entre organismos del Estado, procesos electorales y acciones de amparo.
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