Estados Unidos
Organizaciones sociales han calificado el proceso como un caso de “criminalización” impulsado por la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, y que concluirá este mes su segundo mandato en el Ministerio Público.
El caso contra González se originó por una denuncia de la fallecida magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, quien la acusó de abuso de autoridad por haberla investigado en el 2017 por tráfico de influencias.
Pese a que González actuó bajo el amparo de la Cicig, la Fiscalía sostiene que no tenía facultades para investigar a funcionarios judiciales. El 18 de marzo del 2025, el juez Jimi Bremer resolvió enviarla a juicio.
La exmandataria de la Cicig fue detenida el 28 de agosto del 2023.
El juicio se reprogramó debido a la ausencia del Ministerio Público y a recursos legales pendientes.
“Lamentamos que las salas sean partícipes de esta criminalización, el retardo malicioso y la denegación de justicia. No es posible que en meses no puedan resolver una apelación”, declaró González tras la suspensión de la audiencia, al señalar que la mora judicial y el incumplimiento del MP postergan un año más su situación jurídica.
La abogada defensora, Joseline Jácome, explicó que la jueza fijó la nueva fecha para el 12 de mayo del 2027. Según la jurista, la decisión responde a la “incomparecencia injustificada” de la Fiscalía y a una apelación no resuelta por la Sala Segunda, que podría anular una futura sentencia si no se dirime antes.
“Lamentamos que el proceso de la abogada Claudia González, exmandataria de la Cicig, se retrase un año más“, escribe Impunity Watch en redes sociales.
Por su parte, Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, señaló el 4 de mayo: “Su proceso ha estado marcado por irregularidades, incluida la restricción a la publicidad de audiencias y las numerosas suspensiones y retrasos“.
Lamentamos que el proceso de la abogada Claudia González, exmandataria de la #CICIG, se retrase un año más.
— Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) May 5, 2026
El juicio se reprogramó para el 12 de mayo de 2027 porque el @MPguatemala no se presentó a la audiencia y la Sala Segunda de Apelaciones debe resolver una apelación… pic.twitter.com/l8wPSG6Cko
Desde el 2021, el Ministerio Público emprendió decenas de procesos penales contra jueces, fiscales y abogados que combatieron la corrupción, lo que ha provocado el exilio de más de 50 de ellos.
González es una de las pocas operadoras de justicia que permanece en el país, enfrentando cargos que ya le supusieron permanecer 82 días en prisión preventiva entre agosto y noviembre del 2023.
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