Estados Unidos
Elección de Paredes en la CSJ evidencia correlación de fuerzas y posibles acuerdos políticos
Aunque previsible, la elección de Claudia Paredes como presidenta de la CSJ es preocupante por sus antecedentes y conexiones políticas con actores cuestionados a nivel internacional, advierten analistas.
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Luego de varios intentos fallidos la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda fue electa este 16 de febrero como presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el período 2025-2026. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió a la magistrada vocal VI, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, como presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2025–2026, con el voto favorable de diez de los trece magistrados.
La designación de Paredes ocurre en un momento trascendental para el país, en el que la Corte Suprema de Justicia tiene un papel clave en la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y en la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), afirman expertos consultados.
“Me he postulado, he tenido los votos favorables para poder presidir esta honorable corte y Organismo Judicial. Igualmente hemos sido respetuosos del legítimo derecho de cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pues del proceso debido para llevar a cabo esta elección”, afirmó luego de ser electa presidenta de la CSJ.
Paredes tuvo el apoyo de nueve de sus pares. Los magistrados que no votaron a su favor fueron Carlos Rodimiro Lucero Paz, Flor de María Gálvez Barrios y Estuardo Adolfo Cárdenas.
Resultado previsto y preocupante
A criterio de Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, aunque se preveía la elección de Claudia Paredes como presidenta de la Corte Suprema de Justicia es preocupante debido a los señalamientos en su contra, así como por las sanciones impuestas por Estados Unidos.
“Ella siempre tuvo mayoría de votos para ser electa, desde que se mencionó su nombre en octubre del año pasado. Por ahí en agosto se supo que uno de los fuertes aspirantes a ser presidente de la corte era Mauricio Corado. En eso le quitaron la visa —a Mauricio Corado— y entonces se frenó esa candidatura y surgió la de ella. Ella también perdió la visa y también se frenó su candidatura, por eso se llegó al momento del 13 de octubre del cambio de presidente y no hubo cómo hacerlo”, afirma.
Ibarra considera que, a pesar de los señalamientos en su contra por parte de un gobierno extranjero, los magistrados decidieron “afrontar esta situación y elegirla, tal cual, habían tomado ya la decisión el año pasado”.
Según Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch, la elección de Paredes en la presidencia de la CSJ también es preocupante, ya que se le vincula con personajes señalados por actos ilícitos y que han sido sancionados por Estados Unidos.
Según las investigaciones a las que ha tenido acceso Estados Unidos, Paredes tiene vínculos con Gustavo Alejos, a quien se ha señalado como operador político en la elección de cortes de justicia. "Ella trabajó con esta persona. Y también se le vincula con Nester Vásquez, quien actualmente está en la Corte de Constitucionalidad y que ha sido designado en la lista Engel de personas que socavan la lucha contra la corrupción y la democracia”, afirma.
Al ser consultada sobre los señalamientos de Estados Unidos, Claudia Paredes dijo en conferencia de prensa: “tengo el derecho de elegir y ser electa y lo hice valer hoy". Sobre el despojo de la visa, dijo que ha sido una cuestión de tipo “viral”.
Moneda de cambio
Los señalamientos hacia Paredes y sus posibles vínculos con personas sancionadas por Estados Unidos no son lo único que genera preocupación. Según el exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina, era importante elegir a “alguien con menos señalamientos”, pero también surge una interrogante: ¿cuál fue la moneda de cambio para dar el voto favorable a Paredes? A su criterio, este apoyo podría estar vinculado con la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
“La moneda de cambio fue la elección de la Corte de Constitucionalidad. No hay nada en el horizonte que mueva a creer o justificar un cambio de opinión. Ahora, ¿a favor de quién habrán comprometido el voto? Voto a favor de Paredes, pero a cambio votan a favor de alguien más. O bien, puede ser uno de ellos mismos. La ley no lo impide, que la propia Corte Suprema elija entre sus integrantes a quien sea magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que eso es muy creíble. Creería que es un voto a favor de determinado candidato para la Corte de Constitucionalidad que no excluyo que pueda ser uno de ellos mismos”, afirma.
Correlación de fuerzas en sector justicia
Ibarra considera que la elección de Paredes como presidenta de la CSJ responde a un cambio en la correlación de fuerzas que se está dando en las instituciones del sector justicia y que ha comenzado en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
“Estamos ante un cambio en la correlación de fuerzas en el Colegio de Abogados que afecta sin duda alguna a la Corte Suprema de Justicia. Hemos visto cómo estructuras gremiales antiguas, de más de 30 años, han caído en esta nueva dinámica porque, al parecer, hay un hartazgo en los abogados que van a votar”, asegura.
Transparencia en procesos
Con la elección de Claudia Paredes como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el Organismo Judicial deberá garantizar transparencia en los procesos de elección a su cargo, principalmente en la elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad, según consideran los expertos.
“Sugiero que la Corte Suprema haga una convocatoria abierta, limpia, y que justifique cada uno de los trece magistrados por qué habrá votado por un determinado abogado o abogada para nombrarlo para la Corte de Constitucionalidad. Que sean transparentes, acaso no en el proceso per se, sino en su voz y voto, que lo airee y que lo diga públicamente”, afirma Fernández Molina.
“Lo que esperamos nosotros es que la convocatoria sea pública, que haya un espacio para que se conozca quiénes son los candidatos, que se puedan presentar objeciones contra los candidatos que no reúnan las condiciones de honorabilidad, idoneidad y capacidad por parte de la sociedad civil, y que estas objeciones también sean debidamente valoradas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. No quisiéramos tener candidatos que estén vinculados a estructuras criminales o que tengan vínculos con el narcotráfico”, concluye Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch.
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