Eduardo Mayora: el sistema de postulación de magistrados nunca fue un buen diseño

El doctor en Derecho y exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, Eduardo Mayora considera que la CC tiene las facultades legales para ir ampliando y dictando resoluciones para indicar a los responsables del proceso de postulación cómo deben interpretar los preceptos de la ley.

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Comisiones de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones  (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Comisiones de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Estuardo Mayora está seguro que la rapidez no comulga con la calidad, al menos en el caso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de Apelación. En una entrevista con Prensa Libre, a un mes de haber vencido el nombramiento de los actuales magistrados y con un proceso de postulación estéril, el jurista asegura que la solución definitiva es consolidar una carrera profesional donde sea por mérito la promoción de puestos y garantizar así la independencia judicial.

El escenario más cercano hasta ahora es que será el próximo Congreso quien tengan en sus manos la decisión de elegir a los magistrados, pero es la Corte de Constitucionalidad quien debe de marcar los tiempos de manera que no se atrase más de lo necesario el proceso de evaluación de los candidatos, mientras se trabaja en reformas profundas que garanticen que no se repetirá nunca más un atraso como el de ahora.

A raíz de estas crisis, muchas voces dicen que este formato de elección está agotado y caduco, ¿cuál es su opinión?

No creo que sea caduco, sino que nunca fue un buen diseño que contiene la Constitución de la República, pues genera en sí y de por sí inestabilidad, también provoca politización, porque es una selección de cinco años que forman parte de un proceso político. Dificulta que se desarrolle una verdadera carrera judicial, tal como se aprecia en la carrera militar, en el Banco de Guatemala o la Super Intendencia de Bancos y otras carreras en instituciones de servicios públicos en las que uno entra por oposición a una edad temprana, cuando recién comienza su vida profesional y 30 años después se retira, a eso es lo que se llama carrera profesional.

Pero en el Organismo Judicial cómo se puede hacer carrera profesional si cada cinco años se quedan en el aire y tienen que empezar a ver con quién hacen alianzas, entablan relaciones o a quién respaldan para que los respalde, eso impide la independencia judicial o por lo menos la hace sumamente difícil para que un juez pueda ser imparcial y la independencia es fundamental.

A un juez no se le debe ver más que a su talento, formación y los méritos que como jurista tenga y es lo que les da garantía a los ciudadanos de un juez imparcial y eso no lo permiten las reglas de la Constitución. La primera elección era el inicio de la democracia, ocurrió con mucho entusiasmo cívico y efectivamente se designó a magistrados con una trayectoria muy reconocida, pero con el paso del tiempo los diversos grupos interesados, porque hay interés tanto de quienes quieren llegar a los cargos como de lo que tienen interés de lograr impunidad o influencia, pues todos ellos con el paso del tiempo se organizaron para incidir y tener mayores cuotas de poder.

Esto fue generando la politización y 30 años después ya hemos visto el resultado, entonces, creo que con mucha madurez y serenidad necesitamos revisar las reglas constitucionales del Poder judicial para que verdaderamente nazca una Carrera Judicial a la cual se acceda por un concurso público de oposición, que sea organizado y supervisado por un consejo de la Carrera Judicial o un Consejo del Poder Judicial como se llama en otros países, que verdaderamente le garantice a la ciudadanía que sean elegidos los más competentes, los que tienen mayores méritos, mejor trayectoria y los que ingresen a la carrera judicial tengan la tranquilidad que mientras cumplan con la ley y mantengan una buena conducta ahí estarán y nadie podrá moverlos, bajarles sus remuneraciones o molestarlos, eso es lo que da independencia y esta, a la vez,  proporciona imparcialidad.

¿Cuál es el análisis de actual elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones?

Los amparos que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) dieron a lugar a las resoluciones que ya conocemos, y estas, a su vez, permitieron tanto a las Comisiones de Postulación como a la ciudadanía enterarnos de que el Consejo de la Carrera Judicial no tenía la disposición de las Comisiones de Postulación de las evaluaciones requeridas por la ley del mismo nombre.

Además, de que no se había efectuado un proceso de certificación de los métodos de evaluación y por último que el material para evaluar, es decir, las sentencias dictadas por jueces y tribunales, no están ordenadas para efectuar un proceso de evaluación; todas estas son circunstancia, complicadas, no se resuelven de un día para otro, pero lo que tenemos que preguntarnos los ciudadanos es qué es más importante: que se lleve a cabo el proceso de forma rápida o que se haga bien.

¿Significa que los argumentos expuestos por la CC para detener el proceso eran muy válidos?

El asunto está en manos de CC y creo que lo mejor que los ciudadanos debemos hacer es atenernos a lo que lo que ese organismo encuentre y resuelva. Parece que sí hay falencias importantes en el proceso de evaluación y que no se había cumplido con los requisitos que la ley manda para el proceso de postulación.

¿Cómo conciliar el dilema de entre resolver rápido y bien?

Todos los que van a ser postulados para ser electos magistrados por el Congreso de la Republica van a ejercer funciones por un periodo de cinco años. De ellos depende, ni más ni menos, los procesos judiciales relacionados con problemáticas muy complejas para el país como la corrupción, crimen organizado, extorsiones y violencia en el ámbito rural, entre otras. Son funcionarios que van a tener entre sus manos una serie de procesos sumamente importantes durante cinco años y de cuya resolución efectiva depende la paz social y el orden. Entonces, si el proceso de postulación se tarda cuatro o cinco semanas, o dos meses más, pero se hiciera de manera más consciente, creo que la problemática se resuelve diciendo que es más importante que se produzca ese retraso, pero que se haga bien la selección, porque son funcionarios que van a tener en sus manos asuntos delicados de la sociedad guatemalteca para que se haga justicia en muchos casos complejos y para que vaya saliendo adelante una institucionalidad más transparente.

¿Qué medidas se pueden tomar para que el retraso sea de pocos meses y no de 12, como algunos han dicho?

Creo que la CC tiene las facultades legales para ir ampliando y dictando resoluciones orientadoras del proceso, para indicar a los responsables del proceso de postulación cómo deben interpretar los preceptos de la ley, qué significado deben dárseles a las circunstancias y de esa manera ir encontrando soluciones que permitan que el retraso sea razonable y que no termine convirtiéndose en un obstáculo para concluir el proceso. Insisto que quien ahora tiene las herramientas legales y capacidad para ir marcando la ruta por la cual puede desarrollarse la culminación de este proceso es la CC, a quien debemos dar nuestro respeto y darle credibilidad para que pueda hacerlo en un ambiente de seriedad y serenidad, porque es importante para el país que sus principales tribunales se integren adecuadamente por funcionarios que ameriten nuestra credibilidad.

¿Si el proceso se alarga por uno o varios años tendría alguna implicación en los períodos para los que son electos los magistrados?

Los magistrados de la CC no han modificado los plazos, no han resuelto si se hacen más cortos o más largos; lo que han dicho es que, en vista de unos hechos y circunstancias, no se ha cumplido con todos los requisitos legales para realizar una postulación completa y que sobre todo que cumpla con el fondo de la ley, y que en estas específicas circunstancias en que nos encontramos, no es materialmente posible cumplir con la ley.

¿Qué escenarios podrían darse a partir del estancamiento en que se encuentra el proceso y la renovación de la actual Legislatura?

Es muy probable que por la preocupación que esto genera, y las solicitudes que se han presentado a la CC para pedir la guía, esta instancia dé indicaciones al juez encargado de la ejecución para que se vayan realizando las cosas como corresponde.

Si estas peticiones no se han presentado estarán por hacerse para que la CC aclare e indique cómo interpretar las disposiciones legales para lograr un cumplimiento razonable de la ley.

Creo que este va a ser el escenario más probable y la Corte, al recibir esas solicitudes, se pronunciará dando las pautas y señalando el camino para interpretar razonablemente la ley. Por supuesto que también puede darse un escenario destructivo, en el que, por decirlo de una manera coloquial, los diversos jugadores hagan berrinche, y digan ‘así yo no participo’ y que se nieguen a hacer sus funciones, lo cual no sería bueno. Espero que todos pongan la parte que les toca, el Consejo de la Carrera Judicial que ejecute las instrucciones de la CC como se las vaya dando; la CSJ apoyando con una reglamentación, si fuera necesario, aunque parece que no lo es; los comisionados de las Cortes de Postulación que estén dispuestos a avanzar mientras se realizan otros procesos, en fin, que pongan su buena voluntad y cumplan con las pautas que la CC vaya dando y con ello resolver estos problemas.

Dado ese panorama, ¿considera que la actual Legislatura nombrará a los nuevos magistrados?

Creo que es poco probable porque los elementos que la ley requiere para que el Consejo de la Carrera Judicial le entregue a las Comisiones de Postulación toma tiempo realizarlos, pues son aspectos relacionados, por ejemplo, con la ley que indica que se tiene que recabar una evaluación por parte de los usuarios de los servicios brindados por los diversos aspirantes y el Consejo de la Carrera Judicial tendrá que buscar algún mecanismo para cumplir con ello.  No sé si podría ser una página web en el que los usuarios depositen sus opiniones, pero todo esto lleva tiempo organizarlo y no se puede hacer de un día para otro. De todas maneras, en vista de que estamos a mediados de noviembre, yo veo muy poco probable que sea esta Legislatura la que reciba las postulaciones.

¿Sería determinante que sea el próximo Congreso quien elija las Cortes?

Las diferencias a ese nivel no pueden ser muy grandes, pero sí importantes en términos de quienes terminen siendo postulados, porque no es lo mismo presentar una nómina de postulados sin ciertas evaluaciones que un grupo correctamente evaluado. Como sabemos, para cada cargo judicial que se contempla hay dos candidatos y solo eso reduce aritméticamente las diferencias, pero sí es posible encontrar algunas diferencias.

Además, creo que los intereses de muchos integrantes de la actual legislatura son diferentes a los que llegan por primera vez al Congreso de la Republica, quienes por razones subjetivas no tienen ningún asunto pendiente ante la justicia derivado de su actuación como dignatarios, y entonces su análisis tendrá que ser diferente.

 

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